La entidad presentó su postura técnica frente a las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, subrayando la necesidad de eliminar presunciones de culpabilidad sobre los productores y corregir distorsiones que afectan la seguridad jurídica sin beneficios ambientales reales.
Un cambio de paradigma: El propietario como víctima
Buenos Aires, domingo 12 abril (PR/26) — Durante su intervención en el Senado, la Red de Manejo del Fuego Rural —espacio que nuclea a consorcios de manejo del fuego de todo el país— defendió las modificaciones propuestas a la Ley N.º 26.815 (incluidas en el Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada).
La Red fue enfática al señalar que la reforma no busca una flexibilización ambiental, sino corregir un régimen que hoy castiga a quien ya ha sufrido el daño de un siniestro.
“Es fundamental evitar que se trate como culpables a quienes son víctimas de un incendio. La normativa vigente presume la culpabilidad del propietario, generando efectos económicos adversos sin haber logrado reducir la ocurrencia de incendios en estos años”, expresaron desde la entidad.
Crítica a las restricciones sin sustento técnico
Uno de los puntos más críticos señalados por la Red es la falta de evidencia científica que respalde las restricciones de uso del suelo por plazos de hasta 30 y 60 años, impuestas por la Ley N.º 27.604. Según los expertos de la institución, estas medidas:
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No han demostrado eficacia en la reducción de la siniestralidad.
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Desalientan la denuncia temprana de los focos ígneos por temor a sanciones automáticas.
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Provocan una pérdida de valor de los activos y una incertidumbre que paraliza la inversión productiva.
La Red aclaró que la reforma mantiene la protección absoluta de los bosques nativos, pero busca eliminar las limitaciones generalizadas y arbitrarias sobre las tierras productivas que no tienen justificación biológica ni técnica.
Hacia una Gestión Integral del Fuego
Para la entidad, la solución de fondo no reside en restricciones punitivas, sino en una gestión integral que el Estado y el sector privado deben profundizar. Esta visión incluye pilares fundamentales como la prevención, detección temprana, ataque rápido y restauración.
“La protección del medio ambiente y el respeto al debido proceso deben caminar juntos. Corregir una regulación que genera distorsiones es un paso indispensable para construir políticas públicas más eficaces y realistas”, concluyeron desde la Red.
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