Las entidades de la Mesa de Enlace acercaron a la Secretaría de Agricultura un documento para actualizar la legislación de semillas vigente desde 1973. El planteo busca establecer reglas claras sobre el uso propio por parte de los productores y abrir una mesa técnica de trabajo con el Gobierno.


La propuesta fue elaborada junto a organizaciones técnicas del sector y surge en medio del debate sobre una posible adhesión de la Argentina al convenio internacional UPOV-91, que otorga mayor protección a la propiedad intelectual en el desarrollo de nuevas variedades. Foto: Nicolás Pino, presidente de la SRA.

San Nicolás, miércoles 11 marzo (PR/26) — En el marco de Expoagro 2026, las entidades que integran la Mesa de Enlace acercaron al Gobierno nacional una propuesta para reformar la legislación de semillas vigente en el país.

El planteo busca modernizar el sistema actual y establecer reglas claras para el uso propio de semillas por parte de los productores, en medio del debate sobre la posible adhesión de la Argentina al convenio internacional Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales en su versión UPOV 91.

La iniciativa fue presentada durante una reunión con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, en el stand oficial del Gobierno dentro de la muestra agroindustrial que se realiza en San Nicolás. Del encuentro participaron también dirigentes de las principales entidades rurales y representantes del sistema semillero.

El documento fue elaborado de manera conjunta por la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro, junto con la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa y los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola.

Además, fue presentado ante las autoridades del Instituto Nacional de Semillas, organismo encargado de la regulación y fiscalización del sector.

Una ley con más de 50 años

La Argentina cuenta actualmente con una normativa sancionada en 1973, cuando aún no existía la biotecnología aplicada a la agricultura ni el actual desarrollo del mercado de semillas mejoradas. Por eso, distintos actores del sector consideran que el marco regulatorio necesita actualizarse para acompañar los cambios tecnológicos y productivos.

Uno de los ejes centrales del planteo de las entidades es regular el uso propio de semillas, una práctica extendida en cultivos autógamos como la soja y el trigo, mediante la cual los productores reservan parte de la cosecha para volver a sembrarla en la campaña siguiente.

La propuesta contempla la posibilidad de establecer un esquema escalonado, con un uso propio gratuito para determinados casos y la posibilidad de un uso propio pago para ciertas variedades o escalas productivas.

Debate por el sistema internacional

La discusión se da en paralelo al debate sobre una eventual adhesión de la Argentina al sistema UPOV 91, una actualización del acuerdo internacional que regula los derechos de obtentor y que otorga mayores niveles de protección a las empresas que desarrollan nuevas variedades vegetales.

Actualmente el país se rige por la versión anterior, UPOV 78, que reconoce el derecho de los productores a reutilizar semillas bajo determinadas condiciones.

Las entidades agropecuarias plantearon que es necesario modernizar la legislación nacional, pero sin abandonar el esquema vigente, al menos en esta etapa, y evitando mecanismos que puedan derivar en conflictos entre productores y empresas proveedoras de tecnología.

Búsqueda de reglas claras

Otro de los puntos incluidos en la propuesta es que la futura normativa tenga carácter de orden público, con el objetivo de evitar contratos privados entre empresas y productores que, según el sector, generan diferencias de interpretación y falta de previsibilidad.

Desde las entidades rurales sostienen que el actual sistema presenta zonas grises que derivan en disputas comerciales o judiciales, especialmente en cultivos donde las innovaciones tecnológicas tienen mayor peso en el rendimiento productivo.

Próxima etapa de discusión

Tras el encuentro, el Gobierno se comprometió a analizar el documento presentado por las entidades y avanzar en una mesa técnica de trabajo junto al sector privado y los organismos públicos vinculados al sistema de semillas.

La intención de las organizaciones del agro es llegar con una propuesta consensuada a un eventual debate legislativo durante este año, en caso de que el Poder Ejecutivo impulse cambios en la normativa o avance con la discusión del convenio internacional.

El tema genera interés tanto entre productores como en la industria semillera, ya que define el equilibrio entre el derecho de los agricultores a reutilizar semillas y la protección de la innovación genética, un aspecto clave para el desarrollo tecnológico de la agricultura.

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Fuente: Varias