Continúa el debate por la reforma con cuestionamientos judiciales, protestas y advertencias sobre el impacto en las reservas de agua.

Buenos Aires, jueves 26 marzo (PR/26) – Tras una primera jornada tensa, acompañada por protestas en la calle, la audiencia por la reforma a la Ley de Glaciares se reanudará este jueves con una nueva reunión, en este caso virtual, que recogerá las voces de expositores de todo el país.

A partir de las 10 hs, está prevista la realización de la segunda fecha de audiencias públicas, un proceso que enfrenta pedidos de nulidad en la Justicia presentados por sectores opositores a raíz de la limitación impuesta por el oficialismo en el número de oradores.

En un clima de tensión y fuertes protestas de ambientalistas en las inmediaciones del Congreso, la Cámara de Diputados cerró el miércoles la primera audiencia pública, que contó con la participación de un importante número de expositores, la mayoría de ellos con duros discursos contra la minería.

La jornada, que comenzó bien temprano por la mañana bajo la conducción de los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, estuvo marcada por fuertes cruces entre algunos de los oradores y diputados opositores.

A lo largo de la jornada la mayoría de los expositores se quejaron de que se haya limitado a 200 oradores provinciales.

El proyecto que se discute ya fue sancionado por el Senado en el período de sesiones extraordinarias y busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.

¿En qué consiste la Ley de Glaciares?

La Ley de Glaciares establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce. Prohíbe actividades que puedan dañarlos —como la minería o la explotación industrial— y ordena su inventario y monitoreo. Su objetivo central es garantizar el acceso al agua para consumo humano, la agricultura y los ecosistemas.

En este contexto, distintos sectores advierten que la reforma en debate podría debilitar esas protecciones, habilitando intervenciones en zonas sensibles y poniendo en riesgo uno de los principales reservorios de agua del país. Por eso, organizaciones ambientales remarcan que peligra el agua si se reducen los controles actuales.

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Fuentes: NA / otras