La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto que prohíbe a las industrias reconstituir leche en polvo importada, una medida que funciona como traba paraarancelaria y pone en riesgo el principal destino de las exportaciones lácteas argentinas.

Buenos Aires, miércoles 15 mayo (PR/26) — El escenario comercial para la lechería argentina en Brasil enfrenta una nueva y compleja barrera. Mientras persiste la investigación por presunto dumping iniciada a fines de 2025, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados brasileña dio luz verde a un proyecto que prohíbe expresamente la reconstitución de leche en polvo importada para el consumo humano y procesos industriales.

De convertirse en ley, las empresas brasileñas no podrán agregar agua a la leche en polvo extranjera para comercializarla como fluida ni utilizarla como insumo para fabricar yogures, quesos o leche condensada.

Esta iniciativa es vista por los especialistas como una traba de carácter paraarancelario, dado que no existen impedimentos sanitarios para este proceso técnico, sino una intención política de blindar el mercado interno.

Los puntos más críticos de la situación incluyen:

  • Fundamento legislativo: El oficialismo brasileño sostiene que la medida busca proteger una cadena que genera ingresos para miles de familias rurales frente a productos que, según denuncian, ingresan con precios subsidiados.

  • Impacto en Argentina: El mercado brasileño es vital para la industria local, ya que absorbe hasta el 50% de las exportaciones anuales de leche en polvo, con envíos que en 2025 superaron las 95.000 toneladas.

  • La postura argentina: Desde el sector productivo y el Gobierno se argumenta que los problemas de la industria láctea en Brasil son de índole interna y que la participación argentina apenas alcanza el 3% del consumo total del país vecino.

 

Esta nueva restricción se suma a la presión de la investigación antidumping vigente, lo que genera máxima alerta en el sector agroindustrial argentino, que ve amenazada una facturación que supera los 530 millones de dólares anuales.

La resolución final queda ahora en manos del Congreso del país vecino, en un clima de creciente proteccionismo regional.

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Fuente: Varias