Buenos Aires, 01 Noviembre (Especial para NA por Luciana Soumoulou*) -- Los conflictos sociales generados en torno a la problemática de la propiedad y uso de la tierra y el agua, suscitados en territorios rurales de todas las regiones de nuestro país, definitivamente no han encontrado final durante la primera década de este Siglo XXI, al que nuestro país recibió con 100.000 pequeños productores menos (contabilizados entre 1988 y 2002).
En días de censos, censados y encuestadores, la página del INDEC indica silenciosamente que el último Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 2008, contabilizó la desaparición de 60.000 pequeños productores más.
Es decir, que haciendo regla de tres básica y sencilla, en los últimos años han desaparecido, en proporción, más productores que en el período inmediato anterior.
Estos números tienen los rostros de habitantes y ciudadanos que seguramente fueron censados, entre otros ruidos, en una localidad que le es ajena, dejando atrás muy atrás la tranquera, el monte o el río que antes marcó sus límites geográficos y su historia.
Indagando entre el pasado reciente de esta historia, encontramos las causas desencadenantes de estos desequilibrios en las condiciones macroeconómicas posteriores a la devaluación del año 2002, el incremento de los precios internacionales de materias primas agropecuarias, el avance de los cultivos sobre bosques y áreas naturales, la promoción de la minería y la adquisición de paraísos terrenales por parte de magnates extranjeros y nacionales.
Las mismas causas auspiciaron el proceso de valorización de la tierra, que encontró un sistema de alta precariedad en la tenencia de la tierra, la ausencia total de legislación regulatoria de la adquisición de tierras y de una política de desarrollo territorial rural.
De esta manera se conformó el escenario crítico en términos de seguridad jurídica y arraigo rural, pero totalmente apto para el acaparamiento de territorios, tierras y agua en gran escala.
Planificar el territorio, garantizando el acceso y goce de la tierra y al agua, deberá ser central en el proyecto de desarrollo de Argentina, como condición fundamental para la producción de alimentos, generación de trabajo, distribución de renta, democratización de la sociedad, ocupación equilibrada del territorio y para el uso sustentable de los recursos naturales.
Indefectiblemente este camino deberá pasar por la democratización del acceso y de la posesión de la tierra, por la afirmación del principio de la función social de la propiedad, el fortalecimiento de las comunidades rurales tradicionales y pueblos del interior, la soberanía territorial, la conservación de la biodiversidad y de la sustentabilidad ambiental, con igualdad de género, raza y etnia.
Con la complicidad de marcos jurídicos que no regulan ni ofrecen soluciones, la disputa por los territorios aptos para la explotación de recursos naturales o para el acaparamiento de ellos, se rige por la regla del mejor postor.
Para los campesinos y pequeños productores que los habitan, en cambio, la ley aplicable es "lo echamos a suerte".
El actual tratamiento en la Cámara de Diputados la Nación, de legislación que busca detener el acaparamiento de propiedades rurales por parte de extranjeros; la concentración del uso de la tierra por parte de fondos de inversión o la más reciente propuesta de suspensión de desalojos y ordenamiento territorial nos compromete a trabajar más que nunca para que los próximos censos encuentren un país más justo con territorios más equilibrados.
Será nuestra tarea entonces, proponer la creación de un Instituto Nacional de Tierras que promueva la regularización dominial de poseedores precarios y la democratización del acceso a la tierra a través de la creación e implementación de poblados rurales sustentables.
También que tienda a la regularización de tierras públicas y gerenciamiento de la estructura territorial rural del país, contribuyendo al desarrollo sustentable, para la desconcentración de esa estructura, para la reducción de la pobreza y promoción de la igualdad de oportunidades, garantizando la seguridad y soberanía alimentaria junto el pleno goce de los derechos humanos de cada uno de los argentinos que fueron censados tierra adentro, en algún rinconcito de nuestro país.
*Coordinadora de la Comisión de Tierras de FAA
 

Primicias Rurales

NA