Productores del este de Corrientes denuncian una operatoria de abigeato organizado que habría provocado el robo de más de 1.500 cabezas de ganado. Apuntan a falencias en los controles, demoras judiciales y la presencia de bandas transfronterizas que ponen en riesgo la continuidad de la actividad ganadera.
Corrientes, miércoles 14 enero (PR/26) –La ganadería correntina, uno de los pilares económicos de la provincia con un stock cercano a los 5 millones de cabezas, enfrenta una creciente crisis de seguridad rural.
Productores del este provincial, sobre la costa del río Uruguay, denuncian una escalada de abigeato organizado que habría provocado la sustracción de más de 1.500 animales en los últimos años, afectando seriamente la sustentabilidad de los establecimientos de cría.
Los departamentos de San Martín, Paso de los Libres, Santo Tomé, Alvear y La Cruz concentran las mayores denuncias. Se trata de una región caracterizada por campos bajos, malezales, esteros y suelos con escasa transitabilidad, donde el control permanente del rodeo resulta complejo y depende, en gran medida, de los encierres sanitarios y las campañas de vacunación.
“El problema es que acá la hacienda no se ve todos los días. Uno recién toma real dimensión del faltante cuando encierra para vacunar y ahí aparecen diferencias que ya no se recuperan”, explicó el productor Javier Azpiroz, uno de los damnificados en la localidad de La Cruz.
Según relatan los ganaderos, el delito dejó de manifestarse como hechos aislados de cuatrerismo para transformarse en una operatoria sistemática, con logística, documentación irregular y presuntos vínculos con circuitos comerciales formales.
En el caso de Azpiroz, desde 2022 su establecimiento registra faltantes acumulados que se cuentan de a centenares, una magnitud que excede cualquier error productivo habitual.
Un punto de inflexión señalado por los productores fueron los incendios rurales de 2022, que arrasaron con miles de kilómetros de alambrados en el centro y este de Corrientes. A cuatro años de aquellos incendios, gran parte de esa infraestructura aún no fue repuesta por los altos costos y las dificultades para trabajar en campos anegados. Esa situación debilitó los límites entre establecimientos y facilitó maniobras ilegales sostenidas en el tiempo.
Desde el Ministerio de Seguridad de Corrientes confirmaron que el fenómeno está bajo investigación y reconocieron la complejidad del escenario. “Estamos ante modalidades de abigeato que ya no responden al delito rural tradicional.
Se trata de esquemas organizados que aprovechan extensiones de campo abiertas, documentación mal utilizada y circuitos comerciales formales para encubrir el origen de la hacienda”, señalaron fuentes oficiales de la Policía Rural provincial.
La modalidad denunciada combina el alquiler de campos linderos a grandes establecimientos, el aprovechamiento de los errores habituales de la “recoluta” (Recoluta es un término de uso rural y ganadero que se refiere al recuento o control de la hacienda que se realiza, generalmente, cuando los animales se encierran), durante las vacunaciones y el uso de guías de traslado con inconsistencias
. Productores aseguran que se emitían guías por compras menores que luego justificaban cargas mucho más grandes, o que una misma guía era utilizada varias veces para envíos a frigoríficos, principalmente en Misiones, aprovechando su vigencia de hasta cuatro días.
En ese sentido, desde la fuerza explicaron que los controles actuales presentan limitaciones operativas. “En los puestos viales se verifica principalmente la documentación. La revisión individual de marcas dentro de un camión jaula es compleja y sólo se realiza cuando existe una orden judicial o una alerta concreta”, indicaron desde la Policía Rural.
Las actuaciones policiales permitieron interceptar al menos un camión involucrado, gracias al conocimiento territorial del personal rural. Sin embargo, los productores cuestionan la lentitud judicial posterior.
Denuncian demoras de hasta 40 horas para autorizar allanamientos clave y decisiones que, a su entender, no apuntaron a los eslabones centrales de la operatoria.
Desde el ámbito oficial admiten que la rapidez es un factor determinante. “En delitos de este tipo, los tiempos judiciales son críticos. Cuando la autorización llega tarde, la maniobra ya se dispersó”, reconocieron fuentes del área de Seguridad.
A este escenario se suma una dimensión aún más alarmante: la presencia de bandas delictivas transfronterizas.
Productores de la zona de Alvear aseguran que grupos provenientes de Brasil cruzan el río Uruguay en embarcaciones, en algunos casos armados, para robar ganado, faenar animales clandestinamente y amedrentar a pobladores rurales.
Entidades del sector estiman que el temor creciente ya provocó el abandono de unas 35.000 hectáreas productivas en la franja fronteriza.
Consultadas sobre este punto, en el Ministerio de Seguridad correntino confirmaron que se reforzaron patrullajes fluviales y rurales en coordinación con fuerzas federales.
“La frontera es una zona sensible y requiere un abordaje conjunto. Hay operativos en marcha, aunque se trata de un fenómeno dinámico”, señalaron.
Para los ganaderos correntinos, el abigeato dejó de ser una pérdida económica puntual para convertirse en una amenaza directa a la continuidad de la actividad, al arraigo rural y al control efectivo del territorio.
Reclaman respuestas urgentes, mayor coordinación entre fuerzas de seguridad y justicia, y una modernización integral de los sistemas de control ganadero.
Primicias Rurales
Fuente: Varios / IA
