Hace más de un lustro, los pobladores de una vasta zona del conurbano, que habitan los municipios de Ezeiza, Esteban Echeverría y La Matanza fueron inquietados con la versión de que en algunas napas, de las que procedía agua empleada para el consumo, se había detectado la presencia de uranio y nitratos. Se suponía que estos elementos contaminantes se habían filtrado desde el Centro Atómico de Ezeiza (CAE).

La lógica inquietud de los vecinos se concretó en una causa judicial radicada en el Juzgado Federal Nº 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Alberto Santamarina. El magistrado ordenó la ejecución de un peritaje y, una vez cumplido, se informó que las muestras de agua tomadas en 34 pozos, sobre un total de 46, en un área cercana al CAE, presentaban un índice de radiactividad superior al admitido por el Código Alimentario Nacional.

Por su parte, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Autoridad Reguladora Nacional negaron que existiese contaminación, de acuerdo con otros análisis efectuados. Ante esta diversidad de resultados y, con fin de obtener una respuesta imparcial, el gobierno bonaerense -presentándose como querellante en la causa legal iniciada- solicitó a la Environmental Protection Agency (EPA) de los Estados Unidos un nuevo análisis sobre 51 muestras de agua recogidas también de pozos cercanos al CAE. El informe de la EPA, ahora dado a conocer, señala que en 41 de las muestras no se han encontrado vestigios de contaminación, pero en las 10 restantes los niveles de uranio son superiores a lo normal.

Las autoridades provinciales han considerado que la situación no es alarmante; no obstante, el secretario de Política Ambiental, Jorge Etcharran, informó que se va a realizar una evaluación ambiental y un estudio epidemiológico en la zona. Asimismo, se llevará adelante un peritaje internacional y se coordinarán tareas con el gobierno nacional.

Así las cosas, y dado el tiempo transcurrido desde que se planteó el problema, se justifica la necesidad de insistir en que la cuestión debe encararse con la mayor celeridad, para llevar tranquilidad a la población acerca de la calidad del agua que consume. Es inaceptable que después de cinco años el problema siga pendiente de definición en cuanto a su verdad y resolución. A la vez, se torna urgente tomar las medidas que correspondan para neutralizar la contaminación observada y prevenir la extensión del daño.

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Fuente: La Nación