Por César Augusto Lerena para El Economista.

Buenos Aires, 16 diciembre (PR/21)  — Como todos los años la flota china, española, coreana y taiwanés ha vuelto al Atlántico Sur a llevarse en alta mar los recursos pesqueros migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). Si bien parece el problema principal que ocurre en el Atlántico, no lo es. Hay varios problemas significativos que están interrelacionados. El primero, que da lugar a los restantes, es la ocupación británica de 1.639.900 km2 de territorio marítimo argentino y, con motivo de ello (fuera de las connotaciones soberanas), la extracción anual de 250.000 toneladas de recursos pesqueros argentinos por parte de buques extranjeros licenciados ilegalmente por Gran Bretaña, contrario a lo establecido en la Res. 31/49 de las Naciones Unidas. Ello, provoca varios efectos: la internacionalización del Atlántico; el desequilibrio del ecosistema; la quita de recursos pesqueros y económicos a un país emergente como la Argentina y la competencia desleal en el mercado internacional, en especial en la comercialización española en la Unión Europea.
La presencia británica en el Atlántico Sudoccidental, al margen de quebrantar la Zona de Paz y Cooperación de los países africanos occidentales y americanos orientales que lindan con éste, es el principal motivo de interés creciente de la pesca extranjera sin control en sus aguas, por motivos económicos y geopolíticos, en especial, cuando se trata de las flotas chinas y rusas.
El segundo, es la internacionalización del Atlántico y la extracción de recursos en forma ilegal. Entre 300 y 350 buques extranjeros extraen ilegalmente unas 750.000 toneladas de recursos pesqueros, en su gran mayoría, originarios de la ZEEA. Y, si bien, por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), esta pesca es libre para los Estados de Bandera, debe considerarse ilegal, porque se realiza sin control de ninguna naturaleza, tanto en los aspectos relativos a la sostenibilidad, como los biológicos, operativos, extractivos o de comercialización y, sin una clara determinación de origen y trazabilidad. En este sentido, el destino de las materias primas son los países de los buques pesqueros o a Unión Europea, previo blanqueo del origen a través de puertos, como es el caso de Montevideo.
Por cierto, no es de esperar que esta situación se modifique a corto plazo si se siguen utilizando las ineficaces herramientas actuales, ya que los países que pescan a distancia (China, la Unión Europea, en especial España, Korea, Taiwán, etc.) no reducirán esta pesca cuando la están subsidiando.
Es obvio que esta pesca en alta mar, sin acuerdo con los países ribereños, genere un desequilibrio en el ecosistema del Atlántico Sudoccidental afectando gravemente la sostenibilidad de los recursos, por cuanto, mientras la Argentina determina anualmente las “Capturas Máximas Sostenibles”; establece cuotas de captura en base a ellas y efectúa un control de la flota nacional en la ZEEA, no ocurre lo mismo en alta mar donde, como dije, la flota extranjera pescan en forma creciente sin prácticas sostenibles. Incluso eventuales disminución de barcos no reducirán el esfuerzo, porque se incorporan buques más eficientes en las capturas.
En tercer lugar, los objetivos previstos en la CONVEMAR respecto a la sostenibilidad de los recursos pesqueros no se compadecen con las reglas que se establecen en ella y, entiendo, como muy favorables a los Estados de Bandera las regulaciones que contiene, que dan lugar, al poco interés de estos de regular con los Estados ribereños las capturas en alta mar. Ya me he referido que mientras Argentina tiene importantes obligaciones respecto a la conservación de sus recursos en la ZEEA, los Estados que pescan en alta mar lo hacen en forma libre y sin control externo. Ello sólo, es una insensatez biológica sin rigor científico alguno.
En cuarto lugar, la pesca en alta mar sin acuerdo con los países ribereños provoca una distorsión en los mercados, ya que la extracción de los recursos pesqueros de los citados buques extranjeros sin impuesto alguno, subsidiados y en algunos casos con “trabajo esclavo”, generan una competencia desleal con los países emergentes, cuyas empresas afrontan no solo los costos internos impositivos y laborales, sino también los aranceles de importación de los propios países que pescan en el Atlántico Sur. Este hecho, no solo es de carácter comercial, sino que afecta las economías de los pueblos y ciudades pesqueras del litoral marítimo.
En quinto lugar,  esto se ve facilitado por el apoyo logístico que le prestan los puertos de Uruguay a la Pesca Ilegal, tanto la proveniente del área de Malvinas como de alta mar que transita libremente por la Zona Común de Pesca, resultante del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, firmado en 1973/4.
En este escenario, no pueden esperarse mayores sorpresas. Los países desarrollados requieren cantidades crecientes de proteína por satisfacer las necesidades alimenticias de sus poblaciones y, en lugar de concertar un intercambio adecuado con los países ribereños que disponen de las materias primas, van por ellas; ya no invadiendo sus territorios como antaño, sino apropiándose de los recursos. Un ejemplo de ello es China. No solo opera subsidiada, sino que reduce sus costos al extremo; utilizando, incluso, mano de obra esclava.
El modelo que utilizan las flotas que pescan a distancia es altamente prepotente, donde subyace la presión hacia los Estados ribereños, donde sus economías son dependientes de los países que pescan a distancia.
Sorprende sí, que los países de Suramérica, entre ellos Argentina, no hayan generado mecanismos para reducir la expoliación de sus recursos migratorios.
Ya me referí a que las capturas de las ZEE y en alta mar deben abordarse en forma integral, como bien refiere la FAO; ya que una u otra pesca indiscriminada afecta al conjunto del ecosistema; rompiendo el ciclo biológico de las especies migratorias, su desarrollo y reproducción. Accesoriamente a ello, las capturas sin control en alta mar no permiten disponer de estadísticas de los descartes por pesca incidental o no comercial; pero, si transpolamos datos conocidos en la ZEEA podríamos inferir que estos descartes alcanzan al 30% de las capturas, razón por la cual, podríamos estimar en 300 mil toneladas/año los descartes anuales. Volumen que le permitía a la Argentina disponer de raciones proteicas diarias para 3 millones de niños y adolescentes los 365 días al año. Por cierto, un desaprovechamiento inadmisible, frente al hambre y pobreza mundial.
Hay además una contaminación del medio marino por el descarte de residuos no orgánicos.
Los países que pescan a distancia no están preocupados por lo que pasa fuera de sus jurisdicciones y por el contrario subsidian estas actividades. Ello favorece la práctica ilegal que se realiza en alta mar. La falta de control podría además favorecer el trabajo esclavo a bordo; las prácticas relativas al narcotráfico; la evasión fiscal y tareas ajenas a la explotación pesquera de los buques extranjeros. Sin embargo, la CONVEMAR solo autoriza la aplicación de penas de prisión y confiscación de los buques a los países titulares de estos. Ello ha llevado a muchos países y comunidades a empiecen a analizar la aplicación de sanciones penales.
No hay una sola solución al problema, sino varias herramientas que deben converger en forma simultánea con la participación de todos los Estados ribereños, en especial los de Suramérica (Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, etc.), ya que este no es solo un problema del Atlántico sino también del Pacífico. Sintéticamente menciono alguno de los temas sobre los que he trabajado en profundidad, donde los Estados ribereños deberían actuar en forma mancomunada: a) obtener el reconocimiento de los derechos en alta mar sobre los recursos migratorios originarios de las ZEE; b) actuar ante la OMC para eliminar los subsidios a la pesca a distancia o fuera de las jurisdicciones; c) propiciar que el origen y la trazabilidad y su correspondiente certificación debería estar en manos de los Estados ribereños para garantizar la sostenibilidad del conjunto del ecosistema (ZEE-ALTA MAR); d) acordar que los puertos suramericanos no presten ningún apoyo logístico a los buques que pesquen en alta mar sin acuerdo del Estado ribereño; e) establecer que los observadores a bordo y los inspectores al desembarque deben ser altamente calificados y suficientemente remunerados para evitar la pesca ilegal, la sustitución de especies y los descartes; f) firmar un Acuerdo complementario del MERCOSUR (MERCOPES) para favorecería el interés de actuar en el Atlántico Sur por parte de Brasil, Uruguay y Argentina. Por cierto, hay otras medidas complementarias.
Los países de Suramérica deberían entender que la pesca no es solo una cuestión económica y de generación de trabajo. Es una es herramienta estratégica de ocupación de espacios marinos; de población y radicación industrial; de desarrollo de regiones inhóspitas y de provisión de salud (los aminoácidos esenciales del pescado son solo comparables con la leche materna). Nada que pueda verse solamente desde una mirada productiva o ambiental. Los países desarrollados ya lo saben y, empiezan a observar con lupa, la presencia de buques fuera de sus jurisdicciones. Saquemos nuestras propias conclusiones y obremos en consecuencia: No habrá Malvinas sin Pesca y, sin Pesca no habrá desarrollo del litoral marítimo argentino.

Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA, Ex Asesor en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, autor de 28 libros. Entre ellos: “Malvinas. 1982-2022. Una Gesta Histórica y 40 años de Entrega. Pesca la moneda de cambio” (2021).