Buenos Aires, viernes 5 de enero (PR/24) – La República Popular de China autorizó el ingreso de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) congelada, proveniente de la cría de acuicultura en agua dulce de la Argentina.
Las gestiones para lograr esa apertura y establecer requisitos de sanidad e inocuidad estuvieron a cargo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y de la Administración General de Aduanas de China (GACC).
El director de Inocuidad de Pesca y Acuicultura del Senasa, Fabián Ballesteros, detalló que el cultivo de truchas “es un tipo de producción que se está desarrollando en los últimos dos años al que el Senasa está acompañando en la gestión para la apertura de mercados internacionales y en el acceso al mercado interno”.
La trucha que se exportará a China es la conocida como “panzai” que tiene un peso mayor del convencional, conocido como trucha plato. “Alcanza unos 4 kilos cada pez”, indicó Ballesteros, quien precisó que los envíos de trucha congelada, proveniente de la cría de acuicultura en agua dulce, deberán cumplir lo establecido en el nomenclador publicado por el GACC.
Unión Europea
Recientemente la Unión Europea también abrió su mercado a este tipo de producción y ya hay un establecimiento frigorífico patagónico habilitado por el Senasa para exportar al bloque comunitario trucha entera o filetes en sus diferentes presentaciones.
Ballesteros valoró ambas aperturas dado que “son dos mercados altamente exigentes en cuanto a inocuidad y calidad y el volumen de consumidores en el caso de China” e informó que se continúa negociando la apertura de China para exportar trucha enfriada o fresca.
Buenos Aires, jueves 4 enero (PR/24) — El ministro del Interior, Guillermo Francos, anunció hoy que, tras las quejas de gobernadores y empresas y sindicatos del sector de la pesca, el Gobierno hará unas aclaraciones en el texto del capítulo referido a esa industria, las cuales apuntan a dejar en claro que se mantiene la soberanía nacional dentro de las 200 millas de la costa.
Cuando se conoció el proyecto, los mandatarios de provincias con actividad pesquera, además de sindicatos y empresas del sector, manifestaron su preocupación porque consideraban que el texto redactado daba lugar a que empresas del extranjero podían pescar dentro de las 200 millas de jurisdicción argentina.
«A lo mejor (la ley) tenía una parte que no era clara. Todos queremos proteger el trabajo y la industria argentina. Hay que hacer clarificaciones, son dos o tres», dijo Francos a los periodistas acreditados en Casa Rosada tras haber recibido allí al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, ambos del PRO, para analizar la problemática.
El texto generó alarma porque varios actores implicados en el tema consideraron que se les estaba abriendo a empresas del exterior la chance de poder pescar dentro de las 200 millas de soberanía nacional, algo reservado solo para buques nacionales.
“No hay país en el mundo que ceda su soberanía en las 200 millas, eso lo primero que queremos sacar, también que se revea la obligatoriedad de que las descargas sean en puertos argentinos, no solo por la trazabilidad y el control sino por la generación de empleo. Mar del Plata, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, la pesca genera laburo y el sector genera divisas para la Argentina”, cuestionó Torres antes de ingresar a la reunión.
Tras el encuentro con Francos, al gobernador de Chubut se lo vio mucho más tranquilo: “Me voy conforme de la reunión. Está garantizada la soberanía dentro de las 200 millas y la obligatoriedad para descargar en suelo argentino, el espíritu de la ley no va contra eso”, sostuvo.
También, Torres comentó que mantiene una agenda de trabajo con “los ministros (de Defensa) Luis Petri y (de Seguridad) Patricia Bullrich para dar pelea contra la pesca ilegal porque la Argentina pierde miles de millones de pesos en pesca ilegal, no sólo es una cuestión económica sino también de soberanía”.
Por su parte, Francos dijo que además acordaron “armar una mesa para tratar todos los temas del sector” de la pesca, del cual remarcó que “es un recurso de los argentinos”. “Tiene que ser un proceso transparente y eficiente para todos, se ha interpretado de una manera diferente y lo hemos clarificado”, insistió el ministro.
Por su parte, Montenegro escribió en las redes sociales: “Mi compromiso fue siempre defender el laburo de los marplatenses. Junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, nos reunimos con el ministro del Interior, Guillermo Francos, para hablar sobre la Ley de Pesca y el impacto directo que tiene sobre la economía de nuestras regiones. Todos compartimos el espíritu de la reforma, que es nada más y nada menos que la transparencia. Por esto es importante escuchar al interior, para que podamos trabajar juntos sobre las modificaciones que se necesiten y que este sector tan importante siga creciendo”.
Horas antes de la reunión, el secretario de Comunicación y Medios, Eduardo Serenellini, señaló que el Gobierno estaba dispuesto a conversar los puntos referidos al tema pesca. “Es parte de la democracia”, admitió el flamante funcionario al plantear que, a pesar de las intenciones de la gestión libertaria de potenciar la actividad pesquera, atenderán las reticencias de los sectores que cuestionan la apertura en el sector.
Durante la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni, también hizo referencia al tema al sostener que “en el caso de la pesca, la actividad está por debajo de su punto óptimo” por lo que el Gobierno entendió que “está apertura hace que la actividad pueda crecer y no por el contrario que haya perdida de empleo”.
A pesar de la afirmación aseguró que el Gobierno está abierto a dialogar “los puntos que puedan generar controversias” y aclaró que “como cualquier ser humano puede cometer alguna cuestión que pueda corregirse”.
“En virtud de la modificación de los artículos de ley, estamos abiertos al diálogo y al debate”, resaltó el vocero desde la Sala de Conferencias, y completó: “Gran parte del debate legislativo es ponernos de acuerdo, intercambiar opiniones, y quienes se ven afectados serán parte del diálogo y la discusión”.
Buenos Aires, 28 de diciembre (PR/23)– Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina manifiesta su rechazo a los términos y alcances del proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que en la Sección III introduce modificaciones sustanciales al Régimen Federal de Pesca normado por la Ley 24.922.
El sector hace saber sus observaciones y advertencias por las profundas reformas que impactarán en la industria pesquera, a partir de una iniciativa que no ha tenido su origen en consultas o interacciones con los eslabones de la cadena productiva.
La magnitud de los cambios que pretenden implementarse exige que el Congreso Nacional
convoque al sector pesquero de Argentina, para poder exponer sus opiniones sobre cada uno de los artículos que se procura reformar del Régimen Federal Pesquero.
La industria pesquera se vería seriamente afectada en su esencia, modificándose derechos adquiridos, afectando hasta cuestiones de soberanía y en perjuicio del trabajo nacional.
Una reforma, en los términos del proyecto de ley elevado al Parlamento, pondría en riesgo el cuidado y la sustentabilidad de los recursos pesqueros y merece un tratamiento serio y sin apresuramientos. La pesca argentina ha venido advirtiendo sobre la crisis que la afecta y cambios de este calibre no harían más que profundizar esa situación.
La industria pesquera es generadora de más de 46.000 puestos de trabajo directos en Argentina, tiene más de 140 plantas procesadoras y frigoríficos autorizados a exportar, más de 1000 buques pesqueros y reporta divisas al país por casi 2.000 millones de dólares al año.
El proyecto así planteado, con licitación internacional de cuotas de pesca, deja de lado el historial pesquero, las inversiones realizadas y la mano de obra argentina empleada.
Un esquema de licitación conspira con el sistema de Cuotas Individuales Transferibles de Captura que, si bien es perfectible, ha sido un modelo en la administración pesquera aportándole
sustentabilidad a los recursos y seguridad jurídica al sector.
Ante este contexto, instamos a los legisladores nacionales a que se realice una amplia y urgente convocatoria a cada eslabón de la cadena productiva de la industria pesquera, para que el sector
transmita a los parlamentarios sus reservas y opiniones puntuales a cada modificación planteada.
Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina se pone a disposición, una vez más, para dar el debate sobre los requerimientos que la actividad tiene y es menester que el Congreso escuche y
atienda los reclamos sectoriales en función de la reforma que se pretende a la Ley Federal de Pesca.
Cabe destacar que Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina representa a las siguientes asociaciones pesqueras: Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la República Argentina (CAPECA); Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA); Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA); Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (CAABPA); Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera (AEPCYF); Unión De Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA); Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP); Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), y Cámara de Frigoríficos Exportadores de da Pesca (CAFREXPORT).
Primicias Rurales
Fuente: Inter-Cámaras de la Industria Pesquera Argentina
El destello se origina por una particular y microscópica flora marina llamada Noctiluca scintillans.
Buenos Aires, 24 noviembre (PR/23) –Los vecinos de Pinamar y Villa Gesell se vieron sorprendidos por el espectacular fenómeno de «bichitos de luz» marinos.
El caso ocurrió hace unos días y en videos viralizados se muestra cómo las olas del mar golpean en la orilla con un color celeste fosforescente.
Martín Yeza, intendente de Pinamar, utilizó sus redes sociales para mostrar el maravilloso escenario: «No siempre se las ve, incluso se llegó a decir que «habían desaparecido». Anoche (17 de noviembre) aparecieron en las playas».
Desde el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) con sede en Mar del Plata, informaron que el destello se origina por una particular y microscópica flora marina llamada Noctiluca scintillans.
Esta alga marina no es tóxicani genera inconvenientes o riesgos para aquellas personas que se quieran meter al mar, algo usual que ocurre cuando se presenta este fenómeno.
«Son un dinoflagelado marino que no posee toxicidad y es conocida por producir importantes y llamativas floraciones de color”, explicó Ricardo Silva, miembros del Programa Dinámica del Plancton Marino y Cambio Climático del Inidep.
Los especialistas también aclaran que para que este impresionante efecto se genere, es necesario la presencia de espuma en el mar ya que la floración de microalgas se rompe por las olas y es allí cuando liberan proteínas, lípidos y otras sustancias orgánicas de su interior.
De acuerdo con la actualización de la Nomenclatura Común del Mercosur dispuesto por el Decreto 557. La medida se suma a que la comercialización externa de este producto no tiene derechos de exportación desde el 2021.
Buenos Aires, 10 noviembre (PR/23) — La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informa que de acuerdo a lo dispuesto por el decreto 557, se le otorgará un 3,25% de reintegro para la comercialización de Trucha Arcoiris proveniente de la acuicultura, hacia todos los mercados del mundo.
El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman, destacó «la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, en su estrategia orientada a producir más alimentos, promover el desarrollo y generar divisas para el país», al recordar que esta medida se suma al incentivo que brinda 0% de derechos de exportación desde el año 2021.
Por su parte el director de Acuicultura, Guillermo Abdala Bertiche, afirmó que «desde la Secretaría de Agricultura impulsamos una política activa para fortalecer integralmente la cadena sectorial, promocionando así la actividad comercial y generando más acompañamiento a las empresas, productores y trabajadores».
Cabe recordar que en 2020 se creó la Dirección Nacional de Acuicultura y se implementó el Régimen de Fomento y el Fondo Nacional Acuícola, con el objetivo de fomentar esta actividad que es fuente de empleo y de desarrollo productivo.
Buenos Aires, 19 de octubre (PR/23) .- El gobierno está concluyendo su mandato y la Secretaría de Malvinas a cargo de Guillermo Carmona y el Consejo Nacional de Malvinas, integrado por varios de los autores que intervinieron en la elaboración de esos ignominiosos Acuerdos de Madrid I y II, los mantuvo vigente; donde, la fórmula inglesa del “Paraguas”, que impide tratar las cuestiones de soberanía mantiene pleno vigor después de 35 años, en beneficio del Reino Unido de Gran Bretaña (en adelante RUGB).
Nosotros hemos reiterado y fundado las razones para denunciarlos y la última vez en el año 2021 entendimos que el Congreso de la Nación debía ENCOMENDAR al Poder Ejecutivo Nacional la DENUNCIA de los llamados “ACUERDOS DE MADRID” con el RUGB, acordados en Madrid el 17 al 19 de octubre de 1989; en París el 20 de diciembre de 1989; en Madrid el 14 y 15 de febrero de 1990, y en Buenos Aires-Madrid el 28 de noviembre de 1990), efectuando también esta denuncia ante las Naciones Unidas, por la violación de parte de este RUGB de la llamada “fórmula del Paraguas”, en atención al avance del RUGB en la ocupación prepotente del territorio marítimo en el Atlántico Sur y Antártico que viola la Resoluciones 31/49 y 41/11 de las Naciones Unidas; solicitando que el RUGB retrotraiga la situación de ocupación a la imperante en abril de 1982; esto es, a la ocupación de los archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) y las tres millas marinas alrededor de éstas, hasta tanto se negocie entre ambos países de éste territorio y su reposición en favor de la República Argentina, permitiendo que pueda realizar su actividades pesqueras en la zona que RUGB tiene ilegalmente ocupada, solicitándole el cese inmediato de otorgamiento ilegal de permisos de pesca a buques extranjeros o propios del RUGB que ocupan los citados archipiélagos, que además de apropiarse de estos recursos naturales argentinos, provocan depredación y contaminación de los recursos pesqueros y del medio marino.
En atención al incumplimiento por parte del RUGB de los denominados “Acuerdos de Madrid” respecto a no innovar en materia de soberanía y las consecuencias que esta inobservancia que, entre otras cuestiones, se apropia y daña los recursos pesqueros argentinos, explotándolos sin habilitación de la Autoridad de Aplicación Argentina, depredándolos, mediante buques pesqueros extranjeros que extraen peces y moluscos en el área de Malvinas y, fuera de ella, con licencias ilegales otorgadas por el citado RUGB; se estima imprescindible su Denuncia y, la solicitud del inmediato cese de capturas ilegales del referido RUGB en Malvinas;
La resolución 31/49 de la Organización de las Naciones Unidas instó a la Argentina y al RUGB a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en las islas hasta tanto se resuelva la disputa de soberanía; pese a lo cual, el RUGB persiste en explotar los recursos pesqueros e hidrocarburíferos argentinos y, militariza en forma creciente las Malvinas; resultando por lo tanto, absolutamente incongruente mantener vigentes los denominados “Acuerdos de Madrid” que congelaron la discusión respecto a la soberanía plena en Malvinas que, -entre otras cosas- impide a la Argentina realizar actividades pesqueras en parte de su territorio marítimo y realizar una administración adecuada de sus recursos naturales;
En la Constitución Nacional se precisa: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”, por lo que resulta improcedente, mantener suspendido el tratamiento de cuestiones inherentes a la soberanía nacional, bajo lo que se llamó la fórmula del “paraguas” que, postergó sin límite nuestros legítimos derechos, mientras que por el contrario, el RUGB no ha hecho otra cosa que ejercer permanentes actos de soberanía en territorios usurpados a la Argentina.
En especial, desconociendo las reuniones entre los representantes de ambos gobiernos, que dieron lugar a la llamada “fórmula del paraguas”, el RUGB amplió en forma sostenida la ocupación del territorio marítimo alrededor de Malvinas, y de tener en 1982 unos 11.410 Km2 ocupados, hoy ocupa y explota 1.639.900 Km de territorio marítimo, el control de la actividad pesquera, cuya disponibilidad le permitió otorgar licencias ilegales pesqueras a embarcaciones extranjeras que capturan los recursos pesqueros; lo que permite concluir la ineficacia de los denominados Acuerdos de Madrid y la certeza de la depredación británica de los recursos naturales argentinos a consecuencia de su inobservancia, razón suficiente para denunciarlos y promover nuevos acuerdos que respeten el interés argentino y permitan una administración racional y sostenible de los recursos pesqueros.
Corresponde aclarar, que estos Acuerdos, que algunos juristas consideran Tratados, no fueron aprobados por el Congreso de la Nación, como bien lo indicó el proyecto de Declaración que se elaboró para ser sancionada por el Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego, donde en los artículo 1º y 2º refiere a «desechar los Tratados de Madrid I y II, por no haber sido sometidos al Congreso de la Nación, y ser lesivos a la soberanía territorial argentina y el orden público constitucional (Cláusula Transitoria Primera y art. 27, C.N.), así como del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional (art. 36) y declarar inaplicables en todo el territorio de Tierra del Fuego, las disposiciones de los tratados internacionales inconclusos, conforme la normativa invocada en el Art. 1º de esta ley, y lo dispuesto por el art. 105, incisos 6, 7, 25, 27 y 37 de la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego» y la oportuna Resolución (AS Nº 412-21), de la citada Legislatura donde en sus artículos «se invita a los legisladores nacionales de Tierra del Fuego en los términos del art. 105º inc. 6 de la Constitución Provincial y el art. 1° de la Ley Provincial N° 98 y, con el debido debate, a desechar los Acuerdos de Madrid I y II, dando cumplimiento a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, la Resolución 2065 (XX) de las Naciones Unidas y la Declaración de Ushuaia».
Estas “Declaraciones” tampoco contaron con la debida consulta y aprobación de la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego que es parte necesaria en las cuestiones de los archipiélagos y sus mares.
Estos Acuerdos de Madrid I y II, son una lamentable claudicación de los gestores e, incluyen por primera vez, a las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur con una evidente mala fe del RUGB y la ingenuidad o sometimiento del gobierno argentino; cuestión nunca tratada previamente ni estuvieron en disputa en las Res. 2065 (XX), 1514 (XV), 31/49 y otras de la ONU y, los distintos intercambios entre la Argentina y el RUGB.
Además, la Constitución Nacional en la Disposición Transitoria Primera refiere con certeza a los espacios marítimos “correspondientes” y no “circundantes” que podría entenderse que circundan o rodea a los archipiélagos, cuestión que se incluye en el Acuerdo de Madrid I, por lo que es este término no se ajusta a lo establecido en 1994 en la Constitución, lo que algunos funcionarios erróneamente repiten, como si se tratara de una cuestión de innecesaria estrictez en los límites que ponen en juego millones de km2 marítimos argentinos.
No puede dejar de tenerse en cuenta, tampoco, la gravedad de la militarización británica existente en Malvinas, residual de la guerra de 1982 y la firma de los Acuerdos de Madrid, donde se regulan además cuestiones relativas al control de la navegación y comunicación en el Acuerdo de Madrid II que son absolutamente contrarias el compromiso expresado por el RUGB de respetar plenamente los principios de la Carta de las Naciones Unidas, ya que mantiene una base misilística y otros medios militares y navales en Malvinas en evidente violación a la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” (Res. 41/11 del 27/10/1986 de la ONU) que agravian a la Argentina y, son contrarias a lo previsto (Madrid I, 6, Madrid II, 4) de «crear confianza y evitar incidentes en la esfera militar», además de otras cláusulas lesivas a la soberanía nacional al indicar que el RUGB «Eliminaría el actual requisito para que los buques mercantes argentinos entren a la zona de protección y, hacer coincidir los límites de la zona de protección con los de la zona de conservación», en una evidente e inamisible acción de administración británica de los territorios argentinos.
Se ha ejecutado formalmente un evidente “cambio de figuritas” (Madrid I, inc. 7 y 8) donde «el gobierno británico conviene en facilitar el restablecimiento de vínculos de cooperación entre la Argentina y la Comunidad Europea», etc. Una vergüenza este escrito mercantilista, cuando están en juego cuestiones soberanas tan sensibles al pueblo argentino y un acto de humillación y sumisión de los firmantes que enloda a la Argentina.
Por otra parte, se agregó (Madrid II, inc. 5, A, B, C, D y sus Anexos) una dependencia de las fuerzas armadas argentinas (en el Acuerdo los británicos, incluso, excluyeron al Ejército Argentino) que se deja de manifiesto en el «Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas sobre los movimientos de las unidades de sus Fuerzas Armadas en áreas del Atlántico Sudoccidental», sobre espacios que alcanzan a gran parte del Atlántico Sur y, no solo al área ocupada por el Reino Unido en 1982; el «Sistema de Comunicación Directa entre las Islas Malvinas y el territorio continental con el objetivo de reducir la posibilidad de incidentes, limitar sus consecuencias si ocurrieran actividades y aumentar el conocimiento reciproco de los militares en el Atlántico Sudoccidental» y «Acordar un conjunto de reglas de comportamiento reciproco para las unidades de sus respectivas fuerzas navales y aéreas que operen en proximidad» y «establecer un sistema de intercambio de información sobre seguridad y control…». Es decir, administrar nuestros espacios. Sin referirnos, al vigente veto del RUGB a la compra de armas por parte de la Argentina que, nos dificulta defender el territorio.
A todo lo dicho se agrega en los Acuerdos, la aceptación lisa y llana de la explotación pesquera británica de los recursos argentinos, como se desprende de los Acuerdos (Madrid I, inc. 10; Madrid II, inc. 7 y 14) que llevaría a que el gobierno ilegal británico en Malvinas capturara, por vía del otorgamiento de licencias pesqueras ilegales a buques extranjeros, un promedio anual de 250 mil toneladas, equivalentes a mil millones de dólares/año; es decir que desde 1989 al firmarse los Acuerdos, a la fecha, los británicos han extraído recursos pesqueros argentinos por valor de 32 mil millones de dólares estadounidenses; los que comercializados en el mercado final ascienden a los 192 mil millones de dólares y, lo han hecho comprometiendo el ecosistema, como la propia Consultora Británica MacAlister, Elliot & partners Limited en 2020, especializada en pesca sustentable (Penguin News, Agenda Malvinas, 10/6/2021) lo considera; es decir, que la actividad ilegal británica está comprometiendo el ambiente marino, que era una cuestión que el Acuerdo refería a la necesidad de cuidar.
Como consecuencia de este Acuerdo (Madrid II, inc. 12) la Argentina aprobaría luego la Ley 24.184 de “Protección y Promoción de Inversiones del Reino Unido”, con condiciones muy ventajosas sobre los demás países, comportamiento argentino que se contrapone con la apropiación que el RUGB hace de nuestros recursos.
Aunque la interpretación de algunos, es que “los británicos aceptaron la fórmula del paraguas y con ello reconocieron la disputa de soberanía” (Clarín, 22/10/1989:9), esta opinión es sesgada, ya que deberíamos recordar que los británicos no la aceptaron sino que impusieron la referida fórmula inglesa, donde de hecho, negaron toda soberanía y obtienen los resultados que están a la vista: siguen avanzando en la ocupación de territorios y explotación de los recursos, mientras que la Argentina quedó congelada.
Finalmente, el incumplimiento por parte del RUGB de la Res. 2065 (XX) de dialogar el mecanismo de reconocimiento de la soberanía plena argentina de Malvinas, coloca en una situación de absurdo la “fórmula de paraguas” sin fecha de vencimiento para avanzar sobre las cuestiones de soberanía, mientras el RUGB viola la citada Res. 2065 (XX) y, muy especialmente, viola la Res. 31/49 de las Naciones Unidas, al invadir en forma creciente nuestros territorios insulares y marítimos y explotar nuestros recursos naturales pesqueros e hidrocarburíferos, pese a que esa Resolución refiere a no innovar respecto a los espacios ocupados por el RUGB. Todos actos violatorios de la Carta Magna de las Naciones Unidas y la “Zona de Cooperación y Paz” establecida por todos los países de América y África vinculados al Atlántico Sur.
En el mismo acto de denunciar los Acuerdos debería renegociarse una fecha de vencimiento perentoria de la denominada fórmula de paraguas (Madrid I, ítem 2) que congela las cuestiones relativas a la soberanía, cuya vigencia, habiendo pasado 56 años, es contradictoria con la Res. 2065 (XX) de las Naciones Unidas que promueve el diálogo a la brevedad sobre la soberanía.
Durante la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni, también hizo referencia al tema al sostener que “en el caso de la pesca, la actividad está por debajo de su punto óptimo” por lo que el Gobierno entendió que “está apertura hace que la actividad pueda crecer y no por el contrario que haya perdida de empleo”.
