Buenos Aires, 28 enero (Especial de NA, por Matilde Fierro) — Tímidos aires de protesta comienzan a soplar en la Argentina ya que Federación Agraria Argentina (FAA) realizará una ronda de consultas con los delegados de base para ver los "pasos a seguir" porque consideran que los pequeños y medianos productores sufren importantes pérdidas.

   Podría ser un contagio de lo que sucede en Uruguay, donde finalmente los productores autoconvados que empezaron las movilizaciones en rutas, campos y por aire fueron recibidos por el presidente Tabaré Areas.

   En la proclama, que entregaron al mandatario uruguayo, pidieron una reducción del 15% de las tarifas eléctricas y la baja del precio del combustible además de terminar con el atraso cambiario.

   Cualquier coincidencia con las necesidades del campo y el sector agroindustrial de la Argentina no es casualidad: En la Argentina los productores afrontan los mismos problemas que sus vecinos.

   Así el Consejo Directivo Central de FAA evaluó y sus integrantes coincidieron en que "los pequeños productores" vienen "perdiendo por goleada".

   Además en la región núcleo afrontan una sequía que jaquea los cultivos de verano con una pérdida de rindes y rentabilidad que ya se anticipa para esta campaña 2017-2018.

   La ronda de consultas de Federación Agraria empezará en los próximos días porque será en febrero y marzo y nadie descarta que puedan surgir medidas de protesta a su término.

   Sobre todo si se considera que el nivel de endeudamiento de chacareros con las cooperativas creció un 20 por ciento en un año, según datos de FAA, con tasas de interés muy altas y el 85 por ciento de la actual campaña de soja ya está vendida por parte de los pequeños productores.

   "A lo cual debemos agregar el problema de la pérdida de rindes por una sequía que persiste en la zona núcleo", aseguraron los dirigentes federados en un comunicado.

   Además consignaron que 2017 cerró con menos cantidad de tamberos y una caída de las exportaciones lácteas.

   En las economías regionales, mencionaron los casos de productores que venden la ciruela o el damasco a 2 pesos el kilo, muy por debajo de los costos para producir y también, se refirieron a la crisis de la actividad azucarera, que llevó al cierre del ingenio San Isidro en Salta.

   Respecto a los combustibles, FAA ya solicitó al Gobierno mecanismos para acceder a un gasoil con precio especial para el productor.

   Otro punto de conflicto para la entidad que dirige Omar Príncipe, es la reforma tributaria aprobada en diciembre último al aventurar que si la carga impositiva era alta hasta ahora, lo que viene por delante es aún más difícil.

   El crédito está alejado para los pequeños y medianos productores mientras suben costos y tarifas: los directores de FAA opinan que es necesario instalar estos debates en la agenda pública.

   La otra entidad que salió a hablar es Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) al señalar que la "burocracia" es "interminable", luego de comprobar mediante una encuesta que decenas de trámites se repiten o superponen y distraen al productor de lo que debe hacer: producir.

   Algunos de los casos son por ejemplo TIRE de Afip, el Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas de propietarios y usufructuarios, que a través de una aplicación web releva las operaciones de explotación por cuenta propia o de terceros.

   Para CRA siempre en la misma AFIP, hay una superposición de datos de TIRE con el RENSPA, el Registro de inscripción de actividad, las declaraciones Juradas y la presentación de Ganancias.

   Los encuestados manifestaron que el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (Ministerio de Agroindustria) RUCA significa "una complejidad de tramitación por los requerimientos, engorrosa inscripción y reinscripción, superposición de datos con el Registro de inscripción de actividad en AFIP, lo que genera una desigualdad frente a lo requerido a otros sectores".

   Consideraron que el "Aviso de Señalada" y "Permiso de Marca", para la ganadería ovina y bovina, no presentan utilidad práctica.

   Mientras que criticaron que en el stock de granos destinados a venta existe una evidente falta de flexibilidad en los datos aportados, frente a imprevistos.

   Así es evidente también que la falta de coordinación entre las diferentes áreas de Gobierno y sus diferentes estratos, nacional, provincial y municipal conlleva a una serie de distorsiones y complejidades que dificultan el normal desempeño del sector agroindustrial.

   agro@noticiasargentinas.com 

 

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NA

   Buenos Aires, 21 enero (Especial de NA, por Matilde Fierro) — Los productores agropecuarios uruguayos están en pie de guerra contra el gobierno del presidente Tabaré Vázquez (Frente Amplio) y con sus movilizaciones y reclamos ya lograron el desplazamiento del ministro de Agricultura de ese país y su reemplazo inmediato.

   Por su parte, el presidente Tabaré Vázquez recibió esa tarde, recién llegado de sus vacaciones, a representantes de la Federación Rural, la Asociación Rural del Uruguay (ARU), las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) y la Asociación Nacional de Productores de Leche, entre otros.

   No todas las gremiales base respaldan la medida porque ésta surgió a partir de una protesta de autoconvocados, sin embargo con el correr de los días algunas entidades fueron girando hacia el apoyo de los reclamos. .

   Ocurre que Tabaré Vázquez logró enfurecer con pocas frases a gremialistas y productores, en una situación de altos costos y falta de competitividad que es casi un calco de la que atraviesan los hombres del campo argentino, en un silencio interrumpido por algunas voces.

   El precio de la soja sin retenciones es igual en Uruguay al de Argentina que ahora paga 30 por ciento y el 1° de enero de 2020, con una reducción gradual del 0,5 por mes, llegará al 18%.

   Los productores agropecuarios uruguayos ahora tienen prevista una gran movilización superadora de la anterior al término de la cual leerán el documento con los pedidos que entregarán a Vázquez.

   Por ahora, el Gobierno uruguayo parece un tanto desbordado por la situación y no ha hecho nada para acomodar el retraso cambiario que motivó que el sector agropecuario registre una progresiva pérdida de competitividad. En la Argentina ocurre lo mismo.

   Los productores argentinos además enfrentan malas condiciones climáticas y sobre la principal provincia productora del agro, Buenos Aires, se cierne el impuestazo con la suba promedio del 50% del tributo inmobiliario rural del que no se baja la administración de María Eugenia Vidal.

   Pero volviendo a Uruguay y en comparación con la Argentina, en el vecino país el valor de la soja disponible puesto en Nueva Palmira es de 9440 pesos la tonelada.

   Con ese dinero es posible adquirir 233 litros de gasoil grado 2 (con una concentración máxima de azufre de 50 partes por millón).

   En la Argentina esa relación es similar: con 5110 pesos la tonelada de soja alcanza para comprar 236 litros de gasoil grado 2, considerando el valor YPF en la región pampeana.

   Pero el precio de la soja argentina –por efecto de los derechos de exportación– tiene un descuento del 29,5%.

   Si el poroto no estuviese gravado con retenciones –tal como sucede en Uruguay– tendría un valor disponible del orden de 6500 pesos la tonelada, el cual permitiría comprar 300 litros de gasoil grado 2, indicó el sitio Valor Soja.

   La principal razón de esa distorsión es que las autoridades económicas uruguayas vienen pisando hace tiempo el tipo de cambio para evitar una disparada de la inflación.

   En tanto, Tabaré Vázquez invitó a los ruralistas a la residencia de Suárez y trató de calmar los ánimos al proponer formar mesas de trabajo para analizar la problemática de cada sector, pero igual los irritó con declaraciones.

   Por ejemplo en una carta dirigida el presidente Vázquez, Alfredo Lago, en representación de la Asociación Cultivadores de Arroz, le envió "algunas aclaraciones" luego de que el mandatario uruguayo afirmara que el sector arrocero debe mejorar "su productividad y competitividad" ya que "gana más o gana menos de acuerdo a los precios internacionales".

   Lago explicó que "Uruguay es reconocido internacionalmente por el alto rendimiento, la calidad y la inocuidad de su producción de arroz, alcanzando el puesto 8° como exportador neto mundial".

   Afirmó que el 95% de la producción se exporta, "generando un total de 505 millones de dólares en la zafra de 2016, según datos de la Comisión Sectorial del Arroz", cifra que tuvo su equivalente en 2017, indicó el presidente de la asociación.

   "El producto arroz uruguayo se destaca en el mundo y se exporta casi en su totalidad a más de 60 destinos", informó la misiva.

   El titular de la Asociación además manifestó que este tipo de hechos "no colaboran para el buen relacionamiento".

   En la otra margen al mismo tiempo, se produjo una gran sorpresa para los productores arroceros de Entre Ríos que acaban de recibir boletas de electricidad por parte de la empresa provincial Enersa con valores de entre 200 y 300 mil pesos por el consumo de noviembre y diciembre de 2017, período en que comienza el riego del grano (con sistema eléctrico) y que se extiende hacia mediados de febrero.

   Ante las quejas, el gobernador entrerriano Gustavo Bordet decidió una prórroga de los vencimientos para abril y pedirá a la Nación que los incluya en un régimen de promoción por actividad electrointensiva.

   Hugo Müller, presidente de la Fundación Proarroz, dijo que en Entre Ríos el productor chico y mediano "está desapareciendo" y que unos 550 productores dejaron la actividad en la provincia entrerriana en casi 15 años para ser ahora sólo 170.

   En Uruguay, mientras, arriba de sus camionetas, camiones, tractores y automóviles y hasta en aviones agrícolas, los manifestantes se hacen escuchar. 

 

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   Buenos Aires, 14 enero (Especial de NA, por Matilde Fierro) — El flamante 2018 finalizará con una reducción del 6% a la alícuota de derechos de exportación del poroto de soja que bajará así a 24% desde los 30% que tributa ahora.

   Pero la rebaja será gradual, a 0,5% por mes, mientras que los subproductos del complejo sojero terminarán con derechos de exportación (DEX) del 21 por ciento.

   Según cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario, conducidos en especial por el economista Julio Calzada la baja en la recaudación de los DEX de soja podía significar 1.039 millones de dólares menos en este año.

   De acuerdo con un nuevo estudio del especialista, los productores estarían pagando cerca de 373 millones de dólares adicionales de impuestos, principalmente de ganancia.

   Y el mayor gasto que realizarían en la economía nacional generarían otros 723 millones de dólares en tributos nacionales, provinciales y municipales, con un excedente a favor del fisco de todos los ámbitos de 57 millones de dólares.

   "La mayor rentabilidad del productor por la baja de DEX en soja haría que pague cerca de 373 millones de dólares adicionales de impuestos en el año, en especial, en concepto de impuesto a las ganancias", indicó.

   Los hombres de campo percibirían aproximadamente 48 dólares por hectárea adicionales por la baja de retenciones (son números promedios) luego de pagar todos los impuestos.

   En 18 millones de hectáreas de soja cosechadas en la campaña 2017-2018, la masa adicional de recursos a gastarse en la economía sería de 870 millones de dólares, estimó Calzada.

   El análisis supuso que los productores podrían ahorrar de manera temporaria cerca del 20% de ese ingreso y gastar el 80% restante en diversas operaciones de compraventa, comerciales, financieras y de servicios.

   En consecuencia, estarían en condiciones de gastar inicialmente alrededor de unos 696 millones de dólares. .

   Los productores, a este ingreso adicional, lo gastarán en la economía nacional ya sea en inversiones en equipamiento, máquinas, rodados o sembrar más con lo cual aumentarán las erogaciones futuras por insumos, labores, cosecha, seguro, flete, gastos de comercialización, por estructura y administración, entre otros.

   El que vende insumos o presta servicios de transporte camionero, por ejemplo, al recibir estos nuevos ingresos adicionales los gastará en su actividad o en otros sectores de la economía nacional.

   Lo mismo el que vende una pick-up o una sembradora: en consecuencia, este mayor gasto futuro de 696 millones de dólares se multiplicará en numerosas operaciones comerciales dentro de la economía del país, generando en todas ellas, aumentos en la recaudación de impuestos nacionales (por ejemplo, el IVA), provinciales (Ingresos Brutos) y municipales (derecho de registro e inspección).

   "Es lo que se conoce habitualmente como efecto multiplicador del gasto. Teóricamente se define al efecto multiplicador como el conjunto de incrementos que se producen en la Renta Nacional de un sistema económico (PBI) a consecuencia de un incremento externo en el consumo, la inversión o el gasto público", explicó Calzada.

   También destacó que "la reducción de los derechos de exportación que se implementó a finales del 2015 ha traído como efecto benéfico una mayor área sembrada y producción de trigo, maíz y girasol; lo cual redunda favorablemente en las rotaciones y en la sostenibilidad ambiental del sistema".

   Pero no todas son flores en el camino y así en la primera audiencia que mantuvo la conducción de Federación Agraria Argentina (FAA), liderada por Omar Príncipe, con el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, se reclamó por los crecientes índices de endeudamiento que sufren los pequeños y medianos productores en el país.

   Esa franja está afectada por lo que limita el crecimiento y recuperación del campo en general que, para la analista Susana Merlo, es la falta de liquidez y el alto costo del dinero.

   "Por otra parte, el tipo de cambio y el costo de los fletes, terminan de sacar de competencia a la mayoría de los rubros que, tradicionalmente, constituyeron el fuerte de las exportaciones locales", evaluó.

   La realidad es que el sistema agroindustrial necesita en este 2018 nuevas medidas de reactivación a pesar de haya sectores como la ganadería que aumentaron las exportaciones en un 30 por ciento durante los últimos tiempos, por la diferencia que surge al comparar los embarques de noviembre, respecto del mismo mes de 2016. 

 

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   Buenos Aires, 1 enero (Especial de NA, por Matilde Fierro) — Algunas variables económicas inciden en el campo y los productores por ejemplo, a pesar de que subió el dólar, continúan enfrentando el atraso cambiario, lo que pega especialmente en las economías regionales.

   No obstante, el tipo de cambio atrasado en la Argentina comenzó a tener una recuperación con el visto bueno del Gobierno y se estima que la divisa norteamericana seguirá en alza, a menos que el Banco Central envíe una señal de precio, como la que dio con su intervención en la corrida cambiaria previa a las PASO.

   En tanto, las lluvias alivian los suelos y a los precios de soja, según los economistas de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Sofía Corina y Franco Ramseyer.

   Analizaron que las lluvias en Sudamérica desplomaron el precio de la soja en Chicago: "No es para menos considerando que el gigante brasileño se posiciona agresivamente en esta plaza: la siembra de soja está prácticamente finalizada y hay buenos augurios productivos", evaluaron.

   Al cóctel bajista se suman las lluvias en Argentina que permitieron reanudar la implantación de la oleaginosa y así la semana pasada las precipitaciones en nuestro país fueron la gota que colmó el vaso para que, en Chicago, la soja se hundiera a u$s 350,5 la tonelada, 20 dólares menos que en el reciente 5 diciembre, fecha en la que marcó su pico máximo de los últimos seis meses.

   El contexto viene ya cargado de abultada oferta de porotos y los pronósticos climáticos ahora beneficiosos para Sudamérica profundizan la sensación bajista.

   Sin embargo, las lluvias que no fueron abundantes llegaron con su influencia al mercado local, y particularmente en el recinto de la BCR, los precios de pizarra de la soja (brindados por la Cámara Arbitral de Cereales) se mantuvieron cerca de los $4.650 la tonelada.

   A partir de ahora están por definirse los valores de aquellas operaciones con precio a fijar concretadas en meses anteriores por soja.

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Sigue la polémica por la Comisión de Agricultura

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En tanto, las Asociaciones de Angus, Brangus y Limousin, razas ganaderas, salieron con comunicados a pedir que haya un presidente idóneo en la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja y no alguien que provenga de un sector como el kirchnerismo que estuvo en contra del campo durante varios años.

   La Asociación Argentina de Criadores de Limousin expresó su "profunda preocupación ante los trascendidos" respecto de que la Presidencia de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación recaería "en quienes en los últimos 12 años tuvieron objetivos absolutamente contrapuestos a los intereses del sector".

   "Reafirmamos la necesidad del diálogo en nuestro Parlamento.

  En este ámbito se deben tratar de construir políticas activas para el campo, sector que ha demostrado ser un motor fundamental en la economía nacional", manifestaron sus integrantes.

   También destacaron la importancia estratégica del agro que es "uno de los principales generadores de puestos de trabajo en las provincias, de alimentos para cubrir las necesidades de todo el pueblo argentino y de divisas por exportaciones, que permitan acercarnos a la meta de igualdad necesaria entre todos los ciudadanos de la Nación".

   Para la gente de Limousin, "este diálogo deberá darse entre todos los sectores políticos, conjuntamente con los representantes de la actividad agropecuaria".

   "Entendemos que esa vinculación público-privada debe articularse entre quienes creen seriamente en que el campo puede brindar soluciones para el crecimiento en paz y para derrotar la pobreza del país", afirmaron.

   Por su parte Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) también se pronunció al sumarse a conceptos vertidos por la Asociación de Brangus.

   "Si quienes presiden la Comisión de Agricultura con dirigentes con objetivos totalmente opuestos y con una visión política que ha dañado notablemente al campo, estaremos volviendo al pasado del que sólo quedan tristes recuerdos y el dolor frustrante de lo que hubiera podido ser y no fue", precisaron.

   La Sociedad Rural Argentina (SRA)tampoco se quedó atrás y reclamó una Presidencia de la Comisión que sea coherente con la situación del agro argentino.

   Al respecto su titular, Daniel Pelegrina, pidió una reunión con el presidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó, y aseguró que el campo tiene una importante agenda legislativa para el año que viene.

   La andanada de pronunciamientos recién comenzó y es probable que Cambiemos tenga que considerar el valor estratégico de la Comisión de Agricultura de Diputados. 

 

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   Buenos Aires, 24 diciembre (Especial de NA, por Matilde Fierro) — Una noticia en vísperas de Navidad y Año Nuevo se viralizó y es que el kirchnerismo podría asumir la titularidad de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación.

   La versión dada a conocer por el diario La Nación causó malestar en el ámbito agroindustrial, máxime cuando un legislador de Cambiemos, Pablo Torello, en declaraciones a la prensa, consignó que no se trata de una Comisión "estratégica", a pesar de ser productor agropecuario este diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

   En tanto, la Argentina acumula récords, como ser el primer exportador mundial de harina de soja, un producto con agregado de valor y se abren mercados en el mundo para la agroindustria argentina, exaltada no pocas veces por el mismo Mauricio Macri como de suma importancia para el desarrollo económico y exportador del país.

   Los nombres que circulan para presidir la conducción de la (ahora no estratégica) Comisión estremecen a los hombres y dirigentes del campo, ya que se trata de Axel Kicillof, Agustín Rossi y Luis Basterra.

   Este último diputado ya fue presidente de la Comisión y aunque quiso no obtuvo logros, mientras que como ministro de Economía, Kicillof trabó las exportaciones, incentivó los ROES, para vender la carne, lácteos y granos con sus subproductos al exterior.

   Rossi aparece con un posible encono contra el campo desde que en 2018, la Resolución 125 (pergeñada por Martín Lousteau) desató el conflicto que enfrentó al agro con el Gobierno de Cristina Kirchner en las rutas durante unos cuatro meses, pero luego se cortó todo diálogo con el sector agropecuario argentino en una suerte de aplicación de la "ley del hielo".

   Torello justificó el posible abandono de la Comisión de Agricultura en antiguos enemigos del campo porque el oficialismo necesita ocupar las 22 que le corresponden para sacar leyes necesarias que aseguren la gobernabilidad y les permita avanzar en 2018.

   Sin embargo, el agro también tiene su manojo de reclamos: alta carga tributaria, costos, fletes, retraso cambiario, el biodiésel, despegue de las economías regionales en problemas, que necesitan ser tratados.

   Le corresponderá al ministro de Agroindustria nacional, Luis Miguel Etchevehere realizar gestiones para descomprimir el revuelo que causó la versión.

   Además deberá ocuparse de que se cumpla lo que prometió al asumir que es la simplificación de los trámites que jalonan la burocracia del sector.

   Una muestra de los problemas existentes es la normativa más compleja de todas fue implementada por el actual gobierno macrista: se trata del "Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas".

   Según destacó el sitio Valor Soja, el proceso de carga de datos y documentos en el nuevo registro, cuya presentación debe estar lista el 1 de enero de 2018, consta nada menos que de 47 pasos.

   NA fue testigo de los afanes de dos productores, el arrendatario y el dueño del campo que debieron recurrir a la ayuda de contadores especializados en el sector agropecuario para solucionar este engorroso trámite que por las suyas no lograron destrabar.

   Insólitamente con tanta carga negativa, posiblemente se esté pensando próximamente extender las exigencias de ese registro a los campos ganaderos.

   La abultada bolsa de trámites burocráticos que les compete a los empresarios agrícolas apenas ha decrecido. Inevitablemente, deben destinar cada vez mayores recursos a asesores contables para desatender (especialmente en caso de los productores más pequeños) inversiones relativas a la producción y comercialización de granos.

   Los técnicos del área de Investigación y Desarrollo de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) efectuaron un informe sobre las diferentes disposiciones normativas diseñadas para complicarle la vida a los productores agrícolas, la mayor parte de las cuales fueron creadas por el régimen kirchnerista.

   Por ejemplo sigue vigente la resolución 684/2008 de la Oncca, creada en junio de 2008 (en pleno "conflicto agropecuario"): Si bien ese organismo ya no existe más, la norma dispone que los empresarios deben informar, por medio de una Declaración Jurada, sus existencias de granos.

   La reglamentación dice que deberá hacerlo "personalmente en el Centro de Atención al Público de la Oncca, sita en Avenida Paseo Colón 922, planta baja, oficina 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en las agencias del interior del país del organismo".

   Otra norma creada durante el "conflicto agropecuario" es la disposición conjunta 1/2008 y 41/2008 del Senasa, la cual incorporó a los empresarios agrícolas en la obligación de obtener el Renspa (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios).

   Así sigue la lista: parece que el sector agropecuario es estratégico, pero su importancia corre el riesgo de caer en el olvido legislativo y en otros ámbitos. 

 

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   Buenos Aires, 17 diciembre (PR/17) — El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, lanzó una advertencia al Gobierno esta semana, ya que por la carga impositiva rural, entre otros temas, sostuvo que se podría entrar en "ritmo de colisión".

   Sin embargo, nada parece indicar que a pesar de los reclamos, la buena relación de la dirigencia gremial del agro vaya a romperse, menos con Luis Miguel Etchevehere en el cargo de ministro de Agroindustria, tras venir de la presidencia de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

   Chiesa considera que "las tan ansiadas reformas anunciadas por el presidente Mauricio Macri en el CCK parecían aire fresco para el sector agropecuario".

   "Pero en el detalle, han sido sólo palabras y cuando nos acercamos a los bocetos y las reformas, junto a las últimas acciones que han tomado desde el Gobierno tanto nacional como bonaerense por ejemplo, vemos que el sector agropecuario sigue siendo el que paga", dijo en un escrito.

   En este sentido, se quejó del impuesto inmobiliario rural bonaerense del 50%, del que no lograron ni CRA ni CARBAP, que la gobernadora María Eugenia Vidal indicara que se diera marcha atrás.

   Buenos Aires no es la única, mientras que en Córdoba se paga un 38%, en San Luis hubo un aumento semejante, llegó al 40 por ciento.

   En diálogo con NA, el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, respecto de las afirmaciones de Chiesa optó por recordar que en la Argentina no estamos acostumbrados a pagar impuestos y que éstos ahora vuelvan en obras y "eso es lo que está sucediendo en este Gobierno" provincial.

   "La provincia está invirtiendo muchísima plata en obras hídricas, concretas, arreglo de rutas nacionales, provinciales, pero es una realidad que a nadie le gusta pagar impuestos", dijo.

   Reiteró: "Estábamos acostumbrados los argentinos a pagar impuestos y no recibir nada a cambio y este Gobierno bonaerense devuelve en obras concretas y no para una elección o para mostrar.

  Son obras que quedan para siempre".

   "Hoy la gente valora las rutas. Ahora que hace casi dos meses que no llovía mucho en la Provincia se ha avanzado en obra hídrica. Cuando de acá a cinco años, el 50 por ciento de las inundaciones sea una anécdota, veremos", analizó.

   También hizo la salvedad de que él no marca la política impositiva, pero que acompaña al Gobierno en las acciones: "los impuestos vuelven en obras, me parece que ésa no es una justificación, es una realidad, que es lo que hay que pensar".

   "La gente se olvida que hace dos años no había casi acceso al crédito, ahora hay cerca de 53 mil millones de pesos puestos en la provincia de Buenos Aires en préstamos productivos, para los segmentos que quieran tenerlo y mucho más", afirmó.

   Para Chiesa, en cambio, es el momento de hablar de la responsabilidad fiscal, de la inflación y los impuestos.

   "Esto no es negociable. Hay que reducir la carga tributaria.

  Argentina debe diseñar un sistema de impuestos equitativos" porque "si se revalúa tomando un incremento promedio del 50% de una única vez, sin un escalonamiento que permita reacomodar el sistema productivo, el golpe va directo al bolsillo del sector", expresó.

   Dijo que esa modalidad les quita capacidad de reinversión a todos y en algunos casos la imposibilidad del pago, con las consecuencias de punitorios: "Los tiempos biológicos tienen una dinámica que no parecen entender los entes recaudadores".

   "De esta manera, no nos queda otro camino que entrar en ritmo de colisión", finalizó el presidente de CRA su alegato.

   | El otro dirigente que opinó al respecto fue Daniel Pelegrina, actual presidente de la Sociedad Rural Argentina, consultado por Noticias Argentinas.

   Sucintamente manifestó que en su entidad están de acuerdo con el rumbo del Gobierno con relación al sistema agroindustrial: "es el correcto", enunció.

   No obstante recordó que la SRA se ha pronunciado de manera enfática en que es necesario hacer una reforma fiscal porque la carga tributaria pesa sobre el sector y esperan que ese cambio suceda.

   La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina difundió también esta semana el Indice trimestral FADA que mide el peso del Estado sobre la renta agrícola y que en diciembre 2017 es del 66,2 por ciento, con un aumento del 3,2% respecto del mismo período de 2016.

   Así se desprende que de que cada 100 pesos de renta que genera una hectárea agrícola, los distintos niveles del Gobierno se llevan 66,20 pesos, un número que reaviva las protestas.  

 

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