Ago 23, 2021 | Columnas
Por Darío Martín*.
Buenos Aires, 22 agosto (Especial para NA) — En la última década, la superficie cultivada con nogales, avellanos y almendros fue ganando terreno en la Norpatagonia.
A raíz de su rentabilidad y gran demanda, el interés en la producción de frutos secos se expande en los valles irrigados de los ríos Negro, Limay y Neuquén, con alrededor de 3.770 hectáreas.
La explicación del interés creciente en la región por la actividad está en el potencial productivo y la rentabilidad, tanto por la demanda del mercado internacional y del consumo local, como por perecedero de los frutos, lo cual facilita su postcosecha y comercialización.
Pese a ser el almendro el fruto seco que menor superficie ocupa en la región, es el que más creció en el último tiempo.
Actualmente está en unas 287 hectáreas, lo cual representa un aumento del 420% en los últimos 10 años.
Recientemente, en el INTA Valle Inferior iniciamos la evaluación de tres variedades de almendros autofértiles y de floración extra tardía en las condiciones agroclimáticas de la región.
Al tener en cuenta el impacto de las heladas primaverales en el cultivo, consideramos pertinente utilizar sistemas activos de control de heladas y elegir variedades que florezcan lo más tarde posible, para reducir el riesgo de pérdidas.
Las plantaciones de almendro se localizan en las zonas de los Valles del Río Negro y Neuquén con 212 y 75 hectáreas, respectivamente.
En cuanto a las variedades, la más empleada es la Guara, caracterizada por su floración tardía, aunque las nuevas plantaciones están constituidas por otras de floración extra tardías, siendo una de la más frecuentes la Marinada.
El cultivo con mayor superficie productiva es el nogal, con unas 2.800 hectáreas.
Su producción se extiende en el Valle Inferior de Río Negro -con 940 has-, el Valle Medio y Alto Valle del Río Negro -con 1.300 y 252 has-, y los valles neuquinos, con 310 hectáreas.
La variedad más extendida es Chandler, con buenos atributos productivos que aseguran mayor rendimiento y calidad de fruto, aunque ante la ocurrencia de heladas tardías y pérdidas por bacteriosis y carpocapsae tiene ciertos condicionantes.
Sin embargo, esta variedad alcanza altos rendimientos -entre los 4.000 y 5.000 kilos por hectárea (kg/ha)- y es de excelente calidad.
El destino es principalmente el consumo interno y, en menor medida, el mercado externo.
En los últimos años, no obstante, los volúmenes exportados tuvieron tendencia creciente a raíz de nuevos actores, como productores y empresas, que incursionaron en diversos mercados internacionales y realizaron hasta exportaciones conjuntas entre productores de los diferentes valles.
Los valles Norpatagónicos se han convertido en la principal zona productora de avellanas en Argentina.
Con 690 hectáreas, en su mayoría en el Valle Inferior, el área cultivada del avellano creció el 29 % en los últimos 10 años.
Y con respecto a las variedades, la más cultivada es la Tonda di Giffoni, con muy buenos atributos industriales, seguida por la Barcelona, cuyo fruto es más apto para el consumo de mesa.
Estas se destinan sobre todo a exportación, a través de una empresa instalada en Valle Inferior, la cual compra y exporta la producción propia y de terceros. El mercado interno también es atractivo, a raíz del incremento del consumo en los últimos años y de la preferencia por las avellanas locales en relación con las importadas de origen español o turco, que son menor tamaño.
En la región, el sector cuenta con el Clúster de Frutos Secos, en el cual participan instituciones públicas y privadas de Río Negro y Neuquén, entre las que se destacan organizaciones de productores de los diferentes valles, las universidades de Río Negro y Comahue, el INTA, el Centro PyME ADENEU, el Ministerio de Producción de Río Negro, CREAR e IDEVI.
La conformación del clúster facilitó la concreción de diferentes proyectos en áreas estratégicas del sector en lo que respecta a tecnología de producción, formación de recursos humanos, mercados, la instalación de centros de acondicionamiento y de valor agregado, lo que permitió el desarrollo de la actividad y el posicionamiento de la región como proveedora de frutos secos.
(*) Especialista del área de fruticultura del INTA Valle Inferior.
Primicias Rurales
Fuente: NA
Ago 17, 2021 | Columnas
Por Pablo Adreani*.
Buenos Aires, 15 agosto (Especial para NA) — Tener una agroindustria de soja competitiva que pueda realmente competir con los tres principales países procesadores de soja del mundo, China, Estados Unidos y Brasil, necesita de un sistema arancelario que no perjudique el agregado de valor.
Y principalmente que no perjudique a los productores, quienes son los responsables del primer eslabón de la cadena.
Y aquí es donde hay que poner en foco, no en las retenciones sobre la soja, los aceites y los subproductos, sino en el impacto de las mismas sobre el margen bruto de los productores.
Como dato de la realidad, el año de la fuerte baja en el precio internacional de la soja, 2018-2019, el gobierno de los Estados Unidos otorgó a los farmers americanos un subsidio directo no reintegrable de US$ 9.000 millones.
El actual sistema de retenciones que se calculan sobre el precio FOB implica que buena parte del impuesto recae sobre costos extras, como impuestos internos, sellados, inspecciones Senasa, controles AGP y finalmente sobre el costo de elevación en la terminal portuaria.
Para cuantificar este sobrecosto que no tiene relación con el precio de la soja, podemos estimar un costo operativo de exportación de US$ 12 la tonelada y con las retenciones a la soja del 33% el Gobierno se lleva US$ 4 adicionales, por gravarse los mismos sobre costos e impuestos.
A nivel del perjuicio económico para el productor, las retenciones sobre el precio FOB, por ejemplo 535 US$/ton , equivalen a 176 US$/ton.
En un campo que rinde 4.000 kilos por hectárea (ha) de soja, la exacción que sufren los productores por el 33% de retenciones, equivale a 704 US$/ha.
Esta cifra supera el costo de producción por hectárea, que incluye labores, semillas, agroquímicos, fertilización y cosecha.
En la realidad los productores de Argentina tienen un costo de producción que duplica el costo de producción de sus pares americanos, brasileros, uruguayos, paraguayos y bolivianos.
Cuesta creer que el productor argentino pueda competir en estas condiciones, y si lo hace es por el alto nivel tecnológico y las bondades de la Pampa Húmeda.
Analizando el negocio hasta la tranquera, al aplicarse las retenciones sobre el precio bruto de la soja, en este caso los precios FOB son letales en aquellos casos donde el productor tuvo un problema climático y menor producción o en los casos de fuerte baja en el precio del mercado.
Ejemplo sencillo: con un rinde de 4.000 kg/ha el productor con un precio de soja de 330 US$/ton tiene un ingreso bruto de 1.320 US$/ha, descontado costos fijos y variables por 450 US$/ha, tiene un ingreso neto de 870 US$/ton.
A esto habría que descontar los gastos de estructura y los impuestos locales y provinciales.
Mientras tanto el gobierno recauda 704 US$/ha en concepto de retenciones.
Si el productor tiene un problema climático y el rinde baja a 2.000 kg/ha, el ingreso bruto es de 660 US$/ha y el ingreso neto es negativo, pero el Gobierno sigue recaudando 352 US$/ha.
Y este es el caso donde el productor se funde, y el Estado sigue recaudando por las retenciones. Lo mismo sucede si el precio de la soja baja.
En el caso de las retenciones al complejo agroindustrial, la soja tributa el 33% y el aceite y la harina de soja el 31% en cada caso.
Existe un preconcepto y error conceptual por parte de algunos grupos minúsculos de productores, que este diferencial del 2% es el que les permite ganar plata a los industriales aceiteros.
Nada más alejado de la realidad y grave error de análisis, que es producto del desconocimiento de cómo funciona el sistema impositivo.
Este diferencial del 2% le permite a la industria aceitera pagar 10 US$/ton más de lo que podría pagar el exportador de soja como grano, sin valor agregado, pero además el diferencial tiene como principal objetivo igualar el trato tributario entre los exportadores de grano de soja y los procesadores exportadores de aceite y harinas de soja.
Y si alguien pensara que igualando las retenciones del aceite y la harina, llevando las mismas al 33% igual que la soja grano, implica esto que el productor recibirá mas precio por su soja, se esta equivocando.
Por ejemplo, el 33% sobre el precio del aceite de soja, 1250 US$/ton equivale a un sobrecosto para la industria de 25 US$/ton.
En el caso de la harina de soja, a un precio FOB de 400 US$/ton, el sobrecosto es de 8 US$/ton.
Si ponderamos los dos sobrecostos considerando el rinde industrial del proceso del poroto de soja, que produce el 18% de aceite y el 78% de harina, llegamos a un sobre costo de producción neto de 10,74 US$/ton.
Este 2% de diferencial es una cuestión de equidad tributaria para poner en igualdad condiciones al exportador de poroto de soja y a la industria aceitera, que exporta valor agregado, aceite y harina de soja.
Volvemos entonces a repetir, «es un error conceptual pensar que el 2% es un beneficio para la industria, se trata de igualar las condiciones tributarias de ambos sectores, exportadores e industriales».
En otro orden, la demanda de poroto de soja se concentra en apenas tres meses posteriores a la cosecha, una vez que la demanda de exportación cumple sus compromisos de ventas, los exportadores se retiran del mercado, mientras que la industria aceitera compra durante los 12 meses del año.
Poder tener una industria procesadora de soja es también una ventaja para los productores, en años como el 2018 cuando hubo serios problemas de calidad en el grano por factores climáticos previos y durante la cosecha, la industria aceitera flexibilizó las condiciones de recibo bonificando más del 50% los descuentos por tablas.
Esta bonificación nunca podría haber sido aplicada por los exportadores de poroto, pues la condición de los contratos de exportación es calidad de soja Grado 2 o mejor de acuerdo a estándares internacionales.
Mientras que las aceiteras compran condición de recibo fábrica, lo que les permite ser mucho más flexibles que los exportadores de soja, a la hora de recibir el grano en sus plantas de procesamiento o en sus puertos.
Por todo esto consideramos que los productores y la industria aceitera deben ser aliados, y no considerarse enemigos.
Si le va bien al productor, le va bien a la industria, y si le va bien a la industria, le va bien a los productores.
Ambos tienen que trabajar para aumentar la producción de soja en Argentina, y que podamos conquistar y ampliar nuevos mercados.
Este debe ser el objetivo común y no discutir posiciones individualistas e ideológicas que terminan en el reclamo del diferencial del 2% que ha sido demostrado que no resulta en ningún beneficio directo para la industria.
Es el sistema perverso de las retenciones lo que confunde donde hay que poner el foco de la discusión.
(*) Consultor. Ingeniero agrónomo.
Primicias Rurales
Fuente: NA
Ago 9, 2021 | Columnas
Por Néstor Roulet*.
Buenos Aires, 8 agosto (Especial para NA) — Con la excusa de que la tierra tiene una renta «extraordinaria», el Estado se queda con el 57% de los dólares que ingresan de una hectárea de soja, quedándole al productor sólo el 7%, tras descontar costos de producción, infraestructura e impositivos.
Así, con un resultado final de 131,89 de dólares por hectárea (U$S/ha) un productor agropecuario necesita -a un valor de 12.000 U$S/ha- 90 años para comprar una hectárea de campo.
Estos números nos dan una rentabilidad del 1,01% por hectárea, lo que nos obliga a preguntarnos ¿Es realmente el campo merecedor de estas expresiones «ideológicas»?.
Este bajo ingreso -con rindes promedios altos y rezando que llueva todos los días- ha convertido al sector en un negocio de alto riesgo, donde la meta en definitiva es obtener sólo una renta financiera.
¿Cuál es la causa para que esto suceda? Este Gobierno necesita del dinero -del campo, de los jubilados, del Banco Central- para lograr su objetivo de dependencia económica y social de la población y convertirse en un Estado paternalista.
Esto sumado al debilitamiento de las instituciones republicanas y al fortalecimiento ideológico, proponiendo enemigos del sistema, forman un esquema ideal para la instalación de un Gobierno populista.
De ahí el planteo a la sociedad de «la renta extraordinaria de la tierra», sin antes asegurarse que sean otros los que arriesguen y trabajen para luego quedarse -si llueve y todo va bien- con la mayor parte de las ganancias.
En definitiva, no le importa si los que producen pueden soportar esta presión tributaria o si el sistema tiene sustentabilidad técnica y social. Simplemente le interesa que se produzca para quedarse con la plata.
Esta acción incentiva la concentración productiva en el país, ya que la presión tributaria deja sin competitividad al pequeño y mediano productor dejándolo desprotegido ante grupos económicos que entran al negocio con expectativas financieras, quedándose con su medio productivo, destruyendo un sistema de vida que es «producir viviendo en el interior».
Lo increíble de historia, es que mientras el productor agropecuario de la provincia de Buenos Aires necesita 90 años para recuperar la «inversión tierra», el Estado con lo que recauda por esta hectárea de soja – 1.020,23 U$S/ha-, sin riesgo y siendo socio sólo en las ganancias, en tan sólo 12 años se queda con el valor de estas tierras.
No sólo despoja al productor agrícola de una renta necesaria para seguir invirtiendo en innovación y tecnología, sino que ese dinero no queda en las localidades del interior, lo que redundaría en un mejor bienestar económico.
Por ejemplo, teniendo en cuenta que en el partido de Pergamino donde se siembran alrededor de 155.000 hectáreas de soja, el Estado Nacional recauda U$S 93 millones de retenciones y U$S 56 millones de impuestos coparticipables, de los cuales U$S 27 millones quedan en sus arcas, sumando un total de U$S 120 millones, alrededor de 12.000 millones pesos.
¿Cuál es el Presupuesto aprobado para el partido de Pergamino para el 2021? Unos 3.000 millones de pesos.
Es decir, el Estado Nacional se lleva, solo con el cultivo de la soja, 4 presupuestos anuales de ese partido.
Esta política extractiva desalienta el federalismo y degrada la institucionalidad del país.
Lo que deben entender en el Gobierno Nacional es que cuando se queda con el dinero del «interior productivo» devolviéndole sólo migajas, y condicionadas al sometimiento de gobernadores e intendentes, se está quedando no sólo con parte del progreso de nuestros pueblos, y con nuestro patrimonio productivo y social, sino con la dignidad de los mismos.
(*) Ex vicepresidente de CRA y ex secretario de Agregado de Valor durante la administración Macri.
Primicias Rurales
Fuente: NA
Ago 5, 2021 | Columnas
Por Juan Manuel Garzón*
Buenos Aires, 5 agosto (PR/21) — En el mes de junio las exportaciones de carne bovina se ubicaron en 34,1 mil toneladas (peso producto), retrocediendo un 45% respecto de las colocaciones del mes previo (INDEC).
La intervención del gobierno, primero vía suspensión de envíos, luego estableciendo un cupo a los volúmenes, castigó con fuerza el comercio exterior de la cadena.
El pobre desempeño argentino contrasta con lo sucedido en países vecinos, también productores y exportadores, donde las exportaciones crecieron tanto en Brasil (+11%) como en Uruguay (+2%) en el mismo período
Tomando como referencia los volúmenes exportados en el 2020 según tipo de operaciones (afectadas y no afectadas por el nuevo marco normativo) y los precios internacionales de últimos meses, se estima que las nuevas reglas sobre el comercio exterior tienen un costo anualizado en términos de exportaciones no realizadas de aproximadamente 1.100 millones de dólares; este monto probablemente subestima el real costo de la medida considerando la posibilidad perdida de colocar este año mayores volúmenes en un contexto de recuperación de la economía global y del consumo de carne bovina.
El cepo sobre las exportaciones castiga con particular intensidad al productor ganadero.
En los últimos dos meses el novillo se valorizó entre un 4% y 10% en los países vecinos (animal en pie, en USD / kilo), mientras que en Argentina acumula una caída del 8%.
Finalmente, en lo que hace a precios consumidor, la carne aumentó 8% en junio respecto del mes previo (IPCVA, canasta 18 cortes), un movimiento contrario a lo que esperaba el gobierno tras su intervención al mercado.
Estos precios que paga el consumidor deberían, en principio, empezar a estabilizarse (e incluso bajar en términos reales) considerando la baja estacional que suele tener la demanda en los meses del invierno y el re-direccionamiento de carne desde el mercado externo hacia el interno que está forzando el gobierno, aunque esto dependerá también de cómo evolucionen la producción de carne y la recuperación de la economía argentina.
Debe recordarse que el gobierno intervino el mercado de exportación a mediados del mes de mayo, suspendiendo primero operaciones por 30 días (Resolución MAGyP Nº75/2021) y luego restringiendo envíos a una cuota equivalente al 50% de los volúmenes del segundo semestre del año pasado (Decreto PEN Nº408/2021), dejando afuera de este límite sólo operaciones realizadas con países que otorgan acceso preferencial a Argentina (envíos UE Cuota Hilton, Cuota UE 481 y Cuota Estados Unidos, básicamente).
Bajo el nuevo marco regulatorio, en cada operación los frigoríficos deben presentar una Declaración Jurada de Exportación que es autorizada en la medida que ésta cumpla con la restricción de volúmenes definida por la nueva normativa.
Como era de esperar el mercado destino más afectado por la medida adoptada por el gobierno argentino está siendo China, principal comprador de carne bovina congelada en los últimos años, y quien concentra mayoritariamente las operaciones que caen bajo la nueva regulación; los envíos de junio al gigante se redujeron 47,4% respecto a los del mes previo (un ajuste de 24,5 mil toneladas).
También se observa una caída significativa de ventas en otros mercados (-54,0% Chile, – 48,6% Brasil, etc.), que no son tan relevantes en el consolidado de envíos (como sí lo es el país asiático), pero que pueden ser muy importantes para valorizar algunos cortes de carne y/o facilitar el proceso de integración (comercialización de toda la res) que deben realizar los frigoríficos que operan en la exportación. Los envíos a países de la UE y a Estados Unidos también ajustan, aunque en este caso el retroceso debería responder a cuestiones estacionales u otros factores (¿Anticipos de ventas en mayo por motivo
precautorio? ¿Agotamiento de las cuotas? ¿Demoras en las autorizaciones?), dado que como antes se mencionase se trata de operaciones a priori liberadas.
Primicias Rurales
(*) Economista jefe IERAL Fundación Mediterránea
Ago 3, 2021 | Columnas
Por Javier Peralta*.
Buenos Aires, 1 agosto (Especial para NA) — «Si buscás resultados distintos, no hagas siempre lo mismo». Esta famosa frase de Albert Einstein pareciera ser desconocida por las autoridades que rigen los destinos de la Argentina.
Es la única manera de entender por qué motivo a partir del 20 de mayo el ministro de Agricultura, Luis Basterra, decidió mediante la Resolución 75 cerrar, y luego el presidente Alberto Fernández mediante decreto 408 vigente desde el 23 de junio, limitar, las exportaciones de carne vacuna como hace 15 años.
Todo pese a que ambos debieran conocer que esa medida fracasó y ocasionó males que, a la fecha, no han podido ser revertidos en su totalidad.
Ha costado muchísimo trabajo recuperar y conseguir nuevos mercados internacionales, como así también la confianza de los clientes perdidos por aquella decisión.
En el camino quedaron millones de cabezas de ganado (aunque es algo trillado, perdimos el equivalente a todo el rodeo de la República Oriental del Uruguay), cientos de industrias, y miles de puestos de trabajo.
Y los funcionarios deberían saberlo.
A todas luces estamos en presencia de una medida desafortunada, tomada tal vez con el fin de engrosar las urnas con votos de la clase trabajadora, a quienes pretenden hacerles creer que la carne está cara porque se exporta, o porque se vende en el país a precios internacionales.
Este último argumento (si fuese cierto) fácilmente podrían solucionarlo importando carne. ¿Por qué no toman esa medida? La respuesta es muy fácil: la carne en el extranjero es más costosa que en la Argentina.
Produce cansancio a esta altura tener que seguir explicando que casi el 80% del volumen de carne vacuna exportada no es de la calidad que consumimos los argentinos.
Nosotros consumimos cortes de vaquillonas y novillitos, no de vacas, y menos aún de «vacas manufactura».
Y como broche, como ocurrió también anteriormente y como se anticipara en esta oportunidad, el precio de la carne vacuna no sólo no bajó con la implementación de estas medidas, sino que por el contrario aumentó.
Flaco favor le hicieron también a varios miles de trabajadores de las plantas frigoríficas exportadoras que ven mermados sus ingresos mensuales en torno al 40% de lo que venían percibiendo.
Por cuerda separada la restricción de exportaciones de carne vacuna, sobre la base de anteriores experiencias, traerá como consecuencia para el sector productivo, y ya lo estamos observando, bajas de precios, principalmente de la vaca manufactura y conserva.
Además, los criadores, debido a la falta de expectativas y a la incertidumbre de futuras medidas, producirán en menor cuantía, y dejarán de «hacer» animales más pesados.
Esto significará un gran retroceso en el incremento del peso promedio de faena que lentamente venía lográndose en los últimos años, y tan necesario para compensar la falta de stock ganadero (tenemos prácticamente el mismo stock que hace 40 años), produciendo mayor cantidad de carne con el rodeo que contamos actualmente.
Este paulatino incremento en el peso promedio de faena, comenzó a visibilizarse cuando quitaron las restricciones de peso mínimo de faena.
Desde el Gobierno justificaron las medidas de cierre y restricción de exportaciones manifestando que eran transitorias, que el objetivo que persiguen es que baje el precio de la carne al consumidor y que en un plazo de 30 días darían a conocer un «Plan Ganadero».
Plan que, entre otras cosas y con el tiempo, eleve la producción anual de carne vacuna de poco más de las tres millones de toneladas actuales, a cinco millones.
Con lo que no sólo se podrá exportar más, sino que habrá también mayor oferta de carne para la mesa de los argentinos, y eso provocaría una baja considerable de precio.
Los 30 días ya transcurrieron: desde el sector agroexportador se envió un proyecto para lograr un verdadero Plan Ganadero, se mantuvieron varias reuniones con funcionarios de distintas carteras.
Podría decirse que hasta se acordó que, ya que es una medida sin sentido, liberen la exportación de vaca con destino a China, y también autoricen las exportaciones a Israel, país que quedó afuera de las excepciones (Cuotas Hilton, 481 y Estados Unidos) y que motivara reclamos diplomáticos por ello.
Funcionarios de alto rango manifestaron que el anuncio de estas medidas era «inminente», pero los días pasan y el anuncio sigue sin aparecer.
Por las restricciones a las exportaciones, dejará de ingresar al país un importe cercano a los 100 millones de dólares mensuales e implicará una merma de aproximadamente 25.000 toneladas de producción.
Es necesario y de manera urgente que las autoridades competentes levanten las restricciones que pesan sobre el comercio exterior de carnes; es el único camino que nos va a conducir a elevar el nivel de producción y al mismo tiempo y de manera inmediata recuperar el nivel de ingreso de divisas que aporta este sector y que tanta falta le hacen a nuestro país.
Las prohibiciones nunca solucionaron nada.
(*) Secretario de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra).
Primicias Rurales
Fuente:NA
Jul 26, 2021 | Columnas
Por Cecilia Accoroni*.
Buenos Aires, 26 julio (Especial para NA) — La Argentina, a pesar de ser el tercer productor mundial de soja, aún no ha desarrollado ampliamente la cadena de agregado de valor de la misma con destino a la alimentación humana.
Históricamente, la principal demandante de soja ha sido la industria aceitera.
Sin embargo, el interés por su proteína ha aumentado considerablemente en las últimas décadas.
Actualmente representa la fuente proteica más demandada a nivel mundial, debido a su alta calidad nutricional, propiedades funcionales y de bajo costo.
Nuestro desafío, además de producirla, es procesarla, transformarla y exportarla bajo el formato de productos industrializados de alto valor agregado.
De modo, que sea posible aumentar significativamente los ingresos nacionales por exportaciones y mejorar su distribución en el interior productivo a través de empresas pymes.
Actualmente, existen empresas locales productoras de texturizados de soja que son capaces de segregar poroto de soja apto para consumo humano y de adaptarse a requisitos específicos del mercado debido a la versatilidad de su capacidad instalada.
Este sector, además de exportar la mayor parte de su producción, suple a la industria alimenticia local y, en menor medida, comercializa sus productos en góndola.
El proceso de texturización valoriza los subproductos de extracción de aceite de soja desarrollando una estructura expansible similar a la carne, que mejora ampliamente sus características iniciales para la fabricación de alimentos.
Para ello, las harinas y expellers, son sometidos a un proceso específico de extrusión en el que se le otorga una nueva estructura mediante la aplicación de energía mecánica y térmica, provocando la pérdida de estructuras nativas de las proteínas y creando una masa viscoelástica continua en la que se alinean las moléculas formando una red proteica de estructura expandida que crea una textura gomosa.
Otros beneficios de este proceso aplicado a soja y/o legumbres son mejora de la digestibilidad, preservación de alimentos, desactivación de factores anti-nutricionales presentes en granos crudos, disminución de flavores amargos o crudos, homogeneización de micronutrientes; mejora de forma y tamaño del producto final.
Los productos a base de soja texturizada son económicos, pueden enriquecer la dieta y representan la alternativa de productos proteicos vegetales más utilizada en la industria alimentaria dadas sus excepcionales propiedades funcionales.
Particularmente, como extensores cárnicos tienen la capacidad de absorber un 60-65 % de humedad al ser rehidratados y sustituir parcialmente proteínas de origen animal al ser incorporados en un 20-30 % en emulsiones cárnicas como hamburguesas y embutidos.
Además, pueden ser incorporados en rellenos, salsas y sopas, dado que estos productos pueden ser presentados en diferentes tamaños, con el agregado o no de saborizantes y/o colorantes.
El consumo interno de texturizados es escaso y representa un gran desafío alcanzar el consumo masivo en góndola en presentaciones de 500 gramos.
Por ende, son mayoritariamente exportados en envases de grado alimenticio de 20-50 kilos a un valor de 700–870 dólares la tonelada a 35 países del mundo, cumpliendo con toda la normativa y exigencias nacionales e internacionales.
Es importante resaltar que existen diversos grupos de investigación del INTA que trabajan junto al sector procesador pyme para dar sustento a sus demandas; desde el mejoramiento de las materias primas diferenciadas (variedades de soja) hasta la caracterización y comercialización del producto final.
Respecto a las variedades de soja, la EEA Marcos Juarez está trabajando en materiales con alto contenido proteico, no Organismos Genéticamente Modificados y con bajos niveles de factores anti-nutricionales.
Sumado a esto, desde el área de Agroindustria estamos realizando ensayos y análisis de calidad, inocuidad y propiedades funcionales tanto de materias primas como de productos listos para el consumo, a fin de establecer un protocolo de sello de calidad de «Alimentos Argentinos» con los estándares de calidad de texturizados proteicos de soja producidos en Argentina.
(*) Ingeniera en Alimentos de INTA Oliveros, Santa Fe.
Primicias Rurales
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