Con el fin de lograr la operatividad plena del Régimen de Fomento y Desarrollo de la Acuicultura (establecido por la Ley 27.231), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, realizó hoy la presentación de la Comisión Asesora Técnica para la Acuicultura (CATA) al tiempo que se expusieron los avances en materia institucional para consolidar el sector a partir de un presupuesto asignado para el 2021 que supera los 66 millones de pesos.

«Comparto hoy una alegría muy grande de contar con un primer presupuesto destinado a la acuicultura, a partir de la decisión política y acompañamiento del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra. Tenemos un compromiso con el desarrollo de la acuicultura sentando las bases para que no sea nunca más un área prescindible», destacó el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman.

Y agregó: «estamos dándole mayor institucionalidad al sector al contar por primera vez con una Dirección Nacional de Acuicultura; contamos con un país capaz de generar riquezas, alimento, trabajo e industria para consolidar una acuicultura fuerte».

La Comisión tiene como principal objeto analizar y evaluar los proyectos que presenten los distintos actores de la cadena acuícola para su posterior financiamiento mediante el Fondo Nacional para el Desarrollo Acuícola (FONAC). Las actividades de la CATA y la articulación del Régimen de Fomento son coordinadas desde la Subsecretaría, a través de su Dirección Nacional de Acuicultura.

En el marco de la reunión se expusieron a su vez los nuevos pilares para el desarrollo de la acuicultura, que incluyen además del fomento y aplicación de la Ley 27.231; incentivos a las inversiones; investigación, desarrollo y redes de transferencia; cooperación internacional, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), y un sistema integrado de información que incorpora un trabajo de vinculación y articulación con las provincias productoras.

Sobre los proyectos financiables se tendrán en cuenta los destinados a adquisición de insumos y maquinarias en las diferentes etapas productivas, mejoras productivas, desarrollo de tecnologías de cultivo, fomento de emprendimientos asociativos, adaptaciones de normas sanitarias, comercialización y difusión, y alternativas de agregado de valor.

Estuvieron presentes junto al flamante director nacional de Acuicultura, Guillermo Abdala Bertiche, y el asesor de la Dirección, Juan Manuel Alderete, representantes de la Comisión de los diferentes organismos públicos: del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

Se espera la convocatoria oficial, en el transcurso del mes de junio, para la primera sesión de la CATA, establecida con el fin de fomentar las potencialidades de la acuicultura como puntal de un nuevo paradigma de desarrollo, generando empleo de calidad y contribuyendo a la seguridad alimentaria y el desarrollo regional.

Primicias Rurales

El Subsecretario de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Liberman, destacó el crecimiento de la actividad del sector pesquero, que trepó 12,3% interanual en enero de este año, consolidándose así como el segmento económico de mayor recuperación interanual.

De acuerdo a los datos relevados y publicados recientemente en el Estimador Mensual de la Actividad Económica que elabora el INDEC, también la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que tuvo un incremento del 1,7%, y la industria manufacturera, con una suba del 4,6%, fueron tres de los siete sectores que registraron aumentos en sus actividades de manera interanual.

Los datos muestran la relevancia que tiene la producción agropecuaria, pesquera y agroindustrial, cuyo incremento conjunto del 18,6%, contribuyó a atemperar la contracción general del 2,04% que registró la actividad económica durante el año pasado, como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

A pesar de esa reducción interanual, la medición desestacionalizada da cuenta de una recuperación general de la actividad económica del 1,9% durante el primer mes de 2021 respecto a diciembre.

Los restantes sectores que marcaron alzas fueron la construcción (10,2%); la intermediación financiera (7,2%); el comercio mayorista, minorista y reparaciones (2,6%); y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (1,2%).

Primicias Rurales

Buenos Aires, 22 de marzo (PR/21) Denominaré a la década del 60 del siglo XX, como LA DE MAYOR SOBERANÍA MARÍTIMA ARGENTINA DESDE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, a partir de la cual (a excepción de la firma del Tratado del Río de la Plata de 1973; las acciones que dieron como resultado la Res. 31/49 de las Naciones Unidas de 1976 que instó a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales; la Ley 24.815 de 1997 de creación de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental y la inclusión de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional), los sucesivos gobiernos han efectuado la mayor entrega territorial marítima e insular; la privatización y explotación por parte de terceros de los recursos naturales argentinos y de las industrias vinculadas al sector marítimo, naval y portuario; con una sostenida e inescrupulosa desatención de estos temas centrales nacionales; además de posibilitar con sus acciones la creciente ocupación de los espacios marítimos y explotación de sus recursos por parte de las potencias extranjeras, acrecentada gravemente a partir de 1982.
Más allá de los errores propios (los funcionarios deberán asumir las responsabilidades), hay un plan sistemático de apropiarse de los espacios y recursos de Argentina y diseñar la política adecuada a estos fines. No son dichos, son hechos, como en esta materia quedará demostrado a lo largo de este escrito.
En la referida década del 60 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Res. 1514 (XV, 14/12/1960) que entre otras cosas en el inc. 6 indicó: “Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.
El 16/12/65 se dictó la Res. 2065 (XX) de las Naciones Unidas que consideró el propósito de «poner fin al colonialismo en todas partes y en todas sus formas, en una de las cuales se encuadra el caso de las Islas Malvinas (Falkland Islands) y tomando nota de la existencia de una disputa entre los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía sobre dichas Islas invitó a ambos gobiernos a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de examinar la situa­ción con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales a fin de encontrar una solución pacífica al problema…». Podríamos discutir, si la disputa está limitada a cómo el Reino Unido entregará Malvinas, etc.
El 29/12/1966 se dictó la Ley 17.094 denominada “Soberanía del Mar” (Art. 1º.- La soberanía de la Nación Argentina se extiende al mar adyacente a su territorio hasta una distancia de 200 millas marinas, medidas desde la línea de las más bajas mareas, salvo los casos de los golfos San Matías, Nuevo y San Jorge, en que se medirán desde la línea que une los cabos que forman su boca. Art.2º.- La soberanía de la Nación Argentina se extiende asimismo al lecho del mar y al subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a su territorio hasta una profundidad de las aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales de dichas zonas) en una ZEE limitando la soberanía nacional). Esta Ley, fue un acto de soberanía marítima fundacional que junto a otros países de Suramérica, sentó un precedente y, por ejemplo, posibilitó cobrarle en 1967 los derechos de extracción a más de 70 buques de la URSS que pescaban frente a Mar del Plata, cuando las grandes potencias coincidían en solo reservarle a los países ribereños doce millas; rompiéndose, de este modo, con el alineamiento que tenían con Estados Unidos y Gran Bretaña pese a la oposición -incluso- de miembros de la Cancillería Argentina (de la Guardia, entre ellos) (Roberto Roth, 1/10/2013). Prestémosle atención a esta ley que nos marca un camino estratégico.
El país en esos años -entre otras cosas- tenía una importante flota mercante y astilleros nacionales; iniciaba el proyecto de desarrollo pesquero entre la Argentina y la FAO (1965-1970) para dar apoyo a la naciente industria pesquera nacional. El Reino Unido ocupaba un territorio insular de 11.410 km² y tres millas a su alrededor y, hoy, nos invade 1,6 millones de km², un 52% de la Zona Económica Exclusiva (en adelante ZEE) donde explota nuestros recursos naturales.
No llegamos a este estado de cosas por obra de la casualidad, sino como consecuencia de lo que algunos denominan el Nuevo Orden Mundial, pero, que cualquiera fuese la denominación, en términos prácticos se inicia en la entonces Sociedad de la Naciones (1919), antecesora de la Organización de las Naciones Unidas creada (1945) “con el compromiso de mantener la paz y fomentar la amistad y el progreso de las naciones”, pero con el poder de veto del Reino Unido, China, la Unión Soviética (hoy Rusia), Estados Unidos y Francia en el Consejo de Seguridad, con el fin confeso de evitar cualquier acción negativa en perjuicio de sus principales fundadores.
En nuestra materia, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante CONVEMAR) tiene sus antecedentes en la primera Conferencia de 1956/58; la segunda Conferencia de 1960 y la tercer Conferencia cuya preparación se inició en 1967 y se realizó desde 1973 hasta el 30 de abril de 1982 en Nueva York, donde fue aprobada y, abierta a la firma a los Estados: La Argentina lo hizo el 5/10/1984 y ratificó -con observaciones- mediante la ley 24.543 del 17/10/1995.
Una gran cantidad de juristas han entendido a la CONVEMAR como la Constitución de los Océanos y, hay quienes consideramos a este instrumento -que en muchos aspectos es importante- como un avance de los Estados de Bandera (los buques de las grandes potencias que pescan a distancia) sobre la administración de los recursos de dominio (y en su caso migratorios de la ZEE a alta mar) de los Estados ribereños y, de hecho, en la Ley 24.543 su art. 2º inc. c) la Argentina dejó explicitadas sus observaciones: «…acepta las disposiciones sobre ordenación y conservación de los recursos vivos en el alta mar pero, considera que las mismas son insuficientes, en particular las relativas a las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias (…) El gobierno argentino, teniendo presente su interés prioritario en la conservación de los recursos que se encuentran en su ZEE y en el área de alta mar adyacente a ella, considera que de acuerdo con las disposiciones de la Convención cuando la misma población o poblaciones de especies asociadas se encuentren en la ZEE y en el área de alta mar adyacente a ella, la Argentina, como estado ribereño, y los estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente a su ZEE deben acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones o especies asociadas en el alta mar. Independientemente de ello, interpreta que, para cumplir con la obligación que establece la Convención sobre preservación de los recursos vivos en su ZEE y en el área adyacente a ella, está facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias a tal fin».
A ello se agregaron las diez recomendaciones de política económica formuladas en 1989, conocidas como el “Consenso de Washington” acordado entre el Banco Mundial; el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Tesoro de Estados Unidos, que tenían como premisa “orientar a los países en desarrollo” con recomendaciones relativas a liberalizar el comercio exterior y el sistema financiero; reformar la intervención del Estado y aportar capital extranjero a los países que (ellos) entendían con exceso de proteccionismo estatal e incapacidad para reducir su déficit, promoviendo diez medidas que iban desde reordenar el gasto público; liberalizar el comercio y la inversión extranjera, privatizar el Estado; desregular la economía, etc.
Y así llegamos, a la década del 90 y años subsiguientes, donde -entre otras cosas- en la materia que nos ocupa, se desmanteló la flota mercante; se desactivaron los controles navales en el atlántico sur; se desfinanciaron los Astilleros del Estado y se redujo la construcción naval nacional; se firmaron los Acuerdos Pesqueros con la Unión Europea (1994) y, se dio inicio, a la depredación y extranjerización de la industria pesquera nacional; se cuotificó y privatizaron las capturas (1997/8), transformándose la actividad en un negocio inmobiliario; se comenzó la desregulación de los controles, aceptándose las auditorías y habilitaciones por parte de los Estados extranjeros a las plantas industriales nacionales y las certificaciones por entes privados extranjeros de las capturas (lo que se constituye en una nueva barrera paraarancelaria y ordenador de las políticas nacionales); se fortaleció la ocupación británica en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) a través del dictado de una serie de acuerdos y de leyes absolutamente favorables al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante el Reino Unido), entre otros los Acuerdos de Madrid (1989/1990); el Acuerdo Conjunto de Conservación del área éste de Malvinas (1990); la Ley 23.968 (1991) de Espacios Marítimos (líneas de base) que demolió la Ley 17.094 (1966) que establecía el Mar Territorial Argentino de 200 millas y habilitó al Reino Unido a su propia delimitación en relación a la CONVEMAR y su pretensión de considerar a Malvinas un estado ribereño; la Ley 24.184 (1992) de protección y promoción de los intereses británicos en la Argentina; la Ley 25.290 (2000) que aprobó el Acuerdo de Nueva York que habilita a la administración de los recursos en el atlántico sur mediante las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP), consolidando la posición británica en Malvinas; la declaración de Áreas Marinas Protegidas (2013/18), etc. y todo ello continuó incólume hasta nuestros días, incluso, agravándose en 2016 cuando se firmó el Pacto de Foradori-Duncan que promueve la adopción de «las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos». Es decir, todas acciones que enajenaron el mar argentino, sus recursos y en particular de aquellos que migran a la alta mar dejándolos a merced de la pesca ilegal extranjera y de los licenciados por el gobierno ilegal en Malvinas.
No nos referiremos a algunas cuestiones ya reiteradas en otros artículos como los Acuerdos de Madrid, el Pacto Foradori-Duncan, etc. pero, mostraremos algunos de los efectos negativos producidos por las políticas multilaterales (entre ellos de la ONU) y las decisiones políticas locales, tomadas al amparo de la modernidad, la cooperación e integración, en perjuicio de los intereses nacionales. Como dije, ¡nada es casual!
La CONVEMAR, como dije -a mi entender- tiene una serie de defectos negativos y sobre ellos se montan otra serie de decisiones perjudiciales para el país. Comienzo entonces por ella.
Su artículo 55º y subsiguientes reducen el Mar Territorial Argentino de 200 millas previsto en la Ley 17.094 a solo 12 millas; aunque, llamativamente (¡!), cuando todavía la Argentina no había ratificado la CONVEMAR (recordemos que recién se hizo en 1995) el Congreso a instancias de la Cancillería Argentina (Cavallo, Ruiz Cerutti y otros) el 14/8/1991 sancionó la Ley 23.968 de Espacios Marítimos (o líneas de base) reduciendo a 12 millas el Mar Territorial Argentino (Art. 3º “El mar territorial argentino se extiende hasta una distancia de doce (12) millas marinas…”) y, estableciendo algunas denominaciones que aún eran ajenas en la legislación nacional: Zona Contigua (de 12 a 24 millas), ZEE (de 12 a 200 millas), aunque, manteniendo en su art. 5º que “Las normas nacionales sobre conservación de los recursos se aplicarán más allá de las doscientas (200) millas marinas, sobre las especies de carácter migratorio o sobre aquellas que intervienen en la cadena trófica de las especies de la ZEE argentina”, cuestión que la Argentina jamás ejerció, a pesar de lo establecido en esta Ley, en el Art. 2º inc. c) de la CONVEMAR (Ley 24543) y en los Art. 4º; 5º d); 21º e); 22º y 23º b) de la Ley 24.922 (Pesca).
Por otra parte, los derechos, jurisdicción y deberes del Estado ribereño en la ZEE (Art. 56º) quedan sujetos (inc. c) a otros derechos y deberes previstos en esta Convención respecto a los demás Estados (inc. 2), donde según el art. 59º, cuando la Convención no atribuya derechos o jurisdicción al Estado ribereño o a otros Estados en la ZEE y surja un conflicto entre los intereses del Estado ribereño y los de cualquier otros Estados, el conflicto debería ser resuelto sobre una base de equidad (¿en la ZEE?). Por su parte, en el art. 61º y 62º, se establecen una serie de obligaciones a los Estados ribereños en la ZEE (determinación de captura permisible, por ejemplo) que no se establecen en la alta mar y, se determina que éste y, las organizaciones internacionales competentes, sean subregionales, regionales o mundiales, cooperarán, según proceda, con este fin. Una intromisión inaceptable de organismos extraños en la ZEE Argentina. Al mismo tiempo, haciendo referencia a “la interdependencia de las poblaciones” y a “los efectos sobre las especies asociadas o dependientes” pretende conferir a esos organismos facultades de conservación (61º inc. 3, 4 y 5) en la ZEE Argentina absolutamente improcedentes, que no se compadecen con las obligaciones que, en igual sentido y motivo, debieran asumir los Estados de Bandera en alta mar. La multilateralidad está en marcha.
En el Art. 62º avanza respecto a que las normas de conservación, etc. que deberán estar en consonancia con las previsiones de la Convención, pretendiendo limitar y regular la autonomía del Estado ribereño en materia de administración de sus recursos. En el Art. 63º y 64º, donde se refiere a la explotación de las especies altamente migratorias, mismas poblaciones o asociadas en la ZEE como en alta mar, refiere, a que los Estados “procurarán” (intentarán, tratarán) o “cooperarán” para acordar medidas de conservación y, por tanto, no es imperativo, motivo por cual, uno debería preguntarse ¿por qué los buques extranjeros que pescan ilegalmente (depredan, no tienen control, etc.) habrían de acordar con los Estados ribereños desde donde provienen, en la mayoría de los casos los recursos migratorios? Si a ello, le agregamos, que en el Art. 73º y 97º, CONVEMAR intenta prohibir las sanciones penales a los tripulantes y el decomiso de los buques infractores por parte del Estado ribereño a quienes depredan su recurso migratorio (cuestión que muchos Estados Parte han legislado en sentido contrario), nos queda claro, que esta Convención, favorece especialmente a los Estados de Bandera, bajo la apariencia de una equitativa ley del mar. Ahora, si vemos, que este mismo artículo refiere que, “directamente o por conducto de las organizaciones subregionales o regionales apropiadas” (léase OROP) debieran resolverse estos conflictos y, recordamos que por la Ley 25.290 (2000) la Argentina aprobó el Acuerdo de Nueva York (aunque no ratificó) podemos concluir que estas Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP) mayoritariamente integradas por los Estados de Bandera serán quienes terminen administrando los recursos de dominio de los Estados ribereños, estén éstos en la ZEE o en la alta mar. Con el agravante, que la presencia prepotente del Reino Unido en Malvinas y su pretensión ilegal de considerase un Estado ribereño, terminaría violentando «la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional (…) constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».
A todas luces, no solo es Malvinas, la que está colonizada.
Por supuesto, que los gobiernos de los Estados ribereños han hecho escaso esfuerzo para trabajar en una interpretación adecuada de la CONVEMAR en aquellas cuestiones relativas a la utilización pacífica de la alta mar o a la navegación pacífica, ya que no puede entenderse como tal, pescar ilegalmente los recursos migratorios de dominio de un Estado ribereño, que la propia CONVEMAR entiende como interdependientes y donde su administración inadecuada afecta al conjunto del ecosistema que interactúa entre la ZEE y la alta mar y viceversa, y aceptar graciosamente que, por ejemplo, se transporten alegremente productos capturados en forma ilegal.
En el caso de la pesca que se realiza en el territorio marítimo argentino del área de Malvinas con permisos ilegales otorgados por el gobierno ilegal del Reino Unido, no puede entenderse como navegación pacífica el transporte de productos pesqueros extraídos sin habilitación argentina en esa área y por lo tanto su mero transporte por la ZEE Argentina deben considerarse producto de la piratería (Art. 88º, 100º, 101º inc. ii), 103º, 105º y ss), al igual, que la lamentable explotación del hombre y la utilización de trabajo esclavo, porque independientemente de las normas de la CONVEMAR al respecto está toda la legislación internacional y nacional respecto a los derechos humanos (Ver diversas publicaciones de Mariano Milko).
Aparece también, como una nueva forma de ocupación territorial marítima -con el argumento de dar sostenibilidad a los recursos pesqueros- la determinación del Foreign Office en diciembre de 2012 de establecer en forma unilateral Áreas Marinas Protegidas alrededor de Georgias del Sur y Sándwich de Sur que, con un espacio de 1,07 millones de km², se constituyen en el más grande “Santuario Ecológico” del mundo, de un tamaño cuatro veces más grande que la superficie total continental del Reino Unido. ¿Ello podría llamarse, ocupar en forma pacífica un territorio de otra Nación? Y la Argentina, ante su incapacidad militar, en lugar, de -al menos- ejercer idéntica determinación, y, en pleno ejercicio de su soberanía, declarar esos espacios y los de alrededor de Malvinas como un Área Marina Protegida Argentina se resuelve declarar -a mi juicio erróneamente- dos Áreas Marítimas Protegidas (Namuncurá I y II y Los Yaganes) con una superficie aproximada a los 100 mil Km², donde protege especies para que luego, sean capturadas en el área de Malvinas con licencias británicas, a pesar de que por la Ley 24.922 y a través del INIDEP la Argentina puede establecer reservas, vedas y todo tipo de limitación en el mar argentino cuando las condiciones biológicas así se lo indican.
La creación del Banco Namuncurá I y II y Yaganes (Leyes 26.875 y 27.490) que pareciera de gran beneficio ecológico, en realidad protege los recursos en un área bajo control de Argentina, que sirve para repoblar -por las corrientes migratorias de las especies- el área de Malvinas, que está bajo posesión británica, quien otorga permisos ilegales de pesca a españoles, coreanos, taiwaneses y británicos; es decir, que mientras nosotros efectuamos reservas en nuestro mar, los británicos en el área argentina de Malvinas ocupan unos 438.000 km², explotan en forma ilegal unas 250.000 toneladas de recursos pesqueros anuales sin control alguno; lo que resulta un verdadero despropósito medio ambiental, de insostenibilidad y depredación de los recursos nacionales.
Graciosamente -mientras tanto- Martina Sasso, la Coordinadora del Programa Marino de Conservación Land Trust en 2018 nos informa que: «en línea con el compromiso argentino con las Naciones Unidas, que se asienta en su Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 la Argentina debería fijar como meta, ampliar la protección al 20/30%». Es decir, que con una ZEE Argentina de 3.146.345 Km² una reserva del 30% supondría 943.903,5 Km²; motivo por el cual, si sumamos los 1.639.900 Km² ocupados por el Reino Unido, solo quedarían 562.541,5 Km² para la explotación pesquera argentina, sin contar con las áreas vedadas a la pesca que en forma permanente o transitoria establece el INIDEP.
La conservación ya no estaría al servicio de la sostenibilidad del recurso, sino que impediría su explotación, donde solo quedarían como beneficiarios los buques extranjeros que realizan pesca ilegal (INDNR) con o sin licencia británica en el área de Malvinas o en la Alta Mar. Estos espacios sin control, más los territorios marítimos donde se realiza pesca ilegal (INDNR) sí, son un tema a resolver, ya que tanto en el área de Malvinas como el área de la Alta Mar de unos 600.000 Km², junto al resto de la ZEE Argentina, se trata de un único ecosistema -como indica la CONVEMAR- que debe manejarse en conjunto. En los espacios fuera del control argentino se extraen recursos del orden del millón de toneladas anuales de peces y calamares migratorios o asociados que afectan la cadena trófica de las especies y, por cierto, a las extracciones que realizan las empresas nacionales en la ZEE Argentina. No hay forma segura de establecer el Rendimiento Máximo Sostenible Anual con semejante invasión extranjera y descontrol en el Atlántico Sudoccidental.
A todo ello se agrega la explotación petrolera en el área argentina de Malvinas por parte del Reino Unido, cuya falta de control y de los correspondientes estudios de impacto ambiental por parte de Argentina hacen que el gobierno nacional deba tomar un criterio precautorio, con el objeto, no solo de preservar el ambiente marino, sino también los recursos pesqueros del área y del ecosistema en su conjunto; del mismo modo, que los cien mil km² licitados por el gobierno argentino en 2019 para la exploración y explotación hidrocarburífera, donde se adjudicaron espacios a empresas británicas o con vínculos con empresas en Malvinas, en abierta violación a la Ley Solanas (26.659), nos llevan a concluir que el área meridional del Atlántico Sudoccidental y los accesos al pacíficos y la Antártida están ocupados por el Reino Unido.
Y finalmente, como consecuencia de la reiterada invasión británica de 1982 y los Acuerdos de Madrid, el Reino Unido ha instalado en Malvinas la base misilística y naval más importante del Atlántico Sudoccidental en abierta contradicción con la Res. 41/11 del 27/10/1986 de la  Asamblea General de las Naciones Unidas donde se declaró al Océano Atlántico, en la región entre África y América del Sur, como «Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur» (ZPCAS) y se exhortó a todos los Estados -en especial a los militarmente más importantes- a respetar escrupulosamente a esta región como zona de paz y cooperación, en particular mediante «la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región, la no introducción de armas nucleares o de otras armas de destrucción masiva y la no extensión a la región de rivalidades y conflictos que le sean ajenos».
Es decir, todo lo contrario, a lo que el Reino Unido hace en la región.
Y no me refiero a lo que ocurre en los puertos, el Río Paraná y el Río de la Plata, ya que se ha hablado mucho en estos días.El Atlántico Sudoccidental no está bajo control soberano argentino. Y no es un hecho casual, que se va a resolver con este Secretario de Malvinas, este Consejo Nacional de Malvinas (y pido disculpas por algunos de sus valiosos integrantes) ni con este único camino del diálogo inconducente. 

Fuente: Dr. César Augusto Lerena

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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de las Coordinaciones Nacionales de Acuicultura y de Pesca Artesanal, llevó adelante un relevamiento respecto al potencial productivo de emprendedores acuícolas y piscícolas de la Provincia de Misiones, donde más de 4 mil productores desarrollan la actividad.

En la recorrida, el coordinador de Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Guillermo Abdala, y el coordinador de Pesca Artesanal, Carlos Bertola dialogaron con referentes de cooperativas y productores dedicados al cultivo de Pacú, Tilapias, Bogas y Carpas, entre otras especies, de las localidades misioneras de 25 de Mayo, Campo Viera y Apóstoles.

«Esta recorrida es parte de una agenda de desarrollo que estamos impulsando por instrucción del Ministro Luis Basterra y el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman, anticipando lo que será el lanzamiento del Programa Nacional de Desarrollo Acuícola. En este sentido, estamos generando puntos de encuentro y diálogo con las contrapartes provinciales, en este caso con la Provincia de Misiones quien tiene un protagonismo relevante en el impulso de la actividad, para establecer mecánicas de desarrollo de la acuicultura a nivel nacional», destacó Abdala durante la visita, y agregó que «Misiones se encuentra muy bien desarrollada, tiene una gran infraestructura y un horizonte a futuro de crecimiento de las especies, tanto del Pacú, como la Bogas y Carpas, entre otras especies».

En la misma sintonía, Bertola expresó: «La acuicultura y la piscicultura tiene en Misiones un enorme potencial, cuenta ya con una muy buena infraestructura, con el conocimiento de los productores y con muy buenos resultados. Tienen todo para crecer».

La visita responde a la decisión del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación de potenciar este sector productivo en el territorio nacional, a través de un trabajo coordinado entre la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indigena, y en articulación con las provincias. En esta dirección, desde el Ministerio Nacional se realizó un trabajo conjunto con el ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de Misiones para establecer experiencias que puedan replicarse en otras jurisdicciones y tender puentes con otros actores locales y regionales.

«La provincia ha tenido una política de Estado desde hace 20 años destinada a apuntalar la producción acuícola, la piscicultura en particular, como parte de esa diversificación de la matriz productiva de nuestros productores», expresó el ministro provincial, Sebastián Oriozabala quien participó también de los encuentros con productores. «Es una gran decisión del gobierno nacional, avanzar en fijar una política de Estado para este sector», agregó al destacar: «25 de mayo es un municipio ejemplo en la actividad». En dicho municipio, Abdala, Bertola y Oriozabala, junto al intendente, Omar Wdowin, recorrieron una sala de faena de pescado y el centro de piscicultura intensivo de la Cooperativa Caul, donde se producen especies como carpas, tilapias, pacú y bogas.

Sobre los proyectos, el subsecretario de Desarrollo y Producción Animal del Ministerio del Agro y la Producción de la provincia, Sebastián Rodriguez explicó: «La acuicultura ocupa un rol fundamental en lo que respecta a producción animal y somos conscientes de que esta producción tiene que llegar a las góndolas y generar un beneficio al productor que está todo el año trabajando.»

En el mismo sentido, el director de Investigación y Desarrollo Pesquero, Guillermo Pfeiffer. señaló: «Trabajamos particularmente con dos grupos de productores para brindar asistencia técnica con recursos propios de la provincia, donde se está viendo el desarrollo de cultivos de diferentes especies para tener datos como el crecimiento, costos, y de esa manera poder tener un valor real del producto cuando llegue al mercado».

«La idea de este trabajo es fortalecer la piscicultura de la provincia de Misiones con el apoyo del Ministerio de Agricultura de la Nación», resaltó el funcionario provincial.

En diálogo con los productores y los referentes provinciales y locales, Abdala y Bertola destacaron que se observa en la provincia emprendimientos con objetivos claros y de enorme potencial productivo. En cuanto al panorama del crecimiento del sector acuícola, con proyectos que pretenden financiar junto con Nación, Abdala afirmó: «Lo que se está poniendo a disposición desde Nación es una estrategia política para reposicionar al entramado productivo acuícola como una actividad protagonista, y que permitirá un avance hacia la reactivación económica de diversas regiones, dinamizando las industrias locales y generando apertura hacia nuevos mercados con posibilidad cierta de generar empleo de calidad y aportando a la seguridad alimentaria de nuestro país».

«Estamos trabajando muy bien con el Ministerio del Agro con la asistencia técnica del productor, porque tenemos una demanda muy insatisfecha de pescado y tenemos que aumentar la producción, y la asistencia técnica y capacitación es fundamental para eso. Tenemos una oportunidad como para poder desarrollarnos mucho más, pero hay que ir paso a paso: desde la construcción de la infraestructura del estanque, la capacitación, el manejo del agua y la comercialización», señaló el productor local Rolando Frank.

Más tarde, ya en el municipio de Campo Vieira visitaron, junto al intendente, Germán Burgo, el paraje el Edén, donde se producen carpas y ofrecen servicios turísticos. «Tenemos capacidad como para expandir nuestra producción. Hoy todo lo que se hace se consume localmente», expresó Burgo al explicar que están proyectando una planta de enfriado y ampliar las variedades de comidas que uno puede hacer debe ser una cultura diferente en cuanto al consumo».

«Hemos recorrido emprendimientos de pequeños productores, el trabajo de una actividad que no tiene techo, que puede generar valor agregado, puestos de trabajo, arraigo territorial, pero que también necesita del acompañamiento, con políticas públicas que generen las condiciones para un desarrollo sostenido», enfatizó Bertola.

Luego de los distintos encuentros con autoridades locales, provinciales y productores, en el lugar donde llevan adelante su labor diaria, y de relevar el desarrollo del sector y sus necesidades, las autoridades nacionales coincidieron en la necesidad de generar oportunidades para favorecer una mayor comercialización de sus producciones tanto a escala local como regional.

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