Buenos Aires, 17 enero (Especial para NA por Omar Barchetta*)--
Luego de la disolución de la Junta Nacional de Granos, en 1991, hace falta debatir en el país cuál es el marco que ordena y regula el comercio de granos de la Argentina, sabiendo que es uno de sus principales motores de la economía nacional.
Creemos que el camino del libre mercado, la apertura económica y la desregulación como única alternativa no ha sido la mejor opción para el conjunto de los actores.
Prueba de esto son los niveles de concentración del mercado de granos, donde un minúsculo grupo de exportadoras controlan a discreción el comercio y hacen valer la posición de mercado que detentan, mientras los productores primarios, las cooperativas, y acopios chicos cada vez tienen menos poder para influir y defender sus precios.
A esta situación podemos agregar la falta de integración, oportunidad y agregación de valor de la agricultura de pequeña escala, que evidencia la ausencia de políticas públicas en ese sentido.
Producto de todo lo anterior es preocupante la poca transparencia en la formación de los precios agrícolas y la cartelización del mercado, cuando por ejemplo, las exportadoras realizan compras directas a productores, acopios, cooperativas, las cuales no quedan ni registradas las operaciones en el recinto de las Bolsas de Cereales.
Además, los precios que recibe el productor por la venta de sus granos a través de las pizarras, en pocas oportunidades reflejan el valor FAS (FOB menos impuestos y gastos de fobbing), produciéndose como en el caso del trigo una escandalosa transferencia de recursos de los productores a las exportadoras.
Tampoco es el camino correcto la intervención del gobierno nacional en el mercado de granos.
Ahora que este gobierno intervenga mal, no impide que planteemos un esquema moderno, institucionalizado, participativo de ordenamiento, transparencia y regulación del comercio de granos, que evite la cartelización del negocio, que garantice la transparencia en la formación de los precios y asegure a los pequeños y medianos productores rentabilidad.
El estado no puede encontrarse ausente de la principal economía de la argentina que es el comercio de granos y alimentos y permitir rentas extraordinarias a verdaderos monopolios privados.
Debemos sancionar las leyes necesarias que vuelvan a equilibrar las relaciones de intereses de los actores del sector privado y el interés publico.
Debemos pensar en instrumentos u organismos tales que posean estructura y capacidad de gestión para intervenir en beneficio de todos y no de un determinado sector minoritario.
Debemos pensar en reglas de juego claras y previsibles que aseguren un equilibrio en los distintos eslabones que componen el sector agropecuario y agroindustrial nacional, y permitan la participación de los distintos sectores involucrados, como las entidades del campo, bolsas de cereales, cámaras industriales, consumidores y otras.
A modo de síntesis podemos señalar que debemos lograr acuerdos para crear un nuevo diseño institucional moderno que nos permita superar la matriz liberal económica de los noventa y un modelo de intervención discrecional, desprolijo y muchas veces funcional a los sectores concentrados de la economía que lleva adelante el gobierno nacional, especialmente la Secretaría de Comercio Interior.
Por lo expuesto, la Federación Agraria Argentina promueve la creación de Organismos de intervención en las etapas comerciales, de carácter participativo y con las atribuciones necesarias para aplicar las políticas públicas que el conjunto del país necesita.
El trigo: un ejemplo más de la necesidad de ir hacia un nuevo sistema en el comercio de granos.
Los productores trigueros pierden 688 millones de dólares de la actual campaña, mientras que el costo total de las toneladas requeridas por la molinería para producir pan es de 600 millones de dólares.
Desde la implementación de los cupos de exportación en el año 2006 el precio del pan aumentó 140 por ciento, (subsidios millonarios a la molinería mediante).
Actualmente la reducción en el precio del trigo percibido alcanza un 23 por ciento (en torno de 50 dólares por tonelada) que sumado a los derechos de exportación del 23 por ciento, la retención asciende al 46 por ciento.
(*)Vicepresidente primero de Federación Agraria Argentina.
 

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