En Mendoza, la discusión ambiental suele presentarse como un delicado equilibrio entre desarrollo y conservación. Sin embargo, cuando se observan las decisiones políticas concretas, ese equilibrio se rompe siempre hacia el mismo lado: la minería en estos tiempos.
Por Ing. Agr. Pedro A. Lobos Director Ejecutivo de Primicias Rurales
Buenos Aires, 28 de diciembre (PR/25) — Mientras las áreas naturales protegidas sobreviven con presupuestos mínimos y personal precarizado en Mendoza, la minería continúa ocupando un lugar central en la agenda política, económica y discursiva de la provincia.
La ampliación de áreas protegidas como La Payunia se celebra como un logro ambiental. Pero esa celebración pierde sentido cuando no viene acompañada de recursos reales.
Los guardaparques provinciales —quienes sostienen en la práctica la conservación— perciben salarios bajos, trabajan con escaso equipamiento y deben cubrir territorios inmensos con planteles insuficientes. La pregunta es inevitable: ¿cuánto vale para el Estado provincial el cuidado efectivo de su patrimonio natural?
El contraste con la minería es evidente. Para este sector, la provincia despliega incentivos, seguridad jurídica, respaldo político y un discurso constante de promoción del “desarrollo”.
Se destinan recursos técnicos y administrativos para facilitar proyectos extractivos, incluso en territorios ambientalmente sensibles. Para la conservación, en cambio, hay ajustes, demoras y promesas.
En una provincia atravesada por la crisis hídrica, esta elección política resulta aún más preocupante.
Mientras se debilitan los sistemas de protección ambiental y se subfinancia a quienes cuidan las reservas, se impulsa una actividad que depende intensamente del agua y que genera riesgos sobre glaciares, ambientes periglaciales y cuencas estratégicas.
No se trata de una discusión ideológica: es una cuestión de prioridades.
El discurso oficial suele apelar a la idea de “compatibilizar” minería y ambiente. Pero compatibilizar no puede significar exigirle a la conservación que funcione sin presupuesto, sin personal suficiente y sin poder de control, mientras se garantizan condiciones favorables a sectores extractivos con alto poder económico.
La conservación en Mendoza no falla por falta de conocimiento ni de compromiso técnico. Falla por decisiones políticas. Falla cuando se considera al ambiente como un obstáculo y no como una base del desarrollo. Falla cuando proteger parques y reservas es visto como un gasto, mientras que la minería es presentada como inversión.
Si la provincia apuesta realmente a un futuro sostenible, debe demostrarlo con hechos: jerarquizando el sistema de áreas protegidas, dignificando el trabajo de los que las cuidan y asignando presupuestos acordes a la magnitud del territorio que se dice proteger. De lo contrario, la conservación seguirá siendo un discurso útil, pero vacío, frente a una minería que avanza con respaldo político pleno.
En Mendoza, el debate ya no es si conservar o no. El debate es a quién se decide proteger: si a los bienes comunes que garantizan agua y vida, o a un modelo extractivo que concentra beneficios y distribuye riesgos.
Primicias Rurales-Ing. Agr. Pedro A. Lobos, Director Ejecutivo
Fuentes: Varias
