Por Marcelo Capello, Laura Caullo y Fernando Kühn
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Buenos Aires, 27 junio (PR/20) — En los últimos 3 días Argentina registró un récord de casos en cada jornada, de manera que al 26 de junio existen 52.457 infectados y 1.167 fallecidos. El 69% son casos que continúan activos (36.519) y cerca del 28% se han recuperado (14.788).
El 93% de los casos detectados están concentrados en la región AMBA. Pese a un aumento sostenido en el crecimiento de infectados, el tiempo de duplicación de caso en CABA durante las últimas dos semanas fue de 18 días, mientras que en provincia de Buenos Aires los casos se duplicaron en promedio cada 12 días.
Si bien la velocidad de los contagios (R) en Argentina no es tan alta como a fines de marzo, preocupa el volumen de casos que se registran en virtud de la capacidad sanitaria.
Luego de 100 días de restricciones, es probable que Argentina no haya sido eficiente en alcanzar la etapa de testeo masivo, aislamiento y rastreo eficiente de contactos, de modo que, ante la suba en el número de contagios, deba volver ahora a una etapa de fuertes restricciones, al menos en el AMBA.
Ahora, tenemos una nueva oportunidad para desarrollar en forma eficiente una estrategia masiva de testeo/rastreo/aislamiento, de lo contrario la pura cuarentena se convertirá en un instrumento económicamente muy caro para lograr los objetivos sanitarios.
La actual decisión de retroceder las fases de aislamiento social en el AMBA, aumentando las restricciones a la movilidad de personas, resulta inevitable, ante el fuerte aumento en los casos de COVID-19 ocurrido en los últimos días.
Pero resulta de imperiosa necesidad que esta vez se terminen de desarrollar los instrumentos que se requieren, para posteriormente alcanzar una solución que no ponga en riesgo la salud de la población, pero minimizando también los efectos sobre la economía.
En el interior del país la situación es algo diferente, por menor incidencia de la pandemia, de manera que, en algunas provincias, y especialmente en el interior de ellas, se avanzó hacia la fase 5, con reapertura de bares, restaurantes y gimnasios. No obstante, también en el interior se están produciendo algunos retrocesos, frente al avance de los contagios.
Respecto a la magnitud de las restricciones, la Universidad de Oxford lleva a cabo la recolección sistemática de datos sobre las medidas de política aplicadas por los gobiernos de diferentes países para combatir la pandemia del COVID-19. Uno de los índices que pone a disposición, es el “Government Response Stringency Index” que mide el nivel de rigurosidad de las políticas de aislamiento social que aplican los diferentes gobiernos. El valor del índice va de
0 a 100, donde 100 representa el nivel de mayor rigurosidad, en contrándose disponible para gran cantidad de países de forma diaria, desde comienzos de enero hasta la actualidad.
Al comparar una serie de países de todas las regiones del mundo, se observa que en su mayoría las medidas más drásticas las aplicaron a mediados de marzo, con la salvedad de China, donde la epidemia se inició con mayor antelación. En la actualidad, se observa que en casi todos los países las restricciones menguaron, pero aún continúan altas y bastante lejos de
los niveles pre-pandemia. Si se calcula el promedio del indicador desde inicios de enero, de forma tal de medir la rigurosidad total de las medidas de aislamiento aplicadas, tanto en su extensión en el tiempo como el nivel de restricción alcanzado, se tiene que Argentina es el cuarto país con la
cuarentena más estricta hasta el momento, solo superada por China, Italia y Perú. Argentina ahora agravará las restricciones, de modo que posiblemente escale algún/os lugares en el índice.
Entre los casos más destacados se tiene a Nueva Zelanda, que luego de aplicar fuertes restricciones a finales de marzo y principios de abril, es el país que más rápido está relajando sus medidas de aislamiento. Otros países que están avanzando en el relajamiento del aislamiento de su población son Corea del Sur, Japón y Alemania, y en nuestra región se tiene el caso principalmente de Uruguay. El país que menos restricciones implementó en todo el período fue Suecia.
Políticas económicas desarrolladas en el marco del COVID-19
En el marco de la emergencia sanitaria se tomaron una serie de medidas destinadas a cuidar el ingreso de las familias, la producción y el empleo. El paquete de medías económicas de
Argentina incluyó subsidios y préstamos, a individuos y a empresas.
Entre los subsidios a individuos se destacan los bonos y suplementos otorgados a sectores vulnerables. Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo (4,2 millones
de personas) y jubilados y pensionados (4 millones de ancianos) cobraron un bono extraordinario de $3.000. También los trabajadores del sector salud y seguridad recibieron bonos por $5.000.
Por otra parte, se creó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que consiste en un bono de $10.000 que busca paliar el impacto de la emergencia sanitaria sobre la economía de las familias más afectadas. Destinado en su diseño sólo a un integrante por grupo familiar, trabajador informal, monotributista social, monotributista categorías A y B, personal doméstico, beneficiarios de AUH-AUE o plan Progresar. Si bien el Gobierno había estimado que
los beneficiarios serían 3,6 millones, finalmente fue otorgado a 9 millones de beneficiarios.
Entre los subsidios a empresas, resaltan los beneficios otorgados a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP). Incluye la asignación compensatoria al salario, donde el Estado se hace cargo del pago del 50% del salario de los
trabajadores de empresas que vieron afectadas sus ventas por la pandemia. El monto máximo a pagar por empleado es de $33.750, equivalente a dos Salarios Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y un mínimo de uno ($16.875). Esta medida de asistencia también contempla la exención temporal de contribuciones a la seguridad social para empresas afectadas, ampliando del plazo de pago y se reduce hasta el 95% el pago de las contribuciones patronales.
El programa ATP alcanzó a 2,3 millones de empleados, es decir poco más de un tercio de los asalariados privados registrados, sobre un conjunto conformado por 6 millones de trabajadores a nivel nacional.
En lo que refiere a los préstamos a individuos, la batería de medidas incluyó créditos a tasa cero de hasta $150.000 para monotributistas y autónomos, pudiendo aplicar los
independientes de todas las categorías (de la A a la K). Se depositó como saldo en la tarjeta de crédito del beneficiario en tres cuotas iguales y consecutivas, a devolver en 12 cuotas, con 6 meses de gracia. Unas 140.000 personas tramitaron este crédito.
Las líneas de préstamos a empresas contaron con créditos para el pago de sueldos a tasa fija del 24%. Destinado a PyMEs, con un periodo de gracia de tres meses, y créditos de BICE para
MiPyMEs con tasa del 19% fija anual.
Por otra parte, se prorrogó hasta el 30 de junio, inclusive, el plazo para la adhesión a la moratoria para MiPyMEs, monotributistas, autónomos, cooperativas y clubes de barrio que tengan deudas impositivas, aduaneras y/o de la seguridad social.
En el caso de Argentina, las medidas de política fiscal de mayor impacto son el Ingreso Familiar de Emergencia (que, en este Foco suponemos que se cobra durante 3 meses) y la Asignación
Complementaria al Salario (que también consideramos que se cobra durante 3 meses). Los costos de ambas medidas son, respectivamente, 240.000 millones y 210.000 millones de
pesos, lo que equivale a un 50,4% del total del paquete fiscal. Otras medidas destacables son el aumento en el presupuesto de inversión pública ($100.000 millones), la reducción de cargas
patronales en el marco del ATP ($67.083 millones) y la asistencia financiera a las provincias en el marco de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), por $66.000 millones de pesos. Así, el total
del paquete fiscal tendrá un costo de cerca de $910 mil millones de pesos, lo que equivale a 3,4% del PIB.
Este paquete de medidas tiene un impacto considerable en las cuentas públicas: el déficit primario acumulado a mayo en el Sector Público Nacional, a precios constantes, es el más alto de los últimos 6 años (82% más alto que el segundo año con déficit más alto, 2015). El contraste con 2019 es notorio, pues para mayo de 2019 se había acumulado un leve superávit primario de $17.937 millones de pesos de diciembre de 2016.
Primicias Rurales
Fuente: Fundación Mediterránea
