Buenos Aires, 16 enero (Especial para NA, por Arturo Navarro*) --La caída de los precios de los grano, las pérdidas de producciones por la sequía y la menor área de siembra 2º de soja y maíz, le representarían al país más de 10.000 millones de dólares menos para disponer en el año 2012.
Por lo cual el Gobierno Nacional está mostrando un preocupante dramatismo, si analizamos las últimas medidas económicas, que concluyen con la limitación de todas las importaciones a partir del 1º de febrero.
Simultáneamente a la situación de escasez de dólares que previó el Poder Ejecutivo, los dirigentes hacen su reclamos sin dramatizar, porque saben que sus representados están perdiendo por la sequía el fruto de su trabajo y ven que ponen en riesgo su continuidad como productor por falta de políticas de Estado integrales para cubrir los riesgo climáticos y comerciales.
Pretender que las consecuencias de una sequía como la actual se puedan atender con la ley de Emergencia Agropecuaria es utópico de parte de funcionarios y dirigentes.
No se arreglan con postergación de cobro de impuestos y créditos en los banco oficiales, se necesitan otro tipo de instrumentos y mayores recursos.
Se necesita compensarle al productor las inversiones realizadas para implantar el cultivo y llegar a cosecha -rinde de indiferencia- para lo cual es urgente ponerse a trabajar para contar con dichas política en la próxima emergencia o desastre a fin de que alcance a todos los productores.
La idea central de esta iniciativa parte del planeamiento e instrumentación de políticas para que los productores argentinos tengan una cobertura integral por los diferentes riesgos agropecuarios como tienen los países que planifican y diagraman las políticas pensando en el largo plazo.
No le sirve al productor tener un Estado y una dirigencia que sigue actuando como bombero ante cada evento climático.
Justamente en los momentos de escasez de recursos del tesoro nacional es extemporáneo estar pidiendo fondo anti-cíclico.
Este Gobierno aunque tuvieran los fondos, no los usaría para esos fines.
Estos se construyen en los momentos de excedentes con los ingresos extraordinarios como fue la suba de la soja o por medio de un mecanismo permanente para poder generar un fondo específico que dispare en forma inmediata y automática los beneficio al productor sin decisiones sesgadas de funcionarios de turno.
Una política que proteja a la más importante y eficiente de las industrias argentinas como es la agroindustria debería sostenerse en tres instrumentos principalmente:
1.Ley de Emergencia agropecuaria relacionada con los otros dos instrumentos mencionados a continuación.
2.Una política de seguros agropecuarios que incentive su mayor uso y que cambie la vocación aseguradora del productor.
3.Creación de un Fondo Permanente e inviolable por ley para poder atender todos los sucesos no previsibles.
Lo primero que hay que dejar claro es que la ley de Emergencia no es antagónica al seguro agropecuario, ni lo puede reemplazar.
Tampoco estos dos instrumentos pueden cubrir las consecuencias por desastres naturales, responsabilidad indelegable del Estado.
Quienes aseguraron las hectáreas sembrados tiene cubierto por lo menos el rinde de indiferencias.
Ninguno de estos productores va asegurar su coche después de chocar.
Son los productores previsores que a pesar de las sequías o inundaciones y la falta de políticas, siguen creciendo en nuestro país y es necesario tomarlod como ejemplo para diagramar las políticad futuras.
Los países que implementaron este tipo de políticas concluyeron que era más barato para el Estado la ejecución de un sistema mixto.
Dicho sistema, público y privado, actúa con éxito como responsable de atender en forma directa los efectos de los riesgos climáticos.
Todos los países desarrollados aplican este tipo de políticas activas.
Las mismas potencian los intereses del conjunto al conseguirse más altos niveles de producción y exportación; a la vez que aumentan los recursos del Estado para que éste pueda atender en tiempo y forma problemas de índole social.
No es casual que esta política para cubrir los riesgos climáticos esté reconocida por la Organización Mundial de Comercio (OMC) con subsidios de hasta el 50% a la prima en los seguros individuales y de hasta el 80% en el seguro colectivo a pequeños productores.
Esta no es una propuesta para que el Estado sacrifique recursos fiscales. Todo lo contrario: darle previsibilidad al productor implica, finalmente, mayores recursos para ese mismo Estado.
Primicias Rurales

NA