La Plata, abril 11 (PR/10) -- Como en una suerte de trágico calco, el caso de la mujer asesinada hace ocho meses en Los Hornos, cuyo cadáver apareció días atrás enterrado en la casa de su ex marido ubicada a metros del domicilio en el que residía la víctima, reproduce algunas notas similares a las que se presentaron con el aún cercano episodio que le costó la vida a la familia Pomar, cuyos integrantes fueron hallados muertos muchas jornadas después -presuntamente víctimas de un accidente automovilístico- a metros de la ruta por donde se sabía que habían circulado.

Al igual que en el caso Pomar, en el hecho registrado en Los Hornos se habían desplegado diversos operativos desde que se dio por desaparecida a la mujer, incluyéndose entre aquellos a varios allanamientos policiales realizados en la propiedad de su ex marido.

Existían además denuncias por agresiones físicas por parte del ex marido, ahora ya detenido, contra su entonces esposa, asentadas además en un expediente civil iniciado por la víctima por exclusión del hogar y confirmadas por una gran cantidad de testigos de esa causa que ofrecieron detalles sobre los distintos ataques sufridos por la mujer.

No corresponde avanzar más acerca de un homicidio que se encuentra en plena etapa de investigación, cuyas características particulares podrían, inclusive, verse alteradas por las nuevas pruebas que puedan colectarse. La mención sólo se realiza para poder formular -inclusive apelando al antecedente del caso Pomar- consideraciones de índole general acerca de la necesidad de que se alcance, cuanto antes, una mayor eficacia en la estructura policial y judicial de la Provincia, en lo que se refiere fundamentalmente a la investigación de los delitos penales.

Tanto estos dos resonantes episodios, como muchos otros en los que se investiga en forma tardía, errática y deficiente, quedan a la vista verdaderas muestras de ineficacia policial. Investigaciones realizadas durante muchos meses derivan, no pocas veces, en burdos fracasos. Y si bien atada funcionalmente al resultado que ofrecen esos operativos, la Justicia aparece también comprometida en la medida en que no es capaz de reclamar correcciones y profundizaciones en las pesquisas.

Es bien sabido que al sancionarse la reforma de la Constitución bonaerense de 1994, quedó a medio camino la creación de la Policía Judicial, un cuerpo especializado, de probada eficacia en muchos países, que se dedicaría a actuar exclusivamente en el esclarecimiento de los delitos.

Pocos años después se sancionó el nuevo Código de Procedimiento Penal, que traspasó la responsabilidad por las investigaciones penales, antes en manos de la Policía, al cuerpo de fiscales del Poder Judicial bonaerense. Sin embargo, no se avanzó paralelamente en en la creación y consolidación de un cuerpo de investigadores.

Está claro que la Provincia necesita intervenir para que se mejore en forma sustancial la capacidad investigativa penal. Sin un mejor nivel continuarán los errores y los fracasos. Y en un contexto de inseguridad, en el que la ciudadanía reclama eficacia y compromiso para enfrentar a la delincuencia, el accionar policial y judicial parecería estar por debajo del piso. De allí que se imponga una modificación en el rumbo, de modo de evitar que la población pueda sentirse indefensa y desprotegida.