Buenos Aires,  enero 30 (PR/10 ) -- El anuncio del Gobierno nacional acerca de que podría
intervenir en Telecom Argentina vuelve a abrir el debate sobre el rol del Estado en el ámbito de los servicios públicos. 
   Es razonable que se busque evitar que las dos mayores compañías telefónicas del país dependan de los mismos dueños. Pero ¿qué ocurre con las telecomunicaciones si ampliamos el foco?
   Cuando se consulta sobre este sector a las asociaciones de consumidores, que no tienen un carácter representativo, pero sí recopilan gran cantidad de información al respecto, sobresale una
demanda que se arrastra desde la década del 90, pero que en los últimos años se ha profundizado.
   La principal vía de comunicación de los argentinos ha pasado a ser, por lejos, la telefonía celular; sin embargo, no es considerada legalmente un "servicio público".
   En los hechos, esto implica que para adecuar el cuadro tarifario no se necesita convocar a audiencia pública ni es obligatoria la intervención del Congreso.
   Además, la regulación y el control de la actividad se convierte, en los hechos, en deficiente.
   Así, en la capital, el rubro por el que más se quejan los consumidores ante el Gobierno porteño por problemas de distinta índole es el de la telefonía móvil. Lo mismo ocurre desde hace tres años.
   El impacto de esta situación es enorme: en la Argentina hay algo más de 9 millones de líneas telefónicas fijas y, al mismo tiempo más de 50 millones de teléfonos celulares funcionando.
   Para tener una idea: en el tercer trimestre de 2009, Telecom facturó más de 2 mil millones de pesos por telefonía fija (voz), mientras que la compañía Personal, de telefonía móvil, tuvo ventas
por un 150 por ciento más.
   Podría pensarse que la intervención estatal en Telecom solucionaría, en primer término, el problema en cuanto a la propiedad de la telefonía en la Argentina marcada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNCD).
   Parece absurdo un fallo judicial que no ve un conflicto legal en que los mismos propietarios puedan controlar Telefónica y parte de Telecom.
   En forma paralela, si el Estado decide ingresar a Telecom existe la posibilidad de que marque un rumbo estratégico de universalización del servicio, más allá de los cálculos económicos
propios del sector privado.
   Por ejemplo, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) tiene ahora, a partir de la estatización del servicio, objetivos -también responsabilidades y desafíos- de los que antes carecía: el
principal, de acuerdo a su Plan Director, es conectar a la red de agua a un millón y medio de habitantes e incorporar a tres millones y medio a la de desagües cloacales.
   De igual modo, es aventurado afirmar que, de por sí, la intervención del Estado en la telefonía es negativa.
   En Uruguay, sin ir más lejos, hay una mayor proporción de líneas telefónicas por habitante que en la Argentina, lo que se consiguió a través de la empresa estatal de comunicaciones.
   Más allá de esto, el cambio de manos en Telecom podría no dar solución a los problemas de fondo que aún se registran en el sector de las telecomunicaciones, si no se encaran los problemas
del sector con visión estratégica.

 Primicias Rurales.

NA.