May 11, 2017 | Columnas
Buenos Aires, 7 mayo (Especial de NA, por Matilde Fierro) —
Fue necesario un paro total de actividades en la industria láctea
para que reaccionaran las partes y el Gobierno destrabara
los fondos estimados en 450 millones de pesos para asistir a la
cooperativa SanCor en su profunda crisis.
Tras algunos momentos de tensión y un absoluto acatamiento a la
medida de fuerza por parte de 30 mil afiliados a la Asociación de
Trabajadores de la Industria de la República Argentina (Atilra) en
el país, el Ministerio de Trabajo de la Nación se convirtió en el
puente de las distintas posiciones.
Ante el cese de actividades en sus plantas, el Centro de
Industria Lechera (CIL) interpuso un recurso de conciliación
obligatoria el jueves, día del paro, que había comenzado con un
plazo de 24 horas, pero que amenazaba extenderse por tiempo
indeterminado.
La huelga nacional fue votada por los 400 delegados de Atilra
que se dieron cita en la sede y esperaron pacientemente el
miércoles a la tarde que el secretario general del gremio, Héctor
Ponce, finalizara una extensa conferencia de prensa.
Ante una pregunta de NA, Ponce admitió que el gremio estaba
dispuesto a reducir hasta un 70 por ciento el monto del aporte
patronal permanente que perciben de las empresas lácteas de más de
3 mil pesos mensuales por empleado y que tiene como destino la
obra social.
Esta decisión demostró que no sólo SanCor está en crisis sino
la industria láctea en general y así se acordó la modernización
del Convenio Colectivo de Trabajo de todo el sector.
Apymel, Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas, en
medio de las negociaciones dio a conocer que unas 200 Pymes del
sector están en peligro de desaparecer.
SanCor, con 79 años de existencia, se ha convertido en un
emblema de una industria que no escapa a los problemas de costos y
precios internacionales.
Finalmente este viernes, luego del mediodía, se firmó un
acuerdo por el cual el Gobierno quedó comprometido a dar los 450
millones de pesos a SanCor, fondos que, según explicó el
ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, irá a parar a un
fideicomiso para enfrentar el "desmanejo" de la cooperativa.
Buryaile puso de relevancia, entre otros aspectos, que hay
gerentes de SanCor que cobran sueldos de 400 mil pesos y que no
han sabido estar a las alturas de lo que necesitaba la
cooperativa.
El presidente Mauricio Macri, por su parte, evaluó en la semana
que habría que buscarle un "socio" a la cooperativa basada en
Sunchales, Santa Fe, con 11 plantas, cuatro inactivas, 4.400
empleados y 22 mil relacionados en forma indirecta.
En tanto, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, se
quejó por la demora del Gobierno central en dar la ayuda, ya
que las negociaciones insumieron 60 días y produjeron a SanCor la
pérdida de unos 200 millones de pesos.
Los tamberos santafesinos, agrupados en la Mesa de Productores
Lecheros de Santa Fe (Meprolsafe), festejaron el acuerdo, pero
señalaron que hace falta una profunda reestructuración en SanCor.
El secretario de la entidad, Marcelo Aimaro, aseguró que "este
dinero alcanza para comenzar a pagarle a los productores, abonar
los sueldos, comprar insumos y para que reactiven la industria
nuevamente, pero el Gobierno pondrá sus condicionamientos para
reestructurar a fondo, como corresponde".
"Hay que reestructurar la empresa, volver a recuperar la
producción, la materia prima, que no va a ser mañana; hay que
pagarle al productor para que pueda rearmarse, es un proceso que
va a llevar un tiempo", dijo.
Mientras tanto en las góndolas de supermercados y autoservicios
ya es patente el desabastecimiento de productos SanCor, como
yogures, crema, el conocido queso untable Mendicrim mientras que
la leche hace tiempo que no se comercializa.
Ocurre que muchos tamberos proveedores dejaron de entregar la
materia prima por falta de pago y quizá unos mil se pasaron a la
soja ante el estado de las cosas, en el último año.
Mientras tanto, el silencio por parte del presidente de SanCor,
Gustavo Ferrero, sólo fue interrumpido por algunas frases que
trascendieron en las cuales pedía que el Gobierno, las cámaras
empresariales y el sindicato llegaran a un acuerdo, mientras sus
empleados aceptaron diferir el 15% de sus salarios por seis meses.
En tanto Ponce rescató "la unidad solidaria y monolítica que
han demostrado los compañeros y compañeras a lo largo del tiempo
que duró la huelga, unidad en la acción que nos permite
salvaguardar nuestros derechos".
Además les dijo a sus adherentes que "la solidaridad demostrada
por todos los compañeros para con los trabajadores de SanCor
es digno de todo elogio" y así terminaba esta etapa del conflicto.
Primicias Rurales
May 3, 2017 | Columnas
Buenos Aires, 30 abril (Especial de NA, por Matilde Fierro) —
Los exportadores agroindustriales están demorados en liquidar
divisas ante el retraso de la recolección de soja campaña
2016-2017, en especial por las contingencias climáticas y a este
panorama se le suma la resistencia del productor a deshacerse de
su materia prima.
De acuerdo con el reporte semanal de la Cámara de la Industria
Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de
Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan un
tercio de las exportaciones argentinas, ingresaron 412 millones de
dólares de la agroexportación en la última semana contra 681
millones del mismo período del año pasado.
Asimismo, el monto liquidado desde comienzos de año 2017 hasta
el 21 de abril asciende a 6.044.893.267 dólares mientras que en
2016 al 22 de abril la suma llegó a 7.517.144.871 dólares.
"No liquidan divisas porque no se levanta la cosecha y los
productores no están vendiendo al ritmo que deberían hacerlo",
confirmó a NA, el director de Agritrend S.A y consultor, Gustavo
López.
Explicó que, al no haber tanta mercadería, la liquidación de
divisas se retrasa porque el proceso es que "se compra con la
plata que traen de afuera", pero "la gente tiene miedo de vender
porque no sabe cuándo exactamente va a cosechar".
Para López "se exportó bastante trigo, pero la soja hasta que
no le fijen precio son divisas que no van a entrar, hay muchos
productores que esperan que de pronto haya una mejora cambiaria",
posibilidad que algunos remontan para después de las elecciones.
El único mercado que demanda soja es China "hasta julio" y así
en "agosto se iría liquidando de a poco", expresó.
Lo concreto que ante una lluvia de dólares, producto del
blanqueo, entre otros factores, hay opiniones que en voz baja,
especulan que al Gobierno quizá le convenga el retraso de las
liquidaciones agroexportadoras porque no ingresa tanta moneda
norteamericana.
"Además está la incertidumbre de vender para el productor, lo
que se ve en que no está cerrado el precio", acotó López quien en
su análisis manifestó que "el total comprado en este ciclo de la
oleaginosa alcanza las 16 millones de toneladas, en tanto que a
precio hecho sólo se han realizado 5.3 millones de toneladas, es
decir 33% del total adquirido".
El resto es mercadería con precio a fijar, mientras la campaña
de soja podría llegar a superar los 56,6 millones de toneladas,
según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Es decir que todavía hay mucha tela para cortar, al tiempo que
han entrado divisas por cereales con mejor ritmo, en un negocio de
liquidación que está vinculado con la compra de granos que luego
serán exportados con o sin industrialización posterior como
subproductos.
Por su parte, el ingreso de divisas de la agroindustria es
anterior al hecho específico de la exportación propiamente dicha
que puede ser de 30 días antes en el caso de los granos y de 90
días previo al embarque de harinas y aceites.
El ciclo comercial de granos, la existencia de stocks
internacionales, catástrofes climáticas, las oscilaciones de los
precios mundiales, problemas de transporte de los granos y
productos, normas fijadas por el Estado, son algunos de los
tópicos que influyen en la liquidación de divisas.
El año que lidera las estadísticas de las empresas del sector
es 2011 con 25.133.393.782 agro-dólares liquidados y el más bajo
fue el 2003 con 9.450.254.098 dólares, en tanto, 2016 finalizó con
23.910.393.560.
En 2016, de acuerdo con números del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, INDEC, hubo mayor crecimiento de trigo,
maíz y girasol entonces las exportaciones aumentaron un 23% y las
MOA, Manufacturas de Origen Agropecuario, un 4,3% por el alza de
las ventas de aceite y harinas de soja.
La Bolsa de Comercio de Rosario maneja otros datos: las
exportaciones en volumen del complejo sojero (poroto, pellets,
aceite y harina) entre abril y diciembre de 2016 cayeron respecto
de 2015 en promedio un 21% porque no hubo buena calidad del grano
por las cruentas lluvias ocurridas el año pasado.
Por su parte, la Argentina ocupa el primer lugar en el mundo en
exportaciones de aceite de soja con el 47 % del mercado global en
2016, harinas proteicas de soja (50,5 %) y aceite de maní (34%).
Es el segundo exportador en el mundo de sorgo con 14% del total
y el tercero en grano de soja (7,8%), de maíz (17%), harinas de
maíz (17%), de maní (15%) y de girasol (8%) y ocupa el cuarto
lugar internacional en la venta mundial de aceite de girasol
(4,8%), el quinto en cebada (7%) y es el séptimo en trigo con el
1% de la totalidad de lo que se comercializa a nivel
internacional.
PRIMICIAS RURALES
NA
Abr 28, 2017 | Columnas
Buenos Aires, 23 abril (Especial de NA, por Matilde Fierro) —
El ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, se
vio obligado a recurrir a la Oficina Anticorrupción para que
aclare si hay un "conflicto de intereses" que le impida ocupar su
cargo.
Fue después de que la diputada nacional del GEN, Margarita
Stolbizer, diera a conocer su "Informe sobre Empleo Público" el
lunes 17 de abril en el que consigna que Buryaile "es empresario
agropecuario" y eso lo llevaría a una encrucijada en su puesto
frente al Ministerio de Agroindustria.
Stolbizer, en plena campaña electoral, explicó en su trabajo,
que está disponible en su página web, que un informe del
empleo público no puede dejar de mencionar un "nuevo fenómeno" que
se da a partir de la "incorporación" de funcionarios "con claros
conflictos de intereses".
"Me refiero a funcionarios de primera línea que tienen una
manifiesta incompatibilidad en el ejercicio de sus tareas por
haberse desempeñado hasta el día antes de asumir al frente de
empresas privadas relacionadas con el cargo público que ahora
desempeñan", indicó la legisladora.
Enunció: "Hay Ministerios poblados de casos con graves
conflictos de interés, tales como el Ministerio de Agroindustria,
Ministerio de Producción y Energía".
"Estas situaciones deben prevenirse y resolverse
anticipadamente, para evitar la colisión en ejercicio de la
función, entre los intereses del Estado o públicos y los que
pudiera tener el funcionario en cuestión", dijo.
Además señaló que "la identificación de las personas y sus
cargos tampoco importa ningún juicio o prejuicio respecto de
capacidades o integridad personal".
Mencionó la inexistencia de un protocolo de actuación, como la
falta de consultas previas a las designaciones, o la
insuficiencia de los trámites vinculados con las declaraciones
juradas, han puesto en la mira estas situaciones particulares que
afectan la credibilidad y la transparencia de la gestión.
Así entre los ejemplos colocó a "Buryaile, Ricardo, ministro de
Agroindustria. Es empresario agropecuario" y también cayó en la
volteada, "Castro, Carolina, subsecretaria de Política y Gestión
de la PyME", quien, según Stolbizer, "es accionista de empresas
cerealeras y automotrices".
Buryaile negó un conflicto de intereses en su cargo y le
solicitó a la Oficina Anticorrupción, que dirige Laura Alonso, que
determine "si existe alguna incompatibilidad legal" que impida
ocupar su función.
El escrito que presentó en la Oficina fue dado a conocer por el
mismo Buryaile en la red social Twitter.
"Soy tercera generación de productores agropecuarios de la
provincia de Formosa; luego personalmente me he interesado en el
bienestar y desarrollo del sector involucrándome de manera activa
e institucional en el gremialismo, habiendo sido desde vocal de la
Rural de mi ciudad hasta vicepresidente de CRA (Confederaciones
Rurales Argentinas)", sostuvo el ministro.
También señaló que en "2009 fue elegido diputado nacional por
Formosa donde me desempeñé como presidente de la Comisión de
Agricultura y Ganadería" y en el 2013 fue reelecto legislador.
"Todas estas actividades son de público conocimiento ya que mi
CV se encuentra publicado en la web del Ministerio", explicó el
funcionario.
Efectivamente en su Curriculum Vitae, Buryaile puso: "Productor
agropecuario ganadero de la región norte del país, Formosa".
En la nota enviada a la Oficina Anticorrupción señaló que
"efectivamente me encuentro vinculado a la actividad agropecuaria
desde distintos aspectos".
Recomienda respecto de lo que se entiende por conflicto de
intereses "estarse a lo que establece la Ley 25.188 de Ética en el
ejercicio de la función pública o a lo contemplado por la Oficina
a su cargo que concretamente establece que existe un conflicto de
intereses cuando los intereses personales, laborales, económicos o
financieros de un funcionario están en conflicto con el
cumplimiento de los deberes y funciones de su cargo".
"No me encuentro incurso en ninguno de los supuestos allí
previstos", se defendió.
En el último párrafo resalta "la superficialidad con la que se
enuncian situaciones genéricas sin dar precisiones a los que tan
livianamente somos mencionados", luego de dejar en claro el
"respeto" que le merece Stolbizer.
Primicias Rurales
Abr 18, 2017 | Columnas
Buenos Aires, 16 abril (Especial de NA, por Matilde Fierro) —
El Gobierno nacional en conjunto con el santafesino lanzaron esta
semana el programa Cosecha Segura 2017 para ordenar el tráfico de
cargas en el Gran Rosario por donde se calculan pasarán al final
de la temporada unos dos millones de camiones de granos.
Gerardo Milman, secretario de Seguridad Interior de la Nación,
en diálogo con NA, reconoció que el Estado no se hizo cargo de
las obras de infraestructura que fueron pedidas por las cámaras
del sector y los camioneros para el ordenamiento de la actividad
que lleva a la carga y descarga de granos y subproductos
agroindustriales.
Luego de que un camionero atropellara y matara a un piquetero
que le impedía el ingreso a la zona de descarga semanas atrás, la
ministra de Seguridad Patricia Bullrich lanzó el operativo
Cosecha Segura 2017.
Además de seguridad, consiste en un sistema nacional de
números de turno para que los camioneros tengan que esperar lo
menos posible para descargar en las plantas de veinte terminales
portuarias en la región que integran San Lorenzo, Timbúes,
General San Martín, entre otros enclaves.
"El operativo durará hasta que finalice la cosecha (junio por
lo menos), dijo Milman a Noticias Argentinas y aseguró que el
Ministerio de Transporte nacional se comprometió a acelerar las
obras necesarias para descomprimir el paso de 14 mil camiones
diarios entre "los que llegan y los que se van".
Además ingresarían 170.000 vagones ferroviarios y 4.000
barcazas, junto con 2.400 buques para embarcar granos, aceites y
subproductos y mercadería de distinta naturaleza y procedencia.
También están contemplados fertilizantes, azúcar y contenedores,
entre otros.
"No queremos que se nos cuele el narcotráfico", ante tanto
movimiento, sostuvo Milman al recordar que el 30 de diciembre, en
Zárate (Buenos Aires) encontraron 10 toneladas de marihuana en
una barcaza que traía soja desde Paraguay.
En 2016, bajaron por la hidrovía, siete millones de toneladas
de granos paraguayos y bolivianos mientras que, según un informe
de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), de ese total, 2.867.511
toneladas se embarcaron en el puerto uruguayo de Nueva Palmira,
3.364.611 toneladas se procesaron en las terminales del Gran
Rosario y 852.733 toneladas desde el puerto oceánico de Bahía
Blanca, en la provincia de Buenos Aires.
Lo concreto es que Bullrich y su par santafecino, Maximiliano
Pullaro lanzaron en la localidad de San Lorenzo (Santa Fe),
Cosecha Segura 2017, que tiene como objetivo reforzar la
seguridad en las inmediaciones de las terminales portuarias.
Estuvieron acompañados por el jefe de Gabinete del Ministerio
de Agroindustria, Guillermo Bernaudo, el secretario de Seguridad
Interior, Milman, cuya área coordina el operativo, y el
subsecretario de Transporte Automotor, Antonio Cortés.
Cosecha Segura 2017 se efectúa mediante el esfuerzo conjunto
de los Ministerios de Seguridad y Transporte de la Nación, del
Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, la
Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y Prefectura Naval Argentina
(PNA) y la colaboración del Ministerio de Agroindustria de la
Nación.
Este operativo surgió a consecuencia de la falta de
infraestructura, ya que escasean las playas para que los
camioneros esperen su turno para descargar, algunos camiones son
robados, y según Milman, muchos conductores se ponen "nerviosos"
y llegan a romper instalaciones.
Las obras de infraestructura de transporte pendientes en el
zona del Gran Rosario, de acuerdo con un trabajo de Alfredo Sesé
de la Bolsa rosarina, podrían tener algún avance en 2017, pero la
cosecha ya sobrepasó los tiempos.
Se trata de progresos en la Ruta Nacional A012 (Segunda
Circunvalación a la Ciudad de Rosario), la variante de la Ruta
Nacional N° 11, "peines" de acceso a los puertos y fábricas y en
el sistema ferroviario.
Estas obras han sido solicitadas, y también esperadas, desde
hace mucho tiempo, pero el cronograma presentado por la Dirección
Nacional de Vialidad permite observar que tal vez tendrían
principio de ejecución en el corriente año.
A partir de agosto se iniciarían los procesos de licitación de
obras y expropiaciones de cada una de las secciones de la Ruta
Nacionbal A012.
Estos avances permitirían comenzar la construcción de una de
las secciones en diciembre de 2017 con un plazo de obras de 24
meses.
Por otra parte, en cuanto a las obras de los accesos que
recorren calles y caminos municipales o comunales -comúnmente
denominados "peines"- a las terminales y puertos del Gran
Rosario; está previsto este año la confección del diseño del
flujo de cargas, los proyectos que convaliden los planes en
materia ferroviaria y los llamados a licitación de obras y el
inicio de los trabajos de construcción para el segundo semestre
de 2017.
En materia ferroviaria, además de las obras de renovación
total de la infraestructura de vías, en el marco de la
recuperación y mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano,
están en marcha dos llamados a licitaciones.
Milman precisó a NA que "el Estado no ha invertido en algo que
es muy redituable para los privados, el sector agroexportador" y
resaltó que "para el Estado la agroindustria es la principal
fuente de divisas".
Primicias Rurales
Abr 11, 2017 | Columnas
Buenos Aires, 9 abril (Especial de NA, por Matilde Fierro) —
La adhesión a la medida de fuerza impulsada por la Confederación
General del Trabajo el pasado jueves no llegó al campo donde las
cosechadoras siguieron implacables en su paso por los surcos de
soja, donde la lluvia lo permitió.
El paro encontró a los productores en plena cosecha de soja y
de maíz de la campaña 2016-2017 y mientras hubiera "piso" para
entrar, se trabajó fuerte.
Pergamino, una de las ciudades cabeceras de la zona núcleo
productiva argentina, ubicada en el noreste de la provincia de
Buenos Aires y rodeada de miles de hectáreas de la oleaginosa y
también del cereal se constituyó en muestra de cómo la gente que
vive de los recursos que genera el campo decidió no adherir.
Así fue, según evaluó el diario La Opinión, de Pergamino, que
la medida se sintió con mayor fuerza durante la mañana del jueves,
pero con el correr de las horas la situación se fue normalizando y
aquellos lugares que permanecían cerrados retomaron su labor, tal
como sucedió con las estaciones de servicio y los comercios en
general.
La actividad comercial hasta el mediodía fue prácticamente
normal en Pergamino, con un 80 por ciento de los negocios
abiertos, pero el ritmo fue habitual durante la tarde dado que
todos los comercios "levantaron las persianas" para retomar la
actividad, teniendo en cuenta que el movimiento en las calles
céntricas no tuvo cambios significativos comparado con un día
hábil.
Una de las cuestiones que llamó poderosamente la atención fue
que a nivel local las dependencias comunales prestaban
los servicios y cumplían con los cronogramas establecidos, incluso
con la recolección de los residuos en los barrios de Pergamino.
Mientras que ese jueves, la Sociedad Rural Argentina (SRA), que
preside Luis Miguel Etchevehere consignaba en un comunicado que
"en el convencimiento de que la Argentina progresa trabajando,
hoy, el campo no para".
En el mensaje, manifestaron que "se necesita del trabajo y el
esfuerzo de todos los argentinos para acompañar el camino de
crecimiento que está dando sus primeros pasos".
Ocurre que la percepción de los ruralistas era que los hombres
de campo no interrumpirían sus actividades, producto de las cuales
algunos viven todo el año y que sus familias seguirían el mismo
camino.
Por su parte, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria
Coninagro ya había sostenido que el paro de la CGT no era
"oportuno".
"Como representantes de los productores agropecuarios y sus
cooperativas, Coninagro quiere expresar que, frente al cambio
del escenario político, económico y social, es importante
fortalecer el empleo y la producción, pilares fundamentales
para salir del estancamiento", había señalado en un escrito.
Con el título "Coninagro apuesta al trabajo", la entidad que
preside el mendocino Carlos Iannizzotto señaló que "quedan
innumerables cosas por resolver en Argentina", pero "la
respuesta no es la huelga general".
Por su parte en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que,
como las otras entidades, representa a miles de productores en
todo el país, su presidente Dardo Chiesa, eligió hablar de un
"clima enrarecido" en un artículo de opinión.
"Hoy vemos con asombro una escalada de violencia y agresiones
hacia las instituciones y las autoridades nacionales de la
República Argentina que parece no haber llegado a su fin", dijo.
Se refirió a los bloqueos de accesos a las ciudades, cortes de
rutas y calles que se entremezclan con declaraciones de
representantes de algunos sectores que expresan sin tapujos que
desean que a este "gobierno elegido democráticamente le vaya mal".
Explicó que días atrás un reducido grupo de piqueteros cortó la
ruta y logró suspender finalmente un remate ganadero que se iba a
llevar a cabo en el predio de la bonaerense Sociedad Rural de
Azul, "en una clara afrenta a las libertades de comercio y de
tránsito".
En un comunicado de prensa inmediatamente después, la
Confederación denunció que "ante la gravedad de estos hechos y el
peligro de que este tipo de acciones de protesta comiencen a
repetirse en distintos puntos del país, desde CRA expresamos que
estos bloqueos impiden la normal comercialización de animales".
Analizaron que se ocasiona no solamente un grave perjuicio en
los productores ganaderos y las casas consignatarias, sino que
afectan directamente el trabajo de miles de argentinos que forman
parte de esta cadena de comercialización, desde los empleados
rurales, veterinarios y cuidadores, hasta los camioneros
encargados del traslado de los animales, entre otros trabajadores.
Por su parte, el jueves, Omar Príncipe, presidente de
Federación Agraria Argentina, eligió pedirle al Gobierno "que
asista urgentemente a los pequeños productores damnificados por el
agua y el granizo".
"En los últimos días ocurrieron fenómenos climáticos intensos
en las provincias de Tucumán, La Pampa, Mendoza y Salta, cuyos
efectos empeoraron en muchos casos las difíciles situaciones que
ya atravesaban los pequeños y medianos productores agropecuarios",
afirmó.
Primicias Rurales
Abr 4, 2017 | Columnas
Buenos Aires, 26 marzo (Especial de NA, por Matilde Fierro) —
La reutilización de las aguas residuales urbanas para asistir a
las actividades agropecuarias, en especial la de los agricultores
familiares, es una tendencia que ha decidido marcar FAO.
El organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura tiene en claro que el agua es un recurso muy valorado
y también escaso en muchas regiones de Latinoamérica.
Según sus datos la región de América Latina y el Caribe (ALC)
necesitaría invertir la friolera de 33 mil millones de dólares
para incrementar la cobertura de su tratamiento de aguas
residuales hasta el 64 por ciento, en los próximos 13 años, al
2030.
Según un nuevo informe de Naciones Unidas, en ALC las descargas
de aguas residuales urbanas están en aumento debido al crecimiento
de la población y la expansión de los servicios de abastecimiento
de agua y saneamiento.
La agricultura es el sector que más utiliza agua en la región:
más del 70 por ciento de las extracciones, mientras que el
suministro de hogares insume el 17 por ciento y la industria el 13
por ciento.
Un problema crítico y generalizado en la región es el uso de
agua contaminada para el riego cerca de las grandes ciudades, es
decir, en la agricultura periurbana, particularmente en las zonas
áridas y semiáridas.
Estas aguas suelen contener niveles inaceptables de
contaminación, pero también pueden ser residuales sin tratamiento
o, en algunos casos, tratadas.
Esto es practicado en su mayor parte por pequeños agricultores,
que cultivan frutas y verduras para los mercados locales en los
cinturones verdes que rodean a las ciudades y pueblos.
FAO opina que la principal motivación para el riego de aguas
residuales es la intensa competencia por el líquido en las cuencas
hidrográficas donde se ubican las grandes ciudades.
En la ALC, se necesitan aproximadamente "34 mil millones de
dólares para la expansión de los sistemas de drenaje de aguas
pluviales, lo que reduciría la contaminación resultante de la
escorrentía (deslizamiento del agua de lluvia libremente) urbana
incontrolada".
No es un aspecto para despreciar ya que la región se
encuentra en las zonas caracterizadas por fuertes lluvias y la
mayoría de las ciudades carecen de infraestructura de drenaje de
aguas pluviales adecuadas, por lo que las inundaciones urbanas son
un fenómeno común y costoso que afecta a gran parte de la
población como pudimos ver en Luján (Buenos Aires) y en otras
zonas.
El hecho de que las aguas residuales urbanas constituyan una
fuente de agua confiable, de bajo costo y rica en nutrientes ha
impulsado su reutilización.
Pero, como en muchos países los sistemas de monitoreo y control
del agua son débiles o inexistentes, representa un peligro para la
salud pública y la sanidad e inocuidad alimentaria.
Mientras tanto, el reporte destaca casos exitosos de
reutilización de aguas residuales urbanas tratadas para riego en
la Argentina, Bolivia, Chile, México y Perú.
A medida que las exportaciones regionales de productos
agrícolas se han incrementado, también ha aumentado la
contaminación causada por filtración y escurrimiento de aguas
residuales agrícolas que contienen fertilizantes, pesticidas y
otros agroquímicos, según FAO.
Esta contaminación es especialmente preocupante en el caso de
las aguas subterráneas, una importante fuente de suministro tanto
para los servicios de agua domésticos como para el riego.
Durante décadas, la cobertura del tratamiento de aguas
residuales se mantuvo muy baja en América Latina y el Caribe.
Casi todas las aguas residuales urbanas, incluidos los desechos
industriales, excepto los más tóxicos, se descargaban en las masas
de agua más cercanas, sin ningún tratamiento.
En consecuencia, muchos ríos, lagos y aguas costeras fueron
fuertemente contaminados, y aún lo están, con graves consecuencias
para el medio ambiente, la salud y bienestar de la población y el
desarrollo socioeconómico general de la región, especialmente de
la agricultura y el turismo.
Los avances en la región para el tratamiento de las aguas
urbanas residuales han sido en su mayoría proyectos aislados, en
respuesta a los problemas sociales y ambientales locales, en lugar
de programas integrados sustentados a nivel nacional.
De acuerdo con el estudio, Chile es el país que más ha
avanzado, con tratamiento universal de aguas residuales
urbanas y le siguen con la mitad de procedimientos, Brasil, México
y Uruguay.
Es conocido que hay planes ambiciosos para la expansión de las
aguas residuales en muchas ciudades grandes, como Buenos Aires,
Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Ciudad de México y San Pablo
(Brasil) Paulo, pero la mayoría de éstos se han retrasado durante
años debido a limitaciones financieras e institucionales.
Primicias Rurales
