Inseguridad vs “rescate”…

Inseguridad vs “rescate”…

Escribe Susana Merlo

Buenos Aires, 2 julio (PR/20) — Mientras crecen los casos de violencia y daños a la propiedad privada en zonas rurales sin que, hasta el momento, se haya escuchado alguna interpretación oficial de parte de las autoridades sobre semejante tendencia; también se multiplican en igual proporción las versiones de supuestos planes de “rescate” de empresas privadas en problemas por parte del Estado Nacional lo que en algún sentido resulta contradictorio.
“No pueden hacer lo menos, y quieren hacer lo más…”, sería una lectura posible pues, mientras resulta que no hay avances en las gestiones que son obligación y potestad del Estado, como es el cuidado de los ciudadanos y de sus bienes; parece que sí hay avances de parte de algún grupo de funcionarios, en acciones que no son de incumbencia del Poder Ejecutivo, tal el caso de fijaciones de impuestos, o intervenciones y expropiaciones, incursión en el área específica de otros poderes, como el Legislativo o el Judicial, etc.
El malestar y la inquietud se van multiplicando así en forma exponencial en distintas zonas productivas del país, y hasta amenaza con registrar alguna forma de desborde, ya que las versiones sin fundamento proliferan tanto de uno como del otro lado, y no contribuyen, justamente, a tranquilizar los ánimos.
Ante esto, los más sensatos intentan lograr una reacción acorde de parte de los funcionarios, marco en el que se inscribió la reciente reunión de casi medio centenar de entidades de la producción y el comercio agroindustrial con la Ministro de Seguridad, Sabina Fréderic. Que aunque no dio mayores precisiones (ni promesas) al respecto, al menos permitió dejar formal y públicamente sentada la demanda de mayor seguridad y de la necesidad de avances en la clarificación de los casos denunciados -ciertos y comprobados- de daños a la propiedad que se vienen registrando a partir de matanzas y robo de hacienda, pero más especialmente, con la rotura de silos bolsa, usados no sólo para almacenar la cosecha todavía no vendida, sino también para alimentos diferidos del ganado propio, para pasto ensilado, para guardar fertilizantes, etc.

Son causados por gente que, evidentemente, no sólo desconoce en absoluto el tema agroindustrial, sino también el daño que estos ataques le causan al país, y hasta al propio gobierno que pierde así posibilidades de exportación, desde el único sector que hoy por hoy permite ingresos genuinos de divisas.

El asunto escala también a nivel de las provincias, primer frontón de reclamo de los productores inquietos, lo que en el caso de Santa Fe ya mereció una fuerte nota al golpeado (tras el caso Vicentín) gobernador Omar Perotti, de parte del movimiento de “autoconvocados” (que funcionan por fuera de las organizaciones formales del campo), exigiéndole directamente la renuncia del ministro de Seguridad santafesino, Marcelo Saín, que habría dejado entrever la posibilidad de “daño autoinfligido” por parte de los productores, o que la mercadería de los bolsones “estaría asegurada, por lo que no hay agricultores víctima”, declaraciones que naturalmente tuvieron el efecto opuesto al de cerrar la brecha que deberían estar buscando rápidamente, las autoridades de todos los niveles de gobierno (nacional, provincial y municipios), habida cuenta del malhumor ya reinante a causa de la prolongada cuarentena y de la profunda caída económica que sigue registrando el país.

Como si fuera poco, un nuevo incendio en el sur de Córdoba, que se suma a otro anterior en esa provincia, y a algunos focos que comenzaron a registrarse en la zona del Delta, incrementaron la inquietud y también reflotaron el recuerdo de situaciones de 2008, cuando se incendiaron a propósito islas del delta bonaerense, lo que inundó de humo hasta la Ciudad de Buenos Aires, durante el prolongado conflicto de la Resolución 125, acción por la que se intentó culpar a productores del norte bonaerense. El caso formalmente nunca se resolvió, pero trascendidos de aquel momento daban cuenta de acciones de parte de un grupo de militantes amparados bajo el paraguas de algún intendente de la zona, del aquel oficialismo.

Lo cierto es que hoy, seca y heladas mediante, a ningún productor se le ocurriría encender un campo, ya que el incendio podría resultar incontrolable, además de terminar con la muy poca comida para la hacienda que hay normalmente en esta época del año.

Así, con la irreparable muerte de un productor tucumano durante un robo, y más de medio centenar de hechos vandálicos debidamente registrados (y denunciados), aunque los casos reales se estarían arrimando al centenar, la inseguridad rural amenaza con transformarse en el gran tema de los próximos días.

Sin embargo, si la falta evidente de avances formales en esta materia llama la atención, mucho más sorprendió la caja de Pandora que se abrió con el caso Vicentín que disparó una inmediata lista de empresas que vienen muy jaqueadas económicamente (y desde mucho antes que la aceitera), que se alinearon inmediatamente para ser “rescatadas” por el Gobierno central, mientras la ciudadanía reaccionó en sentido exactamente opuesto, negándose tanto a la intervención del Ejecutivo en propiedad privada, como a su injerencia en las actuaciones de otros poderes como el Judicial, o el Legislativo.

Esto planteado como cuestiones estructurales y de fondo, aunque en la superficie la pregunta fue: “¿con que plata?”. “Si se le recortan ingresos a los jubilados y no hay ayuda para las empresas impedidas de trabajar por la larguísima cuarentena, ¿con que dinero se puede encarar la expropiación de un empresa?”, peor aún, ni siquiera podría el Estado Nacional intentar una intervención, ya que al menos necesitaría unos U$S 500 millones solo para mantenerla operativa….

Frente a esto, parecerían mucho más fácil de solucionar -y clarificar- las cuestiones de vandalismo y de inseguridad en las zonas rurales, y dejar que las quiebras y convocatorias las resuelvan las autoridades que correspondan, mientras los privados encaran la venta, fusión, absorción, o alguno de los múltiples mecanismos que existen sin poner en juego dineros del erario público que deben destinarse a otras urgencias (que para colmo, no son pocas).

Primicias Rurales

Fuente: Campo 2.0

Desde 2012 la Argentina destruye su capital productivo

Desde 2012 la Argentina destruye su capital productivo

Por Victoria Giarrizzo (*) .

Buenos Aires, 28 junio (PR/20) — La ausencia de un crecimiento constante desde 2012 dejó una de las peores consecuencias para la economía argentina: su descapitalización.

En 2020, la inversión bruta interna fija (IBIF) caerá 23,5% y a fin de año el país quedará casi con el mismo stock de capital de 2005.

Es decir, en 16 años habrá sufrido una de las peores descapitalizaciones de su historia y se habrá consumido parte del capital que logró recuperar entre 2003 y 2011. Es el costo de las recurrentes recesiones y crisis financieras, y explica el empobrecimiento argentino.

La descapitalización arranca en 2012 y para fines de 2020 el stock total habrá caído 41,1% frente a ese año.

En términos del PBI ese stock será equivalente a sólo 3,1 veces del producto contra 4,4 veces en 2011. Siquiera en 2002 fue tan bajo.

Los datos se aproximaron reconstruyendo la serie de la vieja Secretaría de Política Macroeconómica. La evolución anual de la IBIF abre una pregunta: ¿Cómo se crece sin capital productivo? Difícil.

Tanto el PBI como el empleo dependen de la inversión porque es la que incide en las capacidades productivas.

La inversión no es sólo en cantidad. También calidad. Por eso es importante analizar qué tipo de inversiones se vienen realizando.

En una encuesta de CERX del año pasado, surgió que la mitad de las pymes trabajan con maquinarias viejas, de entre 15 y 70 años de antigüedad. Y 4 de cada 10 empresas cuando invierten lo hacen sólo para renovar capital obsoleto.

Por eso Argentina en 15 años no pudo sostener una tasa de inversión que permita recuperar el desgaste de su capital existente.

Si se pone la lupa sólo en Maquinaria y Equipos, el stock a fines de 2020 será el más bajo en 14 años.

Se puede seguir cuantificando: con la caída esperada para 2020 en el PBI (-11,6%) y la inversión, la IBIF representará apenas 14,8% del PBI, sólo superior a 2002 y por debajo del mundo desarrollado.

¿Cómo recuperar la inversión? Dos determinantes con el crédito y la tasa de interés, especialmente en maquinaria y equipo. La tasa baja alienta a endeudarse para invertir y desalienta la especulación financiera.

Otras variables sensibles son la certidumbre, la actividad esperada y la disponibilidad de crédito en dólares. A eso se suma el tipo de cambio real, donde más que si es alto o bajo, la empresa valora su estabilidad.

(*) Directora del Centro De Economía Regional y Experimental (CERX). @vgiarrizzo .

Primicias Rurales

Fuente: NA

La agroindustria post pandemia

La agroindustria post pandemia

Por Diego Cifarelli*.
Buenos Aires, 17 junio (Especial para NA) — La agroindustria es un sector estratégico y esencial que puede aportar producción, empleo y exportaciones en un nuevo mundo.
En tanto, la única certeza que nos dejó el coronavirus (Covid- 19) es que hay un antes y un después.
El mundo no volverá a ser el mismo que conocimos. Lo que hace un tiempo funcionaba de una determinada manera, ahora lo hará de otra. Los cambios serán cada vez más acelerados. Se requiere estar preparados para afrontar los desafíos que vienen.
La agroindustria -en su conjunto- demostró estar a la altura de las circunstancias. En casi 80 días de cuarentena y aislamiento obligatorio, el sector logró abastecer de alimentos saludables a todos los argentinos llegando a cada rincón del país.
Las particularidades de un evento desconocido nos llevaron a actuar rápidamente y a organizarnos en el marco de un nuevo reordenamiento socio-cultural.
Pero ahora, como integrantes de un sector estratégico y esencial, debemos pensar y diseñar la agroindustria post-pandemia.
Es imprescindible tener presente que la única manera en que la Argentina encontrará un horizonte y un futuro promisorio es por la vía de la producción, el empleo y las exportaciones. Sabemos que los funcionarios del Gobierno nacional comparten esta visión porque así lo manifiestan.
En la industria molinera tenemos la capacidad para producir mucho más harina de lo que el mercado interno requiere.
Priorizando el consumo interno para los ciudadanos de nuestro querido país, debemos apuntar a exportar el excedente generando divisas, empleo y arraigo en las plantas instaladas en el interior del país.
En nuestro sector estamos próximos a tener, si el clima acompaña, una cosecha de trigo récord que podría superar las 20 millones de toneladas. La intención de siembra de los productores marca que existen incentivos para producir a pesar de las dificultades que estamos experimentando a nivel país (se sembrarán casi 7 millones de hectáreas).
Los molineros somos conscientes que los nuevos tiempos requieren de una gestión hiper-profesional. Por eso analizamos continuamente herramientas para morigerar riesgos que siempre existen en el mercado.
El uso de forwards, de contratos futuros que nos brinda el Matba-Rofex, warrant, más otras alternativas que permitan un rápido acceso a capital de trabajo serán claves para asegurar al menos una porción de los precios y aprovisionamiento físico de los granos por procesar, incluso antes de que los mismos comiencen a sembrarse.
Debemos y tenemos en esta nueva realidad que poder acceder a acuerdos de integración estratégica dentro de los integrantes de la misma cadena.
Los métodos de trabajo, los hábitos de consumo y el comportamiento del consumidor cambiaron de manera drástica. Lo que antes era una opción hoy resulta una obligación por imposición. Ya nada será igual.
La digitalización en la gestión llegó para quedarse y está en nosotros adaptarnos para lograr mayor eficiencia a la hora de producir, exportar y generar empleos de calidad. El nuevo mundo post-pandemia está golpeando la puerta. Adelante…
(*) – Presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM).

Primicias Rurales

NA

La producción avícola en la coyuntura, momento crítico para decidir

La producción avícola en la coyuntura, momento crítico para decidir

Por Roberto Domenech* .
Buenos Aires, 14 junio (Especial para NA) — La producción de pollos en la Argentina alcanzará los 2.330.000 toneladas en 2020, un nuevo récord, como viene ocurriendo año tras año y ha llevado el consumo por habitante a 47 kilos.
Las exportaciones avícolas están en 275.000 toneladas, por un valor aproximado de 470 millones de dólares.
En la actualidad, el consumo interno de proteína animal se divide casi en partes iguales entre la carne bovina y la de aves, con un interesante crecimiento de la carne de cerdo.
¡Esta realidad es muy buena! Ya no somos competidores, somos productos complementarios en el marco de un mundo que genera demandas y oportunidades en alimentos.
Argentina, si por algo se caracteriza es por la producción de alimentos. Hoy podemos pensar en exportar cualquiera de estas carnes sin temores por el abastecimiento del mercado interno ni por la reacción de nuestra gente que ya generó el hábito de diversificar el consumo.
No obstante más allá de las proyecciones quinquenales con las que trabajamos, aparecen imprevistos, algunos de relativa cuantía otros graves.
Hoy estamos en uno de extrema dificultad, el coronavirus en nivel de pandemia nos ha puesto en un terreno desconocido; nuestro producto (considerado esencial) atravesó en apenas 90 días aspectos contradictorios: demandas extraordinarias, caídas de consumo impresionantes hasta retornar a una aparente normalidad todavía difícil de leer con claridad en el comportamiento del consumidor.
El comercio mundial tuvo un comportamiento similar dejando en claro que tendrá una disminución importante que los analistas sitúan entre un 12 a un 30 %.
Los alimentos se ubicarán en la franja más cercana al 12%, lo cual implicará una muy importante competencia por mantener los mercados cuya primera consecuencia natural es la caída de los precios.
Seguramente revivirá una actitud por parte de los países que comenzó en 1998 y se profundizó en 2008 que tiene que ver con asegurar la seguridad y la soberanía alimentaria y en este contexto, cerrar las fronteras ante emergencias como éstas, demandan contar con calidad y cantidades suficiente (propias) de alimentos.
¿Cómo vemos el futuro próximo en nuestro sector? ¡Como un gran desafío! Los antiguos sabios acostumbrados a aconsejar a reyes en momentos críticos y decían: «…Esto también pasará».
Y nosotros estamos seguros que así ocurrirá. Pero no todo será igual y debemos trabajar desde ahora para tratar de visualizar cuáles serán los cambios que se avecinan, los nuevos hábitos, las nuevas demandas de los consumidores, qué servicios deberemos proveerles.
Saber cómo se comportará el comercio internacional y dentro suyo, el comercio electrónico, qué tipos de packaging nos serán demandados…, todos estos cambios demandarán inversiones y rápidos reflejos para responder a las demandas de todos los que nos rodean y nos observan.
Mientras tanto nuestra industria está ingresando a crianza desde el mes de mayo y de allí en adelante la pollitas bb (aproximadamente seis millones en el año) reproducirán los 900 millones de pollos que se producen por año en Argentina.
La pregunta es sobre qué escenario tomamos las decisiones.
En momentos como éste es donde toma dimensión el verdadero empresario que va más allá de su empresa, adonde está su gente y el futuro de los próximos años del sector.
Momentos difíciles, momentos para decidir desde fuera de la coyuntura.
(*) Presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas.
@robertodomenec6.

Inseguridad vs “rescate”…

Vicentín, la 125, y los errores repetidos

Escribe Susana Merlo

Buenos Aires, 10 junio (PR/20) — A casi 800 km de Buenos Aires, dos ciudades enteras se levantaron para frenar el avance de lo que consideraban el avasallamiento de derechos (el de propiedad), el debilitamiento de alguno de los poderes públicos y su independencia (el judicial), y también por el aumento del riesgo de perder “democracia”, tal como la consagra la Constitución, y la aprendieron en el colegio.

Creer que la defensa de una empresa como Vicentín justificó la automática y masiva reacción de “los gringos” de Reconquista y de Avellaneda es no entender, nuevamente, ni el problema, ni a la gente, ni al país.

Ni el Coronavirus los iba a parar, eso hoy lo sabe muy bien la delegación de interventores/veedores que, en teoría, debían “entrar” a la empresa, y revisarla para su “estatización”, y que debió dejar apresuradamente el lugar sin cumplir su cometido ante la firme actitud ciudadana. Igual le pasó en Ceibas, Entre Ríos, hace 12 años, a la delegación de camioneros que fue enviada a “quebrar” el frente de productores rurales en la ruta 12.

Imposible por eso, no remontarse a 2008 y a los sucesos que disparó la Resolución 125 (de retenciones móviles). No hay forma de evitar las coincidencias, las similitudes, o los paralelismos.

Lo que resulta increíble es que se vuelvan a cometer los mismos errores, en una clara demostración de no haber aprendido nada de aquella experiencia o, peor aún, desconociendo la idiosincracia de la sociedad, en especial, en los lugares más alejados de ciudades grandes, que son los primeros en reaccionar cuando lo que está en juego son los principios.

Ocurrió en 2008 y también ahora, y no fue “el campo”, fue -y es- la ciudadanía toda que sintió vulnerados derechos básicos, y en riesgo el futuro, incluida su cultura, mucho más preservada en esos lugares, que en la “gran ciudad”.

Obvio que la reacción fue inmediata y arrolladora, para sorpresa de varios funcionarios y legisladores.

Por supuesto también que Vicentín ahora, o la 125 hace más de una década atrás, son meras circunstancias, accidentes, o disparadores de algo muy profundo que subyace.

Lo cierto es que, por ahora, para el norte santafesino, lo que está en juego es muchísimo más que el destino de una empresa privada y el futuro de sus dueños; y por eso, la superficialidad e improvisación con que el Gobierno nacional pretendió imponer su decisión , en forma desprolija, sin prepararse, más como un antojo o capricho, que como una decisión estructural, pensada, y justificada, disparó el alerta automático.

Prácticamente ninguno de los argumentos oficiales es defendible, ni consistente, y varios son directamente falaces. Y esto sin considerar “la historia” y los resultados de las lamentablemente periódicas “estatizaciones”, “nacionalizaciones”, y otras yerbas recurrentemente fracasadas y que terminaron con un costo inmenso para toda la sociedad, sin que hubiera siquiera alguna forma de sanción para los responsables de haberlas decidido e impulsado. Desde la Maltería Quilmes, hasta Ciccone; desde Aerolíneas Argentinas hasta el Frigorífico Yaguané; desde la CAP hasta YPF; o El Albardón, por citar unos pocos casos, la historia de estas empresas a lo largo del tiempo constituye la crónica del fracaso.

Pero igual se insiste.

Ahora para justificarlo se habla de “Seguridad alimentaria”….¿en un país exportador de alimentos, y para una empresa que no vende productos terminados para los consumidores?

También se menciona la “protección de los acreedores chicos”, la mayoría de los cuales ya habían celebrado acuerdos con la empresa, al punto que seguían entregándole mercadería.

Que decir de la “defensa de las fuentes de trabajo”, cuando el personal del grupo siguió cobrando regularmente hasta ahora.

Una empresa de “referencia” oficial, cuando el mercado funciona sin inconvenientes, está globalizado, tiene cotizaciones internacionales, y se supone que el Gobierno tiene los correspondientes organismos de control (Comercio Interior, la CNV, Defensa del Consumidor, Lealtad Comercial, etc.). ¿Para que?.

Si una empresa privada incurrió en irregularidades (con otros privados y/o con el Estado) para eso está la Justicia Comercial. De hecho, Vicentín en cuestión, está en una convocatoria bajo la órbita de un juez que es quien deberá dictaminar el alcance de la situación. ¿O el Poder Ejecutivo piensa que el Poder Judicial está pintado?.

Es evidente que detrás de las acciones que sacudieron nuevamente al país, y convulsionaron más aún su alicaída economía (incluso internacionalmente), hay mucho más no dicho o declarado, que tal vez algún día se sabrá, pero que hizo que el Grupo Agroindustrial litoraleño cayera en la mira oficial apenas 3 meses después de dictarse su convocatoria, cuando otras muchas empresas hace años que se debaten sin lograr la más mínima atención pública.

Obvio también que la situación mostró debilidades y flaquezas, no solo públicas, y tampoco todas, solo por fundamentalismos… Desde sindicalistas hasta la banca acreedora internacional (que obviamente prefiere cobrarle al Estado que ir a la cola de la lista de acreedores); varios dirigentes que buscan un espacio en la función pública e intentan aparecer “atractivos” y alineados con el poder de turno; u otros que se enrolan en la franca competencia comercial, son muchas las vertientes que van quedando al descubierto con este avance del Estado, que rememora tanto de lo ocurrido con la 125.

Sin embargo, quienes no se deben llamar a engaño, y que estuvieron directamente involucrados entonces, como el ahora Presidente Alberto Fernández (que era Jefe de Gabinete); el ahora diputado Martín Lusteau que era el Ministro de Economía, o la vicepresidente y actual titular del Senado Cristina Fernández, en aquella época a cargo del Poder Ejecutivo, seguramente tienen frescos en la memoria aquellos hechos y el costo que finalmente tuvieron para todo el país.

Mientras tanto “los gringos” siguen alertas…

Primicias Rurales

Fuente: Campo 2.0

El productor no retiene la cosecha

El productor no retiene la cosecha

Por Pablo Adreani (*).
Buenos Aires, 7 junio (Especial para NA) — En el período abril-enero 2018, el productor vendió desde el comienzo de la cosecha un volumen total de 12.367 millones de toneladas de maíz.
Mientras que en igual período del 2019, las ventas totales desde el comienzo de la cosecha fueron de 25,198 millones de toneladas.
Estamos hablando de las ventas de los productores a partir del mes de abril cuando ya estaba comenzando la cosecha de granos gruesos.
La principal diferencia es que los productores vendieron en el 2019 casi 13 millones de toneladas más que en el 2018. Hasta aquí el análisis de ventas de los productores a partir de la cosecha.
Vayamos ahora a la evaluación de las ventas de los productores en forma anticipada a la cosecha, esto es un año antes de la misma, y vamos a ver cómo ha sido el fuerte impacto que han tenido en las decisiones de venta de los productores el resultado de las Paso, las elecciones del 27 de octubre y la asunción del nuevo presidente el 10 de diciembre.
Comencemos por analizar las ventas anticipadas de maíz por parte de los productores de la campaña 2018-19 en momentos en que ellos estaban comenzando su cosecha en abril del 2018.
Del total de ventas de maíz en el período abril 2018 hasta mayo 2019, el productor había vendido un total de 18,065 millones de toneladas. Pero las ventas anticipadas de la próxima cosecha nueva 2018-19 en el período abril 2018-enero 2019, cuanto todavía no había comenzado la cosecha fue de un volumen total de 7 millones de toneladas.
Se desprende que el productor vendió en esa cosecha el 39% del total.
¿Qué pasa en la campaña 2019-20? Partiendo del mismo análisis, las ventas totales de maíz por parte de los productores en el período abril 2019-mayo 2020, siempre hablando de ventas anticipadas a la cosecha nueva e incluso cuando el maíz todavía no se había sembrado, llegaron a un total de 22,882 millones de toneladas.
Las ventas anticipadas en el período abril 2019-enero 2020 llegaron a un total de 18,3 millones de toneladas, el equivalente del 80% de las ventas totales en el período considerado.
Y ésta es la gran diferencia entre el 2020 y el 2019: en esta campaña el productor vendió anticipado el 80% de las comercializaciones totales hasta que comenzó la cosecha mientras que en el 2019 las ventas anticipadas llegaban al 39% de la totalidad comercializada.
Ocurre que al analizar las ventas anticipadas 2019-2020 por 18,3 millones de toneladas versus las de la cosecha anterior 2018-29 por 7 millones de toneladas, la diferencia resulta en un mayor volumen de comercializaciones de 11,3 millones de toneladas.
Esta es la consecuencia del efecto pánico que causó en los productores la historia de la suba anunciada de las retenciones, hecho que finalmente ocurrió después de la asunción del nuevo presidente el 10 de diciembre del 2019.
A un precio FOB promedio de 166 US$ la tonelada en el último trimestre del 2019, los 11,3 millones de toneladas de maíz equivalen a un ingreso de divisas de US$ 1,875 millones.
El dato concluyente de la realidad es que el productor ya vendió en forma anticipada dicho volumen y en consecuencia no lo puede vender nuevamente.
Por este motivo ya se prevé una fuerte caída en el ingreso de divisas en el trimestre abril-mayo-junio.
Las divisas de las ventas anticipadas de los productores, van siendo ingresadas al país por los exportadores, conforme el productor cosecha el maíz, lo entrega en el mes pactado, lo cobra, la exportación cumple con su venta al exterior, lo embarca y ya se cerró el círculo.
Esta breve y clara explicación deja sin argumentos a quienes dicen que el productor está reteniendo materia prima y no quiere vender.
Como cierre: el productor no puede vender dos veces lo que ya vendió en forma anticipada.
(*) Consultor en agronegocios.

Primicias Rurales

Fuente: NA