Buenos Aires, 21 mayo (Especial para NA, por Arturo Navarro*)
— Una evolución general desde que asumió el presidente Mauricio
Macri determinó que las pérdidas serían de 10.000 millones de
dólares por inundaciones y lucro cesante, ante la falta de
políticas de Estado para cubrir la afectación de los productores.
Lo cierto es que la carencia de dichas políticas y de recursos
suficientes para atender como corresponde las necesidades será una
constante si no hay disposición del gobierno nacional a
consensuar con los directos protagonistas las políticas de Estado
que necesitamos.
Es una tarea pendiente del Ministerio de Agroindustria en
conjunto con las entidades agropecuarias y las cámaras de seguros:
Por ese motivo me pareció oportuno insistir con mis propuestas
para atender en tiempo y forma eventos de esta envergadura -que
van a continuar- y mitigar los efectos del cambio climático.
Ordenar y hacer las nuevas obras para el escurrimiento ordenado
y racional de las aguas para cuando ocurran las grandes
inundaciones es fundamental.
Pero esta acción no debe reemplazar la necesidad de contar con
políticas de Estado para atender los riesgos climáticos directos
de las inversiones anuales de los productores, que es una de la
grandes deudas con el productor agropecuario.
La información internacional difundida por expertos y
comunicadores especializados confirma que los cambios climáticos
serán más reiterados y de mayor envergadura, motivo más que
suficiente para generar nuevas políticas de Estado.
El primer paso es constituir una mesa pública-privada
institucional tripartita -Estado, aseguradoras y productores- como
ámbito para hacer todas las propuestas, discutirlas, consensuar
los proyectos y hacer el seguimiento de las políticas en el largo
plazo, como lo hacen todos los países que tuvieron éxito con
políticas para mitigar los riesgos climáticos, económicos y
sociales de toda la comunidad.
Me consta que el país tiene grandes capacidades humanas y
ejemplos a mostrar para desarrollar esta política.
Al Banco Mundial tenemos que ir a pedirle financiamiento cuando
tengamos un proyecto público-privado.
La gran acumulación de agua en parte de los caminos de
comunicación de la red terciaria de 285.000 Km en todo el país,
están impidiendo el desarrollo de todas las actividades
agropecuarias y sociales, poniendo en serio riesgo los ingresos
del sector y del Estado.
En tanto, la obsoleta infraestructura general actual, la falta
de mantenimiento de canales y rutas en las provincias, sin haberse
concretado las obras, debería ser un llamado de atención y una
apelación para que el Gobierno del presidente Mauricio Macri
avance en forma urgente con esas obras.
Muchas de las consecuencias graves de las grandes lluvias, son
porque han desaparecido o se han achicado los reservorios
naturales que existían y las aguas corren por cauces que no son
los normales por obras de infraestructura mal hechas y canales
clandestinos realizados en defensa de intereses particulares o
localidades, sin tener en cuenta los intereses generales de la
cuenca.
Por eso es fundamental para poder ordenar la actual situación
con nuevas obras, que estén dispuestas con el funcionamiento a
pleno de la autoridad de cuenca de cada región.
La política de Estado para proteger al productor y la
agroindustria, la más importante y eficiente del país que
promuevo, debería diseñarse a través de dos instrumentos que ya se
usan en todo el mundo:
– Políticas para incentivar el mayor uso de los seguros
agropecuarios por medio de compensaciones a la prima, rebaja de
impuestos u otros incentivos nacional y provinciales, para poder
aumentar la cobertura del área sembrada al bajar el costo de la
prima del seguro.
De esa manera aumentan los usos del seguro por los productores
y proveedores de insumos, que son los directos damnificados.
– Políticas para crear un Fondo Nacional Permanente Autárquico
para atender todos los bienes no asegurables, fondo que atendería
exclusivamente a los productores que tengan asegurados los bienes
asegurables.
La idea es optimizar los recursos públicos y premiar a quienes
tienen vocación aseguradora, para generalizar un sistema público-
privado que debe ser solidario, pero no obligatorio, para permitir
la competencia entre las empresas aseguradoras, que estén
dispuestas a aceptar las condiciones especiales del sistema a
desarrollarse.
En el país, si queremos desarrollar los seguros multirriesgo
para cubrir los daños sistémicos -caída de rendimientos- que sean
técnicamente viables y competitivos para todas las partes, nos
debemos equipar con tecnología satelital moderna y específica.
Después de muchos años de un trabajo a prueba y error, en
Estados Unidos ya tienen coberturas que aseguran los ingresos
proyectados del productor con diferentes propuestas.
(*) Consultor. Ex presidente de CRA y CARBAP.
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