Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva.
Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Autor de varios libros y Publicaciones.
Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
Buenos Aires, lunes 16 febrero (PR/26) — Con mucha atención seguí el trámite parlamentario en el Senado de la tan vapuleada “reforma laboral” enviada por el gobierno. No por curiosidad académica. Tampoco por fetichismo institucional.
Sino porque allí, en esas madrugadas parlamentarias que casi nadie mira, se redefine silenciosamente el equilibrio entre capital y trabajo en la Argentina.
Mi hipótesis es sencilla pero incómoda: contrastar, con evidencia documental y trazabilidad parlamentaria, qué decía el texto ingresado por el Poder Ejecutivo y qué terminó votándose; cómo fue el procedimiento; qué actores aparecen como ganadores y cuáles como perdedores si uno analiza los incentivos reales que emergen del articulado, no de los discursos. Y la conclusión preliminar no es alentadora.
Una reforma exprés: cuando el Senado legisla sin leer
Lo que ocurrió esta semana en el Senado no fue un debate. Fue una puesta en escena, casi una pantomima. La reforma laboral discutida no fue objeto de deliberación seria, ni de escucha genuina y menos de estudio riguroso. Fue el resultado de un procedimiento que avergüenza a cualquier estándar mínimo de institucionalidad republicana.
El proyecto ingresó y, en cuestión de días, obtuvo dictamen favorable. Una reforma estructural, que modifica el contrato social entre capital y trabajo, atravesó el filtro del Senado a una velocidad que sólo sería comprensible si estuviéramos regulando el ancho de una vereda. Sin embargo, estamos hablando del régimen de despido, del esquema de aportes, de la estructura de negociación colectiva, del financiamiento sindical y del diseño de incentivos del mercado laboral argentino. Nadie tuvo tiempo material de leerla completa. Mucho menos de analizarla en detalle, contrastarla con legislación vigente, evaluar efectos sistémicos o proyectar impactos fiscales y previsionales.
Lo cierto es que primero se firmó dictamen, después se convocó a escuchar a cámaras empresariales, sindicatos, juristas y especialistas. El orden lógico, escuchar, analizar y dictaminar, fue invertido. La deliberación fue posterior a la decisión. Es decir, decorativa. Estos dos hechos, hasta aquí, confirman mi hipótesis de que se estaba legislando sin leer. Sin embargo, lo más relevante vino después.
Negociar no es debatir
La verdadera discusión parlamentaria no giró en torno al impacto de la reforma, ni a sus riesgos técnicos, ni a su coherencia macroeconómica. El eje real fue otro:
- ¿Cómo compensar a los gobernadores por la caída de coparticipación derivada de la modificación del impuesto a las ganancias?
- ¿Cómo preservar el financiamiento sindical?
- ¿Cómo sostener el negocio bancario asociado al manejo de sueldos y aportes?
En síntesis: se rediseñan las reglas del mundo del trabajo a cambio de recursos fiscales, privilegios corporativos y equilibrios políticos territoriales. No pretendo con esto realizar ninguna acusación moral sino simplemente estoy realizando una descripción institucional.
Hecho verificable: qué se aprobó y qué no sabemos aún
En la madrugada del 12/02/2026 (sesión del 11/02/2026), el Senado dio media sanción al proyecto denominado “Ley de Modernización Laboral”, con 42 votos afirmativos y 30 negativos. El despacho incorporó 28 modificaciones formales, aunque crónicas periodísticas hablaron de más de 50 cambios acumulados en el proceso. Y aunque parezca mentira, todavía no es fácilmente accesible el texto definitivo post-media sanción. Al menos para poder hacer una auditoría artículo por artículo. Dicho de otro modo, la negociación queda en el terreno del rumor y no del documento.
El mapa de concesiones: dónde se cedió y para quién
El oficialismo presentó el texto final como resultado de acuerdos transversales. Traducido al lenguaje real y común, realizó concesiones selectivas para alcanzar la mayoría.
1. Gobernadores y provincias
El primer eje de negociación fue territorial. Sin los votos provinciales no había número. Y los votos provinciales no son gratuitos. De este modo, el oficialismo ajustó puntos sensibles para garantizar acompañamiento. La lógica utilizada es por todos conocida: estabilidad política a cambio de compensaciones fiscales explícitas o implícitas.
2. Estructuras sindicales y “cajas”
El segundo eje fue corporativo. Se mantuvo el esquema de financiamiento de obras sociales y aportes sindicales, con un tope negociado del 2%. Es decir, no se desmontó la arquitectura financiera de las estructuras sindicales.
Lo expuesto nos desnuda una paradoja interesante. Se flexibilizan tutelas del trabajador individual, pero se preservan mecanismos de financiamiento de actores con poder de presión institucional. Para que se entienda, el gobierno prefirió que el trabajador atomizado pierda capacidad de protección efectiva a cambio de mantener los recursos de la estructura organizada sindical.
3. El sistema bancario se salió con la suya.
La última concesión, lo fue con los Bancos. El gobierno cedió también ante el poder financiero, impidiendo la competencia del negocio en el manejo de los sueldos de los trabajadores dependientes a lo que se denomina “billeteras virtuales”. Las razones de la negociación lamentablemente no encuentran ninguna otra lógica que no sean los privilegios de la casta financiera.
Matriz de ganadores y perdedores
Si dejamos de lado el relato y observamos incentivos económicos y jurídicos, el cuadro es más que nítido.
Ganadores probables
- Empresas con alta rotación o intensivas en mano de obra, que se ven beneficiadas con reducciones de costos de despido o mecanismos alternativos de indemnización que licúan contingencias.
- Grandes empleadores con departamentos legales robustos, que ante la individualización y descentralización de la negociación colectiva favorecen a quien tiene mayor poder contractual.
- Gobernadores y partidos provinciales, donde la negociación legislativa fortalece su rol de árbitros federales.
- Estructuras sindicales y cámaras empresarias, que lograron la preservación de financiamiento y capacidad de interlocución.
Perdedores probables
- El trabajador individual, especialmente no sindicalizado, que padecerá una mayor flexibilidad de salida y acuerdos individualizados que reducen protección real.
- El sistema previsional (según diseño final de aportes), que recibe un desvío de flujos hacia fondos alternativos que seguramente afectarán el financiamiento estructural.
- La transparencia legislativa, donde la velocidad y opacidad de todo el proceso de negociación deterioran aún más la calidad institucional.
El FMI, la flexibilidad y el mito de la condicionalidad
En este contexto de ganadores y perdedores, no puedo dejar de mencionar al FMI, donde todos sabemos a través de sus propios informes, que sugieren que la Argentina debe promover reformas pro-mercado y en particular la importancia de mayor flexibilidad laboral y reducción de litigiosidad.
Ahora bien, ¿Es esta reforma una imposición formal del FMI?
No hay evidencia pública concluyente que permita afirmarlo como condicionalidad explícita. Sin embargo, todos sabemos que la reforma es consistente con la orientación estructural recomendada por el organismo. Dicho de otro modo, si bien no debemos confundir el alineamiento ideológico con imposición contractual negar la convergencia conceptual sería ingenuo.
Lo que viene en Diputados
La reforma pasa ahora a la Cámara de Diputados y si el Senado funcionó como cámara de negociación política, es probable que Diputados replique el esquema con dictámenes acelerados, modificaciones quirúrgicas para cerrar mayorías y un debate discursivo intenso acompañado de transacciones selectivas. Es decir, nada nuevo bajo el sol legislativo argentino.
Intentando aproximarme a una conclusión simplemente diría que lo sucedido en el Senada fue la más sublime demostración de cinismo. Lo votado esta semana en la Cámara alta no fue sólo una reforma laboral, sino que fue la institucionalización del toma y daca como método legislativo. A ello se le agregó una nueva regla: se creó la regla del consenso sin lectura y la negociación sin transparencia.
Hasta acá la enseñanza es desbastadora. Para modificar el mundo del trabajo argentino ya no se necesita análisis técnico exhaustivo, ni estadísticas comparadas, ni estudios de impacto regulatorio. Alcanzan 72 horas, un dictamen exprés y algunos acuerdos de despacho cerrado.Y lo que más me inquieta y sorprende, no es la velocidad sino su naturalización.
En fin, todos declaran haber ganado algo. Los senadores porque “mejoraron” el texto. Los sindicatos porque “preservaron” aportes. Los empresarios porque “redujeron” costos. Los gobernadores porque “negociaron” recursos. El oficialismo porque “avanzó” frente a la oposición. Sin embargo, el trabajador argentino, el único y exclusivo sujeto teórico de la reforma, ni siquiera tuvo tiempo de leer lo que perdió.
La pregunta ya no es si esta reforma es buena o mala. La pregunta es otra:
¿Estamos dispuestos a aceptar que las reglas del trabajo se redefinan como si fueran cláusulas accesorias en un contrato político de madrugada?
Porque cuando la República se acostumbra a legislar sin leer, el problema ya no es laboral. Es democrático. Por eso, quizás el verdadero ganador no sea ningún senador, ni ningún sindicato, ni ningún empresario. El verdadero ganador es el cinismo y los verdaderos perdedores somos nosotros.
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