Para hacer un uso más eficiente del agua y de los nutrientes es necesario hacer un diagnóstico con herramientas apropiadas. Por esto, un equipo del INTA Oliveros –Santa Fe– enfatiza en la importancia de caracterizar la condición física de los lotes y la relación entre el suelo y el agua para lograr sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes.
Santa Fe, miércoles 13 marzo (PR/24) — La?evaluación de la calidad física de los lotes de producción es información clave para conocer la estructura de los suelos, la cual depende en gran parte de su manejo y condiciona, entre otras cosas,?la facilidad a la penetración de las raíces, la aireación, el ingreso y el movimiento del agua en el perfil, la disponibilidad de algunos nutrientes y la capacidad de drenaje.
Silvina Bacigaluppo –investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros del INTA Santa Fe– explicó que “la importancia de estos estudios radica en que la condición física del suelo está íntimamente relacionada con la química y la biológica, y las tres son dependientes unas de otras. Conocer la calidad física de un suelo puede orientar al productor a entender o diagnosticar posibles limitaciones a los cultivos, como dificultad para enraizar, baja infiltración de agua de lluvia, limitantes en la dinámica del agua y nutrientes en el perfil del suelo”.
La calidad de un suelo es la medida de su capacidad de funcionamiento para sostener, entre otras cosas, la producción de los agroecosistemas. Un suelo se forma por componentes sólidos —minerales y materia orgánica— y espacios porosos, ocupados por agua y aire. Cuando hablamos de calidad física del suelo, se hace referencia a esta relación sólidos-poros. Idealmente debería mantenerse como 50 % de sólidos y 50 % de poros.
“Un suelo con buena condición física, es decir, con una estructura estable y con un sistema poroso estable y continuo, beneficia a los cultivos porque permite que su sistema radicular se desarrolle y use de forma más eficiente el agua y los nutrientes en toda su profundidad”, aclaró Bacigaluppo.
Herramientas de medición?
Para caracterizar la condición física de los lotes se cuenta con varias herramientas, en este caso, se destaca a los penetrómetros digitales y permeámetros de disco. Ambas evalúan parámetros físicos del suelo, y dan una idea de su estructura y su sistema poroso.
Bacigaluppo señaló que “las primeras determinan la resistencia que ejerce la matriz del suelo frente a una presión, que podría simular la que debe ejercer la raíz de un cultivo para crecer en profundidad. Mientras que las segundas evalúan indirectamente el sistema poroso del suelo, para medir la velocidad con que ingresa el agua desde la superficie y su movimiento en profundidad”.
Al momento de la evaluación, se recomienda realizarlas sobre suelos con humedad cercana a la capacidad de campo, en lo posible sin cultivos vivos, para lograr condiciones homogéneas de humedad en el perfil del suelo. Esta situación es común encontrarla en otoño.
Asimismo, aclaró Bacigaluppo, “tener claro el objetivo de la evaluación para seleccionar áreas del lote representativas al mismo. Y evaluar, además, una situación de referencia o testigo como puede ser un sector bajo alambrado, parque o un sector del lote identificado por su buen rendimiento”.
Los penetrómetros digitales miden la Resistencia Mecánica a la Penetración (RMP),?son herramientas muy sencillas de transportar y utilizar. Consta de sensores de velocidad y profundidad, junto a un datalogger donde se almacenan las mediciones de campo.
Para la determinación, el operario introduce el penetrómetro hasta la profundidad deseada, ejerciendo una presión constante. Previamente se remueve la cobertura vegetal de la superficie del suelo y se apoya una placa metálica de referencia de profundidad que tiene un agujero en el centro por donde pasa la varilla con el cono de medición.?
Como el instrumento trabaja con sensores, es importante contar con superficies planas para que el rastrojo o el viento, no hagan interferencia con el sensor que está debajo del datalogger.
Así, el sensor puede tomar la profundidad correcta en la que se introduce la varilla. “Toda la información almacenada se descarga con un software específico y se procesa en planilla de cálculo, obteniendo como resultado una curva de resistencia mecánica a la penetración”, detalló la investigadora.
En cuanto a los permeámetros de disco, miden la infiltración básica que indica la velocidad con que se conduce el agua en el suelo cuando está saturado. Bacigaluppo destacó que “lo interesante y práctico de estos instrumentos es que se utilizan a campo sobre suelo no disturbado, son de uso sencillo y fáciles de transportar”.
Una vez que se abre la llave del reservorio para permitir el paso del agua, ésta comenzará a bajar y a ingresar al suelo, se comienza a medir cuando se produce el primer burbujeo. En una planilla de campo, se registra la lectura del nivel de agua que se observa sobre la escala del reservorio, cada un determinado tiempo, por ejemplo, cada cinco minutos.?
Buenos Aires, martes 12 marzo (PR/24) – El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) puso en marcha su Sistema Integrado de Gestión de las Importaciones de Productos de Origen Animal (Sigipa) que facilita los trámites que realizan los operadores comerciales y agiliza el control de inocuidad y sanidad de la mercadería que ingresa a nuestro país.
“El lanzamiento del Sigipa se enmarca en la política de despapelización e informatización de las prestaciones que brinda el Senasa con el objetivo de agilizar las gestiones en beneficio de sus usuarios”, indicó el presidente del Senasa, Pablo Cortese.
Además, destacó que el nuevo sistema «ha sido desarrollado por las direcciones de Tecnología de la Información y de Estrategia y Análisis de Riesgo del Senasa”.
El Sigipa también contribuye a la agilización de la tarea que realizan los agentes del Senasa tanto en la autorización administrativa de las importaciones como de las inspecciones en frontera, donde verifican la sanidad e inocuidad de los productos de origen animal que ingresan a la Argentina para cuidar los estatus sanitarios y la salud de los consumidores.
El sistema, permite a los operadores comerciales emitir, de manera ágil y sencilla, los permisos de ingreso al territorio nacional optimizando los recursos para las tareas de verificación in situ de las partidas importadas.
“Se trata de una presentación on-line de la documentación requerida para obtener la autorización oficial y la ejecución en el sistema de las órdenes de pago de los aranceles asociados al trámite que, además permite una fluida comunicación no presencial entre ambas partes en caso de requerirse correcciones o modificaciones de datos”, explicó Esteban Sampietro, director de Estrategia y Análisis de Riesgo del Senasa.
¿Cómo funciona?
El operador debe adherir el sistema a través de la AFIP, delegar el servicio a quien opere en su nombre y contar con la nota de autorización vigente para la mercancía a importar.
El sistema, a través de la búsqueda en sus bases de datos de los productos registrados y las plantas de terceros países autorizadas a exportar a la Argentina, valida los datos presentados, debiendo completarse información obligatoria como: los certificados que amparan los productos importados y sus rótulos aprobados, entre otros.
El Sigipa es intuitivo en su uso, evidenciando cada campo a completar su obligatoriedad o no de manera de presentar exitosamente la solicitud de aviso de llegada. Por último, la implementación del sistema permite el diseño de tableros de control para relevar información estratégica, permitiendo tomar decisiones de política agropecuaria así como también gestionar el riesgo asociado a las importaciones de productos de origen animal.
La adopción de prácticas sustentables se perfila como un camino para generar mayor valor en la industria avícola. El 2024 requerirá mayor inversión en salud, tecnología e innovación.
Buenos Aires, 1 marzo (PR/24) — Se estima que la producción mundial de carne de pollo alcanza los 102 millones de toneladas, de las cuales, Argentina ha ocupado en los últimos años el 8° lugar como productor, representando el 2,2%. En este contexto de crecimiento de la demanda alimentaria, la sustentabilidad emerge como un factor crucial para el desarrollo continuo del sector avícola.
Con la perspectiva de un aumento en el desarrollo de la industria avícola nacional para este nuevo año, la adopción de prácticas sustentables se perfila como un camino para generar mayor valor para los productores y consumidores. La demanda per cápita de carne aviar registrado en las últimas estadísticas oficiales asciende a 45,5 kg por habitante al año, lo que implica que una mejor performance para el 2024 requerirá mayor inversión en salud, tecnología e innovación. Por lo tanto, los diferentes actores de la cadena buscan implementar soluciones que contribuyan a reducir la huella de carbono asociada a la industria.
Una herramienta crucial en este proceso es el uso de materiales reciclables o reutilizables con un menor impacto ambiental. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca la importancia de un medio ambiente saludable para la buena salud y el bienestar de los animales, las personas y el entorno.
En este sentido, el manejo adecuado de los residuos generados en la actividad avícola, como los envases vacíos de antibióticos, es fundamental. Según la Ley Nacional N°24.051, estos residuos se consideran peligrosos y su tratamiento cuidadoso es esencial para evitar daños al medio ambiente y la salud.
En línea con este enfoque, provincias como Entre Ríos (una de las principales productoras del país), a través de la Ley Provincial N°8880, establecen la gestión responsable de los desechos peligrosos como un aspecto fundamental para garantizar un futuro sostenible y la conservación de los recursos naturales.
Juan Esteban Calvo, Médico Veterinario y Director de la Unidad de Avicultura de MSD Salud Animal en Argentina, explica que “Los avances de la Ciencia son grandes aliados para quienes llevan adelante la actividad agropecuaria y en esta línea MSD Salud Animal brinda nuevas soluciones innovadoras y amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, en la Argentina tenemos disponible la tecnología Sphereon, vacunas en forma de pequeñas esferas liofilizadas que se disuelven de manera rápida y completamente en agua, facilitando la preparación y administración de las vacunas por spray o en agua de bebida en las aves. Además, estas esferas vienen almacenadas en cápsulas de aluminio 100% reciclables y respetuosas con el medio ambiente, lo que permite seguir la línea de responsabilidad ambiental”.
Esta nueva tecnología representa una opción innovadora en comparación con las vacunas tradicionales en viales de vidrio, lo que brinda a los productores la flexibilidad de adaptar la administración de las vacunas según sus requerimientos. De esta manera, al adoptar un enfoque One Health, se promueve la producción óptima de aves mientras se colabora con la preservación del medio ambiente para un futuro sostenible.
“Es importante que todas las empresas reconozcan que la sustentabilidad no sólo mejora su desempeño, sino que también impulsa el progreso del país. La tecnología y la innovación deben ser utilizadas como medios para proteger a los animales, las personas y el medio ambiente, contribuyendo así al bienestar general y al desarrollo sostenible” comenta nuevamente Juan Esteban.
El sector avícola se encuentra ante el desafío de satisfacer la creciente demanda de alimentos de manera sostenible y responsable. La sustentabilidad se erige como un pilar fundamental para alcanzar este objetivo, y con un compromiso conjunto hacia este fin, la industria avícola puede continuar prosperando mientras contribuye positivamente al desarrollo económico y social del país, con buenas prácticas y alimentos de calidad.
Buenos Aires, jueves 29 febrero (PR/24) — Un informe de la Fundación Libertad y Progreso en base a las estadísticas publicadas por la Dirección de Análisis Provincial del Ministerio de Economía al 30 de septiembre de 2023 (último dato disponible) alertó que el total de la deuda pública provincial ascendió a $7,96 billones, equivalentes a US$22.750 millones.
Del total de la deuda provincial, el 74,3% corresponde a la emisión de bonos provinciales, el 17,0% a organismos internacionales de crédito, el 2,7% a bancos y el 6% restante a deuda con la Nación, que incluye al gobierno nacional, al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP).
Si bien estos son números promedio, el peso de cada acreedor sobre cada jurisdicción varía enormemente. Para siete provincias (San Luis, Santa Cruz, La Pampa, Formosa,Tucumán, Catamarca y Jujuy) el acreedor mayoritario es la Nación, ya sea directamente el gobierno nacional o a través de los fondos fiduciarios nacionales (FFFIR y FFDP). En el caso de dos jurisdicciones, San Juan y Corrientes, el acreedor mayoritario son organismos internacionales de crédito. Para las quince provincias restantes, los acreedores mayoritarios son bonistas que decidieron adquirir los títulos de deuda.
DEUDA Y COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS
El proceso de endeudamiento provincial no puede alinearse de la Coparticipación Federal de Impuestos (en adelante CFI). Sólo en 6 de las 24 jurisdicciones los ingresos propios, que incluyen a los tributarios y otros no tributarios como las regalías, tienen un mayor peso que las transferencias que se reciben de la nación a través de la CFI y otras transferencias del gobierno nacional. Esto da cuenta de que, en general, hay un elevado nivel de dependencia de las transferencias nacionales, automáticas y no automáticas, de las jurisdicciones subnacionales.
La CFI es un mecanismo automático mediante el cual la Nación se encarga de la recaudación de una serie de tributos que luego son distribuidos entre la nación y las provincias mediante mecanismos y proporciones establecidas por Ley.En varios casos, las provincias han avanzado en pedir préstamos a la Nación para hacer frente a distintos tipos de gastos, en los cuales pusieron como garantía recursos que son parte de la Coparticipación. Esto significa que, frente a los vencimientos de esta deuda, se retiene como pago los recursos coparticipables que correspondan y el resto se gira a la provincia.
Hoy en día todas las provincias, salvo Santiago del Estero, registran deuda con la Nación. Además, 20 de las 24 jurisdicciones tienen créditos con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) y con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR). Créditos para los cuales no es inusual poner como garantía fondos coparticipables.
El Director de la Fundación, Aldo Abram, aclaró: «Los gobiernos provinciales que tienen deudas garantizadas con Coparticipación no pueden pretender que se les refinancie cuando corresponda el cobro. Si el Poder Ejecutivo Nacional se las refinancia, ¿quién hará el ajuste? El Gobierno Nacional, que ya está recortando para no gastar de más, o, como antes, se emite y lo pagan todos los argentinos por el empobrecimiento que genera la inflación. Corresponde que se haga cargo el gobierno provincial que antes se excedió.»
Agregó, «No es excusa que el que malgastó sea otro gobernador anterior. Cuando uno asume se hace cargo de los problemas heredados, como se está haciendo en la Nación. Si no pueden hacerlo, no se hubieran propuesto para la gobernación».
RANKING DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL POR HABITANTE
Entre las 24 jurisdicciones, la provincia de Neuquén lidera el ranking de deuda por habitante, con 1.583 dólares. Le siguen Chubut, con 1.317 dólares y Jujuy, 835 dólares.En el otro extremo aparecen las provincias de San Luis, La Pampa y Santiago del Estero.
En términos brutos, la provincia de Buenos Aires es la más endeudada, con unos US$11.350 millones, equivalentes al 50% del total de deuda provincial. Seguida por Córdoba, que explica el 10% del total, con unos US$2.289 millones, y CABA, con US$1.810 millones (8% del total). Sumando Neuquén (4,8%) y Chubut (3,8%), se encuentra que cinco provincias explican el 75% del total de deuda provincial.
Como era esperable, las provincias con mayor Producto Bruto son también aquellas que tienen stocks de deuda mayores.
Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso dijo que “todos los conflictos que estamos viendo alrededor de la deuda provincial no pueden separarse de la medida electoralista del año pasado que fue la eliminación del Impuesto a los ingresos de los trabajadores, que como era coparticipable generó menores ingresos tributarios para las jurisdicciones subnacionales. Obviamente, ahora se enfrentan a la disyuntiva de ajustar su gasto, defaultear su deuda o aumentar los impuestos”.
Además, Marí agregó que “sería razonable que las provincias realicen las reformas para devolver la sostenibilidad a sus cuentas fiscales y poder honrar sus deudas. La realidad es que gran parte del gasto recae sobre las provincias, por lo que no pueden quedar disociadas de la delicada situación económica que vive la nación en su conjunto”.
Buenos Aires, miércoles 28 febrero (PR/24) — Entre los años 2019 y 2022 se observó una aceleración de la inflación en alimentos en toda Latinoamérica (LATAM); de una tasa que venía al 0,3% mensual (valor mediano de 10 países) se pasó al 0,6% mensual en 2021 y al 1,0% en 2022. En Argentina no sólo se produjo ese fenómeno, sino que además se intensificó, con una inflación que escaló del 3,8% (2019) al 5,7% mensual (2022).
En el 2023 la inflación en la región mostró una franca desaceleración, con una tasa que se ubicó en torno al 0,4% mensual al cierre del año (valor mediano, 10 países); la desaceleración fue un fenómeno generalizado, los 10 países relevados en este informe finalizaron el año con una tasa menor a la de 2022. Por el contrario, en Argentina, la inflación se movió en dirección opuesta, pasando del 5,7% mensual del 2022 al 11,0% mensual en 2023.
En enero de 2024, 7 de 10 países experimentaron un aumento en la inflación de alimentos, la región pasó de un valor mediano del 0,4% en 2023 al 0,7% mensual. En Argentina, por su parte, también se produjo una aceleración, pero con tasas mucho más elevadas: la inflación de enero llegó al 20,4%, casi duplicando la que había sido la tasa media de todo el 2023 (11,0%).
La aceleración inflacionaria de alimentos (y restantes bienes y servicios de la economía argentina) observada en los últimos meses del 2023 y comienzos de este año se explica por dos factores:
a) la gran emisión monetaria realizada por el gobierno saliente en un año eleccionario para financiar gastos públicos que no encontraban fuentes de financiamiento más genuinas (ingresos tributarios, colocación de deuda);
b) el proceso de ajuste de precios relativos, iniciado por el nuevo gobierno para recomponer un sistema de precios muy distorsionado (inflación reprimida), que ha incluido entre otras medidas una corrección importante en el tipo de cambio oficial, una variable que es determinante en la formación de los precios internos de los productos bajo análisis.
La encuesta arrojó además que la inflación esperada disminuye en todas las regiones del país.
Buenos Aires, miércoles 28 febrero (PR/24) — La inflación esperada por los argentinos para los próximos 12 meses es del 170,8% promedio, casi 60 puntos porcentuales menos de la estimación realizada en enero. Así lo indicó la Encuesta sobre Expectativas de Inflación difundida este martes por la Universidad Torcuato Di Tella.
Según el relevamiento, la inflación esperada por la población para los próximos 12 meses en enero fue, en promedio, de 230%, cayendo a 170,8% en febrero; según la mediana, pasó de 150% a 100%.
En cuanto a la inflación esperada para los próximos 30 días, en febrero este valor alcanzó el 19,08% promedio y bajó 6,95 puntos porcentuales en comparación con la medición de enero (que había arrojado 26,03%).
Este número «tiene una mayor tasa de respuesta que la inflación anual, lo que sugiere que en un contexto de elevada incertidumbre probablemente le sea más fácil a la persona contestar lo que cree que pasará en un mes», evaluó la universidad.
La encuesta arrojó además que la inflación esperada disminuye en todas las regiones del país: en el Gran Buenos Aires es de 201,8%, menor a la medición de enero, que fue del 214,2%; en Ciudad de Buenos Aires es 214,5% (contra 246,7% de enero) y en el interior del país, 147,1% (en enero, el valor registrado fue 236,1%).
En tanto, la inflación esperada promedio percibida por los hogares bajó tanto para los sectores de menor como para los de mayor nivel de ingreso.
También en febrero se observó que las diferencias de percepción en la inflación esperada entre hogares de distintos niveles educativos (lo que aproxima también el nivel de ingresos) se redujo. Así, los individuos de menor nivel educativo mostraron una importante disminución en la percepción, pasando de 210,8% en enero a 151,9% en febrero, un valor incluso menor al reportado en diciembre (188,2%).
Los de mayor nivel educativo también registraron una reducción, al pasar de un valor de 240,5% en enero a 180,5% este mes, según la encuesta.
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