Buenos Aires, 20 febrero (Especial de NA por Matilde Fierro) --
La Sociedad Rural de Rosario (SRR) realizó el seguimiento del trámite de un productor agropecuario santafesino para conseguir el reintegro de las retenciones de trigo, una gesta que finalizó con resultado negativo a pesar de un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura de la Nación y el de la Producción de Santa Fe.
En marzo de 2010 el productor presentó los papeles en la oficina de la ONCCA Rosario para recibir el reintegro de las retenciones de trigo a 187 pesos por tonelada.
Fue un año atrás cuando le dijeron que dentro de los 60 días iba a tener depositado el importe en el CBU informado.
En abril salió una resolución de la ONCCA en la cual le pedían que presente una nueva documentación para informar otra vez el CBU en dónde iban a realizar el depósito.
Era junio cuando llevó los nuevos papeles para completar los ya entregados que pedían cuando se reglamentó la resolución.
Nuevamente le dijeron que dentro de los 60 días iba a recibir el depósito. Es decir, ahora tenía como próxima fecha de cobro el mes de agosto.
"Todos los trámites que le solicitaban implicaban hojas y hojas con información ya presentada y con las correspondientes firmas certificadas por escribano o banco: Esto implicó disponer de mucho tiempo para responder a estos trámites engorrosos y poco prácticos para los productores y por supuesto, mayores gastos", consignó la SRR.
En el mes de octubre viajó a al Ministerio de Agricultura de la Nación, revisaron su documentación y se le informó que estaban trabados porque la mitad de los papeles "se habían perdido" en el camino.
Como había llevado copia de todo, comenzó de nuevo con los trámites: le informaron que los iban a mandar a la AFIP y una vez aprobado por esa oficina, cobraría el depósito.
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre llamó reiteradamente al Ministerio y le respondían que aún seguía trabado en AFIP, sin explicarle el porqué. Ni en la propia AFIP sabían las razones de este impedimento.
A partir de diciembre no le atendieron más el teléfono, mientras que ahora en febrero llamó al Ministerio y le informaron que habían pasado fondos a la provincia de Santa Fe para que los distribuya entre los productores que no fueron aprobados por AFIP, claro sin darle explicación de por qué no fue aceptada pese a tener toda la documentación y su situación legal en orden.
La buena noticia fue que le iban a pagar la totalidad de toneladas, ya que las suyas eran menos de 100.
Sin embargo, y pese a la información brindada por el Ministerio de Agricultura de que cobraría por el total de sus toneladas y al acta acuerdo firmada entre los organismos oficiales de pagar a los productores 130 pesos por tonelada, el reintegro prometido contempla sólo 99,63 pesos por tonelada, sin saber la razón de ese importante descuento y dónde queda esa diferencia.
De todos modos, el productor que puede ser un caso testigo aún no cobró.
Estos avatares ocurren mientras otros temas ocupan la atención como el renovado embate de Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria (FAA), quien presenta en su discurso una Mesa de Enlace opaca y debilitada en su enfrentamiento con Mario Llambías, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
Sin embargo la sucesión de Dardo Chiessa al frente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) también promete un tironeo entre entidades, ya que la FAA busca ese espacio que viene prometido a Coninagro.
Por último, la Argentina concurrió a la reunión del grupo G-20 en París con la premisa de libre mercado, un ámbito donde se quería fijar un techo al precio de la soja.
La posición argentina es todo lo contrario a lo que aplica el Gobierno en su propio país donde interviene y regula las operaciones de trigo y maíz con las desventuras que acontecen a productores como el santafesino de este relato.
 

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