Córdoba, 30 agosto (PR10)-- La Justicia Federal de Villa María, Córdoba, dictó prisión preventiva a unos 25 empresarios agrícolas acusados de asociación ilícita fiscal, un delito que prevé penas de entre tres y diez años de prisión, por la presunta evasión del pago de impuestos por la venta de unas 800 mil toneladas de soja.
La Justicia investiga a cuatro sospechosos como responsables de dos empresas agrícolas reconocidas en la provincia mediterránea, a quienes les impuso un embargo de 100 millones de pesos por cada uno, tras dictar la orden de encarcelamiento.
Esos cuatro empresarios serían los líderes de la estrategia ilegal denunciada, a través de la cual se habrían evadido varios cientos de millones de pesos en impuestos correspondientes a la venta de una 800 mil toneladas de soja.
Según publicó el portal de noticias Cadena3.como, la investigación indica que a través de distintas maniobras se habría comercializado y "blanqueado" la soja, que terminó a nombre de dos empresas con domicilio en la ciudad de Córdoba: Superficies SA y Graneros SA.
Pero los cuatro cabecillas no fueron los únicos que, según la resolución judicial dada a conocer en las últimas horas, participaron de la megacausa sojera.
Otras 21 personas fueron consideradas coautoras de asociación ilícita fiscal y embargadas por 20 mil pesos cada una, por lo que también se le dictó la prisión preventiva.
Se trata de empleados que integraban las empresas Superficies SA y Granero SA, presuntamente creadas para facilitar la evasión investigada, informó el portal cordobés.
La estrategia delictiva fue organizada y se desplegó en Córdoba, pero tiene ramificaciones hacia otras provincias, precisaron fuentes de la investigación.
Esta causa estaría ligada a la megaestafa de la Asociación Mutual Defensores Boca Juniors y a otras numerosas empresas y cooperativas fantasmas que habrían sido creadas al solo efecto de engañar a diversos organismos del Estado y poder llevar adelante las estafas.
Las presuntas maniobras fueron descubiertas por los equipos técnicos de la regional cordobesa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y pudieron ser despejadas gracias a numerosas intervenciones telefónicas ordenadas por la Justicia Federal villamariense.
 

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