Buenos Aires, 16 de febrero (PR/21) .– Un grupo de entidades agropecuarias de la provincia de Buenos Aires denunciaron que grupos del gremialismo del INTA alineados con el kirchnerismo y el Frente de Todos ostensiblemente están accionando para convertir a la institución en una “peligrosa trinchera partidaria”.
Con un señalamiento parecido, el periodista Matias Longoni publicó una nota de opinión en la cual sostiene que “El INTA se politiza peligrosamente: El kirchnerismo más duro quiere avanzar sobre la conducción del organismo y ya condiciona a muchos investigadores”.
En Córdoba
Complementariamente, Agroverdad recibió en los últimos tiempos comentarios de técnicos e investigadores del INTA en la provincia de Córdoba, transmitiendo su desazón por el entorpecimiento que han sufrido sus trabajos científicos o de investigación, por parte de sectores internos que pretextaban las restricciones impuestas por el COVID-19 para no realizar tareas con las que, objetivamente, se impidió que se realizaran muchos ensayos que estaban programados en investigaciones que llevan muchos años de desarrollo.
Además, habría que acoplar a la acción del gobierno o sectores específicos de la coalición oficialista, los planes que corren por la línea de la llamada “agricultura familiar” y otros que se han canalizado por las organizaciones de la titulada “economía popular” que lidera Juan Grabois.
Bien podría caracterizarse a todo esto como un gran despliegue para copar y operar organismos estratégicos o planes y programas que cumplen un cometido semejante.
Intenso proceso de politización
Longoni afirma: “A esta altura, lo que está quedando muy claro es que el INTA vive un intenso proceso de politización que altera la vida institucional. La empobrecedora grieta que se vive en todos los eslabones de la sociedad tiene su propio capítulo en este instituto público, que debería ser lo más aséptico posible y ofrecer espacios de paz y tranquilidad para el desarrollo de sus investigaciones”.
El periodista incorpora a su nota declaraciones radiales del secretario general de APINTA (Asociación del personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), Mario Romero, “(que) blanqueó esta situación de modo más que generoso, reconociendo que hay sectores del organismo -incluso su gremio- que impulsan este tipo de enfrentamiento entre modelos más que a hacer lo que deberían hacer: defender a sus afiliados para que puedan generar investigación y extensión agropecuaria. Por supuesto que -un clásico- el sindicalista le echó la culpa de esta colisión al otro gobierno, el de Mauricio Macri”.
Renuncia de profesionales
Longoni considera funcional a esa posición al director nacional del organismo, Carlos Parera, quien ha “dado muestras de docilidad frente” a distintas presiones internas que se han ejercido.
Menciona igualmente que “en el INTA Balcarce, una de los principales enclaves de investigación agropecuaria del país, ya se han producido también algunas renuncias de profesionales reconocidos por razones de índole política”.
Frente de Todos INTA
El INTA cuenta con un Consejo Directivo que es un cuerpo colegiado integrado por cinco representantes del sector público y cinco del sector privado, que posibilita una activa participación del sector productivo en la fijación de las políticas y las estrategias de la institución.
Relata igualmente que la creciente politización en el INTA se impulsa con “la aparición de nuevas expresiones internas, como una flamante agrupación “Frente de Todos INTA”, que en los últimos días ha difundió una proclama a tono con los planteos del sindicalista Romero.
Vamos por todo
En ese documento, el FdT INTA cuestionan a la Mesa de Enlace y se encolumna con el gobierno en la discusión sobre los precios de los alimentos, justifica la existencia de las retenciones y los controles de precios, proponen la recreación de una Junta Nacional de Granos (JNG) e insiste con la necesidad de expropiar a Vicentin, para que el Estado intervenga en el comercio de granos.
En suma, para Longoni “resulta inevitable remarcar que lo que sucede actualmente dentro del INTA es un intento de los sectores ligados al kirchnerismo de controlar todos los hilos de poder dentro del instituto.
Seis senadores demócratas anunciaron el lunes una ley para poner fin a la discriminación en el USDA y ampliar las tierras agrícolas de propiedad de los negros en hasta 32 millones de acres mediante concesiones de tierras a lo largo de 10 años. Entre los patrocinadores se encuentran cinco miembros de la Comisión de Agricultura del Senado, que se encargaría del proyecto de ley.
«La Ley de Justicia para los Agricultores Negros abordará y corregirá la discriminación del USDA y tomará medidas audaces para perdonar la deuda y restaurar las tierras que se han perdido con el fin de empoderar a una nueva generación de agricultores negros para que tengan éxito y prosperen», dijo el senador de Nueva Jersey Cory Booker, quien originalmente presentó el proyecto de ley en noviembre pasado. Murió cuando el Congreso levantó la sesión en diciembre.
Según la legislación, una junta independiente revisaría las apelaciones de las quejas de derechos civiles presentadas contra el USDA, investigaría las quejas de discriminación dentro del departamento y supervisaría los comités de condado elegidos por los agricultores que guían las operaciones en las oficinas locales del USDA. También aumentaría la financiación de un programa del USDA para resolver el problema de la «propiedad de los herederos» de las tierras que pasan de una generación de una familia a otra sin un título claro. Un nuevo Servicio de Acceso Equitativo a la Tierra otorgaría subvenciones de 160 acres cada una a un máximo de 20.000 agricultores negros experimentados anualmente hasta 2030.
En 1920, había casi 926.000 agricultores negros, frente a los menos de 50.000 actuales. El gobierno acordó en los llamados acuerdos Pigford de 1999 y 2010 compensar a los agricultores negros que se vieron perjudicados por prácticas discriminatorias como la denegación de préstamos del USDA y la lentitud en la tramitación de las denuncias de derechos civiles.
Junto a Booker, los patrocinadores son los senadores Elizabeth Warren, de Massachusetts. Elizabeth Warren de Massachusetts, Kirsten Gillibrand del estado de Nueva York, Tina Smith de Minnesota, Raphael Warnock de Georgia y Patrick Leahy de Vermont. Todos ellos, excepto Warren, forman parte de la Comisión de Agricultura. Warren y Gillibrand fueron copatrocinadores el año pasado.
Buenos Aires, 25 de enero (PR/21) .–El Diputado nacional, Ricardo Buryaile, junto a otros compañeros del interbloque de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de resolución para interpelar en una sesión plenaria de la Cámara de Diputados, a la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Miriam Losardo y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio César Pietragalla Corti, a fin de que informen públicamente y respondan las inquietudes de los legisladores y las legisladoras nacionales, por diversas cuestiones jurídicas de la Provincia de Formosa respecto a la situación que viven los formoseños y formoseñas en los denominados “Centros de Aislamientos” provinciales en clara violación a los Derechos Humanos.
“En Formosa, se están dando hechos gravísimos que no sólo está circunscripto al ámbito de la política y de las cuestiones sanitarias, sino que ya han pasado el umbral de claras violaciones a los derechos humanos de las formoseñas y formoseños”, afirmó Buryaile.
El ex ministro de Agroindustria de la nación, afirma que, en la provincia, se implementó el “Programa de Ingreso Ordenado y Administrado de Personas a la Provincia de Formosa”, y que “lamentablemente este sistema ha dado lugar a incontables arbitrariedades, algunas de ellas tan graves, que son una clara afrenta a los derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales vigentes en nuestro país”, aseguró.
Buryaile, recordó que oportunamente como Diputado de la nación, meses atrás, elaboró una denuncia formal ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sobre una serie de hechos en los que he manifestado las diversas situaciones violatorias de los Derechos Humanos en suelo formoseño. “Muy detalladamente, denunciamos ante las autoridades nacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las claras violaciones a los Derechos Humanos y a los fallos judiciales por parte del Poder Ejecutivo de la Provincia de Formosa, imponiendo supuestas medidas sanitarias se excedan en aquellos principios y garantías que precisamente busca proteger, deviniendo su irracionalidad en medidas autoritarias y restrictivas claramente violatorios de las libertades constitucionales”, afirmó el legislador nacional.
En los centros de aislamiento, “las condiciones habitacionales distan muchísimo de lo que podría considerarse “digno”, siendo espacios compartidos sin refrigeración, camas sin distanciamiento correspondiente y sin derecho a la intimidad”, fustigó Buryaile. La difícil situación sanitaria, social y política por la que atraviesan los formoseños, se vio intensificada en la jornada del pasado 21 de enero, cuando dos concejalas, Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz, participaron de una manifestación para reclamar por las “condiciones inhumanas” en un Centro de Aislamiento de la capital provincial, y fueron apresadas por la policía provincial durante más de una hora. “Éste es un capítulo más de todos los excesos que se cometen en Formosa”, sostuvo el Diputado.
El proyecto de resolución presentado, sostiene: “una pandemia nunca puede ser utilizada para ir en contra de los principios democráticos y republicanos. Hoy estamos viviendo un claro abuso de la autoridad en todos los niveles”. Además, menciona que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación “debe ser el encargado de fortalecer el sistema de Derechos Humanos en nuestro país y velar por su cumplimiento, respeto y protección”. Finalmente, Buryaile remató: “Estamos a la espera y exigimos una urgente respuesta y medidas concretas en resguardo de los derechos de los formoseños y formoseñas que están siendo vulnerados por parte del Poder Ejecutivo Provincial”.
Chaco, 18 de enero (PR/21) .- El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), se reunió con el Gobernador del Chaco, CPN, Jorge Capitanich, acompañado por el Ministro de Industria.
Producción y Empleo, Sebastián Lifton y entidades integrantes del Consejo
Agroindustrial de la Provincia del Chaco.
El Gobernador destacó la importancia de diseñar, junto al sector privado,
políticas de largo plazo apoyando la creación de empleo, la inversión, la
produccion y la agregación de valor, como lo propone el CAA
Durante la reunión se presentó al Gobernador, los avances de los avances cuatro
Mesas de Trabajo conjunta entre el CAA y el equipo Gobierno Nacional, a saber:
Mesa 1: Proyecto de Ley Incentivos a Inversiones Mesa 2: Economías
Regionales Agroindustriales; Mesa 3: Sector Carnes, Mesa 4: Facilitación
Administrativa y Burocrática para Exportar .Mesa 5: Sector Pesca y Mesa 6:
Biocombustibles. Destacándose, que a la fecha. Se llevaron a cabo 27
encuentros técnicos con el gabinete Económico.
Los representantes del CAA expresaron la importancia que se trate y apruebe,
lo antes posible, en el Congreso Nacional, el proyecto de Ley de Incentivos a las
Inversiones. Sobre este punto, el Gobernador se comprometió a presentar
el tema en la próxima reunión del Consejo Federal Norte Grande, que reúne
10 Gobernadores el norte del país, de la cual participaría el Presidente de
la Nación, que se llevará a cabo el miércoles próximo.
Asimismo, se trató, especialmente, el rol de las economías regionales, en la
provincia y la necesidad de agregar valor en origen para las mismas.
El Gobernador, manifestó su apoyo y el de los legisladores provinciales al
proyecto de ley de incentivos de inversiones que propone el CAA, señalando la
importancia de que el mismo contemple una simplificación burocrática para
inversiones; estabilidad fiscal y definición de incentivos para nuevas inversiones
de las cadenas productivas y vincular de manera plurianual, la infraestructura
necesaria para el desarrollo de la logística productiva.
Partido de La Costa, 17 de enero (PR/21) .-El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, y la diputada nacional Daniela Vilar recorrieron este fin de semana el Partido de La Costa para interiorizarse en sus políticas de inclusión social.
Los legisladores del Frente de Todos acompañaron a la Directora Ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta; y al diputado provincial y ex intendente, Juan Pablo de Jesús; en una visita a la oficina del organismo en Mar de Ajó y la Unidad de Atención Móvil en el marco del “Operativo Verano, que a diferencia de años anteriores pone foco en la nocturnidad y el control sanitario por COVID-19. Durante el encuentro, también estuvieron presentes el diputado provincial, José “Cote” Rossi y la senadora Gabriela Demaría.
“Conversamos con vecinas y vecinos que se acercaron a realizar sus trámites y también con trabajadores del organismo”, contó Otermín. Y añadió: “Junto a Alberto (Fernández), Axel (Kicillof) y todos los compañeros y compañeras del gobierno nacional y bonaerense estamos recuperando el tiempo que nos sacó la pandemia de la forma que sabemos hacerlo: al lado de los jubilados, de los más humildes, de quienes más necesitan de un Estado presente y protector para desarrollarse”.
Vilar y Otermín acompañaron a la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, y al diputado provincial y ex intendente de La Costa, Juan Pablo de Jesús
Además, el Presidente de la Cámara Baja bonaerense destacó “la labor que están llevando adelante el intendente Cristian Cardozo y el diputado Juan Pablo de Jesús para que la Costa sea el destino turístico más elegido durante esta temporada”.
Luego recorrieron la cooperativa “Reciclando Vidas” en Santa Teresita. La organización, compuesta en un 50% por jóvenes liberados, gestiona más de 100 puntos verdes en el Partido en articulación con el Municipio. Más tarde, estuvieron en la Cooperativa Frutihortícola de La Costa junto a Berno Álvarez e Ilter Martínez, los impulsores de la iniciativa de alimentación sustentable en la que participan 25 familias de la zona.
Vilar y Otermín se interiorizaron en las políticas de inclusión social y ambiental que lleva a adelante el Partido de La Costa
“Estuvimos con Federico Otermín y Juan Pablo de Jesús recorriendo la cooperativa Reciclando Vidas de Santa Teresita y la cooperativa frutihortícola de La Costa. Impresionante el trabajo que hacen los compañeros y las compañeras. Son muy importantes las políticas de gestión sustentable con perspectiva de inclusión social del Municipio de La Costa. La agenda ambiental es fundamental para lo que viene y desde los municipios hay muchísimo potencial para trabajar estos temas”, destacó Vilar.
Federico Otermín supo desempeñarse como periodista y productor de TV hasta que en 2009 fue convocado por el intendente Martín Insaurralde para dirigir el equipo de Comunicación del Municipio de Lomas de Zamora.
Los diputados también visitaron una cooperativa de vivienda
En 2013 asumió el cargo de secretario de Cultura y Comunicación de Lomas de Zamora, que ocupó hasta diciembre de 2017. Durante su gestión, creó Cultura Lomas, una comunidad de artistas y vecinos, y logró aumentar exponencialmente la oferta artística en Lomas de Zamora, con la ampliación y apertura de nuevos centros culturales municipales, así como también la inauguración del primer teatro oficial del municipio.
Actualmente, además de ser diputado provincial por el Frente de Todos, es consejero de Juventud del Partido Justicialista bonaerense y congresal del PJ nacional. Fue secretario de Juventud del Partido Justicialista de Lomas de Zamora.
Por su parte, Daniela Vilar es Licenciada en Ciencias Políticas, tiene 36 años y realizó un posgrado en Desarrollo Local y Economía Social en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Actualmente cursa la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés.
Comenzó su militancia política desde muy joven, también en el distrito de Lomas de Zamora. Es integrante deLa Cámpora. En 2015 resultó electa como Concejal de Lomas de Zamora por el Frente para la Victoria, cargo desde el que desarrolló políticas públicas de gestión ambiental sustentable, participación ciudadana, género, juventud, desarrollo de la primera infancia, entre otras.
En 2019 fue electa diputada nacional por el Frente de Todos. Preside la Comisión de Modernización Parlamentaria y es vicepresidenta 2° de la Comisión de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente.
Buenos Aires, 15 enero (PR/21) — La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, aseguró que «jamás» aplicaría la vacuna Sputnik V contra el coronavirus por considerar que «no hay información clara» sobre su efecto en mayores de 65 años, al tiempo que denunció que se trató de «un negocio» de la vicepresidenta, Cristina Kirchner», con Rusia.
«Ha sido un negocio. Es una imposición de Cristina a (el presidente) Alberto Fernández», sostuvo la ex diputada nacional.
En declaraciones a TN, la chaqueña consideró que «el Gobierno no ha tenido la más mínima seriedad en el tema de la vacuna».
Al ser consultada sobre si se aplicaría la Sputnik V, Carrió manifestó: «Jamás me pondría la vacuna, porque no hay información clara».
Al respecto, recordó que se presentaron «los pedidos de interpelación a (el ministro de Salud) Ginés González García y una denuncia contra él y la Anmat».
«Cuando la desconfianza es tal y se juega con la salud de los argentinos es todo tan poco serio», añadió.
Por otra parte, Carrió señaló que baraja la posibilidad de competir electoralmente en la Provincia de Buenos Aires.
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Los diputados también visitaron una cooperativa de vivienda
