El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores se reúne el miércoles a las 12. El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, sostiene que el proyecto esconde la subordinación de la seguridad nacional a un plan continental impulsado desde Estados Unidos.
Buenos Aires, lunes 28 de septiembre (PR/26)– El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno presentó con gran despliegue el pasado 17 de septiembre, entra esta semana en su etapa decisiva. Se trata de un nuevo capítulo en la escalada de tensión con el Reino Unido por la situación de las Islas Malvinas.
El plenario de comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá este miércoles 30 de septiembre a las 12. El cronograma prevé cerrar el trabajo el martes 6 de octubre, con la firma de los dictámenes correspondientes. El oficialismo marcará el ritmo de la discusión, ya que conduce las tres comisiones a través de Carlos Zapata en Defensa, Laura Rodríguez Machado en Legislación Penal y Juliana Santillán en Relaciones Exteriores.
Qué propone exactamente el proyecto oficial
La iniciativa endurece las penas hasta los 20 años de prisión para quienes exploten o cooperen con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos, además de inhabilitarlos para operar en el país.
Se deja atrás la actual Ley 26.659 y se amplía el universo de prohibiciones: ya no se limitan a los hidrocarburos, sino a cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos renovables y no renovables.
También se crea un registro público de infractores, con el que el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar. Se suma, además, la figura del juicio en ausencia para estos delitos.
Otro punto central es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente e integrado de forma permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
Ese Consejo coordinará las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, y podrá intervenir en la protección de infraestructuras críticas del país.
Ante una amenaza grave e inminente, el organismo podría restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear fondos, suspender contrataciones, limitar importaciones y exportaciones o elevar aranceles de manera transitoria.
Entre las herramientas más resonantes figura la posibilidad de autorizar, como último recurso, el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles, luego de agotar otras instancias del protocolo previsto.
Prohibición de aportes económicos extranjeros}
El proyecto prohíbe además los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas.
Se incorporan nuevos delitos: revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar con operaciones clandestinas, y desarrollar, con financiamiento extranjero, campañas de desinformación o maniobras para alterar procesos electorales.
También redefine las funciones de la Defensa Nacional, habilitando su intervención en seguridad interna frente a amenazas externas, tanto estatales como no estatales.
Por último, se crea por ley el RePET, el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas al Terrorismo y su Financiamiento, que permite inmovilizar bienes y prohibir operaciones económicas con quienes figuren inscriptos.
La oposición se atrinchera y habla de extorsión política
El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, encabeza la resistencia. El viernes anterior había organizado en la Cámara baja una audiencia informativa bajo el título «¿Soberanía o patio trasero?».
Para el legislador, se trata de una extorsión política en torno a Malvinas, orquestada según él por Santiago Caputo, que mezclaría las sanciones por las islas con la creación del Consejo de Seguridad Nacional para que rechazar el proyecto se lea como votar contra la soberanía argentina.
Marino describe la iniciativa como un «caballo de Troya», y sostiene que su verdadero objetivo sería alinear al país con el gobierno de Estados Unidos.
Según su lectura, el proyecto traduce en derecho interno una serie de iniciativas de la administración de Donald Trump y Marco Rubio: desde el Escudo de las Américas y el Memorándum de Seguridad Nacional N.º 7, hasta la cumbre ministerial contra el llamado «terrorismo político», la Conferencia Anticárteles y la fuerza de tarea conjunta impulsada por el secretario de Defensa estadounidense.
Sobre el RePET, advierte que permitiría inscribir a organizaciones o personas como «terroristas» con solo «motivos razonables para sospechar», sin necesidad de una causa penal abierta.
El diputado remarca que la sola inscripción bastaría para congelar bienes sin orden judicial previa, y que un artículo del proyecto blindaría de responsabilidad a quien aplique ese congelamiento, aun si después se comprueba que no correspondía.
A eso se suma, según explica, un nuevo delito de «manipular la opinión pública» con financiamiento extranjero, castigado con penas de entre 5 y 12 años de prisión.
Marino también cuestiona que el proyecto permitiría integrar radares de otros países al sistema nacional, instalar radares militares en cualquier provincia sin el aval de esa jurisdicción, y habilitar la coordinación de Estados extranjeros sobre territorio argentino.
Para el diputado opositor, la conclusión es contundente: el texto no defendería la soberanía nacional, sino que convertiría en legislación interna un plan continental diseñado desde Washington.
Los mercados le dan al presidente una alta chance de reelección, pero la política y la opinión pública muestran un escenario mucho más parejo. El rol de Cristina Kirchner como facilitadora o no de la unidad peronista será decisivo.
Por Hugo Haime
Buenos Aires lunes 28 septiembre (PR/26)– Todavía falta un largo trecho para las elecciones nacionales, pero ya hay tres formas distintas de leer lo que puede pasar.
Está la mirada de los mercados, la de la política y la de la opinión pública. Y aunque cada una parte de datos distintos, ninguna termina de cerrar la historia por sí sola.
Lo que dicen los números de los bonos
Arranquemos por los mercados. Ahí la lectura es clara: los operadores están convencidos de que Javier Milei será reelecto, con probabilidades que rondan el 70% u 80 por ciento.
Ese número surge de mirar el valor de los bonos, el estado de la deuda y las chances de default del país. La lógica es simple: si hay superávit fiscal, estabilidad financiera y dólares para pagar compromisos, el oficialismo tiene el camino allanado.
Pero no todos miden igual. Como explica Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment, “hay muchas formas de hacer el cálculo para que te dé 53 o 70%, depende de qué instrumento de deuda uses y qué supuestos manejes”. La pregunta de fondo es otra: ¿cuánta capacidad predictiva tienen realmente los mercados?
Repasar elecciones pasadas ayuda a responder. Antes del ballotage Macri-Scioli, el mercado daba ganador a Scioli; después de la primera vuelta, le dio a Macri un 70% de probabilidad de éxito. Macri terminó ganando por menos de dos puntos.
En 2019 el fracaso fue total. Antes de las PASO, el mercado ubicaba a Macri entre 65% y 80% de probabilidad de reelección: no contemplaba siquiera la posibilidad de un resultado adverso para un candidato promercado. El resultado ya lo conocemos: pérdidas grandes en las carteras, el dólar disparado y triunfo del peronismo.
Pensando en 2027, informes promercado como el de Citibank ya no dan la reelección de Milei por segura. Le asignan una “probabilidad media-alta”, pero la condicionan a que el oficialismo construya una alianza amplia con gobernadores, porque a La Libertad Avanza sola no le alcanzaría.
También pesa el cronograma de vencimientos de deuda de 2027, que condiciona todo el escenario a que el Gobierno logre acumular reservas y mantener el acceso al mercado. Hasta el propio mercado, entonces, empieza a poner reparos, aunque sigue apostando por Milei.
El miedo del oficialismo a la polarización
En la política, la certeza de la reelección también está entre paréntesis. La desesperada búsqueda oficial por evitar las PASO y permitir que la oposición se reorganice deja ver un temor concreto: una polarización en segunda vuelta.
Ahí, ese 65% que hoy pide un cambio podría no darle chances al Gobierno. Por eso la estrategia es otra: enfrentar a un peronismo dividido ya en la primera vuelta.
El problema es que, hoy por hoy, los votos en el Senado para voltear las PASO no están. Y las declaraciones de un aliado como De Andreis, del PRO, no ayudan: dijo que todavía no hay acuerdo electoral con el Gobierno y que debe existir un mecanismo de internas para elegir no solo al candidato a presidente, sino también a senadores y diputados. Todo esto alimenta las dudas sobre si el oficialismo conseguirá lo que busca.
El otro gran interrogante pasa por el peronismo. Esa fuerza sabe que las PASO son la vía más ordenada para resolver sus propias internas, pero al mismo tiempo discute cómo destrabarlas si finalmente no las hay.
Ahí aparece un nombre clave: el rol de Cristina Kirchner como facilitadora o no de la unidad será central. No es casual que Sergio Massa insista con la necesidad de unidad, mientras Axel Kicillof profundiza su perfil propio y otros dirigentes esperan que el panorama interno se aclare. Mientras el peronismo no resuelva su propia interna, será difícil imaginar escenarios concretos.
Lo que muestra la calle: una elección pareja
Queda la tercera mirada, la de la opinión pública. Más allá de las internas de los dirigentes, las encuestas -la nuestra y las de otras consultoras- coinciden en dos puntos.
El primero: Milei no puede ganar en primera vuelta si el peronismo se presenta unido, y todavía menos si se le abren candidaturas como las de Villarruel o Bullrich.
El segundo: en segunda vuelta el escenario está muy parejo. Algunas mediciones marcan una leve ventaja para el oficialismo; otras, en sentido inverso, para la oposición. Por eso, hoy, la lectura más honesta es que la pelea entre Milei y un candidato peronista está prácticamente 50 y 50.
Un análisis profundo sobre el modelo económico del Gobierno, que contrasta el orden fiscal con el deterioro del empleo, la informalidad y la vida cotidiana de los argentinos.
Por: Sergio Marcelo Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva.
Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Autor de varios libros y Publicaciones.
Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
Buenos Aires, domingo 27 septiembre (PR/26) — El equilibrio fiscal puede ordenar las cuentas públicas. Lo que no puede hacer, por sí solo, es crear trabajo, formalizar a quienes están afuera ni reconstruir una sociedad que empieza a vivir peor.
Hay una pregunta que el Gobierno evita porque no cabe en una planilla de Excel: ¿de qué sirve ordenar las cuentas del Estado si, al mismo tiempo, se desordena la vida de millones de argentinos?
La respuesta oficial es conocida. Primero el equilibrio fiscal. Después la estabilidad. Luego la inversión. Finalmente, algún día, el trabajo. Es una especie de vía crucis económico en el que siempre se le pide sacrificio al mismo creyente y la resurrección queda para el próximo trimestre.
Pero los últimos datos ya no permiten describir lo que sucede como una transición incómoda hacia un futuro luminoso. La economía puede mostrar variables financieras más ordenadas y, al mismo tiempo, ofrecer menos trabajo protegido, más informalidad y una red social cada vez más discrecional. Ésa es la verdad del modelo: el Excel mejora mientras la vida se precariza.
1. El empleo que crece hacia abajo
En el segundo trimestre de 2026, la desocupación llegó al 7,9%, el registro más alto de la gestión de Javier Milei. En el Gran Rosario alcanzó el 11,5%; en el Gran Córdoba, el 10,5%; Mar del Plata llegó al 9,9%; Bahía Blanca al 9,7%, y Comodoro Rivadavia al 9,2%.
No es toda la Argentina la que tiene desempleo de dos dígitos. Conviene decirlo con precisión. El promedio nacional todavía está lejos del 18,4% que el Menemismo alcanzó en mayo de 1995. Pero cuando Rosario y Córdoba dejan de ser motores de empleo para transformarse en los principales centros de desocupación, no estamos frente a una curiosidad estadística. Estamos frente a una advertencia nacional.
El deterioro se explica, en parte, porque cada vez más personas necesitan trabajar y salen a buscar una ocupación que la economía no genera en la misma proporción. La actividad aumentó más que el empleo. Detrás de esa diferencia hay escenas familiares concretas: una esposa que empieza a buscar trabajo porque el sueldo del marido ya no alcanza; un jubilado que vuelve a hacer changas; un joven que acepta repartir durante doce horas; un trabajador que busca una segunda ocupación para pagar la tarjeta.
Por eso pueden crecer al mismo tiempo la cantidad de ocupados y la cantidad de desocupados. No es el milagro del mercado. Es la desesperación de los hogares.
El dato más grave, sin embargo, no es solamente cuántas personas no encuentran empleo. Es qué clase de empleo consiguen quienes todavía logran trabajar. La informalidad alcanzó al 45% de los ocupados: alrededor de 6,1 millones de personas solamente en los 31 aglomerados relevados por la Encuesta Permanente de Hogares. La formalidad quedó en el 54,9%.
Dicho de otra manera: por cada cien trabajadores formales ya existen aproximadamente ochenta y dos informales. No porque la periferia laboral se haya incorporado al sistema, sino porque el sistema formal retrocede hacia la periferia.
Además, la informalidad ya no puede presentarse como una suma de actividades independientes o pequeños emprendimientos. Casi seis de cada diez informales son asalariados que trabajan para un empleador, pero lo hacen sin registración. El resto incluye una proporción creciente de cuentapropistas, muchas veces de baja calificación, escasa productividad y peores ingresos.
Casi el 17% de quienes tienen una ocupación busca otra. La subocupación ronda el 11,5%. Tener trabajo dejó de ser la frontera entre la integración y la pobreza. Ahora también hay que preguntar cuántas horas se trabajan, cuánto se cobra y qué derecho acompaña ese ingreso.
2. La quimera de la reforma laboral
Frente a este cuadro, el Gobierno ofreció una respuesta casi exclusivamente jurídica. Desde la reforma incluida en la Ley Bases hasta la nueva Ley de Modernización Laboral, presentó cada flexibilización como la llave que abriría las puertas del empleo formal. Menos multas, períodos de prueba más extensos, nuevas modalidades de contratación, menores responsabilidades y una registración supuestamente más sencilla.
Se nos explicó que, una vez liberado del miedo al juicio laboral, el empresario correría a contratar trabajadores. Como advertí entonces, la promesa confundía el costo de contratar con la razón por la cual se contrata.
Es cierto que la reforma más reciente todavía tiene poco tiempo de vigencia y sería intelectualmente deshonesto atribuirle por sí sola todo el deterioro laboral. Pero también es cierto que el proceso de flexibilización comenzó antes y que la dirección prometida no apareció. La informalidad no retrocedió. Avanzó. El empleo formal no desplazó al trabajo en negro. Quedó cada vez más cerca de ser alcanzado por él.
La razón es sencilla y, quizá por eso, insoportable para quienes creen que la economía puede gobernarse con un manual de consignas: nadie incorpora a un trabajador que no necesita. Y mucho menos lo registra si su empresa vende menos, trabaja por debajo de su capacidad, enfrenta tarifas crecientes, crédito escaso y un mercado interno debilitado.
Las reglas laborales importan. La litigiosidad, la carga tributaria, la burocracia y la incertidumbre también. Pero actúan después de que existe la decisión económica de contratar. Primero debe haber producción, inversión, ventas y demanda. Recién entonces el empresario evalúa en qué condiciones incorpora personal. El Gobierno quiso invertir el orden de los factores y descubrió que, en la economía real, el producto sí se altera.
Mientras tanto, el trabajador informal paga la cuenta. El Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET calculó que, comparando personas con igual edad, educación, sexo y región, dentro de la misma actividad y en empresas de tamaño semejante, la penalidad salarial de la informalidad rondaba el 38%. Donde un trabajador formal percibía cien, uno informal recibía apenas sesenta y dos.
Y no se trata solamente del salario. El informal no tiene aportes jubilatorios derivados de su empleo, obra social vinculada a la relación ni protección efectiva frente al despido, el accidente o la enfermedad. En demasiados casos, el aguinaldo, las vacaciones y la licencia dejan de ser derechos para convertirse en favores sujetos al humor o a la capacidad económica de quien contrata.
Una reforma laboral puede simplificar procedimientos, reducir costos y redistribuir riesgos entre empresarios y trabajadores. Lo que no puede hacer es fabricar clientes, reactivar una fábrica, financiar una pyme o reemplazar una política productiva. Para crear empleo hace falta que alguien necesite producir más. Todo lo demás es arquitectura jurídica alrededor de una silla vacía.
3. El espejo de los años noventa
El Menemismo ya había ensayado una ilusión semejante. Durante los años noventa se sucedieron reformas destinadas a flexibilizar la contratación y reducir costos laborales. La convertibilidad frenó la inflación, abrió la economía y llenó las vidrieras de productos importados. Durante un tiempo pareció suficiente.
Después aparecieron las fábricas cerradas, las privatizaciones sin reconstrucción productiva, los pueblos ferroviarios abandonados y la desocupación masiva. En mayo de 1995 el desempleo alcanzó el 18,4%, y continuó en niveles extraordinariamente altos durante el resto de la década.
Esa cifra no demuestra por sí sola que la flexibilización haya causado el desempleo. Pero destruye la ingenuidad de sostener que quitar derechos crea automáticamente puestos de trabajo. La legislación puede facilitar o dificultar una contratación que la economía necesita. No puede inventar esa necesidad.
Milei no es Menem y la Argentina de 2026 no es la de 1995. Tampoco la desocupación nacional actual tiene aquella magnitud. Pero los modelos no necesitan ser idénticos para compartir una lógica: presentar el ajuste como una operación técnica inevitable, convertir la apertura y el equilibrio en fines y no en instrumentos, señalar el costo laboral como obstáculo y prometer que la prosperidad llegará después de que la sociedad soporte el tratamiento.
El problema es que el paciente ya empezó a perder órganos.
4. El presupuesto que confiesa el modelo
La Argentina conoce demasiado bien los desastres provocados por el déficit, la emisión sin respaldo, el endeudamiento irresponsable y la utilización del presupuesto como una ficción destinada a financiar aventuras electorales. Sería absurdo negar la necesidad de ordenar las cuentas públicas. Но existe una diferencia enorme entre equilibrar el Estado y convertir el equilibrio en una religión pagana, con sus dogmas, sus sacerdotes y, especialmente, sus sacrificios humanos.
El Gobierno acaba de enviar al Congreso el Presupuesto 2027. No es simplemente una estimación de recursos y gastos. Es el último presupuesto completo antes de las elecciones presidenciales y, por lo tanto, la primera plataforma electoral de Javier Milei para intentar su reelección.
Allí está escrito no sólo el programa económico del próximo año. También está expresada una idea de país. Quién importa, quién sobra, quién merece protección y quién puede ser abandonado en nombre de la estabilidad.
El Presupuesto 2027 no es una colección inocente de números. Es la confesión escrita del modelo. Allí se descubre quién importa, quién puede esperar y quién debe pagar.
El Gobierno proyecta crecimiento del 4%, inflación del 18%, salarios aumentando por encima de los precios y un nuevo superávit financiero. Si esas previsiones se cumplen, habrá una mejora macroeconómica indudable. Negarlo sería reemplazar el análisis por la militancia.
Pero un presupuesto no se juzga solamente por lo que promete para mañana. También se juzga desde qué piso parte, qué pérdidas consolida y qué protecciones vuelve discrecionales. Una recuperación porcentual puede lucir importante en una planilla y seguir siendo insuficiente después de tres años de motosierra.
El proyecto original asignó $7,349 billones a las universidades nacionales, mientras el Consejo Interuniversitario Nacional estimó necesidades cercanas a $11 billones. La diferencia ronda los $3,65 billones. El Gobierno ya admitió que revisará la partida durante la negociación parlamentaria. La concesión no desmiente el problema: lo confirma.
Se podrá discutir la eficiencia universitaria, sus controles, la duración de las carreras y los defectos de algunas administraciones. Todo debe auditarse. Pero una auditoría procura mejorar una institución. El desfinanciamiento busca disciplinarla o reducirla.
Existe, además, una contradicción productiva. Se acusa a la universidad pública de ser un gasto improductivo justo cuando el mercado laboral expulsa jóvenes y premia empleos de baja calificación. ¿Qué futuro imagina un país que abarata el trabajo y encarece el conocimiento? Argentina necesita más técnicos, ingenieros, médicos, científicos y docentes, no una juventud obligada a elegir entre una plataforma y la emigración.
La misma lógica aparece en la Asignación Universal por Hijo. El proyecto pretende eliminar su fórmula de actualización automática sin establecer otra equivalente. Cuando la informalidad alcanza al 45%, cuando más familias dependen de una prestación destinada precisamente a trabajadores informales y desocupados, el Estado se reserva la facultad de decidir cuánto actualizar y cuándo hacerlo.
Es una paradoja demasiado perfecta para ser casual: el modelo produce más informalidad y, al mismo tiempo, debilita la protección destinada a quienes viven en ella.
Con los jubilados ocurre algo parecido. Los haberes se actualizan, pero el bono de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024. En la Argentina, congelar no significa conservar. Significa licuar. Cada mes el Gobierno puede anunciar que el bono continúa existiendo mientras compra menos medicamentos, menos alimentos y menos días de tranquilidad.
En discapacidad, el texto original pretendió reemplazar el valor universal del nomenclador por un sistema en el que cada financiador pudiera fijar sus valores sobre la base de un piso. La propuesta quedó bajo revisión después de provocar rechazo social y resistencia dentro de los propios bloques aliados. Otra vez, el Gobierno retrocede no porque haya advertido espontáneamente el daño, sino porque descubrió su costo político.
Según los análisis presupuestarios disponibles, incluso con algunas mejoras nominales, el gasto educativo proyectado continúa alrededor de un 44% por debajo de 2023; discapacidad, cerca de un 24%; e infraestructura y vivienda, más de un 70%. Un pequeño aumento sobre un piso demolido no reconstruye lo amputado.
La motosierra no corta en todas las direcciones. Tiene GPS.
No estamos discutiendo si el Estado debe gastar sin límites. Estamos preguntando por qué el límite siempre aparece antes frente al débil y después frente al poderoso. Por qué el equilibrio fiscal necesita ajustar a quien cobra una AUH, pero rara vez se anima a revisar integralmente los beneficios tributarios, los regímenes promocionales, las exenciones sectoriales o los privilegios económicos acumulados durante décadas.
Para algunos hay mercado. Para otros, sacrificio.
Y después se pretende que ambos voten con el mismo entusiasmo.
El superávit nacional y el déficit provincial
El presupuesto también confirma otra constante del modelo: una parte sustancial del equilibrio nacional se construye trasladando el desequilibrio hacia las provincias.
La Nación recauda, retiene y ajusta. Las provincias deben mantener hospitales, escuelas, rutas y servicios públicos. Cuando faltan los recursos, el gobernador debe aumentar impuestos, endeudarse, paralizar obras o enfrentar el conflicto social.
Después, desde Buenos Aires, se anuncia que el Estado nacional alcanzó el superávit. Es una contabilidad creativa: el déficit no desaparece, simplemente cambia de domicilio.
Esto resulta particularmente grave para las provincias patagónicas. Las distancias son mayores, el clima encarece cualquier obra, la infraestructura resulta indispensable y las economías regionales necesitan rutas, conectividad, energía y servicios básicos. Gobernar Santa Cruz, Chubut, Río Negro o Tierra del Fuego no cuesta lo mismo que administrar veinte cuadras alrededor del Obelisco.
Pero el Excel libertario desconoce la geografía. Para la planilla, un kilómetro es siempre un kilómetro. Para quien vive en el interior profundo, puede ser la distancia entre recibir atención médica o quedar abandonado.
Ese centralismo fiscal está destruyendo el vínculo con los gobernadores que ayudaron al Gobierno a aprobar sus principales leyes. Gobernadores que acompañaron reformas, prestaron legisladores, garantizaron quórum y aceptaron costos políticos en sus provincias. Ahora descubren algo que muchos sospechaban: para la Casa Rosada, el diálogo no es una construcción política. Es un sistema de alquiler de votos.
Gustavo Sáenz fue uno de los primeros en marcar distancia. Después de reunirse con funcionarios nacionales denunció falta de reciprocidad y deslealtad. No es un gesto menor. Salta había sido una de las provincias que ofrecieron cooperación parlamentaria al oficialismo.
El problema para Milei es que Sáenz puede ser el primero, pero difícilmente sea el último. En un año electoral, ningún gobernador quiere aparecer explicando por qué votó un presupuesto que desfinancia a su provincia, congela obras y recorta prestaciones sociales. Mucho menos cuando el Gobierno nacional pretende competirle territorialmente con candidatos propios.
La alianza era tolerable mientras sus beneficios resultaban recíprocos. Cuando la Nación exige obediencia y, al mismo tiempo, abandona a las provincias, deja de existir una coalición. Queda apenas un sistema de sometimiento.
Patricia cortó los hilos
La crisis adquirió otra dimensión cuando Patricia Bullrich reconoció que los votos no están para eliminar las PASO y dejó trascender su sorpresa frente a modificaciones sensibles del presupuesto, particularmente en discapacidad, que no habría sido discutidas en la mesa política.
El dato es explosivo.
Bullrich fue ministra de Seguridad, candidata presidencial, aliada decisiva de Milei en 2023 y luego jefa del oficialismo en el Senado. Puso su capital político, su partido y una porción importante de su electorado al servicio del proyecto libertario.
Ahora descubre que la enviaban a buscar consensos sobre decisiones que ella misma no conocía.
La figura utilizada fue brutal: sentirse un títere.
Todo títere supone la existencia de un titiritero. Y todo titiritero cree que puede mover los hilos sin que el muñeco descubra quién maneja sus brazos. Durante mucho tiempo, Bullrich aceptó representar el papel que le habían asignado. Defendió decisiones incómodas, contuvo aliados y justificó contradicciones. Pero una cosa es acompañar un Gobierno y otra muy distinta prestar el cuerpo para que otro haga política desde las sombras.
Su advertencia respecto de las PASO tiene además una consecuencia inesperada. El Gobierno pretende eliminarlas porque necesita impedir cualquier competencia interna que cuestione la candidatura presidencial de Milei y el control político de Karina Milei.
La apertura de las colectoras permitiría, a su vez, concentrar detrás del Presidente diferentes ofertas provinciales, aunque esas mismas fuerzas compitan entre sí en cada distrito. Es decir: unidad obligatoria arriba y fragmentación conveniente abajo.
Una ingeniería electoral hecha a medida. Pero si la reforma fracasa y las PASO permanecen vigentes, podría abrirse una puerta que hoy parece improbable, aunque ya no imposible: que alguien decida disputar desde adentro la candidatura presidencial de 2027.
Patricia Bullrich conoce ese camino. Ya compitió en una primaria presidencial, derrotó a Horacio Rodríguez Larreta y obtuvo casi una cuarta parte de los votos en la elección general de 2023.
¿Se animaría a enfrentar a Milei?
Hoy no existe una candidatura lanzada. No obstante, la sola aparición de esa hipótesis revela cuánto cambió el clima dentro del oficialismo. Hace algunos meses parecía imposible imaginar una competencia interna. Ahora comienza a discutirse quién podría encabezarla.
Las PASO que el Gobierno quiere eliminar podrían convertirse en el instrumento para discutir el liderazgo del propio Presidente. La reforma electoral dejó entonces de ser una cuestión institucional. Se transformó en un mecanismo de supervivencia familiar.
5. Cuando el equilibrio desequilibra la vida
Éste es el corazón del debate. El equilibrio fiscal es una condición necesaria. No es una política de desarrollo. Una familia tampoco vive de tener la libreta ordenada si nadie consigue trabajo, los hijos abandonan sus estudios, el abuelo no compra los remedios y la persona con discapacidad pierde al prestador.
La inflación más baja es una conquista valiosa. Negarlo sería una necedad. Pero utilizar esa conquista como permiso para tolerar desempleo, informalidad, degradación salarial y abandono social sería otra necedad, todavía más peligrosa.
La estabilidad sólo puede transformarse en progreso si se combina con producción, crédito para las pymes, infraestructura, educación, ciencia, federalismo y un mercado interno capaz de comprar aquello que las empresas producen. Sin esas condiciones, la reforma laboral no crea empleo: apenas administra la precariedad.
Un gobierno puede equilibrar el Tesoro y desequilibrar la Nación. Puede bajar la inflación y aumentar la incertidumbre. Puede mejorar una planilla y empeorar millones de biografías. Puede incluso ganar tiempo electoral exhibiendo el orden de las variables mientras debajo se desordena todo aquello que no cotiza en los mercados: el trabajo, la educación, la vejez y la dignidad.
El problema del equilibrio fiscal nunca fue el equilibrio fiscal. El problema siempre fue quién paga la cuenta.
La verdadera pregunta no es si el modelo cierra. Claro que cierra. Cierran fábricas, cierran oportunidades, cierra el acceso al conocimiento, cierra la puerta del empleo formal y cierra el futuro de quienes sólo pueden ofrecer su trabajo.
El problema es que, cuando un modelo cierra de esa manera, lo que termina cerrando es el país.
Nueva fase de un intercambio científico histórico entre ambos países.
Panda gigante
Foto: Agencia NA (Xinhua)
Buenos Aires, domingo 27 septiembre (NA) — Un par de pandas gigantes chinos, Ping Ping y Fu Shuang, viajarán pronto a Estados Unidos, lo que servirá para impulsar aún más la cooperación internacional en la protección de estos animales, según constató la Agencia Noticias Argentinas.
El presidente de China, Xi Jinping, quien concluyó en las últimas horas su viaje a los Estados Unidos, anunció la noticia en la nación norteamericana, durante la ceremonia en la que fue recibido en la Casa Blanca, en el marco de su visita de Estado.
Informó que la pareja llegará a su nuevo hogar en el Zoológico de Atlanta y se encontrará con el pueblo estadounidense en unos días.
Esta iniciativa se produce después de que la Asociación para la Conservación de la Vida Silvestre de China (CWCA, por sus siglas en inglés) firmara el año pasado con este zoológico un acuerdo de cooperación internacional para la protección del panda gigante.
En virtud del convenio, el macho Ping Ping y la hembra Fu Shuang, procedentes de la Base de Investigación para la Cría del Panda Gigante de Chengdu, ubicada en la provincia suroccidental china de Sichuan, serán incorporados a un programa colaborativo de 10 años de duración para la protección de esta especie en Estados Unidos.
Con el fin de crearles un entorno de vida más cómodo y seguro, se llevaron a cabo reformas y mejoras en las instalaciones, con asistencia técnica de expertos chinos.
La historia de este intercambio
Los vínculos entre ambos países en torno a este animal datan de mucho tiempo atrás, abunda el informe de Xinhua.
En abril de 1972, dos ejemplares, Ling Ling y Xing Xing, llegaron a Estados Unidos tras la visita a China del entonces presidente estadounidense, Richard Nixon, en febrero del mismo año.
Más de 8.000 ciudadanos los recibieron, a pesar de la lluvia, y en su primer mes en exhibición pública, atrajeron a más de un millón de visitantes.
Desde entonces, los pandas gigantes contribuyeron a fomentar la amistad entre los dos pueblos.
La cooperación bilateral para la protección de la especie es una de las iniciativas internacionales de conservación de la vida silvestre más prolongadas y de mayor alcance de China.
En 1994, la CWCA firmó un acuerdo con el Zoológico de San Diego, para dar inicio oficialmente a un programa de colaboración.
A lo largo de las últimas tres décadas, ambas partes realizaron investigaciones conjuntas en áreas clave como el comportamiento, la nutrición, la genética y la prevención de enfermedades.
Alcanzaron además avances significativos en las técnicas de cría y, gracias a este trabajo, 17 cachorros nacieron y fueron criados exitosamente hasta la fecha: seis en San Diego, cuatro en Washington y siete en Atlanta.
En 2024, una nueva fase de cooperación se puso en marcha, a medida que más ejemplares fueron enviados a Estados Unidos.
Se espera que esta nueva etapa ayude a ambos países a obtener más resultados en la prevención y el tratamiento de enfermedades graves, así como en los intercambios científicos y tecnológicos, de manera que se contribuye a la salvaguarda global de la biodiversidad y la amistad entre los pueblos chinos y estadounidenses, indicaron expertos.
Los líderes independentistas del Reino Unido firmaron un pacto histórico que desafía a Londres y reabre las discusiones geopolíticas; mientras la diplomacia analiza el escenario, especialistas advierten que la situación jurídica de las islas Malvinas no se modifica de forma automática al tratarse de un Territorio Británico de Ultramar.
Análisis
Buenos Aires sábado 26 septiembre (PR/26)–El lunes 14 de septiembre, en la ciudad de Cardiff, los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte reclamaron formalmente el derecho a la autodeterminación de sus respectivas naciones.
En una declaración conjunta, ubicaron claramente su futuro político dentro de la Unión Europea, marcando un hito político de gran repercusión internacional. Los firmantes fueron John Swinney (SNP), Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru) y Michelle O’Neill (Sinn Féin), quienes estamparon su firma como jefes de sus fuerzas partidarias.
Es importante destacar que no lo hicieron en representación institucional de sus gobiernos, lo que matiza el alcance formal de la rúbrica. Aun así, la escena política resulta absolutamente inédita desde los procesos de descentralización iniciados en el año 1999 en el territorio británico.
Por primera vez en décadas, las tres naciones tienen al frente a figuras políticas claramente favorables a la independencia o a la reunificación irlandesa.
El contexto internacional y la respuesta de Londres
Este gesto político resonante llegó apenas días después de que Donald Trump, desde Dublín, declarara públicamente que una Irlanda unificada sería algo fantástico.
El expresidente estadounidense añadió que, a su juicio personal, ese escenario terminará ocurriendo con el correr de los años.
Por su parte, el gobierno central de Londres reaccionó de inmediato a través de un firme llamado a la unidad impulsado por el primer ministro Andy Burnham.
Hasta el momento actual, el gobierno británico sigue descartando categóricamente la autorización de una nueva consulta popular sobre la independencia escocesa.
En paralelo a este pacto político, los primeros ministros de Gales y Escocia concretaron por otro carril el llamado Cardiff Agreement. Se trata de un marco de cooperación institucional entre ambos gobiernos que carece de carácter jurídicamente vinculante.
Dicho entendimiento no afecta en absoluto las competencias legales ni las atribuciones constitucionales de ninguna de las partes involucradas.
La mirada experta sobre el impacto en el Atlántico Sur
Ante este panorama complejo, la investigadora María Salomón, especialista del Observatorio de Malvinas de la Universidad Nacional de Rosario, aportó claridad a PERFIL.
La académica explicó con precisión que es fundamental diferenciar ambas iniciativas: una responde a una estrategia partidaria y la otra a la gestión gubernamental.
Ante la pregunta de si este escenario puede mover algo en el reclamo soberano argentino, la experta mantiene una postura muy cauta y analítica.
Salomón advierte que la crisis territorial británica no modifica de manera automática el estatus jurídico internacional de las islas Malvinas.
Sin embargo, aclara que este fenómeno sí es capaz de generar un contexto político y diplomático sumamente interesante que la diplomacia argentina podría estudiar a fondo.
Diferencias jurídicas y oportunidades de análisis
La razón principal radica en que los casos no son jurídicamente equivalentes bajo el derecho internacional vigente.
Mientras que Escocia, Gales e Irlanda del Norte son partes constituyentes del Reino Unido, las Malvinas constituyen un Territorio Británico de Ultramar.
Sobre el archipiélago austral existe una disputa de soberanía abierta que sigue siendo tratada activamente en los organismos de las Naciones Unidas.
Por este motivo, la investigadora advierte que sería incorrecto argumentar de forma simplista que si Escocia se independiza, las Malvinas pueden hacerlo automáticamente.
Los mecanismos legales, históricos y políticos aplicables a cada situación son profundamente diferentes y exigen rigor conceptual. La verdadera oportunidad metodológica y analítica reside en dejar de ver al Reino Unido como un bloque homogéneo.
Cinco planos para entender los intersticios británicos
Salomón propone observar detalladamente los intersticios institucionales, es decir, las tensiones entre los gobiernos territoriales, el Parlamento y la sociedad.
Para ello, sugiere ordenar este análisis estratégico en cinco planos clave: constitucional, partidario, económico, estratégico-militar y cultural-académico. La especialista aclara que esto no significa que dichos actores respalden la posición argentina, sino que abren espacios alternativos de debate y diplomacia internacional.
Asimismo, la académica descarta leer esta tensión interna como una señal de repliegue militar en el Atlántico Sur.
Por el contrario, recuerda que la política británica hacia sus territorios de ultramar se ha reforzado notablemente en los documentos oficiales recientes. En esa línea, destaca que la Strategic Defence Review 2025 ratificó a los territorios de ultramar como objetivos centrales de la defensa británica.
El impacto del Brexit y las conclusiones del escenario
El puente más concreto entre el territorio británico y las islas Malvinas se encuentra, en realidad, en las consecuencias del Brexit.
Los líderes firmantes atribuyen al divorcio europeo un perjuicio directo para sus economías y naciones constituyentes.
En el caso específico de las islas, quedaron excluidas del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Reino Unido, enfrentando aranceles aduaneros europeos.
Salomón resume que el Brexit redujo ventajas comerciales malvinenses frente al mercado europeo, aunque sin eliminar por completo la presencia económica continental.
En las islas siguen operando activamente empresas europeas vinculadas a la actividad pesquera, pilar fundamental de los ingresos económicos isleños. Para concluir, la investigadora señala que la utilidad de este momento radica en ampliar la mirada analítica y los interlocutores.
Esto permite comprender mejor el contexto político global en el que se desarrolla la disputa, sin descuidar la sólida cuestión jurídica de soberanía.
Primicias Rurales
Fuente: www.perfil.com
Versión en inglés
Territorial Crisis in the United Kingdom: What Opportunities and Nuances Does It Open Up for Argentina’s Claim to the Falkland Islands? (English version)
The United Kingdom’s pro-independence leaders have signed a historic pact challenging London and reopening geopolitical discussions; while diplomats analyze the situation, experts warn that the legal status of the Falkland Islands is not automatically altered because they are a British Overseas Territory.
Analysis
Buenos Aires, Saturday, September 26 (PR/26) — On Monday, September 14, in the city of Cardiff, the leaders of Scotland, Wales, and Northern Ireland formally asserted the right to self-determination of their respective nations.
In a joint declaration, they clearly placed their political future within the European Union, marking a political milestone with significant international repercussions. The signatories were John Swinney (SNP), Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru), and Michelle O’Neill (Sinn Féin), who signed the document as leaders of their respective political forces.
It is important to note that they did not do so in an official capacity on behalf of their governments, which qualifies the formal scope of the signing. Even so, the political scene is entirely unprecedented since the devolution processes began in 1999 across the United Kingdom.
For the first time in decades, the three nations are led by political figures who are clearly supportive of either independence or Irish reunification.
The International Context and London’s Response
This significant political gesture came just days after Donald Trump, speaking from Dublin, publicly declared that a united Ireland would be something fantastic.
The former U.S. president added that, in his personal view, such a scenario would eventually come about over the course of the years.
For its part, the central government in London immediately responded with a firm call for unity led by Prime Minister Andy Burnham.
At present, the British government continues to categorically reject authorizing a new referendum on Scottish independence.
In parallel with this political pact, the prime ministers of Wales and Scotland pursued a separate initiative known as the Cardiff Agreement. It is an institutional cooperation framework between the two governments that is not legally binding.
The understanding does not affect the legal powers or constitutional prerogatives of either of the parties involved.
The Expert View on the Impact in the South Atlantic
Against this complex backdrop, researcher María Salomón, a specialist with the Malvinas Observatory at the National University of Rosario, provided clarification to PERFIL.
The academic explained that it is essential to distinguish between the two initiatives: one is part of a political-party strategy, while the other concerns government administration.
Asked whether this scenario could have any impact on Argentina’s sovereignty claim, the expert adopted a very cautious and analytical position.
Salomón cautions that the British territorial crisis does not automatically alter the international legal status of the Falkland Islands.
However, she clarifies that this phenomenon could generate a highly interesting political and diplomatic context that Argentine diplomats might examine in depth.
Legal Differences and Opportunities for Analysis
The main reason is that the cases are not legally equivalent under current international law.
While Scotland, Wales, and Northern Ireland are constituent parts of the United Kingdom, the Falkland Islands constitute a British Overseas Territory.
There is an ongoing sovereignty dispute over the southern archipelago, which continues to be actively addressed within United Nations bodies.
For this reason, the researcher warns that it would be incorrect to argue simplistically that if Scotland becomes independent, the Falkland Islands could do so automatically.
The legal, historical, and political mechanisms applicable to each situation are profoundly different and require conceptual rigor. The real methodological and analytical opportunity lies in ceasing to view the United Kingdom as a homogeneous bloc.
Five Dimensions for Understanding the British Institutional Fault Lines
Salomón proposes examining in detail the institutional fault lines—that is, the tensions between territorial governments, Parliament, and society.
To this end, she suggests organizing this strategic analysis around five key dimensions: constitutional, political-party, economic, strategic-military, and cultural-academic. The specialist clarifies that this does not mean that these actors support Argentina’s position, but rather that they open alternative spaces for debate and international diplomacy.
The academic also rejects interpreting this internal tension as a sign of a British military withdrawal from the South Atlantic.
On the contrary, she points out that British policy toward its overseas territories has been significantly strengthened in recent official documents. Along these lines, she emphasizes that the Strategic Defence Review 2025 reaffirmed the overseas territories as central objectives of British defense policy.
The Impact of Brexit and Conclusions from the Current Scenario
The most concrete link between the British territories and the Falkland Islands is, in fact, found in the consequences of Brexit.
The leaders who signed the pact attribute direct economic harm to the European split, both for their economies and for the United Kingdom’s constituent nations.
In the specific case of the islands, they were excluded from the trade agreement between the European Union and the United Kingdom, and consequently face European customs tariffs.
Salomón concludes that Brexit reduced the Falkland Islands’ trade advantages in relation to the European market, although it did not completely eliminate the continent’s economic presence.
European companies connected to the fishing industry, a fundamental pillar of the islands’ economic revenues, continue to operate actively there.
In conclusion, the researcher points out that the value of this moment lies in broadening the analytical perspective and expanding the range of interlocutors.
This makes it possible to better understand the global political context in which the dispute unfolds, without losing sight of the solid legal question of sovereignty.
Llamó a no politizar la llegada del Sumo Pontífice a nuestro país al tiempo que reconoció que hay diferencias con el Gobierno de Milei.
Rueda de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina.
Buenos Aires, miércoles 23 septiembre (NA) — La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) dio este martes una rueda de prensa sobre la visita que hará Papa León XIV a nuestro país a principios de noviembre y pidió “evitar» poner al Sumo Pontífice «en uno u otro lado de la grieta», mientras que admitió «hay temas en los que no hay coincidencias» con el Gobierno.
Participaron de la conferencia: el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo; el secretario general del organismo, monseñor Raúl Pizarro; el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva; monseñor Jorge Eduardo Scheinig; y el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi.
García Cuerva habló sobre los encuentros con el Gobierno Nacional para la organización del arribo de León XIV e indicó: «No tenemos reuniones con el presidente (Javier Milei), pero sí tendremos encuentros con Karina Milei y con los ministros de Seguridad nacional y de Provincia» y adelantó: «Se dará un encuentro interrelogioso el lunes próximo por la tarde».
En esa línea destacó que «el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires está trabajando muy bien con el de Seguridad Nacional».
Si bien consideró que la visita de la máxima autoridad de la Iglesia Católica a nuestro país, «es una muy buena intención para acercar puntos de acuerdo entre Milei y el Papa, también hay muchas diferencias y temas en los que no hay coincidencias».
En ese punto, «creo que Quirno (el canciller) quiere acentuar lo que nos une, pero también hay cosas en las que tenemos diferencias», luego de que el funcionario de Javier Milei dijera que “no hay absolutamente ninguna diferencia fundamental entre el Gobierno nacional y la Iglesia”.
En otra parte de su discurso, se refirió a la transmisión oficial y confirmó que estará a cargo del Gobierno nacional.
Luego Monseñor Raúl Pizarro, precisó que «Pablo Quirno (canciller), Agustín Ezequiel Caulo (secretario de Culto) y María Inés Brogin Alba (subscretaria de Culto) son las tres primeras personas del Gobierno nacional con los que nos empezamos a reunir de manera más silenciosa pensando y soñando lo que hoy ya es una realidad».
«Pero esos tres no son los únicos. También la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, (la secretaria de Presidencia), Karina Milei y autoridades provinciales», sumó.
Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina, puso el foco en el tema de la discapacidad, ya que, el Sumo Pontífice, como informó NA, visitará el Cottolengo Don Orione el lunes 9 de octubre.
«El tema de la discapacidad es un tema de agenda por tratarse de una situación delicada y por las familias afligidas debido a la vulnerabilidad que atraviesan» sus seres queridos, sostuvo.
Aclaró que «lejos de ponernos en una situación ideológica, nos acerca a una acción misionera. La vista a Don Orione es un momento de profunda contemplación de realidad humana. No nos gustaría quedarnos en una postura política, porque sobre eso nos pronunciamos siempre, sino en nuestro accionar religioso».
Aquí García Cuerva volvió a tomar la palabra e hizo hincapié en la «necesidad de reconstruir los vínculos y colocar en el centro a los vulnerables».
«Tenemos que reconstruir nuestra patria. Como sociedad argentina tenemos que evitar poner al Papa León de uno u otro lado de la grieta, sería un error. Podemos tratar de evitar eso. Creo que estamos bien encaminados», añadió.
Y remarcó: «Nos estamos sentando en una misma mesa el Gobierno Nacional y la Iglesia, debemos dejarnos interpelar por el discurso del Papa».
