Mar 8, 2021 | Política
Por Belén Benítez
Buenos Aires, 8 de marzo (PR/21) .– En el seno del Foro de Convergencia Empresarial, empresarios endilgaron al responsabilidad de la «crisis económica y social» a los dirigentes políticos.
En un filoso comunicado, el Foro de Convergencia Empresarial, que agrupa a múltiples entidades empresariales y profesionales del país, apuntó en contra de la dirigencia política y se explayó acerca de las dificultades que hay para realizar inversiones.
Pese a que el contexto internacional no es para nada favorable, y prácticamente la totalidad de los países del mundo están atravesando una aguda inflación, los empresarios afirman que la crisis económica y social es producto de la «falta de políticas públicas sustentables» por parte de la dirigencia política.
Como clave para resolver una problemática ya enraizada en nuestro país, la pobreza, los empresarios aseguran que la manera de erradicarla es poniendo el foco en las empresas: «Las empresas dinámicas, que invierten, crean valor y generan trabajo, son el motor para erradicar la pobreza y generar desarrollo y movilidad social».
«No nos asusta competir, pero con inflación nueve veces más alta, presión impositiva dos veces más elevada y costo de capital cuatro veces más caro, no es posible», asegura el documento de los empresarios argentinos.
Para ello, los empresarios agrupados en el Foro destacan que son necesarias condiciones que den luz verde a las inversiones, la creación de empleo y la generación de riqueza: «No nos asusta competir, pero con inflación nueve veces más alta (en relación a otros países de Sudamérica), presión impositiva dos veces más elevada y costo de capital cuatro veces más caro, no es posible», dicen los empresarios que piden, a su vez, condiciones similares a la de los competidores de América Latina.
Tercerizando la responsabilidad, los empresarios aseguran que la solución depende de los gobernantes, quienes deben «trabajar hasta consensuar las medidas que permitan a las empresas funcionar sin desventajas respecto a los competidores de la región».
Por último, pese a que el gobierno de Alberto Fernández disminuyó durante su gestión 18 puntos de inflación, los empresarios puntualizaron con un gráfico que Argentina actualmente tiene precios muy por encima del resto de los países que integran el Mercosur.
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Fuente: El Agrario
Mar 2, 2021 | Política
Buenos Aires, 1 marzo (PR/21) — El titular de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, sostuvo que el sector agropecuario se quedó con «la sensación de gusto a poco» tras el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa.
«A uno le queda la sensación de gusto a poco. Casi no hubo referencias a nuestra actividad y esto coincide con lo que hemos dicho como entidad de que, pese a que se nos declaró esenciales durante la pandemia, al momento de diseñar las políticas públicas no se nos tiene cuenta de la misma manera», apuntó.
Además, consideró: «Como argentino, me hubiera gustado que el tono del discurso del Presidente fuese más vinculado con la concordia y con tratar de encontrar entre todos las soluciones que nuestro país necesita a todos los problemas que se arrastran desde hace años».
«En muchos lapsos del discurso pareció que el presidente sólo le hablaba a la oposición, en lugar de estar exponiendo un programa de país para todos los argentinos», cuestionó el dirigente en un comunicado.
A su vez, argumentó: «El Presidente se refirió el sector cuando habló de que se va a ´promover la inversión agroindustrial con incentivos impositivos y previsibilidad para estimular las inversiones en el sector, generando más empleo y valor agregado´».
«También cuando habló de que se bajaron las retenciones a productos de las economías regionales», indicó Achetoni.
«Como dirigente del sector agropecuario, tengo que decir que me hubiera gustado que el Presidente planteara políticas estratégicas para nuestro sector, que hoy no fueron mencionadas», insistió.
En tanto, remarcó: «Seguimos soñando con que, algún día, el discurso de un primer mandatario en una asamblea legislativa hable sobre el acceso a la tierra, las herramientas para dotar de sustentabilidad a los agricultores familiares y para favorecer el arraigo en los pueblos del interior»
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NA
Feb 19, 2021 | Política
Buenos Aires, 19 de febrero (PR/21).– El pedido de renuncia se lo hizo llegar Fernández a González García a través del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
La polémica por el «vacunatorio VIP» que había montado el ministro en su cartera molestó profundamente al Presidente, en momentos en que las dosis contra el COVID-19 llegan al país a cuentagotas.
Si bien ya había rumores sobre supuestas vacunaciones por fuera del sistema establecido por el Gobierno, este viernes Verbistky confirmó que recibió la Sputnik V luego de hablar con González García, a quien catalogó como su «amigo».
Ese episodio cayó muy mal en la Casa Rosada, donde consideraron que se enturbia el plan de vacunación nacional.
La salida de González García se da a poco de cumplir un año y dos meses de gestión y haber comenzado la vacunación contra el coronavirus entre el personal de salud y los mayores de 70 años.
El ministro de Salud, que por el momento no tiene reemplazante, ya había estado en la mira del Gobierno por otras situaciones que generaron polémica, pero este viernes el episodio con la Sputnik V derivó en su pedido de renuncia.
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Fuente: El Litoral
Feb 16, 2021 | Política
Buenos Aires, 16 de febrero (PR/21) .– Un grupo de entidades agropecuarias de la provincia de Buenos Aires denunciaron que grupos del gremialismo del INTA alineados con el kirchnerismo y el Frente de Todos ostensiblemente están accionando para convertir a la institución en una “peligrosa trinchera partidaria”.
Con un señalamiento parecido, el periodista Matias Longoni publicó una nota de opinión en la cual sostiene que “El INTA se politiza peligrosamente: El kirchnerismo más duro quiere avanzar sobre la conducción del organismo y ya condiciona a muchos investigadores”.
En Córdoba
Complementariamente, Agroverdad recibió en los últimos tiempos comentarios de técnicos e investigadores del INTA en la provincia de Córdoba, transmitiendo su desazón por el entorpecimiento que han sufrido sus trabajos científicos o de investigación, por parte de sectores internos que pretextaban las restricciones impuestas por el COVID-19 para no realizar tareas con las que, objetivamente, se impidió que se realizaran muchos ensayos que estaban programados en investigaciones que llevan muchos años de desarrollo.
Además, habría que acoplar a la acción del gobierno o sectores específicos de la coalición oficialista, los planes que corren por la línea de la llamada “agricultura familiar” y otros que se han canalizado por las organizaciones de la titulada “economía popular” que lidera Juan Grabois.
Bien podría caracterizarse a todo esto como un gran despliegue para copar y operar organismos estratégicos o planes y programas que cumplen un cometido semejante.
Intenso proceso de politización
Longoni afirma: “A esta altura, lo que está quedando muy claro es que el INTA vive un intenso proceso de politización que altera la vida institucional. La empobrecedora grieta que se vive en todos los eslabones de la sociedad tiene su propio capítulo en este instituto público, que debería ser lo más aséptico posible y ofrecer espacios de paz y tranquilidad para el desarrollo de sus investigaciones”.
El periodista incorpora a su nota declaraciones radiales del secretario general de APINTA (Asociación del personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), Mario Romero, “(que) blanqueó esta situación de modo más que generoso, reconociendo que hay sectores del organismo -incluso su gremio- que impulsan este tipo de enfrentamiento entre modelos más que a hacer lo que deberían hacer: defender a sus afiliados para que puedan generar investigación y extensión agropecuaria. Por supuesto que -un clásico- el sindicalista le echó la culpa de esta colisión al otro gobierno, el de Mauricio Macri”.
Renuncia de profesionales
Longoni considera funcional a esa posición al director nacional del organismo, Carlos Parera, quien ha “dado muestras de docilidad frente” a distintas presiones internas que se han ejercido.
Menciona igualmente que “en el INTA Balcarce, una de los principales enclaves de investigación agropecuaria del país, ya se han producido también algunas renuncias de profesionales reconocidos por razones de índole política”.
Frente de Todos INTA
El INTA cuenta con un Consejo Directivo que es un cuerpo colegiado integrado por cinco representantes del sector público y cinco del sector privado, que posibilita una activa participación del sector productivo en la fijación de las políticas y las estrategias de la institución.
Relata igualmente que la creciente politización en el INTA se impulsa con “la aparición de nuevas expresiones internas, como una flamante agrupación “Frente de Todos INTA”, que en los últimos días ha difundió una proclama a tono con los planteos del sindicalista Romero.
Vamos por todo
En ese documento, el FdT INTA cuestionan a la Mesa de Enlace y se encolumna con el gobierno en la discusión sobre los precios de los alimentos, justifica la existencia de las retenciones y los controles de precios, proponen la recreación de una Junta Nacional de Granos (JNG) e insiste con la necesidad de expropiar a Vicentin, para que el Estado intervenga en el comercio de granos.
En suma, para Longoni “resulta inevitable remarcar que lo que sucede actualmente dentro del INTA es un intento de los sectores ligados al kirchnerismo de controlar todos los hilos de poder dentro del instituto.
La declaración de San Pedro
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Fuente: Agroverdad
Feb 9, 2021 | Política
Seis senadores demócratas anunciaron el lunes una ley para poner fin a la discriminación en el USDA y ampliar las tierras agrícolas de propiedad de los negros en hasta 32 millones de acres mediante concesiones de tierras a lo largo de 10 años. Entre los patrocinadores se encuentran cinco miembros de la Comisión de Agricultura del Senado, que se encargaría del proyecto de ley.
«La Ley de Justicia para los Agricultores Negros abordará y corregirá la discriminación del USDA y tomará medidas audaces para perdonar la deuda y restaurar las tierras que se han perdido con el fin de empoderar a una nueva generación de agricultores negros para que tengan éxito y prosperen», dijo el senador de Nueva Jersey Cory Booker, quien originalmente presentó el proyecto de ley en noviembre pasado. Murió cuando el Congreso levantó la sesión en diciembre.
Según la legislación, una junta independiente revisaría las apelaciones de las quejas de derechos civiles presentadas contra el USDA, investigaría las quejas de discriminación dentro del departamento y supervisaría los comités de condado elegidos por los agricultores que guían las operaciones en las oficinas locales del USDA. También aumentaría la financiación de un programa del USDA para resolver el problema de la «propiedad de los herederos» de las tierras que pasan de una generación de una familia a otra sin un título claro. Un nuevo Servicio de Acceso Equitativo a la Tierra otorgaría subvenciones de 160 acres cada una a un máximo de 20.000 agricultores negros experimentados anualmente hasta 2030.
En 1920, había casi 926.000 agricultores negros, frente a los menos de 50.000 actuales. El gobierno acordó en los llamados acuerdos Pigford de 1999 y 2010 compensar a los agricultores negros que se vieron perjudicados por prácticas discriminatorias como la denegación de préstamos del USDA y la lentitud en la tramitación de las denuncias de derechos civiles.
Junto a Booker, los patrocinadores son los senadores Elizabeth Warren, de Massachusetts. Elizabeth Warren de Massachusetts, Kirsten Gillibrand del estado de Nueva York, Tina Smith de Minnesota, Raphael Warnock de Georgia y Patrick Leahy de Vermont. Todos ellos, excepto Warren, forman parte de la Comisión de Agricultura. Warren y Gillibrand fueron copatrocinadores el año pasado.
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Fuente: Successful Farming
Ene 25, 2021 | Política
Buenos Aires, 25 de enero (PR/21) .–El Diputado nacional, Ricardo Buryaile, junto a otros compañeros del interbloque de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de resolución para interpelar en una sesión plenaria de la Cámara de Diputados, a la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Miriam Losardo y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio César Pietragalla Corti, a fin de que informen públicamente y respondan las inquietudes de los legisladores y las legisladoras nacionales, por diversas cuestiones jurídicas de la Provincia de Formosa respecto a la situación que viven los formoseños y formoseñas en los denominados “Centros de Aislamientos” provinciales en clara violación a los Derechos Humanos.
“En Formosa, se están dando hechos gravísimos que no sólo está circunscripto al ámbito de la política y de las cuestiones sanitarias, sino que ya han pasado el umbral de claras violaciones a los derechos humanos de las formoseñas y formoseños”, afirmó Buryaile.
El ex ministro de Agroindustria de la nación, afirma que, en la provincia, se implementó el “Programa de Ingreso Ordenado y Administrado de Personas a la Provincia de Formosa”, y que “lamentablemente este sistema ha dado lugar a incontables arbitrariedades, algunas de ellas tan graves, que son una clara afrenta a los derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales vigentes en nuestro país”, aseguró.
Buryaile, recordó que oportunamente como Diputado de la nación, meses atrás, elaboró una denuncia formal ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sobre una serie de hechos en los que he manifestado las diversas situaciones violatorias de los Derechos Humanos en suelo formoseño. “Muy detalladamente, denunciamos ante las autoridades nacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las claras violaciones a los Derechos Humanos y a los fallos judiciales por parte del Poder Ejecutivo de la Provincia de Formosa, imponiendo supuestas medidas sanitarias se excedan en aquellos principios y garantías que precisamente busca proteger, deviniendo su irracionalidad en medidas autoritarias y restrictivas claramente violatorios de las libertades constitucionales”, afirmó el legislador nacional.
En los centros de aislamiento, “las condiciones habitacionales distan muchísimo de lo que podría considerarse “digno”, siendo espacios compartidos sin refrigeración, camas sin distanciamiento correspondiente y sin derecho a la intimidad”, fustigó Buryaile. La difícil situación sanitaria, social y política por la que atraviesan los formoseños, se vio intensificada en la jornada del pasado 21 de enero, cuando dos concejalas, Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz, participaron de una manifestación para reclamar por las “condiciones inhumanas” en un Centro de Aislamiento de la capital provincial, y fueron apresadas por la policía provincial durante más de una hora. “Éste es un capítulo más de todos los excesos que se cometen en Formosa”, sostuvo el Diputado.
El proyecto de resolución presentado, sostiene: “una pandemia nunca puede ser utilizada para ir en contra de los principios democráticos y republicanos. Hoy estamos viviendo un claro abuso de la autoridad en todos los niveles”. Además, menciona que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación “debe ser el encargado de fortalecer el sistema de Derechos Humanos en nuestro país y velar por su cumplimiento, respeto y protección”. Finalmente, Buryaile remató: “Estamos a la espera y exigimos una urgente respuesta y medidas concretas en resguardo de los derechos de los formoseños y formoseñas que están siendo vulnerados por parte del Poder Ejecutivo Provincial”.
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