Oct 19, 2020 | Columnas
Por Andrés Boscovich* .
Buenos Aires, 18 octubre (Especial para NA) — Tras el agujero que deja la pandemia en la economía, la expectativa del Presupuesto 2021 estaba centrada sobre la vuelta a la sustentabilidad fiscal que lograra alinear las expectativas del mercado en el mediano plazo (con un compromiso explícito de buscar el superávit y reducir el financiamiento monetario).
Pero la decisión del Gobierno de incrementar los controles cambiarios desorientó al mercado y atentó directamente contra la premisa de avanzar hacia un plan de estabilidad económica.
A pesar del exitoso canje de deuda y de anunciar un Presupuesto 2021 que busca reducir la brecha fiscal, el BCRA tomó nuevas medidas de control en el mercado cambiario, con el objetivo de mantener las pocas reservas netas que en la actualidad promedian unos USD 7.600 millones (incluyendo oro).
Las nuevas disposiciones limitan el acceso a quienes procuran divisas con fines de atesoramiento y para la cancelación de deudas financieras.
Como era esperable, el aumento de las restricciones incentivó aun más las presiones sobre los dólares financieros llevando la brecha a máximos del 121% en el caso del dólar informal.
La explicación de la inestabilidad cambiaria y la sangría de reservas se centra en que, si bien parecería que el tipo de cambio real sería competitivo en comparación histórica dado el elevado superávit comercial, el exceso de pesos en el mercado se canalizó hacia compras del dólar ahorro y cancelación de deudas futuras, dado que ofrecían mayor rentabilidad en comparación con las opciones en pesos.
De este modo, las empresas y las familias se llevaban cerca de u$s 1.600 millones mensuales, reduciendo las disponibilidades líquidas a valores mínimos.
La solución de fondo a la actual inestabilidad es un plan económico integral creíble que lleve las cuentas del Gobierno hacia un equilibrio fiscal, un tipo de cambio competitivo y valores de inflación a la baja (pero cumplibles), junto con un programa financiero basado en el desarrollo del mercado de pesos que incentive al ahorrista.
Sin embargo, en el proyecto de Presupuesto 2021 estas señales brillan por su ausencia, por lo cual las soluciones de fondo continúan siendo un deseo más que una realidad.
(*) Analista de IES Consultores.
Primicias Rurales
Fuente: NA
Oct 14, 2020 | Columnas
Por Claudio Molina*.
Buenos Aires, 14 octubre (NA) — Existe un nuevo paradigma energético en el mundo, que lleva a ofrecer a los consumidores, por cuestiones de salud y de medio ambiente, combustibles más funcionales a esos objetivos.
Los combustibles minerales no solo hacen daño al ambiente, sino que también lo generan sobre la salud pública.
Por ello, paulatinamente se van estableciendo normas que determinan plazos de vencimiento del uso de los mismos en importantes países del mundo.
En 2006 se sancionó en Argentina la Ley 26.093, que promueve la producción, comercialización y uso sustentable de biocombustibles, la que fue reglamentada por Decreto 109/07.
Posteriormente, la misma fue complementada por Ley 26.334 y una serie de normas emitidas por el Poder Ejecutivo.
Esa normativa permitió la creación de una importante capacidad de producción de biocombustibles para abastecer el mercado interno, mientras que el complejo exportador de biodiesel, se venía desarrollando en forma paralela, sin depender de esa normativa.
La medida más importante establecida por el mencionado régimen, fue el establecimiento de un mandato de corte para que todas las naftas y el gasoil comercializado en Argentina, tuvieran como mínimo un 5% de bioetanol y de biodiesel.
Con el tiempo, ese porcentaje fue creciendo, para ubicarse hoy en el 12% y 10% respectivamente.
Sin embargo, han existido errores y omisiones muy importantes por parte de las distintas gestiones que tuvieron a cargo la administración de las facultades de la autoridad de aplicación en la materia, los que han impedido un cumplimiento riguroso de esa exigencia y han sido consecuencia de recurrentes crisis, que afectaron negativamente la economía de los productores de biocombustibles, poniendo a muchas empresas al borde de la bancarrota.
No obstante, el programa referido permitió un desarrollo medianamente importante para el país. El mismo, además de diversificar la matriz energética nacional, contribuye a:
– Dar cumplimiento de las metas de ahorro de gases efecto invernadero -causantes del cambio climático global-, en el marco de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país.
Por ejemplo, en el caso del bioetanol de maíz, la reducción de la huella de carbono es superior a un 70 % promedio.
– A la mejora de la salud pública, reduciendo las emisiones dañinas que generan la quema de combustibles minerales.
– Industrializar materias primas agropecuarias en origen, con el consiguiente impacto positivo en la generación de empleos.
– Sustituir importaciones, abriendo nuevas posibilidades para lograr una buena cantidad de empleos sustentables – principalmente en zonas extrapampeanas-, incluso mejorando el balance de divisas en muchas ocasiones.
– Diversificar el destino de nuestras exportaciones.
El 12 de mayo de 2021, expira la vigencia del citado régimen, aunque el mismo otorga la facultad al Poder Ejecutivo de computar los quince años de duración estipulados, desde el inicio del mandato de corte -ocurrido en 2010-, por lo que esa vigencia puede prorrogarse hasta el 31 de diciembre de 2024.
Hacia el interior de la industria argentina de biocombustibles existen dos posiciones definidas al respecto: La de aquellos que promueven la extensión de la Ley 26.093 y la de los que promueven la sanción de una nueva ley.
Considero que es fundamental lograr esto último, a pesar del escaso tiempo disponible hasta el vencimiento de la actual ley.
Las razones para sostener esta posición, son las siguientes:
1. Han transcurrido más de catorce años desde la sanción de la Ley 26.093, hecho que aconseja una revisión, más aún considerando que el foco del régimen de promoción instituido por ella, está vinculado a una industria nueva, donde se registran rápidos avances científicos y tecnológicos.
2. Los graves problemas registrados a lo largo de la vida del régimen, derivados de la administración estatal del mismo, hacen aconsejable contar con una legislación más autónoma, que limite los grados de libertad de la autoridad de aplicación y que al mismo tiempo, minimice la judicialización de las controversias, que actualmente alcanza altos niveles, como consecuencia de los citados problemas.
3. Es necesario establecer un sendero de crecimiento del contenido de biocombustibles en las mezclas con combustibles minerales, que sea previsible y que facilite la incorporación de programas como el de Flex Fuel, para introducir en el país vehículos aptos para usar nafta con distintos cortes con bioetanol -por ejemplo, un E27,5-, e incluso bioetanol cortado con 15% de nafta –E85-.
4. Debe promoverse el desarrollo de programas regionales de uso de biocombustibles puros.
5. Debe generarse un fuerte compromiso para con la investigación y desarrollo en distintos campos que puedan impactar positivamente en el futuro de los biocombustibles, mejorando su eficiencia a lo largo de su cadena de valor.
El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación, junto con las provincias deben lograr un gran acuerdo a la brevedad, para consolidar a los biocombustibles en el marco de una política de estado para los próximos quince años.
(*) Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.
Oct 11, 2020 | Columnas
Por Ignacio Stegmann* .
Buenos Aires, 11 octubre (Especial para NA) — Mantener el campo argentino libre de envases vacíos de fitosanitarios es un gran desafío que involucra a muchos actores, tiempo, estructura y esfuerzo conjunto.
Es un desafío enorme sobre el que empezamos a trabajar hace aproximadamente dos años con el firme compromiso de superar año a año el recupero de envases vacíos de fitosanitarios.
En 2019 se recuperaron más de 235 mil kilos y en lo que va del 2020 el plástico recuperado ya asciende a más de 507 mil kilos, representando entre enero y agosto más del doble de lo que se recolectó durante todo el año pasado.
Hoy 99 empresas están adheridas al sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios de CampoLimpio, que representan alrededor de 90% de los envases que se utilizan en el campo.
Sin embargo, queda mucho por hacer y para lograr extender sistemas efectivos de recuperación de estos envases, es fundamental trabajar con las comunidades locales, productores, distribuidores y entidades, promoviendo el lavado de los envases, perforado para su inutilización, almacenamiento temporal en buenas condiciones y entrega en lugares designados para, su reciclaje y correcta reutilización.
Ningún sistema es exitoso si no se suma a toda la comunidad agropecuaria a estas acciones para impulsar un cambio de hábito en las personas para el cuidado del medio ambiente y recuperar, entre todos, los envases vacíos de fitosanitarios y así evitar que los mismos sean destinados a actividades que se encuentran prohibidas por Ley tales como el comercio de los mismos, enterrarlos, quemarlos o abandonarlos.
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Avance progresivo dentro del marco que permite la ley
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En 2016, se sancionó la Ley 27.279 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios que establece las obligaciones de todos los actores de la cadena en el tratamiento de los envases vacíos, siendo las empresas registrantes las responsables del armado de un sistema de gestión integral.
El sistema de gestión de envases vacíos de fitosanitarios se presentó en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De éstas, 19 ya designaron su autoridad competente y 5 han aprobado el sistema de gestión: Buenos Aires, La Pampa, Salta, Corrientes y Entre Ríos.
El sistema comienza en cada provincia con la designación de una Autoridad Competente (AC). Se presenta a la AC de cada provincia el Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios de Campo Limpio.
Para diagramar la estrategia, se toman en consideración los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) existentes y cuáles podrían ser involucrados en el sistema para garantizar la eficiencia y eficacia de la estrategia de gestión integral de los envases.
Al momento de diagramar el sistema de logística se tiene en cuenta la normativa provincial así como uno de los principios rectores de la ley que es la interjurisdiccionalidad.
Se presenta ante la autoridad competente una propuesta de logística para reciclado y disposición final y se avanza en acuerdos.
El sistema contempla el desarrollo de Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT), la implementación de una logística integral, la capacitación y concientización de todos los actores de la cadena y una trazabilidad de los envases vacíos para enviar los mismos a reciclar, recuperar, reutilizar y revalorizar, impulsando la economía circular para el beneficio de todos.
La cadena de valor es fundamental para generar acuerdos de colaboración. Ejemplo de acuerdos exitosos son los firmados con la Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios (FEDIA), Unión de Cámaras y Asociaciones de Buenos Aires en Manejo de Plagas Ambiental (CAITPA) y la Unión de Cámara y Asociaciones de Buenos Aires en el Manejo de Plagas Urbanas (UCABA), que acompañan el compromiso, seriedad y transparencia para llevar a cabo las acciones.
Pero aún queda mucho por hacer. Otros países como Brasil, lo han logrado y sabemos que Argentina puede conseguirlo también.
Solo dependerá de nosotros y de la responsabilidad de cada uno de los actores, de cumplir con el rol que le toca en esta importante misión de preservar el medioambiente.
(*) Director Ejecutivo de Asociación CampoLimpio.
Primicias Rurales
Fuente: NA
Oct 4, 2020 | Columnas
Por Alejandro Berlingeri*.
Buenos Aires, 4 octubre (Especial para NA) — La Argentina se destaca por su producción de cereales en el mundo.
Es por esto que durante 2019 la cebada generó importantes ingresos de divisas para el país.
Según un informe realizado por el INDEC sobre complejos exportadores, la agroindustria cervecera representó 1,6% del total de exportaciones, alcanzando 1.029 millones de dólares.
En lo que respecta al 2020, según datos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el complejo agrocervecero exportó en el primer semestre u$s 423 millones entre cebada cervecera, forrajera, malta y cerveza.
A lo largo de los últimos años, la Argentina se ha convertido en un actor relevante en el mercado internacional de cebada y malta, gracias a su excelente calidad de granos y el trabajo articulado con los productores agropecuarios.
En cuanto a la exportación de la materia prima, la agroindustria cervecera genera significativos ingresos para el país, y cada año sus rindes y cosechas mejoran.
Tal es así que, en el último tiempo, la agroindustria se convirtió en el décimo complejo exportador, lo que permitió posicionar a la Argentina como un actor agroexportador en el mundo; destacándose como uno de los 5 países exportadores de cebada, junto a Francia, Rusia; Australia y Canadá.
En Argentina, la agroindustria cervecera es una actividad con 130 años de trayectoria, con una cadena de valor federal que va desde la producción de lúpulo, cebada, malta y cervezas, que emplea en toda su cadena de valor a más de 127.000 trabajadores, que hacen llegar el producto a 400.000 puntos de venta de todo el país.
A pesar de los buenos o malos momentos, la agroindustria cervecera constantemente ve la manera de invertir, de estar junto a los argentinos para generar empleo, para dar mensajes de consumo moderado y responsable, innovando en productos que se adecuen a las necesidades de nuestros consumidores.
(*) Director Ejecutivo de la cámara que agrupa a exportadores de cebada, productores de malta de cebada, y cerveza.
Primicias Rurales
Fuente: NA
Oct 4, 2020 | Columnas
Por Valeria Asproni*.
Buenos Aires, 4 octubre (Especial para NA) — En los últimos meses, Uruguay ha demostrado a través de ciertas medidas concretas su ya manifiesta intención de incentivar la inmigración y promover la inversión extranjera.
Se autodenominó como «un país de puertas abiertas con una política migratoria que otorga un marco de seguridad pública, jurídica y económica para todas las personas extranjeras que deseen radicarse».
Uruguay es un país con un nivel de carga fiscal históricamente atractivo considerando que, a diferencia de la Argentina, aplica el impuesto a la renta para residentes únicamente sobre los resultados generados en territorio uruguayo, sin generar imposición sobre aquellos de fuente extranjera.
Existen, sin embargo, algunos conceptos particulares sobre los cuales se produce una extensión de la fuente, como es el caso de los rendimientos de activos financieros del exterior – fundamentalmente intereses y dividendos-, que tributan el impuesto a una tasa del 12%.
Es sobre este último caso que la ley de vacaciones fiscales recientemente sancionada otorga importantes beneficios fiscales para aquellos extranjeros que adopten la residencia uruguaya a partir del 2020, quienes podrán optar entre:
– No tributar el Impuesto a la Renta de Personas Físicas (IRPF) por las rentas pasivas obtenidas en el exterior por 10 años (anteriormente el plazo fijado era de 5 años) o,.
– Tributar el IRPF por los rendimientos de capital mobiliario del exterior al 7% (en lugar de su tasa habitual del 12%), en forma indefinida desde la adquisición la residencia fiscal.
En un contexto argentino de creciente presión fiscal, con un impuesto a la renta financiera plenamente vigente, un impuesto sobre los bienes personales encarecido respecto de los últimos años (y diferencial para los bienes situados en el exterior) y con un proyecto de impuesto a la riqueza en proceso de debate parlamentario, estas medidas del país oriental podrían resultar muy atractivas para aquellos residentes argentinos que mantienen inversiones en el exterior.
A modo de comparación, mientras que un residente argentino tributa un 35% en concepto de impuesto a las ganancias sobre los rendimientos percibidos por títulos extranjeros, la «vacación fiscal» permitiría, al mismo sujeto, no pagar impuesto sobre estas rentas durante 10 años si mudara su residencia fiscal a Uruguay.
Sin embargo, es menester recalcar que, a los efectos de disminuir la carga tributaria en la Argentina, no resulta suficiente adquirir la residencia en un país extranjero, sino que corresponderá también gestionar la baja de la residencia fiscal en nuestro país.
Para ello, además de realizar el trámite pertinente, es fundamental estar en condiciones de demostrar en los hechos que la mudanza internacional es real, considerando que la titular de la AFIP ha manifestado que se evaluarán los casos para asegurarse de que los mismos sean genuinos.
Si como consecuencia de esto ambos Estados reclamaran la residencia fiscal del contribuyente, podría hacerse uso del artículo 9° del Convenio para evitar la doble Imposición suscripto entre ambos países, que resuelve en favor de aquel país en el cual el sujeto posea su vivienda permanente.
En caso de que tuviera vivienda a disposición en ambos países, el vencedor será aquél en el que se encuentre su «centro de intereses vitales».
(*) Gerente de Impuestos de Pgk Consultores miembro de TGS Global.
Primicias Rurales
Fuente: NA
Oct 4, 2020 | Columnas
Por Emiliano Rodríguez* .
Buenos Aires, 4 octubre (Especial de NA) — En medio de rumores de lo más variopintos que han circulado en los últimos días, una misión del FMI comenzará el próximo martes una visita al país en el marco de las negociaciones con motivo de una multimillonaria deuda que la Argentina mantiene con ese organismo.
El Gobierno que lidera Alberto Fernández pugna por reestructurar un pasivo de unos 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras haber alcanzado semanas atrás un exitoso acuerdo con acreedores privados, en lo que significó una cucarda para la gestión oficial.
La llegada de la misión del Fondo es vista como un gesto de empatía del organismo que preside la búlgara Kristalina Georgieva hacia la Argentina y se producirá apenas días después de que la Casa Rosada anunciara una serie de medidas en busca de atraer el ingreso de dólares al país -por intermedio de exportaciones- y fomentar aquí el ahorro en pesos.
Esos anuncios, de todos modos, fueron considerados como «insuficientes» por sectores de la estructura productiva doméstica, vinculados con la explotación agropecuaria por ejemplo, y también por ejecutivos de firmas que operan en Wall Street y en el mercado argentino: son «parches» para el corto plazo, coincidieron en general.
De cualquier manera, el Gobierno parece haberse embarcado en estos días en la cruzada de tratar de generar confianza, en medio de un contexto sumamente complejo por el que transita la Argentina, tanto debido a la pandemia de coronavirus como a la crisis económica que afecta al país.
Se espera justamente que los integrantes de la comitiva del FMI, Julie Kozack, directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de misión para la Argentina, junto con Trevor Alleyne, representante residente del organismo en el país, dediquen parte de su estadía en Buenos Aires para «medir» el clima político, económico y por qué no también social de estas latitudes.
De acuerdo con economistas que advierten con una marcada caída de la actividad productiva en 2020 a causa de la epidemia de Covid-19 y una eventual recuperación en forma de «raíz cuadrada» cuando el país logre avanzar hacia una «nueva normalidad», generar certidumbre es crucial para comenzar a encender una luz tenue al menos allá a lo lejos, al final del túnel.
Claro que en medio de las diversas versiones que pulularon en los últimos días con relación a eventuales cambios en el Gabinete económico nacional, se trata de una premisa que supone un desafío adicional para el Gobierno, mientras intenta evitar que un mayor drenaje de las reservas internacionales del Banco Central provoque complicaciones incluso más acuciantes para el sistema financiero doméstico.
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Indicadores económicos acuciantes.
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A todo esto, la pandemia de coronavirus continúa causando estragos en el país, sobre todo en el interior, por más que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se hayan flexibilizado las medidas de confinamiento tendientes a evitar una propagación más acelerada de la enfermedad.
La epidemia, conjuntamente con una cuarentena que se mantiene vigente desde el 20 de marzo pasado, asestó un golpe a la mandíbula a la debilitada economía argentina y en este contexto la pobreza trepó al 47,2% -de la población- en el segundo trimestre del año, de acuerdo con un estudio del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP).
Este dato, se sumó a indicadores -desfavorables- conocidos días atrás sobre Producto Interno Bruto (PIB), con un desplome histórico, y desempleo, que experimentó una suba esperable, aunque al mismo tiempo preocupante, con motivo de la parálisis laboral que propició la emergencia sanitaria.
Y en medio de este escenario intrigante por el que transita el país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó un pedido de «per saltum» para revisar la situación de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, tras haber sido apartados de sus actuales cargos.
El máximo tribunal dejó así en suspenso una decisión que tomó el Poder Legislativo, por intermedio del Senado, y que ratificó el Poder Ejecutivo, mediante un decreto del presidente Fernández, lo que podría suponer un conflicto institucional, independientemente de las sospechas sobre motivaciones políticas para proceder con el desplazamiento de los magistrados.
Bruglia, Bertuzzi y Castelli han intervenido en causas por presuntos actos de corrupción en las que está involucrada la vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, esto no significa que sus traslados -rechazados por el Senado- se hayan producido oportunamente en un marco de legalidad.
La Corte aún debe expedirse sobre la cuestión de fondo, pero en principio, al abrir el «per saltum», intervino en decisiones que tomaron los otros dos poderes del Estado, en el marco de un alboroto político global -en este caso específico- que también damnifica ese proceso necesario por el que debe transitar el país para que sus instituciones generen confianza.
Viendo y considerando el contexto, el gobierno nacional deberá esmerarse para torcer el rumbo de las expectativas de la población en cuanto a su situación laboral, económica y social de cara al corto plazo, cuando en cualquier momento las elecciones de medio término de 2021 empiezan a ubicarse a la vuelta de la esquina, con o sin pandemia, con o sin crisis.
(*) – Director periodístico de la agencia Noticias Argentinas (NA); erodriguez@noticiasargentinas.com; TW: @efrodriguez012.
Primicias Rurales
Fuente: NA
