La Comisión Técnica Forestal del CPIA expresa su profundo pesar por los graves daños
ocasionados por los incendios rurales que azotan actualmente la Patagonia argentina,
particularmente en regiones como la Patagonia Norte, el Parque Nacional Los Alerces y
otras áreas afectadas en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y
Santa Cruz. Manifestamos nuestra solidaridad con todas las comunidades impactadas por
esta tragedia ambiental y humana.
Buenos Aires, 4 de marzo (PR/26) Como comisión profesional especializada en temas forestales y agronómicos,
consideramos nuestro deber contribuir al debate público desde una perspectiva técnica,
responsable y orientada al largo plazo. Lamentablemente, desde el punto de vista
comunicacional y operativo, se ha ido normalizando la recurrencia de estos eventos
catastróficos. No se observan cambios sustantivos en las estrategias para enfrentarlos, a
pesar de que los resultados han sido reiteradamente devastadores.
La historia reciente en Argentina es elocuente al respecto. La temporada 2020 fue una de
las más destructivas registradas, con más de 1.150.000 hectáreas afectadas a nivel
nacional, incluyendo vastas extensiones en el Delta del Paraná y Córdoba. A ello se
suman temporadas graves como 2016-2017, con más de 2.000.000 de hectáreas
quemadas en regiones pampeanas y del noreste patagónico, y 2021-2022, con
aproximadamente 1.054.000 hectáreas quemadas en total, destacando los incendios en
Corrientes que arrasaron cerca de 934.000 hectáreas y causaron significativas pérdidas
económicas y ecológicas. Más recientemente, las temporadas 2024-2025 y la actual
2025-2026 han continuado esta tendencia, con cientos de miles de hectáreas consumidas
por el fuego —solo en enero, fueron reportadas por el Servicio Nacional del Manejo del
Fuego (SNMF) más de 140.000 hectáreas que han sido devastadas siendo las de mayor
relevancia las 73.000 en la provincia de la Pampa y 55.000 en la provincia de Chubut—.
Estos hechos no son episodios aislados, sino una tendencia persistente que el país no ha
logrado revertir, agravada por condiciones climáticas extremas como sequías prolongadas
y altas temperaturas.
Asimismo, Argentina registra de manera sistemática cifras superiores a los diez mil
incendios rurales por año, lo que evidencia un cambio estructural en el régimen de
incendios y confirma que el problema ya no puede ser abordado únicamente desde la
lógica de la emergencia reactiva, sino como una política permanente de seguridad pública
y ambiental. Reconocemos y valoramos los esfuerzos actuales en el combate por parte de
quienes honesta y eficazmente están actuando para el control y la protección de vidas,
comunidades y ecosistemas.
Sin embargo, se ha instalado la idea de que un mayor presupuesto para el combate es la
solución principal para enfrentar el problema. La experiencia demuestra que no basta con
aumentar recursos si se mantiene inalterada una estrategia centrada casi exclusivamente
en el combate y la extinción. Sin un giro profundo hacia la prevención del inicio de
incendios, los resultados seguirán siendo los mismos, perpetuando la destrucción de
biodiversidad, la degradación del suelo y la exposición de comunidades vulnerables.
Sostenemos con convicción que el eje central de la política pública debe ser la prevención
activa de la ocurrencia de incendios, entendiendo que una proporción mayoritaria de ellos
tiene origen humano, ya sea por negligencia o de forma intencional, como se ha
confirmado en muchos de los focos actuales en la Patagonia. El fuego es parte natural de
muchos ecosistemas, pero el problema radica en la magnitud actual de los focos de los
incendios, que afecta gravemente las capacidades de resiliencia de los sistemas.
Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA) · Comisión Técnica Forestal · Febrero 2026
En este sentido, proponemos como prioridad nacional:
1. Patrullaje preventivo incremental, obligatorio y permanente. Debe establecerse un
sistema coordinado y obligatorio de patrullaje territorial durante toda la temporada de alto
riesgo, con participación conjunta de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal
Argentina, las policías provinciales y otras fuerzas de seguridad. Este despliegue debe
concentrarse especialmente en zonas de interfaz urbano-rural, parques nacionales y
sectores históricamente vulnerables a la ocurrencia de incendios, como la Patagonia.
2. Uso intensivo de tecnología para disuasión y detección. El país debe normalizar el
empleo sistemático de drones, monitoreo satelital, cámaras térmicas y sistemas
inteligentes de análisis de imágenes, no solo para detectar focos incipientes, sino para
identificar conductas sospechosas. La prevención moderna requiere presencia territorial
visible y capacidad tecnológica permanente, integrando herramientas como las
proporcionadas por el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y satélites de monitoreo
ambiental.
3. Ordenamiento territorial responsable. La expansión urbana desregulada en zonas de
alto riesgo ha incrementado dramáticamente la exposición de la población. Reconstruir
una y otra vez en los mismos lugares, sin planificación preventiva, resulta social, humana
y económicamente insostenible. Es urgente implementar planes de ordenamiento que
regulen el uso del suelo en áreas propensas a incendios, promoviendo la restauración
ecológica y la zonificación de riesgos.
4. La educación y la concientización ciudadana deben ser consideradas un eje central de
las políticas de prevención de incendios. La capacitación continua, la difusión de buenas
prácticas y la educación ambiental temprana permiten anticipar y mitigar conductas de
riesgo, reduciendo la ocurrencia de incendios de origen humano. Invertir en educación
preventiva no solo disminuye la presión sobre los sistemas de respuesta y combate del
fuego, sino que contribuye a la protección sostenible de los ecosistemas, la infraestructura
productiva y las comunidades.
5. Manejo sostenible de los bosques nativos para la prevención. Si bien el fuego es parte
de los ecosistemas es fundamental enfatizar la importancia del manejo activo y
responsable de los bosques nativos, incluyendo prácticas como la reducción de carga
combustible, la restauración de áreas degradadas, y la planificación con aprovechamiento
en las barreras naturales existentes para mitigar el riesgo de propagación de incendios y
fortalecer la resiliencia de los ecosistemas frente a eventos extremos.
6. Persecución penal eficaz y sanciones ejemplarizadoras. Las fiscalías y los tribunales
deben actuar con mayor celeridad y eficacia en la investigación de incendios rurales. La
identificación y condena de los responsables —negligentes o intencionales— es
indispensable para generar un efecto disuasivo real. Sin sanciones oportunas y
proporcionales al daño causado, la impunidad seguirá alimentando la repetición de estas
tragedias, como se evidencia en casos donde el origen humano ha sido confirmado pero
no perseguido adecuadamente.
Nuestra conclusión es categórica: mientras el país continúe concentrando sus esfuerzos
casi exclusivamente en combatir incendios ya declarados, seguirá lamentando pérdidas
humanas, destrucción de comunidades y degradación ambiental. Los incendios no son
desastres naturales inevitables: en su inmensa mayoría son hechos prevenibles,
agravados por factores antrópicos y climáticos que requieren una respuesta integral.
El CPIA, a través de su Comisión Técnica Forestal reitera su total disposición a colaborar
técnica e institucionalmente en el diseño de una estrategia moderna, integral y eficaz,
centrada en la prevención, la disuasión y la protección de la vida humana.
Fuente: Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA) · Comisión Técnica Forestal · Febrero 2026
Primicias Rurales
