La denuncia de los acuerdos de Madrid un camino hacia la soberanía de Malvinas

La denuncia de los acuerdos de Madrid un camino hacia la soberanía de Malvinas

Buenos Aires, 19 de octubre (PR/23) .- El gobierno está concluyendo su mandato y la Secretaría de Malvinas a cargo de Guillermo Carmona y el Consejo Nacional de Malvinas, integrado por varios de los autores que intervinieron en la elaboración de esos ignominiosos Acuerdos de Madrid I y II, los mantuvo vigente; donde, la fórmula inglesa del “Paraguas”, que impide tratar las cuestiones de soberanía mantiene pleno vigor después de 35 años, en beneficio del Reino Unido de Gran Bretaña (en adelante RUGB).
Nosotros hemos reiterado y fundado las razones para denunciarlos y la última vez en el año 2021 entendimos que el Congreso de la Nación debía ENCOMENDAR al Poder Ejecutivo Nacional la DENUNCIA de los llamados “ACUERDOS DE MADRID” con el RUGB, acordados en Madrid el 17 al 19 de octubre de 1989; en París el 20 de diciembre de 1989; en Madrid el 14 y 15 de febrero de 1990, y en Buenos Aires-Madrid el 28 de noviembre de 1990), efectuando también esta denuncia ante las Naciones Unidas, por la violación de parte de este RUGB de la llamada “fórmula del Paraguas”, en atención al avance del RUGB en la ocupación prepotente del territorio marítimo en el Atlántico Sur y Antártico que viola la Resoluciones 31/49 y 41/11 de las Naciones Unidas; solicitando que el RUGB retrotraiga la situación de ocupación a la imperante en abril de 1982; esto es, a la ocupación de los archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) y las tres millas marinas alrededor de éstas, hasta tanto se negocie entre ambos países de éste territorio y su reposición en favor de la República Argentina, permitiendo que pueda realizar su actividades pesqueras en la zona que RUGB tiene ilegalmente ocupada, solicitándole el cese inmediato de otorgamiento ilegal de permisos de pesca a buques extranjeros o propios del RUGB que ocupan los citados archipiélagos, que además de apropiarse de estos recursos naturales argentinos, provocan depredación y contaminación de los recursos pesqueros y del medio marino.
En atención al incumplimiento por parte del RUGB de los denominados “Acuerdos de Madrid” respecto a no innovar en materia de soberanía y las consecuencias que esta inobservancia que, entre otras cuestiones, se apropia y daña los recursos pesqueros argentinos, explotándolos sin habilitación de la Autoridad de Aplicación Argentina, depredándolos, mediante buques pesqueros extranjeros que extraen peces y moluscos en el área de Malvinas y, fuera de ella, con licencias ilegales otorgadas por el citado RUGB; se estima imprescindible su Denuncia y, la solicitud del inmediato cese de capturas ilegales del referido RUGB en Malvinas;
La resolución 31/49 de la Organización de las Naciones Unidas instó a la Argentina y al RUGB a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en las islas hasta tanto se resuelva la disputa de soberanía; pese a lo cual, el RUGB persiste en explotar los recursos pesqueros e hidrocarburíferos argentinos y, militariza en forma creciente las Malvinas; resultando por lo tanto, absolutamente incongruente mantener vigentes los denominados “Acuerdos de Madrid” que congelaron la discusión respecto a la soberanía plena en Malvinas que, -entre otras cosas- impide a la Argentina realizar actividades pesqueras en parte de su territorio marítimo y realizar una administración adecuada de sus recursos naturales;
En la Constitución Nacional se precisa: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”, por lo que resulta improcedente, mantener suspendido el tratamiento de cuestiones inherentes a la soberanía nacional, bajo lo que se llamó la fórmula del “paraguas” que, postergó sin límite nuestros legítimos derechos, mientras que por el contrario, el RUGB no ha hecho otra cosa que ejercer permanentes actos de soberanía en territorios usurpados a la Argentina.
En especial, desconociendo las reuniones entre los representantes de ambos gobiernos, que dieron lugar a la llamada “fórmula del paraguas”, el RUGB amplió en forma sostenida la ocupación del territorio marítimo alrededor de Malvinas, y de tener en 1982 unos 11.410 Km2 ocupados, hoy ocupa y explota 1.639.900 Km de territorio marítimo, el control de la actividad pesquera, cuya disponibilidad le permitió otorgar licencias ilegales pesqueras a embarcaciones extranjeras que capturan los recursos pesqueros; lo que permite concluir la ineficacia de los denominados Acuerdos de Madrid y la certeza de la depredación británica de los recursos naturales argentinos a consecuencia de su inobservancia, razón suficiente para denunciarlos y promover nuevos acuerdos que respeten el interés argentino y permitan una administración racional y sostenible de los recursos pesqueros.
Corresponde aclarar, que estos Acuerdos, que algunos juristas consideran Tratados, no fueron aprobados por el Congreso de la Nación, como bien lo indicó el proyecto de Declaración que se elaboró para ser sancionada por el Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego, donde en los artículo 1º y 2º refiere a «desechar los Tratados de Madrid I y II, por no haber sido sometidos al Congreso de la Nación, y ser lesivos a la soberanía territorial argentina y el orden público constitucional (Cláusula Transitoria Primera y art. 27, C.N.), así como del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional (art. 36) y declarar inaplicables en todo el territorio de Tierra del Fuego, las disposiciones de los tratados internacionales inconclusos, conforme la normativa invocada en el Art. 1º de esta ley, y lo dispuesto por el art. 105, incisos 6, 7, 25, 27 y 37 de la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego» y la oportuna Resolución (AS Nº 412-21), de la citada Legislatura donde en sus artículos «se invita a los legisladores nacionales de Tierra del Fuego en los términos del art. 105º inc. 6 de la Constitución Provincial y el art. 1° de la Ley Provincial N° 98 y, con el debido debate, a desechar los Acuerdos de Madrid I y II, dando cumplimiento a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, la Resolución 2065 (XX) de las Naciones Unidas y la Declaración de Ushuaia».
Estas “Declaraciones” tampoco contaron con la debida consulta y aprobación de la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego que es parte necesaria en las cuestiones de los archipiélagos y sus mares.
Estos Acuerdos de Madrid I y II, son una lamentable claudicación de los gestores e, incluyen por primera vez, a las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur con una evidente mala fe del RUGB y la ingenuidad o sometimiento del gobierno argentino; cuestión nunca tratada previamente ni estuvieron en disputa en las Res. 2065 (XX), 1514 (XV), 31/49 y otras de la ONU y, los distintos intercambios entre la Argentina y el RUGB.
Además, la Constitución Nacional en la Disposición Transitoria Primera refiere con certeza a los espacios marítimos “correspondientes” y no “circundantes” que podría entenderse que circundan o rodea a los archipiélagos, cuestión que se incluye en el Acuerdo de Madrid I, por lo que es este término no se ajusta a lo establecido en 1994 en la Constitución, lo que algunos funcionarios erróneamente repiten, como si se tratara de una cuestión de innecesaria estrictez en los límites que ponen en juego millones de km2 marítimos argentinos.
No puede dejar de tenerse en cuenta, tampoco, la gravedad de la militarización británica existente en Malvinas, residual de la guerra de 1982 y la firma de los Acuerdos de Madrid, donde se regulan además cuestiones relativas al control de la navegación y comunicación en el Acuerdo de Madrid II que son absolutamente contrarias el compromiso expresado por el RUGB de respetar plenamente los principios de la Carta de las Naciones Unidas, ya que mantiene una base misilística y otros medios militares y navales en Malvinas en evidente violación a la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” (Res. 41/11 del 27/10/1986 de la ONU) que agravian a la Argentina y, son contrarias a lo previsto (Madrid I, 6, Madrid II, 4) de «crear confianza y evitar incidentes en la esfera militar», además de otras cláusulas lesivas a la soberanía nacional al indicar que el RUGB «Eliminaría el actual requisito para que los buques mercantes argentinos entren a la zona de protección y, hacer coincidir los límites de la zona de protección con los de la zona de conservación», en una evidente e inamisible acción de administración británica de los territorios argentinos.
Se ha ejecutado formalmente un evidente “cambio de figuritas” (Madrid I, inc. 7 y 8) donde «el gobierno británico conviene en facilitar el restablecimiento de vínculos de cooperación entre la Argentina y la Comunidad Europea», etc. Una vergüenza este escrito mercantilista, cuando están en juego cuestiones soberanas tan sensibles al pueblo argentino y un acto de humillación y sumisión de los firmantes que enloda a la Argentina.
Por otra parte, se agregó (Madrid II, inc. 5, A, B, C, D y sus Anexos) una dependencia de las fuerzas armadas argentinas (en el Acuerdo los británicos, incluso, excluyeron al Ejército Argentino) que se deja de manifiesto en el «Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas sobre los movimientos de las unidades de sus Fuerzas Armadas en áreas del Atlántico Sudoccidental», sobre espacios que alcanzan a gran parte del Atlántico Sur y, no solo al área ocupada por el Reino Unido en 1982; el «Sistema de Comunicación Directa entre las Islas Malvinas y el territorio continental con el objetivo de reducir la posibilidad de incidentes, limitar sus consecuencias si ocurrieran actividades y aumentar el conocimiento reciproco de los militares en el Atlántico Sudoccidental» y «Acordar un conjunto de reglas de comportamiento reciproco para las unidades de sus respectivas fuerzas navales y aéreas que operen en proximidad» y «establecer un sistema de intercambio de información sobre seguridad y control…». Es decir, administrar nuestros espacios. Sin referirnos, al vigente veto del RUGB a la compra de armas por parte de la Argentina que, nos dificulta defender el territorio.
A todo lo dicho se agrega en los Acuerdos, la aceptación lisa y llana de la explotación pesquera británica de los recursos argentinos, como se desprende de los Acuerdos (Madrid I, inc. 10; Madrid II, inc. 7 y 14) que llevaría a que el gobierno ilegal británico en Malvinas capturara, por vía del otorgamiento de licencias pesqueras ilegales a buques extranjeros, un promedio anual de 250 mil toneladas, equivalentes a mil millones de dólares/año; es decir que desde 1989 al firmarse los Acuerdos, a la fecha, los británicos han extraído recursos pesqueros argentinos por valor de 32 mil millones de dólares estadounidenses; los que comercializados en el mercado final ascienden a los 192 mil millones de dólares y, lo han hecho comprometiendo el ecosistema, como la propia Consultora Británica MacAlister, Elliot & partners Limited en 2020, especializada en pesca sustentable (Penguin News, Agenda Malvinas, 10/6/2021) lo considera; es decir, que la actividad ilegal británica está comprometiendo el ambiente marino, que era una cuestión que el Acuerdo refería a la necesidad de cuidar.
Como consecuencia de este Acuerdo (Madrid II, inc. 12) la Argentina aprobaría luego la Ley 24.184 de “Protección y Promoción de Inversiones del Reino Unido”, con condiciones muy ventajosas sobre los demás países, comportamiento argentino que se contrapone con la apropiación que el RUGB hace de nuestros recursos.
Aunque la interpretación de algunos, es que “los británicos aceptaron la fórmula del paraguas y con ello reconocieron la disputa de soberanía” (Clarín, 22/10/1989:9), esta opinión es sesgada, ya que deberíamos recordar que los británicos no la aceptaron sino que impusieron la referida fórmula inglesa, donde de hecho, negaron toda soberanía y obtienen los resultados que están a la vista: siguen avanzando en la ocupación de territorios y explotación de los recursos, mientras que la Argentina quedó congelada.
Finalmente, el incumplimiento por parte del RUGB de la Res. 2065 (XX) de dialogar el mecanismo de reconocimiento de la soberanía plena argentina de Malvinas, coloca en una situación de absurdo la “fórmula de paraguas” sin fecha de vencimiento para avanzar sobre las cuestiones de soberanía, mientras el RUGB viola la citada Res. 2065 (XX) y, muy especialmente, viola la Res. 31/49 de las Naciones Unidas, al invadir en forma creciente nuestros territorios insulares y marítimos y explotar nuestros recursos naturales pesqueros e hidrocarburíferos, pese a que esa Resolución refiere a no innovar respecto a los espacios ocupados por el RUGB. Todos actos violatorios de la Carta Magna de las Naciones Unidas y la “Zona de Cooperación y Paz” establecida por todos los países de América y África vinculados al Atlántico Sur.
En el mismo acto de denunciar los Acuerdos debería renegociarse una fecha de vencimiento perentoria de la denominada fórmula de paraguas (Madrid I, ítem 2) que congela las cuestiones relativas a la soberanía, cuya vigencia, habiendo pasado 56 años, es contradictoria con la Res. 2065 (XX) de las Naciones Unidas que promueve el diálogo a la brevedad sobre la soberanía.

Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca – Ex Secretario de Estado
Presidente de la Fundación Agustina Lerena
Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL)
Autor de “Plan Nacional de Pesca. Cien Acciones y reforma de la Ley de Pesca” (2023).
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Disponen una nueva reglamentación nacional para el desarrollo de la acuicultura sustentable

Disponen una nueva reglamentación nacional para el desarrollo de la acuicultura sustentable

 

La reformulación de la normativa permite una adaptación de las pautas y los criterios con el objetivo de optimizar el desempeño de la actividad y dotarla de sostenibilidad.

Buenos Aires, 27 de setiembre PR/23) .- La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informa que se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 1468 que actualiza el cuerpo normativo y las regulaciones referidas al sector acuícola en todo el territorio nacional, con el objetivo de optimizar el desempeño de la actividad y dotarla de sostenibilidad, conforme lo establece la ley 27.231.

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman, destacó que “el sector finalmente logró consolidarse y era esencial acompañarlo de nuevos instrumentos con pautas que controlen y acompañen ese crecimiento”.

La reformulación de la normativa impulsada por el Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa, permite una adaptación de las pautas y los criterios que regularán las estadísticas, registros, certificaciones, control, fiscalizaciones y autorizaciones para la exportación e importación de todos los productos acuícolas de la República Argentina, acompañando la jerarquización del sector y su crecimiento desde el año 2020, desde la creación de la primera Dirección Nacional.

“Para pensar en la expansión de una acuicultura ordenada, quienes estamos frente a los desafíos de planificar su desarrollo integral, debemos considerar tanto la producción y sus mercados, el financiamiento, la ciencia y la tecnología, como también en su sostenibilidad con el ambiente”, señaló Liberman al explicar que “estos factores alineados permiten que la planificación sea concebida de forma inteligente, aprovechando los recursos y brindando todos los esfuerzos para que la actualidad del sector sea concebida como una agenda nacional de la economía argentina, con más fuentes de trabajo y con una visión integral que favorezca a todos los argentinos y argentinas”.

Por su parte, Guillermo Abdala Bertiche, primer director Nacional de Acuicultura, quien coordinó las acciones que alcanzaron la nueva normativa, afirmó que “todos los aspectos analizados e implementados son fruto de una necesidad del presente para acompañar las directrices internacionales de la Acuicultura Sostenible de FAO, conforme las consideraciones vinculadas en cada intercambio de trabajo con representantes de todo el mundo, y que caracteriza al sector a nivel global dotándolo de robustez y reglas claras para transformarse definitivamente en una actividad desarrollada y sustentable”.

De esta manera, el Registro Nacional de Establecimientos Acuícolas (RENACUA) se verá complementado con Registro de Genética Acuícola, focalizado en las operaciones de producción nacional y exportaciones, y un Registro de Intercambio Genético, orientado a la caracterización y el seguimiento de la información referida a los recursos genéticos acuícolas, con una clara vocación de desarrollo para la sustitución de importaciones y el abastecimiento nacional de insumos e infraestructura local.

Asimismo, mediante el correspondiente Reglamento para la solicitud de inscripción, se han reformulado los procedimientos referidos al RENACUA y se dota a la Dirección Nacional de Acuicultura para implementar los acuerdos necesarios y las actualizaciones que requiera el acompañamiento del sector en su crecimiento a nivel federal.

En este sentido, se reconfigura un marco normativo moderno y ágil que, desde la óptica de la sostenibilidad, contribuirá con los actuales indicadores de expansión y controles necesarios para equilibrar la actividad.

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Fuente: SAGyP

Acuerdo de equivalencia con Corea del Sur en inocuidad de productos de la pesca

Acuerdo de equivalencia con Corea del Sur en inocuidad de productos de la pesca

Lo firmaron el Senasa y el Ministerio de Inocuidad de Alimentos y Medicamentos del país asiático para los envíos desde la Argentina.

Buenos Aires, 10 de agosto (PR/23).-  El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Ministerio de Inocuidad de Alimentos y Medicamentos (MFDS por sus siglas en inglés) de Corea del Sur firmaron hoy un acuerdo de equivalencias respecto de la inocuidad alimentaria de productos pesqueros que exporta nuestro país a la nación asiática durante un encuentro celebrado de manera virtual.

“Estamos muy satisfechos con la firma de este acuerdo de equivalencias. Consideramos que va a facilitar el intercambio y la confianza entre ambos países”, expresó la presidenta del Senasa, Diana Guillén.

 

 

Agregó que “Corea es un destino muy importante para las exportaciones argentinas. Ocupa el noveno lugar entre las naciones que reciben nuestras exportaciones agropecuarias y el tercero para productos de la pesca” y destacó que el acuerdo de equivalencias “es el fruto de un arduo trabajo técnico realizado de manera profesional entre ambos países”.

Por su parte, el director general de la Oficina de Políticas de Inocuidad de Alimentos Importados del MFDS, Young Taek WOO resaltó “las muy buenas relaciones culturales y económicas que mantienen Corea del Sur y la Argentina” y aseguró que el acuerdo “es muy importante para la inocuidad de los productos de la pesca argentinos porque va a fortalecer aún más las exportaciones desde ese país”.

En tanto, el director nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Senasa, Alejandro Fernández, detalló “El año pasado recibimos una visita de auditoria de Corea del Sur al sistema de control y certificación de exportación de productos de la pesca que resultó satisfactoria y generó la gestión de este acuerdo de equivalencias entre los sistemas de Corea del Sur y la Argentina”.

Añadió que “Corea del Sur tiene estándares altamente exigentes en materia de inocuidad alimentaria y este acuerdo significa su confianza en nuestro sistema de control por lo cual Senasa va a proponer los establecimientos para exportar a Corea productos de la pesca”.

Ceremonia

Participaron de la ceremonia de firma del acuerdo, por el Senasa, además de Guillén y Fernández, su vicepresidente, Rodolfo Acerbi, el director de Pesca y Acuicultura, Fabián Ballesteros y el coordinador general de Relaciones Internacionales, Miguel Donatelli.

Mientras que por el MFDS de Corea del Sur estuvieron, además de WOO, Jung-ae MA y Soo-Jin CHO director y directora adjunta, respectivamente, de Gestión de Inspección de Alimentos Importados.

También asistieron el consejero de la Embajada de Argentina en la República de Corea, Gustavo Adise; el director de relaciones económicas con Asia y Oceanía de la Cancillería, Marcos Bednarsky y el segundo secretario de la Embajada de la República de Corea en Argentina, Jin Woo JANG.

Acuerdo

Este acuerdo entrará en vigencia el 10 de agosto de 2024, luego de que funcionarios del MFDS visiten la Argentina para ultimar detalles con el Senasa en la adecuación de la normativa y procedimiento previo a su inicio.

Se encuentran comprendidos en el ámbito de este acuerdo los siguientes productos pesqueros para consumo humano exportados desde Argentina: productos acuáticos, incluidos los animales acuáticos y las algas utilizados como materia prima, pescado, animales acuáticos y algas que han sido sometidos a un proceso simple como: corte, calentamiento, cocción total (al vapor o hervidos), secado, salado, conservación en salmuera, ahumado, refrigeración o congelación hasta el punto de poder identificar su forma original.

 

 

A partir de su entrada en vigencia, únicamente podrán exportarse productos pesqueros a Corea producidos por establecimientos autorizados por el Senasa e informados previamente al MFDS.

El Senasa será responsable de verificar si los establecimientos autorizados cumplen con los requisitos sanitarios de Corea y el MFDS podrá simplificar los procedimientos de inspección sanitaria, incluida la frecuencia de las inspecciones de los productos pesqueros importados producidos por un establecimiento autorizado.

En caso de detectar algún incumplimiento de la normativa sobre inocuidad alimentaria coreana tanto el MFDS como el Senasa podrán suspender la habilitación del establecimiento involucrado.

El acuerdo contempla también la posibilidad de realizar intercambios de expertos y desarrollar actividades cooperativas en temas de interés mutuo.

Exportaciones
En el año 2022, y en lo que va del 2023, Corea del Sur representa el tercer destino de las exportaciones de productos de la pesca argentinos. Durante el año pasado el Senasa certificó envíos de estos productos por alrededor de 40.000 toneladas y, en 2023, hasta junio, 20.300 toneladas; siendo los principales calamar y raya.

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Fuente: Senasa

Chaco: Se destruyeron 27 toneladas de pescado con documentación adulterada

Chaco: Se destruyeron 27 toneladas de pescado con documentación adulterada

Resistencia (Chaco), 3 agosto (PR/23) – – En un operativo conjunto el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Gendarmería Nacional Argentina efectuado en la localidad chaqueña de Basail decomisaron y luego destruyeron 27.560 kilogramos de carne de pescado de las especies sábalo y patí transportados con documentación apócrifa y sin rótulos que contengan identificación de origen y fecha de vencimiento; información indispensable para resguardar la salud del consumidor.

La irregularidad se constató durante un operativo de control realizado por la patrulla móvil del Centro Regional Chaco Formosa del Senasa y la GNA realizado en la Ruta Nacional N° 11 Km 946, al verificar la carga de un vehículo con equipo de frío, que transportaba carne de pescado de las especies sábalo y patí procedente de la localidad santafecina de Rosario con destino a Salvador Mazza, provincia de Salta, según declaró el conductor.

Al controlar la documentación entregada por el conductor, se observó que el permiso de tránsito de contingencia que amparaba el traslado de la mercadería era apócrifo y el remito de la mercadería presentado no coincidía con el establecimiento de origen que constaba en el permiso de tránsito. Lo que imposibilita conocer si la faena y elaboración se realizó en un establecimiento habilitado y bajo la supervisión de personal veterinario que controle que el procedimiento se efectúe cumpliendo las condiciones higiénico-sanitarias necesarias.

De igual manera, la mercadería era transportada sin rótulos de alimentos envasados que brinden información sobre el establecimiento de origen, fecha de elaboración y vencimiento; exigido en el Código Alimentario Argentino (CAA). La información que figura en los rótulos de los alimentos es el principal medio de comunicación entre el consumidor y el elaborador.

La carga quedó interdictada en el Puesto de Control del Senasa en el Puente General Belgrano mientras se efectuaban las averiguaciones pertinentes hasta que finalmente el Senasa ordenó su destrucción para preservar la salud de la población, en la planta bajo inspección oficial N° 4.926 de la localidad de Puerto Tirol.

 

 

Se trata del segundo procedimiento con similares características en casi 30 días de la misma empresa según consta en el remito, con destino a localidades fronterizas: el primero a Bernardo de Irigoyen (Misiones) y ahora a Salvador Mazza lo que hace suponer que la mercadería podría tener como destino el ingreso clandestino a otros países.

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Fuente: Senasa

Agricultura y el CONICET impulsan el desarrollo de la acuicultura

Agricultura y el CONICET impulsan el desarrollo de la acuicultura

Buenos Aires, 19 julio 8PR/23) — La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación acordó con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) promover de forma conjunta la investigación para impulsar el desarrollo de la acuicultura, fortaleciendo la cadena de valor, la mejora tecnológica de la actividad y la transferencia de conocimientos a todos los actores del sector.

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman, destacó que “este acuerdo de cooperación nos permitirá acelerar el proceso de crecimiento en materia de investigación y gestión del conocimiento aplicado a la producción, a la vez que se afianza el sector como una industria conexa y complementaria de la pesca a nivel nacional”.

El acuerdo firmado con la presidenta del CONICET, Ana Franchi, permitirá realizar estudios referidos a la cadena de producción y su comercialización, promover investigaciones con el objeto de innovar y mejorar la tecnología aplicable en la producción acuícola, efectuar sondeos e investigaciones en materia genética sobre las distintas especies acuícolas que se cultivan en el país, generar en forma articulada iniciativas que promuevan la seguridad alimentaria desde la producción acuícola, desarrollar proyectos vinculados a la producción acuícola en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentables, entre otros.

Al respecto el primer director Nacional de Acuicultura, Guillermo Abdala, agregó que “la formalización de este acuerdo nos permite entre otras cosas encomendar cada uno de los requisitos que devienen del sector productivo, así como desde las directrices de adopción global, organizando con el CONICET una política sectorial en común vinculada al sistema nacional de ciencia y tecnología para que la Argentina pueda así equilibrar el diseño de una política sectorial enfocada en una investigación planificada, ordenada, y concentrada en mantener un desarrollo con eje en el potenciamiento y sostenibilidad de nuestra actividad”.

Este convenio surge del marco de trabajos y acuerdos previos de la Red de Fortalecimiento de la Acuicultura (ReFACUA) una de las Redes Institucionales Orientadas a la Solución de Problemas (RIOSP) en conjunto con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y se enmarca en el desarrollo de la acuicultura, que fue definida como estratégica por el Gobierno Nacional, en una política que incluso fue reconocida por un estudio global de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp).

La investigación de esa organización considera que Argentina puede convertirse en una potencia mundial debido “a sus condiciones naturales, a un viraje en las políticas públicas y nuevos emprendimientos productivos proyectan al país entre las naciones emergentes con más y mejores posibilidades de satisfacer la gran demanda mundial”.

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Fuente: MAGyP
En el Mar Argentino también hay tiburones y están en peligro

En el Mar Argentino también hay tiburones y están en peligro

El 14 de julio es el Día de la conciencia sobre los tiburones, fecha en la que se buscar reforzar la importancia de implementar medidas de conservación globales para protegerlos y de armonizar legislaciones provinciales sobre la pesca deportiva en la Argentina.

 

Buenos Aires, 12 julio (PR/23) – Los tiburones, al igual que los grandes predadores terrestres, ayudan a mantener sanos los ecosistemas marinos y desempeñan un papel muy importante, manteniendo la estabilidad de estos ecosistemas, controlando las poblaciones de sus presas y asegurando su biodiversidad. Pero a pesar de esto, son uno de los grupos de vertebrados más amenazados del planeta. Como señala Verónica García, Especialista en Ecosistemas Marinos y Pesca Sustentable de Fundación Vida Silvestre Argentina, “a diferencia de otras especies amenazadas en las que factores como el cambio climático, la contaminación o la pérdida de hábitats son amenazas importantes, en el caso de los tiburones lo que lo que más complica su supervivencia es la pesca”.

En el Mar Argentino existen unas 55 especies de tiburones, y son múltiples y diversas las actividades humanas que los ponen en peligro, como la pesca comercial y deportiva. Además, y como sucede a menudo con otras especies, los tiburones no conocen de fronteras geográficas: muchas especies de tiburones que viven en el Mar Argentino también habitan desde Brasil hasta el sur de nuestro país, por lo que los esfuerzos de conservación deben ser transfronterizos.

“A pesar de existir regulaciones, en muchas ocasiones no son suficientes. Es necesario armonizar las legislaciones provinciales sobre la pesca deportiva para conseguir una mayor protección de nuestros grandes tiburones costeros”, remarcó Daniela Gomel, Especialista en Políticas Públicas y Gobernanza de Fundación Vida Silvestre Argentina. Con este fin, Fundación Vida Silvestre desarrolló un boletín técnico en donde se presenta un diagnóstico general de la situación de los grandes tiburones costeros, para hacer frente a las principales amenazas de 4 especies: cazón (Galeorhinus galeus), gatopardo (Notorynchus cepedianus), escalandrún (Carcharias taurus) y bacota (Carcharhinus brachyurus). Estas especies comparten como amenaza principal la pesca recreativa, actividad sujeta a diferentes niveles de regulación según cada provincia. Al habitar principalmente en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro y Santa Cruz, este documento propone trabajar en la armonización de las normativas que regulan la pesca recreativa de estas provincias en particular.

De todos los tiburones que habitan en nuestras aguas, y siendo uno de los representantes por excelencia de las costas argentinas, es el escalandrún quien se encuentra más comprometido. La población se redujo un 90% en las últimas 4 décadas, como consecuencia principalmente de la pesca deportiva sin devolución en nuestro país, por la pesca artesanal que ocurre en aguas uruguayas, y debido también a la excesiva presión pesquera comercial en aguas de Brasil, actualmente prohibida, pero que ocurrió durante décadas. Esta especie es muy vulnerable a la explotación porque tiene pocas crías (dos cada 2 años) y se reproduce a edades tardías, por lo que es vital establecer una protección colaborativa y coordinada, para garantizar su protección y recuperación en aguas que son compartidas.

“La conservación de los tiburones requiere del trabajo articulado entre todos los sectores. Por eso celebramos la inclusión de la propuesta para que el escalandrún sea parte de la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) – única convención global especializada en la conservación de las especies migratorias, sus hábitats y sus rutas de migración -, propuesta que será votada en octubre de este año, cuando se lleve adelante la Conferencia de las Partes de la CMS (conocida como COP14). Es claro que se debe continuar trabajando para abordar la conservación a nivel regional, armonizar las legislaciones provinciales para que cuenten con igual nivel de protección, y concientizar sobre la importancia de preservar este grupo de especies clave para los ecosistemas marinos”, concluyó Verónica García, especialista en Ecosistemas Marinos y Pesca Sustentable de Fundación Vida Silvestre.

 

Acerca de Fundación Vida Silvestre Argentina

La Fundación Vida Silvestre Argentina es una organización no gubernamental, de bien público y sin fines de lucro, creada en 1977. Su misión es proponer e implementar soluciones para conservar la naturaleza, promover el uso sustentable de los recursos naturales y una conducta responsable en un contexto de cambio climático. Desde 1988 está asociada y representa en la Argentina a WWF, una de las organizaciones independientes de conservación más grande del mundo, presente en 100 países. Para más información: www.vidasilvestre.org.ar

 

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