Productores de Santa Catarina advierten que las importaciones están provocando una caída histórica en la superficie cultivada, endeudamiento creciente y el abandono de la actividad, pese a mejoras en la productividad.
Buenos Aires, jueves 9 de abril (PR/26) .- La producción de ajo en el sur de Brasil atraviesa una de sus etapas más críticas. En el estado de Santa Catarina, históricamente líder nacional en este cultivo, productores y autoridades encendieron las alarmas ante el fuerte impacto de las importaciones, especialmente provenientes de Argentina, a las que acusan de generar condiciones de competencia desleal.
Durante una reunión de la Comisión de Agricultura estatal, representantes del sector expusieron un panorama preocupante: la superficie cultivada cayó drásticamente de 2400 hectáreas en la campaña 2018/2019 a apenas 656 hectáreas en 2024/2025, muy lejos de las cerca de 5000 hectáreas registradas en la década de 1990. Este retroceso ha llevado a Santa Catarina a perder su liderazgo productivo a nivel nacional.
Según el coordinador de la Cámara del Sector del Ajo, Itamir Gasparini, el principal problema radica en el ingreso de ajo importado a precios que los productores consideran artificialmente bajos. Denuncian prácticas de dumping y el incumplimiento de normativas que regulan las importaciones, lo que distorsiona el mercado interno y afecta directamente la rentabilidad.
La consecuencia inmediata es el deterioro económico de las familias rurales. Muchos productores no logran cubrir sus costos, se ven obligados a refinanciar deudas con tasas más altas y, en casos extremos, comprometen sus activos productivos. Esto ha generado un progresivo abandono del cultivo, tradicional en pequeñas explotaciones familiares.
Paradójicamente, la productividad ha mejorado en los últimos años gracias al apoyo técnico de organismos de extensión rural, pasando de rendimientos de 4 a 5 toneladas por hectárea a entre 12 y 14. Sin embargo, este avance no ha sido suficiente para contrarrestar la presión de los precios internacionales.
Frente a este escenario, el sector reclama medidas urgentes: mayor control sobre las importaciones, acceso a crédito subsidiado y la aplicación efectiva de herramientas legales diseñadas para proteger la producción local. El tema ya llegó a la agenda nacional, con gestiones ante el Ministerio de Desarrollo Agrario y el involucramiento de legisladores provinciales.
Mientras tanto, organismos como Epagri y Cidasc continúan brindando apoyo técnico y sanitario para sostener al sector, considerado clave para la economía regional.
El conflicto pone en evidencia las tensiones entre la apertura comercial y la protección de las economías regionales, en un contexto donde la competitividad externa redefine el futuro de producciones tradicionales en el Mercosur.
Primicias Rurales
Fuente: Gerardo Grosso
