La encuesta –realizada entre el 11 y el 21 de julio, con un tamaño muestral de 1.012 casos, representativa a nivel nacional y estratificada por región– registra una caída de siete puntos en la aprobación presidencial respecto de la medición de mayo. Milei alcanza ahora un 42% de aprobación y una desaprobación del 55%. El Presidente aún mantiene un nivel aceptable de respaldo considerando el severo ajuste en curso, pero ya no puede sostener la idea de que el apoyo popular es una fuente inagotable de legitimidad para emprender cualquier tema de su agenda.
Lo que llama la atención es que, a pesar de la caída en la aprobación, Milei conserva el liderazgo en el ranking de imagen positiva: un 39% contra un 53% de imagen negativa. Casi a la par se ubican Patricia Bullrich y Victoria Villarruel (ambas con un 38%), aunque la vicepresidenta no parece ya ser parte de esa agrupación. Detrás de ellos se ubican Axel Kicillof (29%), Mauricio Macri (29%) y Cristina Fernández (28%). Lo que es una constante: todos los dirigentes tienen más imagen negativa que positiva. En otras palabras, el sistema político sigue desordenado y nadie logra capitalizar el desgaste del oficialismo.
Lo llamativo es que, en medio de ese contexto de malestar general, crece significativamente la satisfacción con el Poder Judicial, que pasó del 15% al 28% en los últimos dos meses. Una posible hipótesis es que este aumento se relacione con la reciente decisión judicial que condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. La medida fue valorada positivamente por una porción importante de la ciudadanía: el 59% de los encuestados dice estar de acuerdo con la condena, y ese porcentaje crece de forma sistemática a medida que las personas se ubican más hacia la derecha en el eje ideológico.
El repunte en la evaluación del Poder Judicial podría1 entonces reflejar un respaldo simbólico de los sectores antikirchneristas más que una mejora estructural de su funcionamiento.
También se consolidan las percepciones negativas sobre la situación económica. Un 46% cree que el país está peor que hace un año, y un 39% considera que estará aún peor dentro de un año. La esperanza de un rebote en “V” parece desvanecerse. Frente a este escenario, predomina la incertidumbre (38%), seguida por el optimismo (30%) y el pesimismo (25%). El humor social sigue siendo volátil, pero empieza a inclinarse hacia la desilusión.
Tendencias electorales. El panorama electoral, por ahora, no ofrece grandes cambios. En intención de voto legislativo, el oficialismo y la oposición se mantienen empatados: 28% vs. 29%. Hay un 19% que aún no sabe qué hará y un 8% que prefiere no responder. Cuando se pregunta por espacio político, La Libertad Avanza lidera con un 26%, seguido por el peronismo con 25%, el PRO con 8%, el FIT con 4% y la UCR con 3%. La fragmentación opositora y el alto nivel de indefinición explican la paridad. Si bien las elecciones de medio término son en verdad 24 elecciones distritales diferentes, la medición de la tendencia nos da una idea aproximada del clima electoral. En ningún modo pretenden predecir el resultado final.
Más preocupante es el dato sobre los que no tienen intención de votar: el 35% dice “estar harto de la política”, el 33% “no cree que las elecciones sirvan para cambiar algo”, y el 23% siente que “ningún partido lo representa”. Este rechazo generalizado no es nuevo, pero sí creciente, y representa una amenaza latente para la legitimidad del sistema político.
Desgaste. El Gobierno aún persiste. Tiene narrativa propia, apoyo de un núcleo fiel, control de la agenda mediática, aunque un poco más debilitada. Aún el éxito en el control de la inflación aporta combustible a la aprobación presidencial, pero las expectativas futuras ya no impulsan con la fuerza que lo hacían el año pasado. Surgen nuevas demandas (bajos salarios, desempleo, inseguridad y pobreza). La paciencia social no es infinita. La combinación de ajuste prolongado, incertidumbre económica y erosión institucional puede configurar un desgaste del rédito de la política antiinflacionaria. Los datos muestran que el capital político que lo impulsó en sus primeros meses (expectativas futuras, control de la inflación y evaluaciones retrospectivas) comienza a sufrir los efectos del deterioro político y la incertidumbre generada.
*Politólogo, investigador del Conicet y director del Laboratorio de Observación de la Opinión Pública de la Universidad de San Andrés).
