Buenos Aires, 23 de octubre (PR/21) .– Una reciente resolución del Gobierno cayó muy mal en el agro: el decreto 722/2021 dispone que las empresas petroleras que eleven su producción y exporten productos agropecuarios como trigo, maíz, porotos o aceite de soja recibirán el beneficio de un crédito fiscal transferible, y aplicable al pago por derechos de exportación de sus propios productos hidrocarburíferos. Para la Casa Rosada la medida “promueve e incentiva la actividad agraria y las economías regionales y motoriza la exportación”. Para la Mesa de Enlace, “la resolución es tan contradictoria que evidencia que las retenciones son un gravamen distorsivo“.
Lo dispuesto en el Boletín Oficial sostiene que “resulta razonable ampliar temporalmente la base de aplicación del pago a cuenta para permitir la cristalización del incentivo originalmente pensado y extender la aplicación de los mencionados Certificados de Crédito Fiscal al pago de los derechos de exportación de otras mercaderías provenientes del sector agrario argentino”.
Se trata de productos del agro que son recibidos por las empresas del sector hidrocarburífero en operaciones de canje por la comercialización de gasoil en el mercado interno, algo que en el Gobierno entienden como un aspecto estrechamente vinculado con los objetivos del Programa “Refinación Plus”
“Esta medida promueve e incentiva la actividad agraria y las economías regionales y motoriza la exportación al permitir la monetización inmediata de un crédito fiscal en la cuantía de sus derechos de exportación, que en esta actividad resultan sustancialmente mayores a los derechos de exportación de hidrocarburos”, sostiene uno de los considerandos del decreto firmado por el Jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro de Economía Martín Guzmán.
La Mesa de Enlace cargó contra el decreto
Las cuatro entidades que componen a la Mesa de Enlace rápidamente salieron al cruce de lo establecido. Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Confederaciones Rurales Argentrinas (CRA) y Federación Agraria Argentina (FAA) repudiaron la iniciativa.
“La decisión no solo otorga una ventaja sustancial a las empresas petroleras, en detrimento de las demás empresas agroindustriales, sino que también muestra la incidencia extraordinaria que los derechos de exportación tienen en el proceso de producción y rentabilidad de productores y exportadores”, reclamaron los dirigentes del agro.
Para ellos, en el texto hay “un reconocimiento explícito que se hace sobre el daño de los derechos de exportación”.
“La resolución es tan contradictoria que evidencia que las retenciones son un gravamen distorsivo que quita competitividad a las exportaciones y aliviarlo resulta no ya un incentivo sino el alivio en un desincentivo. El incentivo manifiesto a las empresas petroleras rompe toda condición de igualdad con las empresas agroindustriales, que deben exportar en condiciones diferentes y que en definitiva trasladan ese perjuicio a los precios que recibe el productor primario”, indicaron.
El sector entiende que las actividades que estarán principalmente afectadas serán trigo, cebada, maíz, sorgo, habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja, aceites de soja, girasol, cártamo y algodón. Pero también, los residuos de la molienda y de la extracción del aceite de soja y de grasas o aceites vegetales, más los pellets de cáscara de soja y las semillas de girasol.
“Es un nuevo destrato en una larga lista de decisiones que miran al campo solo al tiempo de recaudar y lo someten a condiciones de desigualdad con otras actividades productivas. Hoy por decisión del gobierno ganaron las petroleras. ¿Mañana quien será? Lo que es seguro es que puede cambiar quién gana, pero siempre perdemos los mismos”, concluyeron.
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Fuente: A24
