Especialistas, organizaciones ambientales y entidades científicas manifestaron un contundente rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo que propone modificar la Ley de Glaciares (Ley 26.639), al considerar que implica un retroceso en la protección ambiental, vulnera la Constitución Nacional y pone en riesgo la seguridad hídrica del país.
Buenos Aires, 21 de diciembre (PR/25) .- Las críticas se expresaron durante una reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación, realizada el miércoles en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.
En un trámite calificado como “exprés”, el oficialismo logró dictamen favorable en apenas dos días, pese a la oposición mayoritaria de especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Aunque inicialmente se había anunciado su tratamiento en el recinto para el 26 de diciembre, la discusión parlamentaria se retomaría recién a comienzos de febrero.
Un cambio estructural en la protección ambiental
Durante el encuentro, los disertantes coincidieron en que la iniciativa oficial introduce un cambio estructural en el régimen de protección ambiental vigente. En particular, señalaron que debilita el carácter nacional de los presupuestos mínimos ambientales y transfiere a las provincias la facultad de decidir qué glaciares y ambientes peri-glaciares deben ser protegidos, fragmentando criterios de resguardo sobre bienes comunes estratégicos como el agua.
“La Ley de Glaciares es una ley de presupuestos mínimos, una herramienta constitucional que garantiza un piso uniforme de protección ambiental en todo el país. Este proyecto la desmantela”, advirtió Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Según explicó, la reforma propone reducir el área protegida —que actualmente representa apenas el 0,21 % del territorio nacional— con el objetivo de habilitar proyectos de megaminería de alta montaña hoy expresamente prohibidos.
“No se trata de una mejora técnica, sino de una adecuación de la ley a proyectos que no podrían avanzar bajo el régimen vigente”, sostuvo.
Crisis climática y advertencias científicas
Desde Greenpeace Argentina, Agostina Rossi Serra remarcó que el proyecto contradice principios básicos de la gestión ambiental en un contexto de crisis climática e hídrica.
“Cuando el riesgo aumenta, las normas se fortalecen, no se debilitan. Plantear que hay glaciares que sirven y otros que no es una discusión científicamente incorrecta”, afirmó. Además, subrayó que los glaciares y el ambiente periglacial cumplen un rol clave como reservas estratégicas de agua dulce y reguladores del clima.
Las organizaciones también cuestionaron que el proyecto no haya sido elaborado con consulta previa al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo científico responsable del Inventario Nacional de Glaciares, creado por la ley vigente y finalizado en 2018, que identificó más de 16.000 cuerpos de hielo en el país.
“El desconocimiento del IANIGLA es inadmisible”, sostuvo Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina. “La minería responsable es posible, pero nunca sobre el ambiente glaciar y periglacial”, enfatizó.
Un precedente regresivo en derecho ambiental
Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale alertó sobre el impacto institucional de la reforma.
“Este proyecto destruye la arquitectura constitucional de las leyes de presupuestos mínimos. Hoy son los glaciares, mañana pueden ser los bosques, los ríos o la Ley General del Ambiente”, señaló ante los senadores.
En la misma línea, Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales (CPA), denunció una fuerte injerencia del sector minero en la elaboración del proyecto. “Hay una clara captura de una política pública de más de 15 años por un interés económico particular, con participación directa o indirecta de un grupo de gobernadores”, afirmó.
Seguridad jurídica y licencia social
Otro de los ejes del debate fue el argumento económico utilizado por el oficialismo para justificar la reforma.
Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas, sostuvo que “los flujos de inversión más importantes se dirigen a países con los estándares ambientales más altos” y que “las empresas que apuestan al largo plazo buscan certidumbres, no libertad absoluta”.
Según las organizaciones, lejos de generar seguridad jurídica, la modificación de la Ley de Glaciares profundizaría la incertidumbre normativa y agravaría la ya frágil licencia social para operar en territorios donde la megaminería enfrenta un fuerte rechazo ciudadano.
Una ley vigente y constitucional
La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 tras años de debate y cuenta con avales judiciales que ratificaron su constitucionalidad, incluso frente a demandas de grandes empresas mineras. Establece la prohibición de actividades que puedan afectar glaciares y ambientes periglaciares, por su función esencial en la provisión de agua para consumo humano, agricultura y ecosistemas.
Al cierre de la reunión, los disertantes solicitaron a los senadores que no avancen con una reforma que reduce niveles de protección ambiental y pone en riesgo la seguridad hídrica del país. “En un contexto de crisis climática y escasez de agua cada vez más evidente, retroceder en la protección de los glaciares no es una opción responsable ni legalmente admisible. La Ley de Glaciares es clara, constitucional y vigente: debe cumplirse, no vaciarse”, concluyeron.
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Fuente: Horizonte Digital
