Se trata de un dispositivo que combina sensores de alta precisión con autonomía energética y conectividad remota para enviar la información en tiempo real al celular del productor. Este logro del INTA permite optimizar el riego, anticipar riesgos y planificar el uso del agua, aportando datos estratégicos para la gestión agropecuaria y ambiental.
Buenos Aires, jueves 23 octubre (PR/25) — El agua es el insumo clave para la agricultura y la ganadería. Sin embargo, en muchos establecimientos, los niveles de agua se desconocen hasta que la falta o el exceso se convierten en un problema. Frente a esto, investigadores del Instituto de Ingeniería Rural y del Instituto de Clima y Agua del INTA desarrollaron un prototipo que integra las funciones de limnímetro y freatímetro, que permite monitorear en forma continua tanto el agua superficial como el agua subterránea, enviando la información en tiempo real al celular del productor.
Con alimentación solar, precisión validada y capacidad de transmitir información en tiempo real, el prototipo se proyecta como una herramienta de alto impacto para la agricultura argentina, en un contexto donde la variabilidad climática y la competencia por el recurso hídrico obligan a tomar decisiones rápidas y fundamentadas.
“Este prototipo combina un sensor hidrostático de presión que mide la presión ejercida por la columna de agua, con tecnología propia para su control, autonomía, manejo y almacenamiento de datos: microcontrolador, memoria interna, sistema autónomo solar, conectividad Bluetooth y módulo celular con GPS”, explicó Nicolás Clemares, investigador del Instituto de Ingeniería Rural del INTA Castelar.
De acuerdo con Clemares, “el sistema registra continuamente las variaciones del nivel de agua con exactitud de ±0.5 % de fondo de escala de la sonda y transmite datos remotamente vía SMS con resúmenes diarios y alertas personalizadas”. Además, “su conectividad Bluetooth permite descargas completas de datos, mientras que la configuración remota optimiza el funcionamiento según el objetivo específico de cada instalación”, afirmó el especialista.
En ese sentido, aseguró que las pruebas de caracterización demostraron que las mediciones son equiparables a instrumentos comerciales calibrados y el desarrollo cumple con estándares de precisión y confiabilidad.
Como limnímetro, el dispositivo se instala en fuentes de agua superficial como ríos, arroyos, canales, reservorios y tajamares, midiendo la altura de la columna de agua. Como freatímetro, se ubica en pozos o perforaciones para medir la profundidad del nivel del agua subterránea desde la superficie.
“Dependiendo de su ubicación, el prototipo del INTA permite diferentes aplicaciones: cuando se instala como freatímetro, optimiza el riego conociendo el nivel del agua subterránea, ayuda en la selección de cultivos según la profundidad freática y permite monitorear las variaciones estacionales de los acuíferos. Como limnímetro genera alertas tempranas de crecidas en cursos de agua, facilita controlar niveles en reservorios y planificar la carga animal según la disponibilidad de agua en diferentes épocas del año”, expresó Sofía Havrylenko, investigadora del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar.
Havrylenko aclaró que el equipo mide niveles de agua con alta precisión, pero no determina caudales, volúmenes totales ni parámetros de calidad como salinidad o pH. “Es una herramienta de monitoreo que registra el estado actual de los niveles de agua, proporcionando datos objetivos para la toma de decisiones, pero no reemplaza estudios hidrológicos profesionales cuando se requiere información más compleja”, puntualizó.
Más allá del beneficio directo para cada establecimiento, esta herramienta tiene un potencial estratégico: los datos obtenidos pueden integrarse en redes de monitoreo regionales, que generan información clave para la gestión de cuencas, la planificación territorial y el diseño de políticas públicas de uso del agua.
“Nuestro objetivo es aportar soluciones prácticas que conecten ciencia y producción. Esta tecnología estará lista para implementarse en establecimientos agropecuarios, organismos públicos y proyectos que lo requieran, contribuyendo a un manejo sostenible del recurso más importante: el agua”, concluyó la especialista.
Los datos generados por estos equipos pueden integrarse en redes de monitoreo regionales, aportando información estratégica para la gestión integrada de cuencas y planificación territorial.
Buenos Aires, miércoles 1 octubre (PR/25) — El Gobierno Nacional declaró este miércoles la emergencia agropecuaria y/o desastre agropecuario para explotaciones agrícolas y ganaderas de varios partidos de la provincia de Buenos Aires afectadas por inundación.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 1450/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. La declaración tiene vigencia desde el 1° de mayo de 2025 y hasta el 31 de octubre de 2025.
La resolución se basa en una recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que analizó un decreto provincial presentado por Buenos Aires.
La fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones afectadas se estableció para el 31 de octubre de 2025.
Los partidos comprendidos en la medida son Hipólito Yrigoyen, General Alvear, General Viamonte, Las Flores, Chivilcoy, Junín, Roque Pérez, General Lamadrid, Chacabuco y Monte. La resolución especifica las circunscripciones afectadas dentro de cada uno de estos distritos.
Para acceder a los beneficios de la Ley 26.509, los productores deberán presentar un certificado extendido por la autoridad provincial competente que acredite que sus explotaciones se encuentran comprendidas en la emergencia.
El gobierno provincial, a su vez, deberá remitir a la Comisión Nacional el listado de los productores afectados junto con una copia de dicho certificado.
La normativa instruye a las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a arbitrar los medios para que los productores comprendidos en la resolución gocen de los beneficios previstos en la ley.
En la estepa patagónica, el INTA Patagonia Norte impulsa junto con la refinería de YPF de Plaza Huincul un proyecto pionero en el desarrollo de espacios verdes con especies nativas. La iniciativa ya muestra resultados visibles en un entorno de clima extremo y escasas lluvias.
En Plaza Huincul, la reutilización de agua industrial tratada ya permitió forestar el predio de la refinería con especies nativas y ornamentales. (Foto: INTA).
Neuquén, martes 16 septiembre (PR/25) — Bajo un cielo que pocas veces promete lluvia, donde el viento dibuja remolinos sobre la tierra y los arbustos espinosos se aferran al suelo para sobrevivir, un proyecto innovador se abre camino en la estepa neuquina.
En Plaza Huincul, una de las zonas más áridas del país, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Patagonia Norte lleva adelante, desde hace tres años, un plan que conjuga ciencia, ambiente e industria: convertir agua industrial tratada en agua de riego para el desarrollo de espacios verdes.
La propuesta surgió de un Convenio de Asistencia Técnica con la refinería de YPF, ubicada en esa localidad.
El INTA Patagonia Norte trabaja junto a YPF en la transformación de terrenos áridos en espacios verdes a través del riego con agua reciclada. (Foto: INTA).
Ciencia y ambiente en el desierto
“Este proyecto busca aprovechar el agua de descarte del proceso industrial de refinado del crudo y darle un uso concreto como riego. De esa manera se transforma un pasivo ambiental en un insumo para la vida y el paisaje”, explicó Gustavo Nordenstrom, técnico del INTA Centenario. El especialista destacó que la iniciativa se desarrolla en etapas anuales sobre 82 hectáreas con un perímetro de 5,45 kilómetros.
El Complejo Industrial de YPF en Plaza Huincul es uno de los más grandes del país en materia de producción de metanol. Su director, Luis Saavedra, subrayó la importancia del trabajo conjunto con el INTA: “El conocimiento técnico es un valor agregado fundamental. Buscamos mantener y transformar distintos sectores en áreas verdes, que no solo embellezcan sino que también fortalezcan la relación con la comunidad”.
El desafío es mayúsculo. La zona registra apenas 220 milímetros de precipitaciones anuales, concentradas en otoño e invierno. La vegetación natural está formada por especies xerófitas y arbustivas que resisten condiciones extremas, pero no ofrecen sombra ni protección contra los vientos intensos. Frente a ese escenario, el equipo del INTA diseñó una estrategia de forestación y diversificación.
Más de 200 árboles y un millar de plantines crecen en la estepa neuquina gracias a un proyecto que combina innovación, ambiente y comunidad. (Foto: INTA).
“Se implantaron más de 200 árboles de aguaribay y eucaliptus, además de 1000 plantines florales, aromáticas, medicinales, suculentas y especies nativas”, detalló Jorge Sánchez, técnico del INTA Centenario. También se colocaron estacas de álamo blanco y se construyó un microtúnel para ampliar la superficie del invernadero.
El impacto ambiental ya se percibe en el predio. Donde antes había piletones y escorrentías provocadas por los desbordes de efluentes, hoy se desarrolla un macizo forestal que contiene la erosión y ofrece sombra. Las especies elegidas —aguaribay y eucaliptus— se adaptaron a las condiciones áridas de la comarca petrolera, generando un nuevo equilibrio en el paisaje.
La biodiversidad se amplió notablemente. Además de los árboles forestales, se implantaron plantas aromáticas como romero, salvia, curry y lavanda; medicinales como cedrón, burrito y buscapina; ornamentales como erica y agapanto; florales como verbenas, zinnias y cosmos; bulbosas como tulipanes y narcisos; y autóctonas como zampa y algarrobo. “Nos propusimos rescatar especies nativas que fortalezcan el ambiente, junto con variedades tradicionales que aporten sombra y protección”, explicó Patricia Sepúlveda, jefa de la Agencia INTA Centenario.
La iniciativa no se agota en los límites de la refinería. El plan contempla extender el modelo a otras áreas circundantes a través de la automatización del riego, con la expectativa de multiplicar los espacios verdes en un entorno históricamente desértico.
Para Mariana Amorosi, directora del Centro Regional Patagonia Norte, el proyecto es una muestra concreta del aporte del INTA en la región. “Lo vemos en terreno: en medio del desierto, se construyen espacios verdes que son resultado de un gran esfuerzo colectivo. Es gratificante observar cómo la ciencia aplicada puede transformar la realidad local”, señaló.
En Plaza Huincul, donde la aridez parecía marcar un límite infranqueable, hoy surge una señal distinta: el agua que antes era residuo industrial se convierte en fuente de vida. Un ejemplo de cómo la articulación entre ciencia, industria y comunidad puede generar un nuevo paisaje y abrir camino a un futuro más sustentable para la Patagonia.
Últimos relevamientos estiman casi 1,5 millones de hectáreas comprometidas en el centro bonaerense y, si se contempla la totalidad de la cuenca del río Salado, el número supera los 2 millones de hectáreas con graves problemas de anegamiento o inundación.
Buenos Aires, domingo 14 septiembre (PR/25) — Las lluvias ocurridas entre fines de agosto y la primera semana de septiembre agravaron una situación que ya era sumamente critica en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Es así que un relevamiento de Carbap indica que son más de dos millones las hectáreas comprometidas por los excesos de lluvias.
Imágenes satelitales tomadas del 2 al 7 de septiembre muestra los distritos más afectados del centro de la provincia:
Al principio, marzo/abril, el epicentro de la inundación se concentraba en los partidos de Bolívar, 25 de mayo, Carlos Casares, 9 de Julio y parte de Hipólito Yrigoyen. Sin embargo, con las precipitaciones acumuladas en los últimos 60 días, el área afectada se fue ampliando de manera alarmante: hoy se estiman casi 1,5 millones de hectáreas comprometidas en el centro bonaerense y, si se contempla la totalidad de la cuenca del río Salado, el número supera los 2 millones de hectáreas con graves problemas de anegamiento o inundación.
Desde la entidad señalan además que, “a eso hay que sumar aquella superficie que, si bien no está inundada o anegada, tampoco puede ser trabajada por falta de piso para la maquinaria o imposibilidad de acceso, por lo que la superficie afectada y que corre riesgos para la producción supera los 3 millones de hectáreas”.
Ante la falta de infraestructura que permita por lo menos aminorar este tipo de impactos en la ruralidad cuando estos fenómenos ocurren, Carbap reclama por la concreción de las obras hídricas pendientes, largamente postergadas y cada vez más urgentes; la aplicación inmediata de los instrumentos previstos en la Ley de Emergencia Agropecuaria, como la prórroga de impuestos provinciales, municipales y nacionales; y líneas de financimianto específicas, a través del Banco Nación y el Banco Provincia, que permitan a los productores sostenerse y recuperarse frente a esta situación.
“No podemos permitir que cada lluvia extraordinaria se convierta en una tragedia anunciada. La situación exige respuestas inmediatas, concretas y responsables. Porque detrás de cada campo inundado hay un padre que no puede salir a trabajar, una madre que se pregunta cómo llegará la ambulancia si alguien se enferma, un chico que espera volver a clases, una familia que sueña con poder seguir viviendo y produciendo en el lugar donde nació. No estamos hablando solo de agua: estamos hablando de vidas, de futuro y de esperanza”, resaltaron.
Buenos Aires, sábado 13 octubre (PR/25) — La reciente decisión de la Corte Suprema bonaerense en el caso Chivilcoy marca un quiebre en el debate sobre salud pública y acceso al agua en Argentina.
Tras más de diez años de reclamos, la Justicia ordenó garantizar agua libre de arsénico a los vecinos de la ciudad, obligando a la empresa proveedora a construir una planta de ósmosis inversa y a realizar controles periódicos
. El fallo no sólo reconoce un derecho humano básico, sino que también visibiliza un problema que afecta a millones de personas en todo el país.
El arsénico es un contaminante natural que se encuentra en los suelos y napas de gran parte del territorio argentino. Es incoloro, inodoro e insípido, lo que lo vuelve casi imposible de detectar sin análisis específicos.
Sus consecuencias, sin embargo, son muy concretos: la Organización Mundial de la Salud lo asocia a lesiones cutáneas, enfermedades cardiovasculares y diversos tipos de cáncer cuando se lo consume de forma prolongada en concentraciones superiores a los 0,01 mg/l.
Un reciente estudio de la Universidad Nacional de Rosario estima que cerca de 17 millones de personas en Argentina estarían expuestas a niveles por encima de este límite.
Aunque el caso de Chivilcoy no es un hecho aislado, sino señal potente de que la Justicia argentina comienza a reconocer el derecho al agua segura.
La problemática, sin embargo, trasciende fronteras provinciales: estudios del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) muestran concentraciones de este metal pesado que superan ampliamente los valores guía en zonas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y La Pampa.
Esta problemática, también atraviesa a otros países de la región: en México, por ejemplo, más de 400 municipios de los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila enfrentan situaciones similares, con niveles de arsénico muy por encima de los parámetros seguros, lo que obligó a implementar sistemas de remoción específicos a escala comunitaria.
La sentencia sienta un precedente jurídico que seguramente inspirará nuevos reclamos en distintos territorios. Pero mientras los procesos judiciales avanzan y las obras estructurales se ejecutan, es clave impulsar un enfoque complementario que combine políticas públicas robustas con tecnologías accesibles y descentralizadas.
La filtración de metales pesados en el punto de consumo —ya sea en hogares, escuelas o centros de salud— aparece como una de las alternativas más inmediatas y sostenibles para proteger la calidad del agua que llega a las personas.
Existen en la actualidad sistemas de filtración domésticos e industriales capaces de remover el arsénico en un 99,99% sin generar residuos líquidos peligrosos. Además de garantizar agua libre de contaminantes, cada equipo instalado evita el consumo de miles de botellas plásticas al año, lo que los convierte en una herramienta ambientalmente más responsable. Estas soluciones, lejos de reemplazar al Estado, actúan como un puente que permite reducir riesgos sanitarios mientras las infraestructuras mayores se consolidan.
La contaminación por arsénico en Argentina tiene un origen natural —presente en suelos y napas—, sin embargo, la falta de infraestructura e inversión en plantas de tratamiento profundiza la crisis. La construcción de soluciones centralizadas es costosa y lenta. Mientras tanto, millones de personas siguen consumiendo agua contaminada.
La respuesta requiere un enfoque complementario. Mientras las resoluciones se implementan y las obras avanzan, la tecnología y la conciencia ciudadana siguen siendo las herramientas más efectivas para enfrentar esta pandemia silenciosa.
El desafío del agua segura en Argentina ya no es invisible ni postergable. El fallo de Chivilcoy demuestra que la Justicia puede ser una aliada en la defensa de derechos básicos.
La innovación tecnológica, sumada a la presión ciudadana, será decisiva para transformar este precedente en un verdadero cambio de paradigma: el del agua como bien común, protegido colectivamente pero también defendido a través de decisiones informadas y responsables, desde cada canilla, cada escuela y cada comunidad.
Foto: Larrañaga durante su exposición en Chacabuco
En Chacabuco, se realizó el Lunes pasado la primera de las reuniones itinerantes del Consejo del Asesor del Plan Maestro del Salado por localidades del interior bonaerense, para intensificar el reclamo por la reactivación de las obras paralizadas en el Tramo IV.2 de readecuación del cauce del río, cuya reanudación depende de los recursos del Fondo Hídrico acumulados por la Nación.
Buenos Aires, jueves 11 de septiembre (PR/25) .- Al reclamo por la mencionada etapa, en Chacabuco se sumaron las expectativas para que no haya dilaciones en el compromiso del gobierno provincial respecto de la anunciada próxima licitación del Tramo V, que va desde Bragado hasta la laguna El Carpincho, en Junín, con financiamiento del Banco Europeo de Inversiones, ante la explícita necesidad de dar continuidad a las obras, cuya ejecución ha ido sumando demoras a lo largo de los años.
El encuentro, que contó con la presencia del presidente del presidente del Consejo Asesor del Salado, Alberto Larrañaga, el titular de la entidad anfitriona, Alejandro Sciarretta, y el dirigente de CARBAP, Sebastián Sofía, fue el primero de una serie que continuará en con citas ya programadas en General Villegas, Junín, Ernestina, Navarro y otras localidades a confirmar a la brevedad, de acuerdo a las propuestas que se van recibiendo.
Como se recordará, el Consejo del Salado, integrado por CONINAGRO, FAA, SRA, la UIA y CARBAP, viene reclamando al gobierno nacional la reactivación inmediata del Tramo IV.2, de sólo 30 km, ubicado entre Roque Pérez y la localidad de Ernestina, considerado un verdadero cuello de botella en medio de los más de 400 km ya dragados del río.
“El Fondo Hídrico Nacional, creado en su momento para atender los requerimientos del Plan Maestro, acumula más de 175 mil millones de pesos en colocaciones financieras en el Banco Nación y las obras se paralizan por deudas que no llegan al 20 por ciento de esa cifra. Esto no resiste el menor análisis, es inexplicable e inaceptable”, afirmó Larrañaga, titular del Consejo Asesor y Coordinador de la Comisión de Aguas de CARBAP.
“Ese tramo está a cargo de la Nación. Ahora estamos otra vez en medio de una crecida del río, y en ese cuello de botella está la gente como rehén de algo inconcebible, que solo requiere decisión política y de ninguna manera amenaza el equilibrio fiscal, porque los recursos están disponibles, durmiendo la siesta en el Banco Nación, que es el depositario de los fondos del fideicomiso”, explicó.
Además, en nombre del Consejo Asesor, reclamó “asegurar la continuidad del Plan Maestro, que incluye también las obras complementarias, que no son secundarias, sino prioritarias, para llegar como las ramas de un árbol a los rincones de la cuenca y darle así sentido integral al proyecto. Por eso no podemos admitir más dilaciones. Van más de 20 años de ejecución y si seguimos a este paso van a demorar 50, mientras la gente no puede seguir esperando más”.
Al término de la exposición de Larrañaga, que realizó una reseña del Plan Maestro hasta su actualidad, incluidas las mencionadas cuestiones financieras del mismo, distintos oradores concluyeron en la necesidad de apoyar los reclamos de CARBAP y demás entidades integrantes del Consejo Asesor, en demanda del avance sin pausas de las obras del Salado.
