Buenos Aires, 13 diciembre (Especial para NA por Arturo Navarro*) -- Si la presidenta de la Nación realmente quiere mostrar un cambio de actitud con el sector agropecuario, deben liberar todos los mercados para poder aumentar las producciones y las exportaciones, al ser la mejor política para atender el mercado interno.
No alcanza con gestos o cambios de funcionarios. Hay que cambiar la matriz de la política productiva que impidió que el país sea un productor y exportador confiable de trigo.
El cambio de las políticas evitará una nueva estafa al productor como ocurrió los últimos cinco años.
Nunca faltó trigo en el país para el consumo interno y menos va a faltar ahora con las actuales tecnologías para producirlo en cantidad y calidad.
Sería un gesto para quienes todavía no vendieron, pero principalmente, sería un mensaje concreto para proyectar y potenciar la producción de la nueva campaña 2011-2012.
Es necesario captar los buenos precios internacionales de enero del 2012, funcionando sin interferencia los mercados de futuro y que se eliminen definitivamente los derechos a la exportación.
Volver a la sensatez es sembrar nuevamente siete millones de hectáreas como lo hicimos en 1929, con arado de reja y sembradora tiradas a caballo usando semillas comunes.
Con las innovaciones actuales, se podría estar cosechando 4000 kilos por hectárea y producir 28 millones de toneladas.
Ante esta hipótesis no se debería continuar con insensatez de políticas para asegurar 2,4 millones de toneladas de trigo que se necesitans para hacer el pan de 42 millones de argentinos.
Es solamente el 10 por ciento del potencial de producción que tenemos.
Los productores trigueros regalaron esta cifra en la campaña 2010-2011 por la intervención del Estado.
Con estos hechos incontrastables de la realidad, la única opción para poder potenciar un shock de productividad es liberar todos los mercados sin ningún tipo de intervención del Estado en el negocio empresario.
La otra opción es estatizar el comercio de granos, haciéndose cargo el gobierno y quienes los acompañen, por el estancamiento que va a provocar en las producciones futuras.
Al mismo tiempo hay que terminar con la idea de que el Estado tiene que asegurarle la materia prima a la industria molinera.
Esto no ocurre en ningún país exitoso del mundo.
En último caso cada país implementa políticas de estado para subsidiar a determinados habitantes en forma directa para evitar todo tipo de corrupción, pero nunca castigando al productor y a la producción del país limitando las exportaciones.
Es una industria atomizada como cualquiera otra que debe trabajar a riesgo empresario y actuar en consecuencia de ahora en adelante.
Hay que terminar con los subsidios a la industria molinera por medio de los derechos de exportación y las compensaciones al trigo que usan para abastecer el mercado, porque para lo único que ha servido es para limitar la producción de trigo del país.
Además, permitió destruir todas las instituciones formadoras de precio del sector y encarecer el pan de todos los argentinos, especialmente el que necesita comprar el 30 por ciento de la población más pobre, a quienes tendrían que haber llegado los subsidios en forma directa.
En cambio los subsidios quedaron en el camino, agravando la pobreza por falta de una buena distribución de los recursos, por falta de transparencia del actual sistema discrecional en el funcionamiento del ONCCA.
El complejo agroindustrial para crecer y ser parte fundamental del desarrollo del país, necesita mercados libres, apertura al mundo y seguridad jurídica para poder hacer las transformaciones de las materias primas con mano de obra argentina para poder duplicar nuestros exportaciones para el año 2020.
(*) Consultor. Ex presidente de CRA y CARBAP.

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