Las últimas grandes inundaciones, por su magnitud y permanencia, ocurrieron en el año 2001 afectando a la región centro de nuestro país.
 

Sólo en la provincia de Buenos Aires, se estimó que fueron 5 millones de hectáreas las que estuvieron bajo las aguas, afectándose severamente no sólo los campos productivos, sino también pueblos y ciudades, con daños de magnitud sobre toda la infraestructura, especialmente la de comunicaciones.
 

Reconocida oficialmente la catástrofe, el gobierno nacional de entonces declaró primero la emergencia y desastre en el marco de las leyes Nº 22.913 y 24.959 y luego, excepcionalmente, por medio del Decreto 1386/01, la exención impositiva y previsional a todos aquellos sujetos económicos que desarrollaban su principal actividad en dicha zona. Previamente a todo ello, el Gobierno provincial había actuado en consecuencia.
 

Además de concurrir con fondos nacionales, se redireccionó un crédito de 12 millones de dólares del Banco Mundial para ser utilizado en la reparación y mantenimiento de las redes viales de las poblaciones afectadas.
 

Pero más allá aún, para realizar las obras necesarias para evitar que las inundaciones se repitieran, y con ese fin específico, por Decreto Nacional Nº 1381/01 se creó el Fondo Nacional de Infraestructura Hídrica, que se constituyó con un aporte extraído del precio del litro de nafta y el metro cúbico de gas natural comprimido.
 

Esta iniciativa preveía recaudar, con los valores y el consumo de aquella época, el equivalente a entre 250 y 300 millones de dólares anuales.
 

Desde el 2001 hasta el presente, con la lamentable reaparición de las inundaciones, cabe preguntarnos cuál ha sido el monto total recaudado hasta el presente y por su destino, pues las obras que tanto se reclamaban cuándo las aguas todo lo cubrían y que fueron el motivo por el que se dictó el Decreto 1381, parece ser que brillan por su ausencia.