Buenos Aires, 3 julio (Especial para NA por Arturo Navarro*)--
Un hecho no previsible como ha sido la erupción del volcán Puyehue
en la República hermana de Chile nuevamente a puesto en riesgo,
intereses y bienes de los ciudadanos de nuestro país.
   Como no podía ser de otra forma el sector agropecuario también
ha sido castigado, cuyas consecuencias finales son muy difíciles
de predecir si nos referenciamos a lo que fue la erupción del
volcán Hudson en el año 1991.
   Esa erupción provocó que los ovinos en determinado tiempo
morían por intoxicación al aspirar o comer la ceniza y de los que
subsistían, la calidad de su lana era de mala calidad .
   El actual evento extraordinario se agrega a los cuatro años de
sequía en la zona, por el cual la situación se puede agravar por
falta de reservas de forrajes y problemas en el traslado de las
majadas, al no contar los productores con recursos propios para
atender estos gastos.
   Mientras que el Gobierno nacional ha declarado la emergencia
agropecuaria en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut,
pero esta ley no alcanza para compensar las pérdidas que se producen.
   Tampoco ante hechos de esta magnitud se puede apelar solamente
a la solidaridad individual.
   Tiene que haber un Estado presente en la distribución de los
fondos anticíclicos si los hubiera.
   Para analizar objetivamente la situación de la Patagonia, hay
que asumir que la producción ovina también paga un derecho de
exportación del 10%.
   Nuevamente ha quedado demostrado la ausencia de políticas de
Estado integrales para cubrir los riesgos climáticos y sigue
siendo una deuda del Estado que tiene con el sector agropecuario
que la Comisión de Enlace no han sabido o no ha querido incluir
en la agenda de propuestas.
   La idea central de esta iniciativa parte del planeamiento e
instrumentación de políticas para que los productores argentinos
tengan una cobertura integral por los diferentes riesgos
agropecuarios.
   Hasta ahora, la Argentina política ha manejado su relación con
el campo bajo un doble supuesto.
   Si los riesgos se transforman en siniestros son exclusivamente
a cargo de los productores, incluso al costo de su propia quiebra.
   Si el éxito acompaña la gestión de esos productores, el Estado
participa de las ganancias, no sólo a través de impuestos, sino
mediante retenciones exorbitantes.
   Para que todos entiendan: "si hay perdidas no te conozco, si
hay ganancias somos socios".
   Una política que proteja a la más importante y eficiente de las
industrias argentinas debería sostenerse en tres instrumentos:
   1. La Ley de Emergencia agropecuaria;
   2. Leyes que obligue a organizar una Política de seguros
agropecuarios;
   3. Creación de un Fondo Permanente para atender a sucesos no
previsibles.
   Lo primero que hay que dejar claro es que la ley de emergencia
no es antagónica al seguro agropecuario; ni lo puede reemplazar.
   Tampoco estos dos instrumentos pueden cubrir las consecuencias
por desastres naturales; es responsabilidad indelegable del Estado.
   Las perdidas provocadas por las cenizas del volcán Puyehue
deberían ser atendidas por el fondo permanente o fondo
anticíclico, que tendría que generar con recursos del mismo
sistema anualmente y acumularse a través de los años,  en vez de
ser usado cuando ocurre evento de esta magnitud.
   Dicho fondo debe ser administrado en forma independiente y
exclusiva para ese fin y asignar las indemnizaciones según el
reglamento previamente definido en función del actuario anual que
deberá estar relacionado a los fondos acumulados.
   A mayor fondo acumulado la indemnización de los bienes tendrá
un valor más alto.
   El manejo del mismo debe estar relacionado en línea con los
otros instrumentos de la política de riesgo agrícola y comercial
que se establezca.
   Los países que implementaron este tipo de políticas concluyeron
que es más barato para el Estado la ejecución de un sistema mixto.
   Este sistema público-privado actúa con éxito como responsable
de atender en forma directa los efectos de los riesgos climáticos.
   Ideas similares las propuse siendo presidente de CRA
(Confederaciones Rurales Argentinas) en 1991 cuando sucedió lo del
Hudson.
   Han pasado 20 años y lamentablemente seguimos sin politica de
Estado para cubrir estos riesgos en forma generalizada para todas
las zonas y productores.
   Esta no es una propuesta para que el Estado sacrifique recursos
fiscales, todo lo contrario: darle previsibilidad al productor
implica, finalmente, mayores recursos para ese mismo Estado.

(*) Consultor. Ex presidente de CRA y de CARBAP
Primicias Rurales

NA