Lic. Miguel Gorelik.
Buenos Aires junio 10 (PR/20) — El anuncio de la expropiación de la cerealera abre distintos interrogantes, entre ellos, hasta dónde avanzará el Gobierno en el control del sector alimentario. Además, proyecta un nebuloso futuro sobre el principal generador de divisas del país. Por Miguel Gorelik.
Esta semana, el Presidente anunció en conferencia de prensa un DNU por el que se dicta la intervención por 60 días de la firma Vicentin y el envío de un proyecto de ley de expropiación con el objetivo de que se sancione antes de finalizar la intervención.
Vicentin es una empresa muy relevante, manejada por la misma familia durante varias generaciones, con facturación de más de USD 4 mil millones y con más de 6 mil personas empleadas.
Ha encabezado las exportaciones de aceites y subproductos de soja en los últimos años, el producto más importante en término de ingreso de divisas del país.
Además, tiene intereses en muy diversas ramas de la agroindustria (algodón, biocombustibles, cereales, carne vacuna, vitivinícola, entre otras), puertos, logística y subsidiarias en el exterior (Paraguay, Brasil, Uruguay, Europa).
La firma entró en cesación de pagos en diciembre y venía negociando un concurso de acreedores.
El argumento del gobierno es proteger la empresa, a sus empleados y acreedores, entre los que destaca al Banco de la Nación, cuya acreencia representa menos del 20% de la deuda total de Vicentin y por cuyos créditos ya existe una denuncia penal desde febrero.
Pero otro ingrediente que se incluye entre los motivos de este accionar excepcional, está vinculado a la soberanía alimentaria, especialmente mencionado por la senadora Fernández Sagasti en la misma conferencia de prensa presidencial.
No queda claro cuál es esa soberanía que se quiere defender de esta manera ni, tampoco, cuándo faltaron alimentos, aún en las peores crisis, por problemas de producción, disponibilidad, procesamiento o distribución.
Por supuesto que hay segmentos de la población que tienen problemas para hacerse de alimentos, pero esta inseguridad alimentaria e incluso nutricional se vincula con problemas económicos, sociales y culturales que pasan por un andarivel distinto al de la soberanía.
Tratando de especular sobre el razonamiento de la soberanía, uno se pregunta cuánto más hace falta para que el Estado controle el frondoso entramado alimentario de la Argentina. Para controlar y tener un testigo, concepto que también se utilizó, ya existe YPF Agro.
Entonces la pregunta siguiente es con qué porcentaje de este negocio el Estado, con la actual administración, se siente cómodo y soberano.
Y si se trata sólo del sector de cereales y oleaginosas o la soberanía también habrá que buscarla, vía expropiaciones, en las otras numerosas ramas de la alimentación, incluyendo la producción primaria.
Seguramente estas preguntas quedarán sin respuestas porque serían bastante piantavotos.
De todas las decisiones posibles sobre el problema Vicentín, seguramente se eligió la peor. Hay una ley de quiebras, hay leyes que apuntan a impedir las prácticas de colusión y el comportamiento monopólico o monopsónico, con lo que no resulta necesario que el Estado maneje todo de manera directa.
Además, existen abundantes antecedentes sobre estatización de empresas que terminaron muy mal y con cuentas altísimas tras fallos judiciales adversos que debe pagar toda la sociedad.
Por otro lado, en momentos en que se está negociando, contrarreloj, toda la deuda soberana, con quitas de interés y de capital, para evitar un nuevo default ¿Qué seguridades pueden tener los acreedores de Vicentin sobre el honramiento de esas deudas, inclusive las correspondientes al Banco de la Nación?
El Dr. Gabriel Delgado, nombrado interventor, tiene una respetada figura, como académico y como persona, pero eso dista de asegurar que pueda manejar semejante conglomerado eficiente y rentablemente. Aunque siempre hay que tener la cabeza abierta para aceptar la aparición de un “tapado”. Pero convengamos que no se está actuando sobre seguro, si es que eso existiera.
El propósito de estas líneas no es analizar en detalle a la empresa ni a los hechos que provocaron su cesación de pagos, luego de una larga y exitosa trayectoria.
El objetivo era acentuar lo inadecuado de la decisión adoptada y lo nebuloso del futuro que proyecta, sobre el principal sector generador de divisas del país, el criterio de la soberanía alimentaria.
Por Lic. Miguel Gorelik, Director de Valor Carne
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