Esta referencia, que no fue incluida por el ponente del informe, el socialista portugués Francisco Assis, fue impulsada por el Grupo de Reformistas y Conservadores (ECR) y responde a una reclamación realizada en el pasado por diversas entidades defensoras de los derechos humanos, en especial de la libertad religiosa, así como por los obispos católicos.

A finales de 2024, Alessandro Calcagno, asesor de la COMECE, organismo que ostenta la representación oficial de la Iglesia Católica ante la Unión Europea (UE), afirmó durante su intervención en el Desayuno Europeo de Oración que “ha llegado el momento de dar este paso, sin cuestionar la especificidad de las comunidades judía y musulmana, que ya cuentan con coordinadores similares. No se trata de victimismo, sino de igualdad de acceso a las herramientas de protección”.

El Observatorio sobre la Intolerancia y la Discriminación contra los Cristianos en Europa (OIDAC Europe) documentó en un reciente informe 2.211 crímenes de odio anticristianos en Europa en 2024, con 94 ataques incendiarios contra iglesias, casi el doble de los registrados en 2023.

Por su parte, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) publicó recientemente una guía titulada “Comprendiendo los crímenes de odio anticristianos y abordando las necesidades de seguridad en las comunidades cristianas” para abordar la problemática.

La presidenta del OLRC, María García, subrayó en un comunicado que “nombrar esta realidad es el primer paso para proteger a las víctimas” y urgió al Gobierno de España “a adoptar la misma terminología en sus comunicaciones oficiales y en sus estadísticas de delitos de odio”.

Para García el reconocimiento de la existencia de cristianofobia por parte del Parlamento Europeo, debería llevar al Ejecutivo español a «dejar de esconderla bajo etiquetas genéricas y que la nombre con claridad, por respeto a las víctimas y por eficacia en la prevención”.

María García ha recordado que “si no se nombra la cristianofobia, se niega a las víctimas cristianas. No es solo una cuestión de palabras: es una cuestión de reconocimiento, de justicia y de políticas públicas basadas en datos”.

 

 

 

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Fuente: ACI Prensa