Sep 18, 2018 | Columnas
Buenos Aires, 16 septiembre (Especial de NA) — La primera interna para conducir la Sociedad Rural Argentina (SRA) en 28 años llega a su tramo final ya que la elección se realizará el 27 de septiembre próximo y las dos listas se consideran ganadoras del voto de unos tres millares de socios de la centenaria entidad.
Las listas que se disputan la conducción de la tradicional SRA están lideradas por el actual presidente, Daniel Pelegrina, en «Unidad y Acción», con Carlos Vila Moret como segundo frente a «Compromiso Federal», encabezada por Alberto Ruete Güemes y el candidato a vicepresidente Marcos Pereda.
En una carta del 15 de agosto, esta última lista difundió un escrito en el que decían «Ya ganamos» y lo fundamentaban en que Ruete Güemes y Pereda «son productores y empresarios del campo con todas las letras».
«No son ni ex productores ni rentistas, son inversores, son innovadores, son criadores, invernadores, cabañeros, agricultores, forestadores, apicultores, grandes generadores de empleo y en consecuencia de arraigo y siempre con el más absoluto respeto y cuidado por el medio ambiente», decía la misiva.
También jugaba con el concepto de que han instalado un tópico básico «casi olvidado en nuestra entidad» que se resume en una sola palabra, «alternancia».
Por su parte, la nómina de Pelegrina, quien no hizo campaña por considerar que desde su cargo de presidente representa a todos los socios de la SRA, tuvo un peso especial en el hecho de que los ex titulares de la entidad lo apoyaran decididamente.
Asi, el ex presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, se metió de lleno en la interna y envió una carta a los socios pidiendo que acompañen «con su voto» a la lista de Pelegrina de la que es el jefe del Comité de campaña.
Mientras que en el texto señaló que «estamos convencidos de que nuestra propuesta es la que mejor se adapta a los desafíos que enfrenta la institución en estos momentos».
Miguens es un referente de la lucha del campo en 2008 para derogar la Resolución 125 de las alícuotas móviles para las retenciones.
Y en otro párrafo argumentó que la lista «cuenta con amplia representatividad territorial y federal y también en lo que en lo que respecta a la variedad de razas y actividades productivas».
Esta columna sondeó a candidatos de ambas posiciones y encontró a Oscar Luchessi, quien se postula como vocal titular de «Compromiso Federal», confiado en que el recorrido por el país que hicieron dio resultados positivos.
«Nosotros estamos terminando la gira por el interior y pudimos palpar que muchos socios no encuentran en los delegados de la SRA toda la atención que necesitan», dijo a NA.
Luchessi, un reconocido dirigente de la raza ganadera de origen francés Limousin, ya que fue presidente de la Asociación que agrupa a sus criadores y que ahora dirige su mujer Mónica Schmale, aseguró que buscan «descentralizar» la SRA.
«Creemos que vamos a ganar las elecciones, nuestros candidatos han cubierto el país y estuvieron en todas las exposiciones y eventos de interés para los socios», manifestó.
También les endilgó a la lista del oficialismo la pronunciación de algunas «chicanas», pero destacó que «la Sociedad Rural Argentina somos todos los socios».
Añadió que se distinguen porque no pretenden mantener los «sueldos del presidente y del vice que están defendiendo los actuales».
Enfatizó en lo que ha sido un lema de la campaña y es que todos los que integran la lista «Compromiso Federal» son productores genuinos «no desde la sede de calle Florida en el microcentro porteño sino desde la producción».
El padrón electoral contempla a 3047 socios, pero Luchessi calculó que votarán unos 1500, entre el 60 y 70% de la nómina.
Por otra parte a Florida 560 ya llegan por correspondencia los votos de asociados y el 25 de septiembre se habilitará la urna para colocarlos ahí y otros socios concurrirán a sufragar in situ hasta que el 27 se sepa el resultado final.
Vila Moret es actual director de Registros Genealógicos y Prensa de la SRA, preside Intea, un desprendimiento del Inta que tiene como objetivo la puesta en valor de la propiedad intelectual generada a partir de la tecnología e innovación.
En diálogo con NA, consignó que lo que los «diferencia» es su «experiencia y capacidad de gestión porque «conocemos la entidad, a los socios y productores que representamos porque surgimos de ese segmento».
«Vivimos y trabajamos el campo y conocemos su problemática de primera mano. Venimos trabajando fuertemente en mejorar la calidad de los servicios a los socios, en lo que se refiere a registros genealógicos, laboratorio, accesibilidad a las diferentes prestaciones. Tenemos el foco puesto en educación, capacitación y la generación de información relevante para los asociados», añadió.
También esgrimió uno de los puntos fuertes de la campaña: «Somos herederos y artífices de una tradición gremial limpia, transparente, abierta sin conflictos de intereses, dobles discursos o agendas ocultas».
«Lo que pensamos, lo decimos. Cuando tenemos que reclamar algo lo hacemos sin titubear ni especular. No tenemos otros intereses que cuidar o proteger. Si tenemos que hacer oposición, la hacemos con quien sea. No nos tiembla el pulso», confirmó a Noticias Argentinas.
Vila Moret, como candidato a vice presidente, considera que lo «mejor para la Rural, sus socios y el campo es mantener esa honestidad intelectual, esa independencia y libertad de criterio, esa tradición gremial que tan bien nos representó a todos durante la 125 y nos permitió oponernos a un gobierno perverso, sin miedo a las represalias porque no teníamos otros intereses que preservar».
La interna en la que se juega la reelección de Pelegrina y la alternancia en el caso de ganar Ruete Güemes se vio conmocionada al conocerse que entre los citados a declarar en la causa por presuntas coimas pagadas en la obra pública aparecía Manuel Santos Uribelarrea (hijo), uno de los empresarios sojeros más importantes de la Argentina.
El padre con el mismo nombre adhiere a la lista de Ruete Güemes y Pereda y desde este ámbito insistieron que el hijo puso empresas de energía por fuera de la concentración familiar.
Manuel hijo está al frente de MSU, que a su vez tiene UENSA SA y UGEN SA, que funcionan bajo un mismo paraguas accionario.
La firma está invirtiendo U$S 900 millones en la construcción de tres centrales termoeléctricas.
Desde «Unidad y Acción» utilizaron la indagatoria de Uribelarrea para intentar terminar con el discurso de que «Compromiso Federal» al decir que en la oposición tienen las manos atadas mientras que Pelegrina puede actuar con total libertad.
El socio David Lacroze en una reunión de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) recomendó lo que instó Jesús: el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra.
Finalmente serán las urnas las que hablen el jueves 27 de septiembre en la sede de la SRA, en la porteña peatonal Florida
Primicias Rurales
Sep 10, 2018 | Columnas
Por Matilde Fierro.
Buenos Aires, 9 septiembre (Especial de NA) — El Gobierno nacional instaló las retenciones otra vez al trigo y al maíz que pagarán el 10%, la soja 28,5% y los productos derivados, entre ellos harina y aceite, el 26%.
Hubo un respaldo manifiesto, el de la Sociedad Rural Argentina (SRA), mientras que el resto de las entidades protestaron.
Si los funcionarios hubieran tomado lápiz y papel más tiempo podrían haber hecho una diferenciación entre los que más tienen y pueden pagar y los que están en una situación apretada, los pequeños y medianos productores, se especula también.
Pero el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, durante la conferencia de prensa en la que explicó las nuevas medidas del Gobierno para lograr el equilibrio fiscal, señaló que esta suba de los derechos de exportación implicará una recaudación adicional en 2019 de $280.000 millones (algo más de U$S 7.000 millones al tipo de cambio actual) y eso es lo que importa.
Para llegar a este resultado, la cartera de Hacienda calculó ingresos extra de $4 por cada dólar de las exportaciones primarias y $3 por dólar para el resto de las ventas externas.
Un trabajo del INDEC demuestra que el complejo soja: con 25,3% de las exportaciones totales del país, sumó 7.558 millones de dólares en ventas externas durante el primer semestre del año, con un disminución interanual de 15,5%, provocada especialmente por la sequía y la baja de los precios.
«Desde la Sociedad Rural Argentina nos hacemos eco del mensaje del Presidente que nos convoca a todos los argentinos a trabajar juntos para sacar al país definitivamente de la crisis y terminar con la corrupción», definió la SRA en su mensaje institucional.
Además agregó que «el campo continuará una vez más, colaborando con toda iniciativa que apunte a proyectar a nuestra Nación definitivamente en el sendero del desarrollo».
En tanto, el presidente de Carbap, la Confederación que agrupa a 114 Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Matías de Velazco, dijo a esta columna que «en principio con las retenciones no estamos de acuerdo, pero entendemos el contexto donde está la Argentina y comprendemos que la carga se va a repartir entre varios sectores. Por ahora, en este sentido no habrá reacciones del campo».
Por su parte, el titular del Grupo Los Grobo y referente del sector sojero, Gustavo Grobocopatel, advirtió que «en un contexto en el que todos vamos a perder mucho, el Gobierno tiene en el campo un empuje. Las retenciones son un instrumento negativo».
Fue más duro el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Omar Príncipe, quien reflexionó que «se condena otra vez a los pequeños y medianos productores, sin diferenciarlos, a pagar más para sostener la timba financiera y al FMI».
«Está claro que de acá en más habrá dos dólares distintos. Uno para pagar insumos y otro para vender, con retenciones. En trigo o en maíz, habrá que restar el 10 por ciento al valor, con un trigo ya sembrado se cambia la reglas de juego. Hay muchos que se endeudaron para sembrar maíz y se modifica el escenario», añadió.
En este sentido, Cristian Russo, de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) habló con NA del impacto de las medidas y aseguró que es indudable que va a bajar la superficie de siembra de maíz, muchos se van a pasar a soja, pero otros no porque ya tienen los insumos para la producción maicera comprados.
Además señaló que ya se ve una retracción en la protección de enfermedades para las plantas: «Se venía utilizando tecnología, ya se está dejando de hacerlo», por los costos.
Por otra parte, un decreto publicado en el Boletín Oficial estableció el nuevo esquema de reestructuración con 11 Ministerios.
Agroindustria que dirige Luis Etchevehere se convirtió en Secretaría de Estado dentro del Ministerio de Producción y Trabajo, a pesar de que el país es eminentemente agroindustrial y ganadero.
Letrados se plantearon «cuáles son los verdaderos motivos de esa decisión, sobre todo cuando diversos funcionarios políticos han reconocido que la misma no obedece a razones de racionalización del gasto público».
Se trata de la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) agrupa a los letrados que prestan servicios en relación de dependencia en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada en todo el país.
Carbap además sacó un comunicado en el que reiteró que «se vuelve a insistir con recetas que no han funcionado».
«Hemos aprendido en estos últimos años que las retenciones no dieron resultados y que cuando se quitaron se multiplicaron las producciones de maíz y trigo», dijo la entidad que conduce De Velazco.
Aseguraron que Argentina necesita «exportar cada vez más y las medidas anunciadas terminan afectando el potencial exportador de nuestro país».
«En síntesis, menos negocios con el mundo implica menos ingresos», añadieron.
También coinciden con el gremio de los abogados: «El otro factor que abona el desequilibrio fiscal es el exceso de gastos del Estado y en este sentido la reforma anunciada más allá de modificar el organigrama de Gobierno no genera un ahorro sustantivo en el gasto del Estado. En síntesis, no se disminuye el gasto», manifestó la poderosa Carbap.
El senador Alfredo De Angeli (Cambiemos-Entre Ríos) sobre las retenciones, expresó «no nos queda otra que acompañar», aclaró «lo mismo que en el pasado, las retenciones son perjudiciales», pero precisó que «son necesarias para ayudar al país», a pesar de que en 2008 luchó en las rutas de Entre Ríos contra la 125 que también ponía alícuotas móviles a los derechos de exportación.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que dirige Dardo Chiesa habló de «traición» y fue muy intenso. «El que traiciona la confianza una vez, la puede traicionar siempre», estimó la entidad que reclamó un achique del gasto público.
Un interesante y fuerte debate se dio entre el diputado (Cambiemos) Fernando Iglesias y productores, entre ellas la mujer de Carlos Garetto, ex presidente de Coninagro, Vanesa Padulles.
«A ver, muchachos del campo, escuchen a quienes los bancamos en el momento más difícil: en diciembre de 2015 el kirchnerismo les cobraba 35% de retenciones con un dólar a $9, cuando el dólar blue estaba a $15 (otro 40%). ¿De qué estamos hablando?», manifestó Iglesias en un tweet que recibió 257 respuestas.
La mujer de Garetto y también productora cordobesa le contestó: «Los insumos y otros costos también eran a dólar $9… Esa manía de mirar sólo lo que entra…. ¡Estos políticos como viven de arriba no saben que existen costos parece!».
Mauricio Macri, por su parte, cuando habla insiste en un concepto: «El país está en emergencia» y aclara que «sin negar las dificultades», está «convencido de que cada obstáculo que superamos es una oportunidad para salir fortalecidos, crecer y madurar».
NA
Primicias Rurales
Sep 2, 2018 | Columnas
Buenos Aires, 2 setiembre (Especial de NA): Agroindustria busca fortalecer las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en los productores frutihortícolas para mejorar la producción de la actividad.
«Fuimos los que propusimos las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el sector de la frutihorticultura, un poco a pedido del sector privado», indicó Mercedes Nimo, directora de Alimentos y Bebidas, a esta columna.
La obligatoriedad de su puesta en funcionamiento será en 2020 para las frutas y en 2021 para las hortalizas.
«Ocurre que en los productores de fruta hay grandes que son los que cumplen y en las hortalizas hay una multiplicidad de pequeños y medianos y es más difícil que hagan los deberes» de las BPA, dijo.
Por eso en esta primera etapa se trabaja en capacitación para profesionales y técnicos que puedan transmitir a los productores qué son las Buenas Prácticas Agrícolas y así las implementen.
En este orden, el Ministerio de Agroindustria lanzará el 24 de setiembre, un curso de capacitación online para técnicos y profesionales del área de incumbencia para implementar las BPA, con una duración de ocho semanas.
Podrán inscribirse hasta el 11 de septiembre en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y descargar el instructivo en Senasa, en tanto que las vacantes son limitadas.
Se trata de saber sobre la aplicación de los productos fitosanitarios; el tipo de agroquímicos necesarios; el uso adecuado del agua y las rotaciones de los cultivos para favorecer la sanidad de los suelos y alejar las plagas, entre otros factores.
La medida de la obligatoriedad de aplicar las BPA saldrá en el Boletín Oficial en los próximos días porque el «sector privado nos pedía un trabajo equilibrado y de inocuidad», consignó a NA, la funcionaria.
Mientras que la información oficial brindada en la semana dio cuenta que el Ministerio de Agroindustria de la Nación, en un trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), aprobó la incorporación de las BPA al Código Alimentario Argentino (CAA) para la actividad frutihortícola, con el objetivo de afianzar la inocuidad de los productos que se consumen frescos.
En tanto, la cartera agroindustrial lleva adelante una serie de acciones de promoción de las BPA como el lanzamiento en junio del Nuevo Programa Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas Sustentables en Productos Frutihortícolas, que tiene por finalidad asegurar la inocuidad de los alimentos, así como también la preservación y el manejo racional de los recursos suelo, agua y energía.
Las BPA mejoran la eficiencia en la producción y disminuyen las pérdidas por desperdicio, que en el caso de la horticultura alcanza muchas veces al 60% y favorecen la inocuidad y la calidad de los productos agroalimentarios.
Por otro lado, fomentan la transparencia en la comercialización de los productos y mejoran las condiciones de trabajo de los productores y sus familias.
Las Secretarías de Agricultura, Ganadería y Pesca y la de Alimentos y Bioeconomía son las que supervisan y coordinan las acciones de este Programa que tienen como destinatarios a todos los actores de la cadena de valor hasta llegar al consumidor.
Asimismo, al ser prácticas respetuosas del medio ambiente favorecen la sustentabilidad de las producciones al disminuir el impacto ambiental.
Los consumidores podrán tener un mayor conocimiento de estos productos inocuos al conocer su trazabilidad.
La producción hortícola, en el país, oscila entre los 8 y 10 millones de toneladas, de las cuales nueve especies: papa, tomate, cebolla, batata, zapallo, zanahoria, lechuga, poroto, ajo representan el 65%.
Participan con el 20% otras ocho especies: acelga, mandioca, zapallito, sandía, melón, choclo, berenjena y pimiento y unas y otras revisten una importancia decisiva para la alimentación de la población; además emplean 350 mil personas en el eslabón productivo.
Mientras que la producción de frutas suma 7.472.000 de toneladas; en total la cadena frutihortícola exportó 2.500 millones de dólares en 2017. Con el fortalecimiento de la BPA las cifras pueden crecer. .
Primicias Rurales
Ago 30, 2018 | Columnas
El directivo Javier Christensen (CAIR) atribuye la merma en la actividad a que afectó «mucho la suba de las tasas dado que los inversores buscaron negocios financieros más que negocios inmobiliarios o productivos».
Buenos Aires, 26 agosto (Especial de NA) — El mercado inmobiliario rural aún no repunta, escasas operaciones y una oferta de campos más alta que la demanda son los factores que definen la situación.
Javier Christensen, presidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (Cair), en diálogo con esta columna sostuvo que «hasta el mes de abril veníamos creciendo, mayo había comenzado bien aunque no con el récord de operaciones que alcanzamos en 2011».
El directivo atribuye la merma en la actividad a que afectó «mucho la suba de las tasas dado que los inversores buscaron negocios financieros más que negocios inmobiliarios o productivos».
De todas formas en la Cámara son optimistas y esperan que vaya a haber un rebote porque el campo está teniendo una campaña 2018- 2019 que puede dar una cosecha récord.
«Como mejoró la rentabilidad primaria de los cultivos por mejor precio de los commodities, cuando al campo le va bien nos va bien a nosotros, por eso somos optimistas en el sector», dijo Christensen a NA.
Destacó que hay una oferta creciente y que todos los meses entran campos a la venta: «hay más oferta que demanda».
Los precios de la hectárea fluctúan entre 14 y 16 mil dólares en la zona núcleo, en los territorios marginales hay de todos los valores, de cinco a 10 mil dólares al oeste de Buenos Aires; en las áreas ganaderas se cotiza menos que en las agrícolas.
Al sur de Córdoba, la hectárea es de menor valor que en las regiones centrales, las de mayor precio son de 10 a 14 mil dólares.
«Hay mucha demanda en la zona núcleo por fracciones chicas cercanas a Rosario de 30 a 40 hectáreas que pueden valer 18 mil dólares la hectárea», indicó el presidente de Cair.
La sorpresa fue que a nivel alquileres se mantiene una sostenida demanda por campos a rentar en precios firmes o un tanto para arriba.
«Tiene que haber algún cambio en el mediano plazo porque la Argentina es un país eminentemente agrícola», sostuvo.
Una novedad es que los extranjeros compran viñedos «chiquitos» en San Juan y Mendoza; en primer lugar los interesados son norteamericanos y luego más atrás le siguen los brasileños.
Los norteamericanos encuentran que el paisaje es lindo, la tierra de calidad y pueden tener viñedos con varietales diferentes así como los valores son accesibles si se compara con los de Estados Unidos.
El mercado está expectante, en el 2011 hubo un pico muy alto de operaciones y después empezó a decaer con el cepo cambiario y el precio de la soja que había estado en 600 dólares la tonelada en Chicago bajó paulatinamente y hoy fluctúa entre los 320 y 340 dólares.
Todo esto se va a debatir el 21 de septiembre en la Séptima Jornada Nacional de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales que se realizará en el Teatro del Globo, en Capital Federal.
El InCAIR Julio 2018, que es el índice que mide la actividad inmobiliaria rural, dio 34,76 puntos en julio, con un marginal ascenso de 0,80 puntos respecto de la medición de junio.
Este índice refleja el movimiento del mercado inmobiliario rural en toda la República Argentina.
La base del índice es de 97,5 puntos, que corresponde en forma histórica a su pico máximo registrado en septiembre del año 2011.
El InCAIR se conforma, principalmente, en base a la cantidad de campos publicados en el mercado tanto para la compra-venta, como así también para el rubro de alquileres.
Otro parámetro utilizado para la medición de la actividad del mercado inmobiliario rural es en base a las operaciones concretadas durante el período evaluado.
El último es el índice número 57 de la historia de Cair y manifiesta una caída del 15,6 por ciento en un año. Mientras que en los campos en oferta flamean los carteles a la venta.
La actividad inmobiliaria rural también continúa siendo afectada por la incertidumbre de la economía nacional e internacional, principalmente por la guerra comercial entre EE.UU y China.
En tanto, la suba de las tasas dispuesta por la Reserva Federal de Estados Unidos y la mala performance económica de los países emergentes repercuten en el sector.
Pese a esto, el aumento en las exportaciones de carne, junto a la actual campaña agrícola, son factores que en conjunto generan buen optimismo en el sector, pues la mejora en la rentabilidad agropecuaria es uno de los principales indicios que dinamizan al mercado inmobiliario rural. .
Primicias Rurales
NA
Ago 24, 2018 | Columnas
La cuestión es que parte de esos fondos debían derivarse a infraestructura vial e hídrica, tan necesaria como son los caminos rurales para transportar el grano y los obras para atender las inundaciones, faltantes ambos en los territorios rurales
Buenos Aires, 19 agosto (Especial de NA) — El tembladeral que suscitaron los tres decretos que firmó el Gobierno que se suspenden por seis meses la baja en la alícuota de retenciones para aceites y harinas, la eliminción de los reintegros a las exportaciones y hace desaparecer el Fondo sojero, generó un tembladeral en el sector agro industrial.
El temblor comenzó cuando el Ministerio de Hacienda informó el martes 14 que se habían firmado los instrumentos mediante los cuales se generará un ahorro fiscal estimado de 12.500 millones de pesos para lo que resta de 2018 y 53.000 millones de pesos para el 2019.
Por su parte, el presidente de la entidad cooperativista Coninagro, Carlos Iannizzotto, esa misma mañana le dijo a NA que el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, lo había llamado a las 7 de la mañana para comunicarle la noticia y que no lo tomara desprevenido.
«De todos modos se trató de una medida inconsulta. Dejó de lado a los actores. El Gobierno había confirmado que no tocaría las retenciones y la eliminación de los reintegros a las exportaciones nos afecta profundamente a las economías regionales, es el 66%, una cifra muy alta», sostuvo el dirigente a esta columna.
El Observatorio Vitivinícola Argentino que sostienen las principales corporaciones del sector que agrupan cooperativas y productores vitícolas había hecho un estudio que arrojó que justamente los reintegros en el vino eran menores a los impuestos que abonan.
Como ejemplo, en el caso de los reintegros a las exportaciones del vino fraccionado (de 6% sobre el valor FOB) se concluyó que el porcentaje de impuestos contenidos en el valor promedio FOB es de 8%, es decir un 2% mayor al reintegro que se recibía y ahora percibirán 66% menos.
Por el lado de las retenciones a los subproductos de la soja, la harina y el aceite y eliminar a partir de marzo el diferencial arancelario de tres puntos porcentuales entre el poroto y los derivados motivó una declaración de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
«Esta medida fiscal causa gran preocupación por los gravísimos efectos que su implementación provocará en la cadena de comercialización de la oleaginosa al no contemplarse aspectos básicos del proceso de ventas al exterior de granos y productos agroindustriales, como los aceites y harinas proteicas, que representan, aproximadamente, un tercio del total de las exportaciones argentinas», señalaron desde la BCR en un comunicado titulado «Dos veces contra la misma piedra».
La única promesa que cumplió la administración Macri fue la de no suspender la baja a las alícuotas a la soja que se vienen reduciendo de forma sostenida, desde el 35% en 2015 para el poroto al 26% actual, previendo su convergencia al 18% en diciembre de 2019.
En cuanto al aceite y las harinas, la alícuota se redujo desde el 32% en 2015 al 23% actual y también convergerá al 18% en diciembre de 2019.
«Los ingresos adicionales para la Nación por esta medida son de $ 1.500 millones en 2018 y $ 12.000 millones en 2019», justificó el Ministerio de Hacienda en un mensaje oficial.
La necesidad de cumplir con las pautas del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir el déficit fiscal hicieron que el Gobierno avanzara sobre el sector privado.
Pero ocurre que el diferencial arancelario de tres puntos porcentuales en favor de la exportación de productos derivados, se explica en buena medida por el escalonamiento arancelario que aplican los países importadores de soja y derivados, en favor de su industria nacional.
Por ejemplo, China aplica un arancel de importación de un 5,5% más alto para el ingreso de subproductos que de poroto.
La Bolsa de Comercio de Rosario espera que se trate de una medida transitoria, de carácter fiscal.
«Una vez cumplido el plazo establecido para su aplicación, consideramos conveniente retomar el esquema diferencial para evitar mayores consecuencias en la agroindustria», dijo, lo que apoyan los aceiteros.
Con relación a los reintegros de la exportación, la reducción del 66% del monto total es de acuerdo a un esquema diferenciado por producto.
Los reintegros a la exportación justifican su existencia en la vigencia de impuestos indirectos que se acumulan durante el proceso de producción y que no tienen una devolución al exportarse, expresó el ámbito oficial.
La reforma tributaria y el pacto fiscal, que reducen los impuestos al cheque y a los ingresos brutos, «generan el espacio para que dichos reintegros puedan ser reducidos», es la posición del Gobierno.
Sin embargo, las economías regionales necesitan de ese reintegro porque si bien el proceso exportador en la Argentina es un boom, los que estuvieron sin vender afuera deben armar nuevos mercados y eso requiere tiempo y de un apoyo estatal.
Según indicaron, el ahorro fiscal (coparticipable entre Nación y Provincias) de esta medida es de $ 5.000 millones en 2018 y $ 29.000 millones, en 2019.
Más discutible es la eliminación del Fondo a través del cual se transfería a Provincias y Municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja.
El FFS fue creado en el año 2009, cuando las Provincias sólo recibían la cuarta parte de la recaudación de impuestos nacionales. Ahora ya no es así.
La cuestión es que parte de esos fondos debían derivarse a infraestructura vial e hídrica, tan necesaria como son los caminos rurales para transportar el grano y los obras para atender las inundaciones, faltantes ambos en los territorios rurales del país.
Y ahora ¿quién presionará a los gobiernos provinciales y municipios para que restauren? que bien pueden aducir que no poseen recursos.
Primicias Rurales
Ago 23, 2018 | Columnas
La cuestión es que parte de esos fondos debían derivarse a infraestructura vial e hídrica, tan necesaria como son los caminos rurales para transportar el grano y los obras para atender las inundaciones, faltantes ambos en los territorios rurales.
Buenos Aires, 19 agosto (Especial de NA) — El tembladeral que suscitaron los tres decretos que firmó el Gobierno que se suspenden por seis meses la baja en la alícuota de retenciones para aceites y harinas, la eliminción de los reintegros a las exportaciones y hace desaparecer el Fondo sojero, generó un tembladeral en el sector agro industrial.
El temblor comenzó cuando el Ministerio de Hacienda informó el martes 14 que se habían firmado los instrumentos mediante los cuales se generará un ahorro fiscal estimado de 12.500 millones de pesos para lo que resta de 2018 y 53.000 millones de pesos para el 2019.
Por su parte, el presidente de la entidad cooperativista Coninagro, Carlos Iannizzotto, esa misma mañana le dijo a NA que el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, lo había llamado a las 7 de la mañana para comunicarle la noticia y que no lo tomara desprevenido.
«De todos modos se trató de una medida inconsulta. Dejó de lado a los actores. El Gobierno había confirmado que no tocaría las retenciones y la eliminación de los reintegros a las exportaciones nos afecta profundamente a las economías regionales, es el 66%, una cifra muy alta», sostuvo el dirigente a esta columna.
El Observatorio Vitivinícola Argentino que sostienen las principales corporaciones del sector que agrupan cooperativas y productores vitícolas había hecho un estudio que arrojó que justamente los reintegros en el vino eran menores a los impuestos que abonan.
Como ejemplo, en el caso de los reintegros a las exportaciones del vino fraccionado (de 6% sobre el valor FOB) se concluyó que el porcentaje de impuestos contenidos en el valor promedio FOB es de 8%, es decir un 2% mayor al reintegro que se recibía y ahora percibirán 66% menos.
Por el lado de las retenciones a los subproductos de la soja, la harina y el aceite y eliminar a partir de marzo el diferencial arancelario de tres puntos porcentuales entre el poroto y los derivados motivó una declaración de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
«Esta medida fiscal causa gran preocupación por los gravísimos efectos que su implementación provocará en la cadena de comercialización de la oleaginosa al no contemplarse aspectos básicos del proceso de ventas al exterior de granos y productos agroindustriales, como los aceites y harinas proteicas, que representan, aproximadamente, un tercio del total de las exportaciones argentinas», señalaron desde la BCR en un comunicado titulado «Dos veces contra la misma piedra».
La única promesa que cumplió la administración Macri fue la de no suspender la baja a las alícuotas a la soja que se vienen reduciendo de forma sostenida, desde el 35% en 2015 para el poroto al 26% actual, previendo su convergencia al 18% en diciembre de 2019.
En cuanto al aceite y las harinas, la alícuota se redujo desde el 32% en 2015 al 23% actual y también convergerá al 18% en diciembre de 2019.
«Los ingresos adicionales para la Nación por esta medida son de $ 1.500 millones en 2018 y $ 12.000 millones en 2019», justificó el Ministerio de Hacienda en un mensaje oficial.
La necesidad de cumplir con las pautas del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir el déficit fiscal hicieron que el Gobierno avanzara sobre el sector privado.
Pero ocurre que el diferencial arancelario de tres puntos porcentuales en favor de la exportación de productos derivados, se explica en buena medida por el escalonamiento arancelario que aplican los países importadores de soja y derivados, en favor de su industria nacional.
Por ejemplo, China aplica un arancel de importación de un 5,5% más alto para el ingreso de subproductos que de poroto.
La Bolsa de Comercio de Rosario espera que se trate de una medida transitoria, de carácter fiscal.
«Una vez cumplido el plazo establecido para su aplicación, consideramos conveniente retomar el esquema diferencial para evitar mayores consecuencias en la agroindustria», dijo, lo que apoyan los aceiteros.
Con relación a los reintegros de la exportación, la reducción del 66% del monto total es de acuerdo a un esquema diferenciado por producto.
Los reintegros a la exportación justifican su existencia en la vigencia de impuestos indirectos que se acumulan durante el proceso de producción y que no tienen una devolución al exportarse, expresó el ámbito oficial.
La reforma tributaria y el pacto fiscal, que reducen los impuestos al cheque y a los ingresos brutos, «generan el espacio para que dichos reintegros puedan ser reducidos», es la posición del Gobierno.
Sin embargo, las economías regionales necesitan de ese reintegro porque si bien el proceso exportador en la Argentina es un boom, los que estuvieron sin vender afuera deben armar nuevos mercados y eso requiere tiempo y de un apoyo estatal.
Según indicaron, el ahorro fiscal (coparticipable entre Nación y Provincias) de esta medida es de $ 5.000 millones en 2018 y $ 29.000 millones, en 2019.
Más discutible es la eliminación del Fondo a través del cual se transfería a Provincias y Municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja.
El FFS fue creado en el año 2009, cuando las Provincias sólo recibían la cuarta parte de la recaudación de impuestos nacionales. Ahora ya no es así.
La cuestión es que parte de esos fondos debían derivarse a infraestructura vial e hídrica, tan necesaria como son los caminos rurales para transportar el grano y los obras para atender las
inundaciones, faltantes ambos en los territorios rurales del país.
Y ahora ¿quién presionará a los gobiernos provinciales y municipios para que restauren? que bien pueden aducir que no poseen recursos.
Primicias Rurales
