El sector pesquero expresó su preocupación por quedar excluido de los beneficios fiscales anunciados para las principales producciones del campo. Advirtieron sobre los graves riesgos económicos y sociales que enfrenta la industria
Buenos Airesd, sábado 25 enero (PR/25) — La Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) alertaron sobre una “situación de quebranto inminente” al quedar fuera del régimen de reducción de retenciones anunciado por el Gobierno. Según estas entidades, la medida agrava las dificultades de un sector ya impactado por la caída de los precios internacionales y una elevada carga impositiva.
En un comunicado conjunto, las cámaras señalaron que, además de las retenciones, la actividad pesquera está gravada por el Derecho Único de Extracción (DUE), cuya alícuota fue incrementada por el Consejo Federal Pesquero en diciembre pasado. Esta combinación de altos costos operativos y tributarios pone en riesgo la sostenibilidad de pesquerías clave para la economía regional.
En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaron la baja temporal de retenciones a los principales cultivos agroindustriales y la eliminación permanente para varias economías regionales. El Gobierno estimó que el costo fiscal de la medida será de 800 millones de dólares.
Exportaciones de calamar y merluza, pilares del comercio exterior pesquero argentino (Télam)
Caputo afirmó que el superávit fiscal alcanzado gracias al plan económico ortodoxo permitió avanzar en estas reducciones impositivas. Entre los productos beneficiados están la soja, cuyo gravamen pasará del 33% al 26%, y otros cultivos como trigo, cebada, maíz y girasol, que experimentarán bajas proporcionales hasta junio.
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En el caso de las economías regionales, productos como azúcar, algodón, tabaco y cuero bovino, entre otros, quedaron exentos de retenciones. Según las autoridades, estas actividades generaron exportaciones por más de 1.100 millones de dólares en 2024.
A diferencia del agro, el sector pesquero no fue incluido en estas reducciones. CAPeCA y CAPIP manifestaron que esta decisión amenaza la continuidad de una industria que anualmente procesa 793.000 toneladas de productos pesqueros, genera 46.000 empleos directos y exporta a más de 100 mercados internacionales, aportando 1.981 millones de dólares en divisas al país.
La exclusión del régimen impositivo también genera incertidumbre sobre el esfuerzo de las empresas para garantizar la sostenibilidad medioambiental. Los representantes de las cámaras destacaron que los altos costos operativos y las alícuotas impositivas están afectando tanto la rentabilidad de las empresas como su capacidad para mantener estándares de sostenibilidad.
La industria pesquera tiene un papel estratégico en la economía regional, argumentaron las cámaras del sector. Especialmente en provincias como Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Según las cámaras, los productos como langostinos, calamar y merluza representan el 80% de las exportaciones del sector y son fundamentales para el ingreso de divisas y el desarrollo local.
En este contexto, CAPeCA y CAPIP solicitaron al Poder Ejecutivo que incluya al sector en las reducciones de retenciones, argumentando que medidas similares podrían asegurar su sostenibilidad económica y social.
El margen parece estrecho. Caputo afirmó que la política fiscal actual busca mantener el superávit sin comprometer la sostenibilidad financiera del país. Aunque reconoció la necesidad de reducir impuestos, subrayó que este proceso dependerá de la consolidación fiscal en curso. “No podemos comprometer el esfuerzo de los argentinos por más buenas intenciones que tengamos”, indicó.
El pedido del sector pesquero se suma al de otras industrias que buscan un tratamiento impositivo equitativo frente a las recientes medidas tomadas para el campo. CAPeCA y CAPIP enfatizaron que la exclusión de la pesca del régimen de beneficios puede generar un impacto negativo en la economía regional y en la sostenibilidad de sus operaciones.
Se trata de una medida para la especie del caladero argentino que más volumen aporta a las exportaciones nacionales.
Buenos Aires, 6 de diciembre (PR/24) .- La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que el Consejo Federal de Pesquero (CFP) realizó hoy las nuevas asignaciones de las Cuotas Transferibles Individuales de Captura (CITC) para la merluza común (Merluccius Hubbsi) que regirán a partir del 1° de enero del 2025 por un nuevo plazo de 15 años.
Al igual que en el proceso de renovación de cuota realizado en septiembre pasado para las especies merluza negra, merluza de cola y merluza polaca, se definió la aplicación de un canon que no existió en el proceso de implementación de las CITC en el año 2009.
Este canon representará para el Estado nacional y las provincias que conforman el CFP un ingreso adicional por 19.000 millones de pesos, coparticipable el 50% entre Nación, Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego; mientras que el restante 50% será destinado a la Armada Argentina, Prefectura Naval Argentina, INIDEP, el CFP y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
La importancia de la decisión radica en que se trata de la especie que más volumen aporta a las exportaciones pesqueras nacionales, que tienen como destino Brasil, Europa y Asia. La merluza hubbsi es explotada por más de 150 barcos que van al fresco y congelado, ocupando a decenas de plantas procesadoras que emplean a miles de trabajadores desde Buenos Aires hasta Santa Cruz.
En este marco, también se actualizó el Derecho Único de Extracción (DUE) alcanzando más del 2%, cifra que al comenzar la actual gestión nacional era de un 0.15 %. Los ingresos recaudados son coparticipables entre Nación y las provincias.
La medida se estableció a partir de la decisión de los representantes del Poder Ejecutivo Nacional y las provincias con litoral marítimo; Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Esta decisión contó también con el apoyo de la totalidad de las cámaras empresarias, los sindicatos y la industria naval.
En diálogo con Infobae, el especialista César Lerena señaló que en los últimos 50 años esta actividad se llevó 152 mil millones de dólares en productos pesqueros migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva de Argentina
Buenos Aires, jueves 21 noviembre (PR/24) — El gobierno de la provincia de Santa Cruz firmó una Carta de Intención, durante una gira por China del gobernador Claudio Vidal, para darle asistencia desde los puertos provinciales a cientos de buques chinos que pescan en la milla 201, al borde la Zona Económica Exclusiva de la Argentina. Esto generó el rechazo del sector pesquero argentino.
Para conocer más sobre el impacto que podría tener esta medida, Infobae dialogó con César Augusto Lerena, experto en Atlántico Sur y Pesca; Ex Secretario de Estado y Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana.
– Dr. Lerena, el gobierno de Santa Cruz quiere colaborar con los buques chinos que operan en la milla 201 y firmó una carta de intención con una pesquera china, ¿qué se conoce de esta empresa?
El gobernador de esa provincia, Claudio Vidal, dijo que cree que es momento de negociar con los buques chinos y lo habría hecho el pasado 18 de octubre, con una de las empresas más importantes del Estado chino, la Hong Dong Fisheries Co. -reveló Informe Marítimo- que contaría con casi 200 buques y, según el informe del Círculo de Políticas Ambientales, tendría “frondosos antecedentes de pesca ilegal; además, que se trataría de una subsidiaria de la fábrica de armas del Ejército Chino Poly Group Corp”. Cuestión, que no asombra, porque gran parte de la flota que pesca a distancia cumple estos objetivos más allá de la pesca.
Esta declaración motivó el unánime rechazo del ambiente pesquero y por parte de expertos que venimos siguiendo el comportamiento de la flota china.
Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz
– ¿Este tipo de colaboración ya se viene haciendo como dice el gobernador?
Vidal afirmó que esto ya viene sucediendo, pero nadie lo sincera. “Si estos buques están allá, haciendo uso de nuestros recursos, ¿por qué no regulamos y negociamos con ellos y generamos fuentes de trabajo para los argentinos? Malvinas y Montevideo lo hacen, ¿por qué no deberíamos hacerlo nosotros?”, planteó.
Es necesario -dijo- “llevar adelante una amplia gama de servicios logísticos, mejorar los cinco puertos y el abastecimiento en tierra y alta mar y, agregar valor en plantas en tierra”. Y la Coordinadora Portuaria de Santa Cruz, Selsa Hernández completó: “Que vengan los barcos que operan sobre la milla 201 significará trabajo y reactivación de la economía. Queremos que nuestros puertos trabajen respetando las leyes argentinas”.
Ambas declaraciones son poco congruentes. ¿Hablan de apropiación china de nuestros recursos, lo vinculan a la pesca ilegal no deseada en Montevideo y Malvinas y refieren a respetar la Ley argentina que los buques violan? Por cierto, con esta apertura, le será improbable a Hernández certificar y dar seguridad a los puertos.
– ¿Qué dimensión tiene el beneficio económico que pueden recibir las provincias en comparación con el perjuicio de la pesca ilegal china?
Solo un análisis del número de buques da cuenta de la insensatez e improvisación de llevar adelante una iniciativa semejante: China tiene operando en el mar unos 2.500 buques pesqueros; sólo en el Atlántico Suroccidental pescan sin control unos 300 (270 poteros y 30 arrastreros), mientras que el total de la flota nacional alcanza a las 520 embarcaciones que son relativamente controladas.
El descontrol será total y, claro está, la Nación y mucho menos la provincia de Santa Cruz tienen capacidad política, económica, técnica y de seguridad para llevar adelante una operatoria de semejante naturaleza.
La intención de favorecer las operaciones de estos buques que depredan los recursos pesqueros de Argentina no es nueva; ya fue promovida fallidamente durante los años 2021 a 2023 por las provincias de Chubut y Tierra del Fuego, como oportunamente denunciamos y, frente a ello, la moneda de cambio que se anuncia en todos los casos, es económicamente insignificante, ya que la pesca ilegal china, taiwanesa, coreana y española se ha llevado en los últimos 50 años la friolera de 152 mil millones de dólares en productos pesqueros migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina, con los que se podrían haber ampliado, renovado y modernizado todos los puertos del país y producido un fenomenal desarrollo poblacional y generación industrial y laboral en la Patagonia sin precedentes.
Pero más grave aún -si se pudiese ponderar- sería el atractivo que esta medida provocaría para miles de buques, al apoyar la Argentina la captura ilegal en la región, con buques depredadores, subsidiados, con regímenes de trabajo esclavo; con el consecuente agotamiento de los recursos, no solo de alta mar sino de la ZEE Argentina; el descrédito internacional y la pérdida irreversible de la administración del Atlántico Suroccidental y la consecuente declinación de la soberanía nacional en su territorio marítimo, antártico y bioceánico.
– ¿Qué alcances tiene la pesca ilegal china?
Para que podamos entender qué alcance tiene la pesca Ilegal: decimos, que es aquella donde se capturan especies, sin cumplir, total o parcialmente, con la regulación internacional o nacional de origen y/o si se captura en alta mar sin control del Estado de pabellón y sin acuerdo previo entre éste y los Estados ribereños en aquellas especies que interaccionan o están asociadas o son migratorias originarias de las ZEE o migran desde alta mar a la ZEE y, donde se realiza todo acto, de cualquier naturaleza, que atente contra la sostenibilidad de las especies pesqueras y/o contaminen el medio ambiente y/o amenacen la seguridad alimentaria y económica, beneficiando al crimen organizado transnacional y/o la evasión fiscal.
Es aquella, además, que atenta contra la sustentabilidad empresaria; las fuentes de trabajo o el desarrollo de las regiones del litoral marítimo. Una definición que encaja perfectamente con las prácticas de pesca que en el Atlántico Suroccidental realiza China (y otros países) sobre las especies migratorias de la ZEE Argentina en alta mar.
– ¿Qué debería hacer la Argentina frente a esta actividad ilegal?
La Argentina debe considerar legal la captura en alta mar de sus recursos migratorios originarios del mar territorial y la ZEE, y los asociados que intervienen en la cadena trófica, en principio, porque de otra manera sería desconocer los derechos que reivindica como propios en toda su legislación vigente: la ley de espacios marítimos, la ley de ratificación de la Convención del Mar y, la de Pesca.
Además de ello, si bien hay más de 40 razones para considerar esta captura en alta mar como “Ilegal”; tres hechos son suficientes para tipificarla ilegal: primero, cuando los buques no tienen control de sus Estados de pabellón o los países de origen (art. 87º, 92º, 94º de la CONVEMAR); segundo, cuando no se realizan estudios de investigación determinando la “Captura Máxima Sostenible” (art. 119º de la CONVEMAR) y, tercero, si se capturan especies migratorias originarias de la ZEE en alta mar sin acuerdo con el Estado ribereño por afectar sus intereses (art. 27º; 63º, 64º, 116º a 119º de la CONVEMAR).
Por supuesto, a esto se agrega la pesca subsidiada y aquella con redes de arrastre de fondo cuando se pesca en la plataforma continental extendida más allá de las 200 millas sin habilitación nacional.
Amén de ello, las embarcaciones chinas que se hacen de los recursos pesqueros nacionales compiten en el mercado internacional con los productos de las empresas radicadas en Argentina, en forma desleal, no solo porque lo hacen con nuestros recursos, sino porque operan con subsidiadamente (construcción de buques, gasoil, ausencia de derechos y aranceles, bajos salarios, etc.); desactivando los sistemas satelitales de control, depredando las especies y, contaminando el medio marino.
– ¿Qué implica ceder los puertos a la flota china? ¿qué impacto puede tener en las empresas pesqueras locales?
Cederle los puertos a China agrega un evidente desconocimiento de la operatividad a distancia que realiza esta flota. Ya nos referimos en un anterior artículo de que a los chinos solo les interesa facilitar los transbordos y la reparación de sus buques y no agregarán ningún costo en Argentina (¿cómo se consideraría el origen de las capturas?). En los hechos, la administración de los puertos quedará en manos del Estado chino y, en este sentido el especialista Milko Schartzman afirmó: «No existen ejemplos de países en donde se haya instalado la industria pesquera china o donde se les haya brindado apoyo portuario, en los que la industria pesquera local prospere. En la última década, Uruguay perdió la mitad de su industria pesquera, mientras Montevideo brinda apoyo logístico a las flotas de pesca ilegal mayormente chinas…»
China ha dicho (2022) que estabilizará «la producción de calamares y túnidos en 2,25 millones de toneladas (un 281% más de desembarque total argentino) demostrando su magnitud y la intención hegemónica de «participar profundamente en la gobernanza mundial de los océanos…construir bases de pesca en aguas distantes…el comercio de calamar oceánico sea más grande y más fuerte» (Li Dong, 14/2/2022; Inf. del Ministerio de Agricultura, SeafoodMedia Group 20/2/23). En este escenario, nadie, en su sano juicio, podría facilitar las operaciones chinas en el Atlántico Sur, sin resolver previamente la administración en alta mar.
– ¿La provincia de Santa Cruz está facultada para hacer este tipo de concesiones?
El gobierno de Santa Cruz no tiene facultades para llevar adelante esta iniciativa de abrir los puertos a los buques chinos que pescan ilegalmente los recursos migratorios argentinos en alta mar. Esta decisión -a nuestro juicio- atenta contra la soberanía política, económica, ambiental, alimentaria, social y la seguridad y defensa nacional, siendo inconstitucional porque requeriría un Acuerdo previo ratificado por el Congreso de la Nación por imperio de la ley de Pesca, de la ley de actividades portuarias y su aplicación dañaría el medio ambiente violando la Ley General del Ambiente al promover facilidades a quienes pescan ilegalmente afectando el ecosistema.
Por otra parte, este tema, debiera provocar una revisión de las cuotas y autorizaciones que el Consejo Federal Pesquero otorga a buques de Empresas del Estado Chino en Argentina; por cuanto resulta un absurdo que mientras se les otorga habilitaciones, hay otros buques de ese mismo Estado pescando ilegalmente los recursos migratorios en alta mar. Por ejemplo, analizar que el 68% de los buques que integran la Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA) cuyos buques capturaron más del 90% del total argentino (en 2022) son embarcaciones de empresas asiáticas, mayoritariamente chinas.
Si prosperase la iniciativa de Santa Cruz, se cerrarán definitivamente todas las puertas de futuros acuerdos en alta mar y, se profundizará el camino de agotamiento del recurso y declinación de la soberanía nacional.
Buenos Aires, jueves 22 agosto (PR/24) — Trabajadores de la pesca denunciaron que la derogación de una serie de normas por parte del Gobierno nacional atentan contra la sostenibilidad de las especies de la fauna marina nacional y, en consecuencia, a sus fuentes de trabajo. Además afirman que las desregulaciones propuestas no generaban costo para el Estado.
La denuncia apunta a la Resolución 76/2024 de la Secretaría de Bioeconomía que derogó 12 normas sancionadas entre 2021 y 2023 que, según los trabajadores, desmanteló cuatro unidades de certificación, seguimiento y control de la producción pesquera.
El secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, capitán Mariano Moreno, sostuvo que «no se puede ir contra una reglamentación que no hace más que cuidar el recurso, y que ha posicionado a la Argentina como uno de los productores de mariscos más importantes y avanzados del mundo. No tiene lógica».
Entre las normas derogadas se encuentran 11 resoluciones de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y una disposición de la Subsecretaría de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, perteneciente a la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Por otro lado, Moreno denunció que, en paralelo a esta desregulación, el gobierno intervino en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) con la designación de Gonzalo Eduardo Bacigalupo.
«Es una intervención encubierta porque designaron a un trader de pescado, violando el artículo cuarto de la Ley 21673 que crea el organismo, que es muy clara: el director debe ser un profesional con título universitario en alguna disciplina vinculada con las ciencias del mar», apuntó Moreno.
La principal preocupación gira en torno a la eliminación de cuatro entes clave para la administración del sector pesquero, como la Unidad de Certificación de Capturas y Exportaciones, la Unidad de Coordinación Pesquera, la Unidad de Seguimientos Especiales Pesqueros y la Unidad de Ingresos al FONAPE.
Moreno aseguró: «Los trabajadores vamos a pedir que se revea esta situación, porque va en contra de los intereses del Estado mismo, y vamos a exigir que no se innove con las designaciones y las derogaciones».
«En un tiempo vamos a tener agua vacía, sin el recurso natural para trabajar», advirtió el sindicalista.
Por otro lado, trabajadores manifestaron que “se encuentran en alerta permanente ante la indefinición sobre el futuro del Régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de las especies Merluza Hubbsi, Merluza de Cola, Polaca y Merluza Negra que vence el 31 de diciembre del presente año”.
En tal sentido, recordaron que el proyecto original de la denominada “Ley Bases” presentaba un capítulo que pretendía entregar los recursos pesqueros argentinos al mejor postor mediante licitaciones públicas internacionales sin ponderar las inversiones que las empresas realicen en nuestro país ni la generación de mano de obra argentina.
Por lo expuesto solicitan al Consejo Federal Pesquero “a que garantice la continuidad del actual Régimen de CITC en las condiciones actuales para los próximos 15 años. Ello generará certidumbre para toda la cadena de valor pesquera, comenzando por los trabajadores y empresas pesqueras”.
Senasa inspeccionó 92.377 cajones de buques fresqueros, cargados en 107 camiones para traslado a plantas procesadoras.
COMODORO RIVADAVIA (Chubut), 5 de agosto (PR/24) . – En el inicio de la zafra de captura de langostino en aguas nacionales en el litoral marítimo de la región patagónica, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) inspeccionó la descarga de más de 1,5 toneladas de esta especie que efectúan buques fresqueros en el puerto de Camarones, provincia de Chubut.
En la oportunidad, personal del Centro Regional Patagonia Sur del Senasa – con la colaboración de agentes de Prefectura Naval Argentina y Policía Provincial –, inspeccionó 92.377 cajones con un total de 1.570.409 kilos de langostinos, que fueron cargados en 107 camiones que los trasladaron a plantas procesadoras pesqueras, ubicadas en distintos puntos del país, para su elaboración y congelado en diferentes presentaciones comerciales.
Los procedimientos de inspección efectuados por los agentes del Centro Regional Patagonia Sur del Senasa a buques comprenden la recorrida de la unidad flotante, la descarga de la mercadería y la verificación de la documentación correspondiente.
Asimismo, el Senasa continúa, durante la zafra, el control en la carga a los camiones que trasladan la mercadería a distintos puntos del país como Mar del Plata (buenos Aires), Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn (Chubut).
Cabe destacar que Camarones es el segundo puerto en importancia de la región patagónica de descarga de langostino fresco.
Inspectores del país asiático, acompañados por profesionales del Senasa, recorrieron plantas terrestres y barcos ubicados en Mar del Plata.
Buenos Aires, 3 de julio (PR/24) . – Argentina revalidó el sistema de equivalencias para la exportación de productos pesqueros a Corea del Sur tras finalizar, de manera satisfactoria, la auditoría realizada por el servicio sanitario del país asiático al control sanitario y de inocuidad que fiscaliza el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
En la la reunión final, realizada en la sede central del organismo argentino, los inspectores coreanos – Jaehwan Yoon y Sunghyung Jung – calificaron como “muy bueno” el estado general de higiene e inocuidad de los dos establecimientos terrestres de productos pesqueros y tres barcos visitados del 24 de junio al 1 de julio en Mar del Plata, e intercambiaron con los profesionales del Senasa, cuestiones técnicas referidas a la recorrida.
Actualmente son alrededor de 300 los establecimientos pesqueros argentinos habilitados a enviar su producción a Corea del Sur. Asimismo, en lo que va de 2024 el Senasa certificó la exportación de 27.600 toneladas de productos de la pesca a este destino.
experto en Atlántico Sur y Pesca
El descontrol será total y, claro está, la Nación y mucho menos la provincia de Santa Cruz tienen capacidad política, económica, técnica y de seguridad para llevar adelante una operatoria de semejante naturaleza.
