Abr 26, 2020 | Columnas
Por Emiliano F. Rodríguez* .
Buenos Aires, 26 abril (Especial para NA) — La pandemia de coronavirus está provocando en la Argentina los estragos que son de público conocimiento, con vidas humanas que se pierden a causa del Covid-19 y una parálisis económica que afecta transversalmente a la sociedad, más allá de que el impacto de la enfermedad por el momento sea menor aquí con relación a otros países.
En medio de la emergencia sanitaria, que se sumó a la crisis con la que ya venía lidiando el Gobierno desde su asunción el 10 de diciembre pasado, las medidas de aislamiento social dispuestas para preservar la salud de la población complicaron los planes para avanzar hacia una necesaria reactivación del andamiaje productivo doméstico.
A propósito, la utilización de la capacidad instalada de la industria se contrajo aún más a partir de marzo debido a la cuarentena, al igual que el consumo, mientras un reciente informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) estimó que la pobreza trepó al 45 por ciento en el primer trimestre del año.
Como consecuencia de la parálisis en la actividad económica, la recaudación impositiva también se desplomó, con una reducción del orden del 30% para la Nación, del 40% para la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, e incluso del 50% para los municipios, según confió a NA un jefe comunal.
De esta manera, y de acuerdo con la fuente consultada por esta agencia, por cada 100 pesos que antes ingresaban a las arcas municipales, hoy los intendentes bonaerenses en la zona del Conurbano perciben $40 para pagar salarios y financiar servicios como la recolección de residuos: por ese motivo están gestionando un auxilio financiero de parte de la Gobernación.
Asimismo, los jefes comunales que se reunieron en estos días con autoridades provinciales le bajaron el pulgar, en principio, a una propuesta del mandatario Axel Kicillof de otorgar a los municipios créditos blancos, incluso a tasa cero: «Es una medida insuficiente; un camino sin salida», resaltó el intendente consultado por Noticias Argentinas.
«Seguramente el mes que viene cobraré menos que éste -en materia de recaudación- y una vez que salgamos de esta situación, nos llevará meses volver a la normalidad», agregó el jefe comunal, que indicó que en su distrito la demanda de comida aumentó entre un 25% y un 30% en medio de la pandemia.
En este contexto, valoró que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación haya decidido duplicar en un mes la ayuda financiera que destina a los municipios bonaerenses para la compra de alimentos y demás insumos de primera necesidad: de 10 millones a 20 millones de pesos, según precisó.
El Gobierno mantiene un contacto fluido con los intendentes de la Provincia en medio de esta situación excepcional por la que transita la Argentina, buscando garantizar una contención social en especial en los sectores más vulnerables, allí donde son más complejas las condiciones de vida.
Si bien la angustia y la incertidumbre se mantienen en niveles intensos, mientras se espera que el pico de la pandemia en el país se produzca hacia fines de mayo, principios de junio, en los últimos días comenzó a tomar fuerza una idea, una reflexión muy interesante, que también proliferó de manera transversal por la sociedad, incluida la clase política.
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El día después.
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Se trata de la noción, o quizá de la sensación, de que una luz de oportunidades se enciende al final del túnel.
Oportunidades de las más variadas especies, tanto individuales como colectivas, laborales y/o económicas como familiares e incluso vinculadas, por ejemplo, con los métodos educativos en el país.
«Nosotros vamos a construir el día después, del dolor saldrá una gran oportunidad para Latinoamérica», resaltó el presidente Alberto Fernández esta semana, en tanto el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, consideró hoy que la pandemia de Covid-19 «puede ser una oportunidad para darle un nuevo rol a los Estados, mejorar los mercados internos y desarrollar las cadenas de valor internas en un mundo que va a estar cerrado».
Se presume que la vida sobre la faz de la Tierra no será igual inmediatamente después de esta situación sanitaria extraordinaria y en la Argentina también debería ser diferente una vez terminada la cuarentena, la que bien podría servir para que la población en su conjunto aprendiera a valorar más la libertad, respetar los derechos y cumplir con sus obligaciones.
Sería importante también que la pandemia fuese vista como una oportunidad (inmejorable) para ponerse en el lugar del otro, confraternizar con el otro, atendiendo sus problemas y compartiendo sus reclamos: todos los días, a las 21:00, miles de personas aplauden a los profesionales de la salud por su tarea en la primera línea de combate del virus, pero no son nuevas ni por asomo las dificultades con las que tienen que lidiar a diario, en especial, en el sistema público.
Los inconvenientes relacionados con la falta de insumos y las condiciones edilicias y/o de salubridad en hospitales del Gran Buenos Aires son de larga data, por más que hayan quedado mucho más expuestos en estos momentos de emergencia y de máxima preocupación social en el país.
Para la clase política, el contexto tan particular por el que transita el país debería significar una oportunidad para asumir desafíos superadores, dejando de lado rencillas de ocasión para enfocarse realmente en la angustia de la gente y en promover acciones para el día después del confinamiento.
En este sentido, el ala kirchnerista del Gobierno, representada por ejemplo en el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, o en la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, con su desafortunada frase sobre «con sangre o con razones» en el marco de la embestida de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, contra la Corte Suprema de Justicia, lejos estuvo de contribuir en los últimos días con la gestión de Fernández en momentos en los que la coyuntura demanda mesura y razonabilidad.
Mientras tanto, el Congreso sigue prácticamente sin funcionar, al igual que la Justicia, y la toma de decisiones permanece concentrada en el Poder Ejecutivo, encabezado por Fernández y Cristina.
Finalmente, la pandemia también abrió la posibilidad de estrechar vínculos familiares, delinear proyectos a corto y mediano plazo e incluso reflexionar sobre los métodos tradicionales de enseñanza en la Argentina, ¿tan necesario es que los alumnos vuelvan a tomar clases presenciales en los colegios, indefectiblemente sentados durante horas frente a un pizarrón?.
(*) – Secretario general de redacción de la agencia Noticias Argentinas (NA); erodriguez@noticiasargentinas.com; @efrodriguez012.
Abr 18, 2020 | Columnas
Por Emiliano F. Rodríguez*.
Buenos Aires, 18 abril (Especial de NA) — Como sucede con los pacientes con enfermedades de base que se contagian coronavirus, la pandemia de Covid-19 agudizó aún más la compleja situación social, laboral y económica que padecen los sectores más postergados de la sociedad en la Argentina.
Allí donde los recursos de por sí eran escasos, las fuentes de empleo acotadas y las condiciones de vida definitivamente habían empeorado en los últimos años producto de la crisis por la que transitaba y transita el país, hoy mucho más que antes reina la angustia, se vive con miedo e incertidumbre.
En este contexto, el gobierno nacional, junto con administraciones provinciales y municipales, dispuso aumentar la presencia territorial de asistentes sociales en zonas vulnerables, de igual modo que reforzar las entregas de bolsones de alimentos y de elementos de seguridad e higiene.
Según pudo averiguar NA de fuentes cercanas a este tipo de operativos de contención, algunas barriadas del Conurbano bonaerense, en donde por ejemplo aún se cocina a leña porque los vecinos no disponen de conexiones de gas, la situación social se ha convertido en una suerte de «olla a presión» en medio de la cuarentena obligatoria.
Después de la polémica generada por los sobreprecios en la compra de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social, el titular de esa cartera, Daniel Arroyo, participó esta semana del lanzamiento del programa «El barrio cuida al barrio», en Lomas de Zamora, en el sur del Gran Buenos Aires.
La iniciativa busca articular y organizar la provisión de elementos sanitarios y asistencia social entre el Estado nacional, municipios y movimientos populares, prestando especial atención a los grupos de riesgo en lugares complejos del Conurbano donde conviven familias enteras en pequeñas casas precarias.
Los vecinos también intentan colaborar y ayudarse entre ellos, por ejemplo, desinfectando las áreas comunes de los asentamientos y confeccionando tapabocas, en medio de la cuarentena obligatoria que se estableció hace un mes en la Argentina en busca de evitar una rápida propagación del Covid-19.
Sin embargo, resulta indispensable el auxilio del Estado, sobre todo para mantener contenida a la gente y de esa manera tratar de prevenir eventuales actos de rebeldía social, en momentos de una parálisis laboral prácticamente total a causa de las medidas de confinamiento.
Ocurre que los changarines, jornaleros y/o cartoneros no están autorizados para salir de sus casas y circular; sus actividades no son consideradas tareas esenciales en este contexto de emergencia sanitaria: «No hay permiso para cartonear», se lamentan quienes viven rigurosamente al día.
Al igual que los asistentes sociales del Estado o miembros de organizaciones populares, los «curas villeros» también cumplen por estos días una tarea significativa en las primeras líneas de contención de las preocupaciones y la aflicción de la gente en barriadas transformadas en «ollas a presión».
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Carta al presidente Fernández.
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El comedor de la fundación que lidera el padre Francisco «Paco» Olivera en la Isla Maciel, en Avellaneda, permanece cerrado debido a la cuarentena, pero continúa abasteciendo a las familias que solían recurrir a él, gracias a donaciones de personas y, sobre todo, de organismos públicos.
Lo mismo sucede con el comedor que montó Olivera en Libertad, en el oeste del Gran Buenos Aires, en donde se desempeña ahora el sacerdote, del Grupo Curas en Opción por los Pobres, tras haber sido expulsado de la diócesis de Avellaneda.
Días atrás, se conoció que una mujer de la villa 1-11-14 del barrio porteño de Flores, que trabajaba realizando tareas de limpieza en el Senado de la Nación, falleció por coronavirus y en ese asentamiento los vecinos se organizaron para desinfectar con agua y lavandina áreas comunes.
En este sentido, la intervención de un sacerdote resultó clave para que personal de Gendarmería Nacional desplegado en la villa permitiera que esa labor se llevara adelante, con un bidón de 200 litros amarrado a un carro de cartonero y motorizado gracias a la colaboración de un herrero del lugar.
Un pastor también estuvo presente en la reunión que celebraron asistentes sociales con vecinos de la villa La Cava de Lomas de Zamora, a quienes prometieron reforzar las entregas de alimentos en respuesta a una carta que pobladores de ese barrio escribieron para solicitarle ayuda al presidente Alberto Fernández: dijeron necesitar 3.000 bolsones de comida.
Articulando tareas con la Secretaría de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete -presidida por Fernando «Chino» Navarro-, el Ministerio de Desarrollo Social prevé incrementar la cantidad de alimentos que se distribuyen en zonas vulnerables de 8.000 a 11.000 kilos, para llevar ese volumen a 15.000 kilos el mes próximo, según supo NA.
«La situación en los barrios populares es muy angustiante», advirtió el movimiento Barrios de Pie que lidera Daniel Menéndez, subsecretario de la Economía Social y Desarrollo Local, tras una una jornada solidaria con 2.000 ollas populares montadas en distintos sitios del país.
En medio de esta situación, un grupo de legisladores porteños del Frente de Todos le envió al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, un documento con propuestas para ampliar las medidas de prevención en las villas de la Capital Federal: según calcularon, cerca de 73.000 familias residen en 57 barrios populares aquí.
Como sucede con el coronavirus, que afecta con mayor agresividad a pacientes con enfermedades de base, en un país que ya venía tratando de salir de una crisis considerable, las zonas más vulnerables de la población se han visto especialmente dañadas por la pandemia y la parálisis que generó, como se esperaba, la cuarentena obligatoria.
El Gobierno, tan dogmático como pragmático en este sentido, viene destinando tiempo y cada vez mayores recursos para mantener contenidos a esos sectores, sabiendo que si el aislamiento se prolongan, como da la sensación que ocurrirá, es probable que se avecinen tiempos incluso más difíciles.
(*) – Secretario general de redacción de la agencia Noticias Argentinas (NA); efrodriguez@noticiasargentinas.com; @efrodriguez012.
Abr 4, 2020 | Columnas
Por Emiliano F. Rodríguez* .
Buenos Aires, 4 abril (Especial de NA) — En esta suerte de cruzada nacional sin precedentes que afronta la Argentina en busca de defenderse del avance del coronavirus, el Gobierno, que venía liderado con cierto éxito la misión, trastabilló por primera vez y quedó expuesto a una oleada de críticas.
Las caóticas imágenes registradas este viernes en distintas ciudades del país, con miles de jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales encimados, formando largas filas para cobrar sus haberes o subsidios en entidades bancarias, significaron una voluminosa mácula para la gestión oficial en medio de la pandemia.
El propio presidente Alberto Fernández reconoció en las últimas horas que se molestó al ver lo que estaba sucediendo en la jornada en la que reabrían los bancos a pesar de la cuarentena y evaluó que no «cabe ninguna duda» de que «alguien hizo mal las cosas» para que se produjera semejante descontrol.
Y sí, claro que «alguien» cometió un error que no debería volver a producirse: el Gobierno, que no tomó los recaudos necesarios para evitar que tantas personas integrantes, además, de uno de los principales «grupos de riesgo» del virus Covid-19 terminaran ridículamente expuestas a enfermarse.
Según pudo averiguar NA, Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se disgustaron con Alejandro Vanoli, director de la ANSeS, y sobre todo con Miguel Pesce, presidente del Banco Central, al considerar que «subestimó la situación» y resolvió de manera tardía que las entidades bancarias también abrieran sus puertas durante este fin de semana.
«Lo debería haber hecho antes», dijeron las fuentes consultadas, tras la reunión de urgencia convocada en la Quinta Presidencial de Olivos el viernes por la noche, al término de una jornada en la que el Gobierno recibió su primera oleada de críticas verdaderamente fuertes de parte de la sociedad desde que Fernández asumió como jefe de Estado.
Hasta ahora, la labor del presidente había cosechado un amplio nivel de aprobación, a partir de su decisión de tomar «el toro por las astas» frente a la pandemia y ordenar con celeridad medidas sanitarias tendientes a evitar una rápida propagación del virus, por más incómodas que resulten.
En momentos en los que el país transita por su tercera semana consecutiva de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el tropiezo del Gobierno de las últimas horas con relación a los jubilados y pensionados animó incluso a otros sectores de la población, vinculados con la matriz productiva, a elevar su voz de protesta en medio de la cuarentena.
Por ejemplo, emprendedores y comerciantes dijeron que los bancos «ocultan» o «niegan» la existencia de los préstamos a tasa subsidiada del 24 por ciento promovidos por Balcarce 50 para que micro, pequeñas y medianas empresas puedan pagar sueldos y lidiar con la crisis por el coronavirus.
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Desempleo, en alza.
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Además, pese al decreto 329/2020 del Gobierno que prohíbe por dos meses despidos y suspensiones «sin causa justa o disminución de trabajo y fuerza mayor», compañías de diversas dimensiones y rubros dejaron cesantes a cientos de empleados, decidieron recortar salarios o pagar los sueldos en cuotas.
Desde grandes automotrices (como General Motors) y constructoras hasta pequeñas pymes e importantes firmas que comercializan electrodomésticos (Garbarino, Musimundo) dispusieron drásticas medidas contra el personal como respuesta a la parálisis económica desatada por la cuarentena.
Es más, hasta guías turísticos del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires fueron desafectados y ahora piden, con el amparo del decreto firmado por el Presidente -y publicado en el Boletín Oficial-, ser reincorporados.
El Gobierno, que tampoco ha tomado hasta el momento medidas que auxilien financieramente a micro empresas o comercios con apenas un puñado de empleados, como pequeñas tiendas que representan un único sostén económico (familiar) para los que allí trabajan, sin dudas debería robustecer su postura frente a las PyMES y grandes compañías que no cumplen con el decreto referido a suspensiones y despidos.
La Argentina ya venía transitando por una crisis económica, la que incluso jugó un papel preponderante en el proceso electoral del año pasado, pero en medio de esta emergencia sanitaria dejar cesantes a trabajadores y/o privarlos de disponer de sus salarios debería ser penado como un acto de crueldad, más allá de que no se respete una disposición oficial.
De cualquier modo, especialistas advierten que esta pandemia generará mayores dificultades para el país, con un aumento de la recesión, de la tasa de desempleo (era del 8,9% en el cuarto trimestre de 2019) y de la pobreza (que afectaba al 35,5% de la población a fines del año pasado, unos 16 millones de personas, con uno de cada dos menores de 14 años sumido en esa condición), entre otras variables.
Un dato que permitirá ilustrar en dónde estaba parada la Argentina antes de la pandemia se conocerá el próximo martes, cuando se conozca el índice de producción industrial manufacturero de febrero pasado relevado por el INDEC. La inflación de marzo se divulgará el miércoles 15 de abril.
Ya a partir de mediados del mes pasado, todo comenzó a cambiar en el país. Hasta aquel momento, las prioridades de la administración que lidera Fernández eran económicas; en cambio hoy, el principal objetivo de la Casa Rosada es preservar la salud de los 45 millones de argentinos, más allá de su grosero tropezón con los jubilados en los bancos: que no se repita.
(*) – Secretario general de redacción de la agencia Noticias Argentinas (NA); erodriguez@noticiasargentinas.com; @efrodriguez012.
Abr 2, 2020 | Columnas
La gran oportunidad…
Escribe Susana Merlo
Aunque el porvenir es más incierto que nunca, y el tema sanitario es excluyente, igual es necesario (para todos) seguir produciendo y en el campo, a pesar de todo esto, ya hay algunas certezas, por ejemplo, que este año va a ser algo peor de lo que se esperaba, y que el próximo tampoco traerá la postergada recuperación con la que se podía especular hasta hace 1-2 meses atrás.
También se sabe que la economía mundial va a ser mucho mas chica después del CODIV19, y que la situación de la Argentina, que ya era apretada, será más compleja todavía. Esto significa que tanto afuera, como adentro, habrá menos plata para gastar, y que la recesión será muy importante, aunque pocos se animan hoy a “tirar” algún número sobre el retroceso que va a sufrir la actividad económica global.
Pero también se sabe que, pase lo que pase, y aunque se restrinjan un poco los volúmenes, y/o los precios bajen, la gente va a seguir comiendo, y el de alimentos es el último gasto que se recorta. La prueba está en China que tras haber controlado, aparentemente, el tema sanitario, ya comenzó a volver paulatinamente a los mercados y los primeros movimientos fueron, justamente, en el área de alimentos y subproductos para su producción.
Otra cosa que se sabe (aunque algunos quieren obviarlo ) es que la Argentina, por sobre todas las cosas, es una gran productora (aunque con mucho menor peso que en el siglo pasado), y que el país muy difícil que quedará post pandemia, va a requerir en forma imperiosa de divisas que casi el único que podrá generarlas es el campo, ya que el petróleo por un tiempo indeterminado se derrumbó, y es difícil pensar en que el turismo se pueda recuperar rápidamente.
Con estas pocas certezas, en medio de un mar de dudas, sin crédito, ni divisa y, hoy por hoy, casi sin mercados, los productores deberán amañarse para encarar una inversión de, al menos, U$S 12-15.000 millones, afrontando el desbordado costo argentino, y “sin red” de protección, para encarar la campaña 20/21 que arranca en unas pocas semanas más.
Es cierto que hasta ahora las prioridades, tanto del Gobierno como de la propia sociedad, pasaron por otro lado, y la cuestión sanitaria fue excluyente. Pero inmediatamente después se deben afrontar los otros males que conlleva la pandemia, como la recesión, la caída de fuentes de trabajo, los altísimos costos en salud, etc.
Lamentablemente, la velocidad de las respuestas no siempre va siendo acorde a las urgencias, más aún, cuando a nivel mundial no existen los antecedentes de una situación tan grave, lo cual empeora con la falta de experiencia de muchos miembros del gobierno nacional, y también de los provinciales que, en el mejor de los casos, cuentan apenas con conocimientos teóricos, que alcanzan mucho menos en los momentos de crisis.
Aún así, con déficits, hasta ahora la orientación de las medidas va siendo buena, porque el Poder Ejecutivo asumió el liderazgo de las acciones, aunque también porque casi inmediatamente se armó un equipo asesor de especialistas, por encima incluso de muchos de los ministros, para ayudar a definir las prioridades, las acciones, y hasta las “opciones”.
Desde ese punto de vista, seguramente va a pasar lo mismo con la economía y la producción, para evitar todo lo que se pueda que los daños económicos se sumen a los sanitarios.
Por supuesto que no es fácil porque, lamentablemente, Argentina está entre los países sin recursos (versus los desarrollados con cifras astronómicas para inyectar en sus economías), pero esta crisis debería servir, al menos, como una gran oportunidad para hacer los cambios y correcciones pendientes que permitan volver a ser un país eficiente, y con alta calidad de vida.
Se sabe, por ejemplo, que muchos de los que trabajan no tienen ingresos acordes al esfuerzo, o a la capacidad, sin embargo, a la par, hay muchos otros que ganan “sin” trabajar, y otros tantos con ingresos “muy” superiores a la productividad que muestran.
Lo mismo pasa con los sectores. Los hay muy eficientes, en general sobrecargados por altísimos impuestos, y otros que son “mantenidos” por el erario público (o sea, por todos) porque son incapaces de mantenerse solos, y mucho menos competir.
Esa transferencia de recursos debería terminar si es que se pretende lograr una política impositiva soportable en algún momento.
La cantidad de costos “evitables” que hay en el país es infinita, las cargas injustificadas y ocultas en el mar de burocracia son abrumadoras y, frente a eso, es apenas un número reducido de la población –trabajadores y empresas– los que soportan el peso de la ineficiencia de los estados.
Por eso es justamente en las crisis, cuando ante lo inevitable, se puede hacer la cirugía mayor que termine, al menos, con parte de las prebendas y las ineficiencias de arrastre.
Es la gran oportunidad para el país en su conjunto, pero también para el sector agroindustrial en particular que, si logró sostenerse y competir en el mundo hasta ahora, aún con las cargas y restricciones del sistema, seguramente lograría el postergado despegue con la remoción de estos escollos.
Mientras tanto, otra campaña mediocre (la actual), y una perspectiva poco alentadora para la próxima, que hacen prever que los próximos ingresos por exportaciones, no van a superar los U$S 25-27.000 millones que podría aportar el campo y la pesca, y no mucho más ya que el resto de los rubros prácticamente quedan fuera de competencia si no hay ayuda oficial, y ya no se pueden pretender más transferencias.
Mar 16, 2020 | Columnas
Buenos Aires, 16 marzo (PR/20) — Por Jorge Vasconcelos
jvasconcelos@ieral.org — La crisis que detonó en 2008 en Estados Unidos arrastró al mundo a una recesión, que se vivió con crudeza en 2009. La Argentina la sufrió (agravada por una sequía) y, sin embargo, poco tiempo después el país estaba batiendo récord de crecimiento, con una suba del 10,1 % del PIB en 2010. En aquel momento, hubo un punto de inflexión nítido, ya que a partir de sucesivas quiebras bancarias los bancos centrales de países desarrollados ejecutaron un masivo operativo de rescate y suministro de liquidez. La crisis de 2020, en cambio,
transcurre por otros carriles, ya que todavía no puede dimensionarse el impacto en términos de vidas humanas y de parate económico del coronavirus, mientras que nuestro país hoy carece de los instrumentos de política económica de los que disponía en 2008. Falta el “momento Lehman” de esta crisis, que ahora amenaza con multiplicarse en países como Estados Unidos y en el hemisferio sur.
En forma superpuesta, la ruptura de la OPEP, que produjo una caída del precio del petróleo cercana al 50 % desde principios de año, ha generado ganadores que están en segundo plano, o contaminados por las derivaciones de la pandemia. Prevalece la otra cara de la moneda, la brutal caída en el flujo de caja de empresas productoras y países exportadores, amplificada por la pérdida de crédito y los resultados negativos de
fondos de cobertura y bancos expuestos al sector.
Para la Argentina, el contraste es marcado entre 2008 y el presente, no sólo porque ahora la situación fiscal y de deuda es precaria, y el nivel de reservas del Banco Central es limitado. También por el hecho que la dirigencia política no parece haber reparado en que el país lleva 9 años en estanflación, por lo que no debería estar replicando las viejas recetas.
Con la pandemia en desarrollo, es prematuro cualquier cálculo de impacto económico.
El crecimiento global, que venía desacelerando, tenía chances antes de este “cisne negro” de experimentar un moderado rebote en 2020. Con un primer semestre que será ruinoso por la pérdida de valor de las compañías y la contracción crediticia, más allá de casos sectoriales como el turismo y la energía, se necesitan avances rápidos en el plano médico para evitar que el 2020 termine siendo una réplica del 2009. De contenerse la epidemia, el rebote del “segundo semestre” podría llegar a ser
significativo, liderado por China (20 % del PIB mundial), el principal beneficiado por la caída del precio del petróleo, ya que importa 9,3 millones de barriles/día (netos).
Lejos de ese hipotético escenario, lo que predomina hoy es el círculo vicioso que se desató en febrero, se profundizó con la crisis de la OPEP y ahora se acentúa por el cierre de los vuelos entre Estados Unidos y Europa.
Además del flanco financiero, los mecanismos de transmisión de la crisis sobre la Argentina tienen que ver con demanda y precios de productos de exportación, incluido el mercado de Brasil. La tendencia negativa, de todos modos, está atenuada por la resistencia a la baja de las cotizaciones de la soja y el maíz. Sin embargo, también hay que computar el impacto sobre dos de los sectores más dinámicos del último tiempo, turismo y no convencionales (Vaca Muerta).
Es en este contexto en el que la Argentina habrá de comenzar a negociar su propuesta de reestructuración de deuda. Con demoras, pero urgida por la magnitud de los vencimientos de mayo en adelante. Con un riesgo país que trepó a más de 3000 puntos y un desplome bursátil de casi 60 % en dólares desde principios de 2019, no puede decirse que predomine el optimismo acerca del desenlace. No puede atribuirse todo al coronavirus, ya que en igual período el riesgo país de Brasil pasó de 220 a 320
puntos y el Bovespa en dólares cayó 40 %.
Más allá de los discursos, la clave del “día después” de la negociación es el nivel de riesgo país en el que se habrá de aterrizar y lo que ocurra con los flujos de ingresos y egresos, tanto del sector público como del privado.
Los bonos ley extranjera que se reestructuran suman 68,8 mil millones de dólares, equivalentes a 14,6% del PIB. Se puede conjeturar que en Hacienda “firmarían” un acuerdo con los acreedores si éstos aceptaran pasar los cupones de interés de más de 7 % a 3 % anual, además del período de gracia de 4 a 5 años. En ese caso, la carga de intereses correspondiente a bonos ley extranjera pasaría a unos 2,1 mil millones de
dólares/año. Ahora bien, cada punto de interés adicional que eventualmente tenga que reconocerse para cerrar trato, implica una erogación plus de 688 millones de dólares/año, el equivalente a 0,14 puntos del PIB. La “mente fría” debería dominar este proceso.
Ante una eventual recuperación de la economía mundial a partir de algún momento del segundo semestre, la Argentina no puede darse el lujo de estar desconectada del circuito financiero global. No sólo necesita llegar a buen puerto con la reestructuración Merval y Bovespa
de la deuda, también se requiere, entre varias prioridades, el rediseño del actual régimen cambiario. Del lado del dólar oficial, hay una apreciación del peso contra el real brasileño y el peso chileno de más de veinte puntos desde principios de octubre del año pasado, un desfase que no parece sostenible. Y respecto de los movimientos de capitales, las operaciones a través del “contado con liquidación” no garantizan suficiente transparencia ni liquidez para que las empresas puedan hacer cálculos fundados del retorno de la inversión medido en dólares. La incertidumbre sobre los
dividendos penaliza la inversión, por lo que quizá sea el momento de volver a considerar la apertura de un segmento cambiario libre, para cursar operaciones financieras, de turismo y de servicios profesionales. De lo contrario, el escenario sería demasiado parecido al de 2011/15.
Primicias Rurales
Fuente: Fundación Mediterránea-IERAL
Mar 4, 2020 | Columnas
Por Matias Longoni
Buenos Aires, 4 marzo (PR/20) — ¿Por qué nadie en el campo cree en las compensaciones? Porque Cristina ya las armó en 2014 y quedó debiendo 77 millones. Hay un antecedente concreto de devolución de retenciones a los productores agropecuarios que fue un verdadero fiasco para muchos de ellos y que da sustento a la gran incredulidad que se apodera del sector cuando el gobierno nacional intenta articular este tipo de medidas. Entre 2013 y 2014,durante el gobierno de Cristina Kirchner, se lanzó el Certificado de Estímulo a la Producción Agropecuaria Argentina (CePaGa).
Tan malo fue el resultado de aquella experiencia -que por supuesto le sirvió al gobierno de turno para instalar la idea en la sociedad de que había una “segmentación” a favor de los pequeños productores, y así alimentaba el “relato”- que desde entonces los productores reaccionan mal frente a este tipo de anuncios.
La fallida experiencia del CEPAGA pudo ser reconstruida por Bichos de Campo a partir de un detallado análisis sobre los fideicomisos agrícolas publicado en la revista de la Facultad de Agronomía de la UBA. Ese estudio se enfocó justamente en el Fideicomiso público CePaGa 13/14, que fue el que creó Cristina para tratar de compensar a los productores de trigo.
Por aquellos años, el cereal era una especie en extinción, por la combinación explosiva de retenciones que se ubicaban en el 23% y la intervención de Guillermo Moreno en el mercado, por vía de los ROE (permisos de exportación), que generaba una transferencia adicional de recursos desde los productores a los molinos y exportadoras. Si a nivel mundial el trigo valía 100, aquí los chacareros cobraban la mitad. Y por supuesto, evitaban sembrarlo.
Fue entonces que “el Estado Nacional utilizó el fideicomiso público como herramienta para llevar a cabo su política de fomento a la producción de trigo. El propósito fue mantener la rentabilidad de los productores trigueros para estimular la siembra del cereal, sin afectar los precios internos”, como reclamaba Moreno, quien por entonces se jactaba de su mentiroso kilo de pan a 2,50 pesos por kilo.
A través del decreto 516/2013, de fecha 09 de Mayo del 2013, se creó el “Fideicomiso CePaGa 13/14”. Lo firmó Cristina y todos sus ministros. En ese momento, a cargo de Economía estaba Hernán Lorenzino, pero luego su sucesor, el actual gobernador Axel Kicillof, seguiría con esta política.
Lo que trataba el gobierno kirchnerista era revertir el deterioro visible de la siembra de trigo, que a costa de retenciones y ROE se había achicado a los niveles más bajos en 100 años. La idea del CePaGa era “la transferencia a productores trigueros de los recursos obtenidos por el Estado Nacional a través del producido de los derechos de exportación del cereal y sus derivados”. Una devolución de las retenciones, como la que plantea ahora Alberto.
¿Y cómo se devolverían las retenciones? En forma proporcional a la producción declarada por cada productor ante la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI), el organismo que dependía de Moreno y que reemplazó a la ONCCA.
La idea del gobierno era devolver a los productores “un monto equivalente a los recursos obtenidos a través del producido de los derechos de exportación de trigo y sus derivados”. Pero el fiasco fue tan grande que desde entonces los chacareros repiten la misma pregunta ante cada iniciativa de este tipo: ¿Por qué me sacan lo que después me dicen que me van a devolver?
El fideicomiso fue administrado por Nación Fideicomisos SA, que comenzó a recaudar los montos de retenciones cobradas por el Estado por la exportación de trigo y harina de la campaña 2013/14. Tan ambicioso era el plan oficial para recuperar la siembra del trigo que en el contrato de conformación del Fideicomiso se habló de un monto máximo de hasta 1.000 millones de dólares.
A la par se estableció un Consejo de Fiscalización para verificar la operatoria que expresamente excluía a los representantes de los productores, que estaban alineados en la Mesa de Enlace y habían colisionado con el gobierno de Cristina desde 2008. Era patético ese consejo: tenía representantes de Ciara-CEC, de las empresas ACA y AFA, de la FAIM y hasta de la inexistente Cámara Argentina de Productores y Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), desde la cual un amigo personal de Moreno, el tambero Ider Peretti, traficaba permisos de exportación de trigo y maíz.
Cuenta el excelente trabajo de investigación que el 13 de enero del 2014, la disposición 1/2014 de la UCESCI aprobó el procedimiento para la transferencia del dinero a los productores de trigo, que iban a recurerar el dinero de las retenciones recién tras declarar sus datos de producción y stocks al 31 de enero de ese año. En aquel momento se aclaró que “todos los productores deberán poseer cuenta bancaria” para poder recibir el depósito. Y que “aquellas solicitudes que presenten inconsistencias tendrán los pagos suspendidos hasta tanto puedan subsanarse las mismas”.
Esa campaña, finalmente, la superficie sembrada con trigo fue de 3,6 millones de hectáreas, creciendo 15,4% pero muy lejos de los promedios históricos. El rendimiento promedio fue de 26,6 quintales. La producción a compensar redondeó 9,2 millones de toneladas, uno de los registros históricos más bajos. Solo quedaba un saldo para exportar de alrededor de 3 millones de toneladas.
El famoso CePaGa había comenzado a recaudar retenciones unos meses antes, a partir de septiembre de 2013, pero es recién a partir de enero de 2014 que se da un ingreso de fondos de manera constante. Finalmente, el monto final acreditado en la cuenta fiduciaria en concepto de retenciones ascendió a 451 millones de pesos.
Muy poco de ese dinero volvió al agro, como prometen ahora Fernández y su ministro de Agricultura, Luis Basterra. En la UCESCI se habían inscripto para recuperar las retenciones 10.373 productores de trigo, personas físicas o jurídicas. El total de toneladas declaradas por dichas personas fue de 4.793.300 millones.
Este es el primer gran inconveniente para este tipo de compensaciones: como la gente no cree en el beneficio, no es todo el universo el que se anima a declarar sus operaciones ante el estado (hay que recordar que además de Moreno, en aquel momento tallaba Ricardo Echegaray en la AFIP, quien ya era tristemente famosos por sus denuncias por corrupción con el manejo de compensaciones en la ex ONCCA).
Como sea, con la mitad del trigo declarado, para el Estado sería mucho más fácil cubrir el pago a las casi 5 millones de toneladas que sí se presentaron para cobrar las compensaciones. Pero eso no sucedió.
El total de la primera Orden de Pago que la UCESCI emitió fue por un total de 206 millones de pesos para todos los productores. Así, el reintegro que se alcanzaba a pagar con los fondos originados en las retenciones era de alrededor de 43 pesos por tonelada declarada.
Pero de esas órdenes de pago no todas llegaron a hacerse efectivas. Y del universo de 10.373 productores que supuestamente iban a recibir la transferencia bancaria, solo 5.730 recibieron efectivamente el dinero en su cuenta, por un total de 129 millones de pesos.
No se sabe bien por qué motivo (pero seguramente haya sido una decisión política), el Fideicomiso que había recaudado más de 400 millones de pesos por retenciones solo devolvió 129 millones a los productores. Y dejó sin pagar órdenes ya aprobadas por otros 77 millones.
Los productores que se quedaron esperando son 4.643. ¿Cómo pretender que ahora, seis años después, crean en la palabra oficial?
Cristina y Kicillof, a pesar de ese clavo, al año siguiente replicaron la apuesta por este sistema de compensaciones tan útil para su relato: el gobierno Nac&Pop era capaz de segmentar las retenciones a favor de los productores más pequeños. El 29 de diciembre de 2014 se abrió una nueva cuenta corriente llamada “CePaGa 14/15” para recaudar allí las retenciones dela campaña 2014/15. Allí además se transfirieron los dineros sobrantes de la campaña anterior.
Pero de allí nunca más salieron reintegros para los chacareros. Para diciembre de 2015, cuando el peronismo perdió las elecciones y Cristina dejó el gobierno, se habían acumulado allí 2.300 millones de pesos que con el tiempo fueron reingresados a Rentas Generales.
Más allá de este experimento de política pública, la superficie sembrada con trigo (y en consecuencia la producción) recién volvió a crecer cuando el gobierno de Cambiemos eliminó las retenciones al cereal y sobre todo terminó con la discrecionalidad (y los negociados) de los ROE de Moreno y compañía.
Entre sus conclusiones, el trabajo académico indica que “el fideicomiso público es un instrumento que permite implementar un mecanismo de redistribución de la renta captada por el Estado”, pero a la vez aclara: “También se han puesto de manifiesto las dificultades con que suelen encontrarse los productores agropecuarios para acceder al reintegro, ya sea por la falta de documentación, problemas impositivos, antecedentes comerciales y crediticios desfavorables, imposibilidad de demostrar ingresos, etcétera”.
Luego de este estropicio de política pública en manos de Cristina hubo una segunda experiencia de distribuir fondos públicos entre productores de granos, pero esta vez lo que se subsidiaba era la “distancia a puerto” de los productores de soja del norte del país, las del denominado Plan Belgrano. Sucedió en 2016 y en este caso el sistema funcionó y no recibió quejas. La administración la realizó el equipo de Marcelo Rossi desde la recuperada ex ONCCA, ahora denominada Dirección Nacional de Control Comercial.
Ya no estaban en el gobierno ni Cristina, ni Moreno, ni Echegaray y tampoco Kicillof. Y la CAPECO de Ider Peretti había desaparecido hace rato sin dejar rastros.
Primicias Rurales
Fuente: Bichos de Campo
