Jul 16, 2020 | Política
Buenos Aires 16 julio (PR/20) .- El Movimiento de Pequeñas y Medianas Empresas (MoPyME) manifiesta su posición absolutamente contraria a la Ley de Teletrabajo en las condiciones en las que fue aprobada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación y que a partir de hoy se debatirá en comisión en el Senado.
“Es incomprensible que se debata la Ley de Teletrabajo en este contexto. Coincidimos con la UIA, el Foro de Convergencia, IDEA, la asociación de bancos ABA y Argencon que esta Ley que cambia radicalmente las condiciones de contratación tiene que ser consensuada con los empresarios, tanto de los grandes holdings como de las PyMEs” afirmó Cristian Caram, titular de MoPyME.
“Desde el sector que defendemos y representamos sostenemos que de la manera en que fue aprobada en la Cámara de Diputados los emprendedores quedamos rehenes de la decisión unilateral del trabajador”, agregó el dirigente fundador del movimiento.
Si bien desde MoPyME entienden que el teletrabajo es una práctica que debe ser debatida y regulada, no es este el momento indicado dado el contexto de crisis que atraviesa el país y que demanda otro tipo de medidas más urgentes. Esperan la convocatoria del Ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, y el Ministro de Producción de la Nación, Matías Kulfas, para repensar con otros sectores los puntos conflictivos de la Ley.
Entre los puntos cuestionados se encuentran el nuevo formato de reversibilidad, que sostiene la posibilidad del trabajador de decidir unilateralmente volver a la modalidad presencial; la desconexión digital, que impediría por caso la recepción de mails fuera del horario laboral; la compensación de gastos remunerativa y la obligación de que el empleador se adapte a las tareas de cuidado en el hogar del teletrabajador.
MoPyME contribuye activamente en la puesta en marcha de nuevas medidas que permitan resolver en el corto plazo los avatares que atraviesan el 98 % de las empresas del país, que le dan trabajo formal al 70% de la gente y constituyen el 50% del PBI (datos de las PyMEs previos a la pandemia).
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Fuente: MoPyME
Jul 9, 2020 | Política
Buenos Aires, 9 julio (2020) — En 1816, convergieron dos hechos fundamentales para la historia nacional: la declaración de la Independencia y la organización final del plan continental del general José de San Martín, que sería el garante de esa independencia y la llevaría más allá de las Provincias Unidas.
El contexto internacional en el que esto ocurría era complejo: España se había liberado de los franceses y el rey Fernando VII había vuelto al trono y se predisponía a recuperar los territorios americanos que estaban en manos de los revolucionarios. El ejército realista había comenzado a avanzar por toda la región derrotando a una parte de los movimientos independentistas americanos.
Ante esa situación, las Provincias Unidas se juntaron para decidir qué hacer frente al peligro realista. El Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas en Sudamérica se reunió en San Miguel de Tucumán para limar asperezas entre Buenos Aires y las provincias, pues sus relaciones estaban deterioradas.
Cada provincia eligió un diputado cada 15.000 habitantes. Las sesiones del Congreso se iniciaron el 24 de marzo de 1816 con la presencia de 33 diputados de los 34 elegidos.
Finalmente, y después de arduas discusiones, el 9 de julio de 1816 los representantes firmaron la declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica y la afirmación de la voluntad de “investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli” y “de toda otra dominación extranjera”. De este modo, después del proceso político iniciado con la Revolución de Mayo de 1810, se asumió por primera vez una manifiesta voluntad de emancipación.
La Casa Histórica de la Independencia
La casa histórica de Tucumán se construyó en 1760. Pertenecía a una importante familia local, la de Francisca Bazán, esposa de Miguel Laguna. Era una casa con varias habitaciones, patios que las conectaban y su único ornamento eran unas columnas salomónicas ubicadas a los costados de la puerta principal.
Después de ser sede del Congreso donde se declaró la Independencia, fue alquilada para la imprenta del ejército, el servicio de Telégrafo y el Juzgado Federal. En 1869, el fotógrafo Ángel Paganelli, que visitaba la ciudad de San Miguel de Tucumán, registró el deterioro del edificio a solicitud de un grupo de vecinos para llamar la atención de las autoridades en pos de la conservación.
En 1904, el gobierno la restauró pero debido a su pésimo estado tuvo que demoler gran parte de la vieja casa. La única parte que fue salvada fue el Salón de la Jura de la Independencia. La reconstrucción intentó ajustarse al máximo en cada detalle del edificio original utilizando, incluso, los mismos tipos de ladrillos, tejas y baldosas.
En 1941 fue declarada monumento histórico. Actualmente funciona como museo y es centro tradicional de los festejos por la Declaración de la Independencia.
Allí cada día 9, el Liceo Militar “General Aráoz de Lamadrid” realiza el relevo de guardia en el Museo de la Casa Histórica de la Independencia.
Con la intención de resaltar las tradiciones de nuestro pasado, los soldados del Liceo Militar, con el uniforme del Regimiento de Infantería de Montaña 10 y acompañados por la Banda Militar “Sargento Primero Pedro Bustamante” del Instituto, realizan esta ceremonia.
De esta forma, el Ejército Argentino junto al pueblo tucumano recuerdan el pasado y mantienen la honesta tarea de custodiar la histórica vivienda donde se juró y se proclamó nuestra Independencia aquel 9 de julio de 1816.
La Proclama de la Independencia
Mientras preparaba en Cuyo al Ejército que cruzaría Los Andes, San Martín se mostraba impaciente para que el Congreso reunido en Tucumán proclamara la Independencia. En una de las cartas que mantiene con uno de los congresales, el representante de Cuyo, Tomás Godoy Cruz, escribía: «¿Hasta cuándo esperamos para declarar la Independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional, y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos?». Y concluía: «Veamos claro, mi amigo, si no se hace, el Congreso es nulo en todas sus partes, porque reasumiendo este la Soberanía, es una usurpación que se hace al que se cree verdadero, es decir a Fernandito».
El contexto era sumamente complejo, los realistas habían recuperado amplios territorios en América, entre ellos, Chile y buena parte del Alto Perú, lo que constituía toda una amenaza para las Provincias Unidas. En Europa, se asistía a la restauración de las monarquías; en la Banda Oriental, podía constatarse el avance portugués; y en el plano interno, las relaciones entre el gobierno central y el litoral estaban quebradas. Asimismo, las relaciones entre Buenos Aires y provincias que participaban del Congreso no estaban exentas de tensiones.
Finalmente, el acta de la Independencia se firmó el 9 de julio de 1816, donde prevaleció una postura que representaba el mandato de la mayoría de las provincias: investir a las Provincias Unidas del «alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli». Quedaba expresamente rechazada toda fórmula intermedia que habilitara algún tipo de protectorado. Se trató, pues, de una manifestación clara, acorde con el pedido de San Martín, de declarar la Independencia absoluta de las Provincias Unidas respecto a la corona española y «de toda otra dominación extranjera», según la fórmula agregada a la proclama días después en las siguientes sesiones del Congreso.
La proclama se publicó en español. También en quechua y aymará con el fin de incorporar al proceso a los pueblos originarios.
Los Diputados
Los 29 diputados del Congreso de Tucumán que suscribieron el acta de Independencia declarada por el Congreso de las Provincias Unidas en Sud América fueron:
• Presidente: Francisco Narciso de Laprida, diputado por San Juan.
• Vicepresidente: Mariano Boedo, diputado por Salta.
• Secretarios: José Mariano Serrano, diputado por Charcas y Juan José Paso, diputado por Buenos Aires
• Diputados:
– Por Buenos Aires: Dr. Antonio Sáenz, Dr. José Darragueira, Fray Cayetano José Rodríguez, Dr. Pedro Medrano, Dr. Esteban Agustín Gascón y Dr. Tomás Manuel de Anchorena.
– Por Catamarca: Dr. Manuel Antonio Acevedo y Dr. José Eusebio Colombres.
– Por Córdoba: Eduardo Pérez Bulnes, José Antonio Cabrera y Lic. Jerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera.
– Por Jujuy: Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante.
– Por La Rioja: Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros.
– Por Mendoza: Tomás Godoy Cruz y Dr. Juan Agustín Maza.
– Por Salta: Dr. José Ignacio de Gorriti.
– Por San Juan: Fray Justo Santa María de Oro.
– Por Santiago del Estero: Pedro Francisco de Uriarte y Pedro León Gallo.
– Por Tucumán: Dr. Pedro Miguel Aráoz y Dr. José Ignacio Thames.
– Por Mizque: Pedro Ignacio Rivera.
– Por Charcas: Dr. Mariano Sánchez de Loria y Dr. José Severo Malabia.
– Por Chichas (incluyendo a Tarija): Dr. José Andrés Pacheco de Melo
En esa sesión no estuvieron presentes cinco diputados: el coronel José Moldes (Salta), que se encontraba detenido; el coronel Juan José Feliciano Fernández Campero (Chichas), que estaba al mando de tropas en el frente de combate; el presbítero Miguel Calixto del Corro (Córdoba), que estaba realizando una misión diplomática ante José Artigas; el médico Pedro Buenaventura Carrasco (Cochabamba), que estaba en servicio en el Ejército del Norte y el diputado Juan Martín de Pueyrredón (San Luis), que había viajado a Buenos Aires para asumir el cargo de Director Supremo.
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Jul 1, 2020 | Política
Buenos Aires, 1 julio (PR/20) — El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, presentó hoy un proyecto de ley que crea el delito de «vandalismo rural» contra la propiedad, y tiene como objetivo frenar el daño a cosechas, silos o tolvas.
La iniciativa del líder del Frente Renovador, que es acompañada por el diputado Ramiro Gutiérrez (Frente de Todos), modifica el Código Penal para dar una respuesta al problema que viene suscitándose en los últimos tiempos con daños a silobolsas en la región productora de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos.
El Código Penal actual no cataloga como «delito» sino como «estrago» a los daños a cualquier tipo de unidad de almacenamiento de cosechas.
En este sentido, la norma propuesta busca que el vandalismo rural sea considerado un daño especial y agravado cuando se afecta el desempeño o explotación de un establecimiento rural.
Se prevén penas de entre 2 y 5 años si por la acción se afectara el normal desempeño o explotación de un establecimiento rural a través de la destrucción, inutilización, desaparición o cualquier otro modo de daño.
En tanto, la iniciativa propone penas de hasta 12 años de prisión por liberación de patógenos, tóxicos o energía, emisión de radiaciones, incendio, explosión, inundación, derrumbe, o cualquier otro proceso destructor que genere un peligro para la vida.
Si los hechos produjesen la muerte de una persona, la pena podría ser de hasta 25 años de prisión.
En los fundamentos de la normativa, se sostiene que con este tipo de sanciones se busca proteger «desde el origen el ciclo producción-exportación de un sector esencial de la economía nacional» bajo el argumento de que «destruir un silobolsa es destruir el trabajo argentino».
«En el código penal actual existen algunas regulaciones previstas como Estrago, pero son de aplicación imposible como defensa de la propiedad, ya que se enmarcan dentro de los llamados delitos contra la Seguridad Pública, requiriendo para su configuración una lesividad superior y diferente a las del daño a la propiedad privada», sostuvo Gutiérrez en un comunicado.
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Fuente: NA
Jul 1, 2020 | Política
Buenos Aires, 1 julio (PR/20) — El diputado Nacional Ricardo Buryaile, junto a otros compañeros de bancada, presentaron un proyecto declarativo para repudiar los hechos de violencia e inseguridad que están atravesando los productores agropecuarios.
En las últimas semanas aparecieron casos de destrucción de silo bolsas de granos y ataques a la propiedad privada en varias regiones productivas del país. Ante esta situación, el ex ministro de Agroindustria de la Nación comentó: “decidimos presentar este Proyecto, a través del cual queremos repudiar los actos de vandalismo. Esperamos contar con el acompañamiento unánime en Diputados”.
«Los hechos de violencia a la propiedad privada se repiten a diario. El Estado deber dar respuestas y brindar seguridad a los ciudadanos”, dijo Buryaile, afirmando que aún “el Gobierno no ha dado ni con el origen ni con los culpables; y no ha emitido declaración alguna respecto a la violencia”.
Buryaile, además, sostuvo que en los últimos meses estos delitos han aumentado tanto en su frecuencia como en su peligrosidad. “No hacen más que amedrentar a las personas del campo que, con su esfuerzo y producción, ponen a la Argentina de pie con cada cosecha”, explicó.
En este sentido, afirmó que el alcance del daño producido no es sólo a los individuos, “hay que ir más allá de esa visión primaria”. Para el Diputado Nacional, estos ataques anónimos van dirigidos a toda la sociedad, “porque en este particular contexto de recesión económica por los tiempos que corren, la labor del campo es un pilar fundamental para la producción de alimentos y de divisas para nuestro país”.
“Se está atentando contra la propiedad privada, contra la cultura labriega, contra el esfuerzo cotidiano de un sector de la economía que brinda al país 5,5 millones de puestos de trabajo en forma directa e indirecta, tanto en el sector privado como el público. En definitiva, contra todos nosotros”, aseguró el Diputado Nacional Ricardo Buryaile.
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Jun 24, 2020 | Política
Junio de 2020. El Movimiento Compromiso Federal (MCF) dio a conocer la lista de candidatos que competirá por la conducción de la Sociedad Rural Argentina en las elecciones internas de este año. Está encabezada por Nicolás Pino y Marcos Pereda, candidatos a presidente y vicepresidente respectivamente, junto con un grupo de productores genuinos e integrantes de diversas asociaciones de criadores y especialidades productivas de todas las regiones del país, con fuerte presencia de jóvenes y mujeres que aportan una visión moderna para la entidad.
En referencia a la conformación de la lista que solidifica el espacio político que nació en 2018 y sacó, en las elecciones pasadas, más del 40% de los votos ganando en tres distritos, empatando dos y perdiendo por menos de cuatro votos en otros tres, Pino afirmó que “estamos convencidos que en 2020 nos tocará ganar en la mayoría de los 15 distritos y por eso vamos a conducir la entidad a partir de septiembre”.
En los últimos años, la entidad empresaria más antigua del país, viene sufriendo un proceso de deterioro institucional: ha perdido representación sectorial, la cantidad de socios disminuye año tras año, aumenta el costo de los servicios y además, esta conducción, ha tomado decisiones administrativas que condicionan la futura acción gremial. “Estamos muy preocupados y como integramos un amplio espacio que comparte este diagnóstico, tenemos que recuperar el rumbo institucional” enfatizó el candidato a presidente.
Nicolás Pino es tercera generación de productores y realiza actividades de cría, engorde, genética y comercialización de ganado, además de haber ocupado dentro de la entidad todos los cargos previos a su candidatura a presidente (delegado, director, secretario y vicepresidente). También fue Comisario General de la Exposición Rural y es un reconocido dirigente sectorial.
En lo que va del año el MCF viene realizando un trabajo de recopilación de datos y visiones de socios e instituciones que han servido de base para elaborar la plataforma de la campaña 2020. Entre ellas, podemos mencionar la creación del Consejo Asesor Vinculante para incluir a las asociaciones en la toma de decisiones de la entidad y, por otro lado, proponer más federalismo en la designación de los directores para sean electos por los socios regionales de forma directa. Estas iniciativas y otras forman parte del Plan Estratégico que elaboró el MCF para el futuro de la entidad.
«Nuestra visión es que la Sociedad Rural Argentina debe ser una entidad federal, abarcativa y de gestión moderna que defienda los intereses de los productores, la propiedad privada y al sector agroindustrial», dijo un comunicado.
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Fuente: MCF
Jun 19, 2020 | Política
Santa Fe, 19 junio (PR/20) — El 10 de febrero fue un día bisagra en la vida de Fabián Silvano Lorenzini. Ese lunes hace poco más de cuatro meses, el titular del Juzgado N°2 de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista recibió una presentación del Grupo Vicentin SAIC en la que pedía la apertura del Concurso Preventivo de Acreedores.
Con poco más de un año como juez, Lorenzini se tuvo que hacer cargo del proceso de crisis de una de las empresas del sector agropecuario más grandes de la Argentina. Pero su tarea en ese concurso parecía que había quedado en un segundo plano cuando la administración de Alberto Fernández anunció la intervención y luego la expropiación de Vicentin.
Tras casi dos semanas de idas y vueltas en torno a la legalidad o no de la decisión del Gobierno del Frente de Todos, este viernes el juez Lorenzini finalmente repuso en funciones al directorio de la empresa y nombró a los interventores del Gobierno como simples veedores.
Nacido el 29 de mayo hace 44 años en la localidad santafesina de Román, la familia de Lorenzini es de Los Laureles, un pequeño pueblo que en 1975 tenía alrededor de 1.500 habitantes y donde no había hospital ni escuela secundaria.
Hijo de un trabajador rural que fue empleado de la Cooperativa Romag casi toda su vida y de Margarita, la peluquera del pueblo, tras terminar la escuela primaria en Los Laureles cursó el secundario en Román. Cuando se recibió, se mudó a la ciudad de Santa Fe para estudiar abogacía en la Universidad Nacional del Litoral.
Con 22 años, se recibió en 1993 de la mano del apoyo de su familia, que lo ayudó económicamente en una época complicada. Así lo explicó en una entrevista hace varios meses con la radio Reconquista Hoy: “Fue una época de mucho sacrificio, mi viejo se jubiló cuando estaba en el segundo año de la facultad. Mi papá ganaba 300 pesos de jubilación en el 1 a 1. Gracias a Dios mucha gente nos tendió una mano, tuve la suerte de que mucha gente me abrió la puerta, me bancó una cena o un pasaje de colectivo”.
Durante sus años de estudio, compartió departamento en la capital santafesina con hasta seis personas: “En una primera época éramos cuatro en el departamento. Después, en otro departamento llegamos a ser siete estudiantes. No teníamos un mango para comprar la comida. Una semana comimos toda la semana arroz, era caótico, arroz con pollo, con lentejas”.
Fue en esa época que Lorenzini incursionó en el periodismo. “Trabajé un año para el diario La Provincia, hice la cobertura de noticias judiciales. Ahí andaba con el grabador y tratando de ser periodista. Fue una linda época, me tocó trabajar con decanos del periodismo”, recordó.
Tras obtener su título en 1993, que en el año 2000 le valió un premio de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe (un reconocimiento que distingue a los dos mejores promedios de egreso de la carrera de abogacía de cada Universidad Nacional o Privada con sede en la Provincia de Santa Fe), Lorenzini se mudó a Reconquista, la ciudad donde desde hace décadas se encuentra la casa matriz de Vicentin.
En 1999, el ahora juez empezó a trabajar en el Banco Nación, hoy uno de los principales acreedores de Vicentin, como abogado de la sucursal de Reconquista (donde era asesor en litigación, contratos, negociaciones prejudiciales y auditorías). En 2018 dejó ese puesto para asumir al frente del Juzgado N°2 de primera instancia en lo Civil y Comercial de esa localidad santafesina.
El 22 de noviembre de 2018, la Legislatura de Santa Fe, que era dominada por el peronismo en el marco de la administración del socialista Miguel Lifschitz, aprobó su pliego sin votos en contra y con cuatro abstenciones. “Es un gran honor y una gran responsabilidad llegar a este lugar, espero que mis colegas me acompañen y me tengan paciencia, voy a tratar de hacer las cosas lo mejor posible para honrar este cargo”, destacó en la entrevista que brindó poco después de ser confirmado como magistrado.
Lorenzini está casado hace diez años con la abogada Leticia Sánchez, con quien tuvo una hija, Renata de 7 años, y un hijo, Lautaro de 4 años.
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Fuente: INFOBAE
