Ago 7, 2023 | Columnas
Buenos Aires, 7 agosto (PR/23) — En 1848 Sir William Molesworth, quien en 1855 sería el secretario de Estado para las Colonias del Reino Unido, decía: «En las miserables islas Malvinas, no se da el trigo, no crecen árboles, están abatidas por los vientos; desde 1841 nos costaron 35 mil libras, sin retorno ni beneficio alguno. Decididamente, soy del parecer que esta inútil posesión se devuelva, desde luego, al Gobierno de Buenos Aires, que justamente lareclama».
Pasarían 128 años para que los británicos se dieran cuenta que la riqueza estaba en el mar y no en las Islas; cuestión, que los gobernantes argentinos siguen sin entender. El 3 de enero de 1976 llegaba a Malvinas Lord Shacketon y seis meses después, el 21 de julio, el
Foreign Office presentaba en 450 páginas el relevamiento sobre la pesca, la producción lanera, el petrolero y la minería, informando que en un radio de 200 millas de Malvinas podrían encontrarse “uno de los mayores recursos mundiales de proteínas” y, decía que solo la “
pescadilla azul” representa el volumen total de la pesca del Reino Unido. Para ese entonces en las islas ya se pescaba bacalao, polaca, merluzas varias, abadejo y calamares; especies que, hasta nuestros días, son explotadas ilegalmente en Malvinas, extrayendo un promedio de 250 mil toneladas anuales.
Las recomendaciones de Shackleton fueron suficientemente estimulantes para justificar la continuidad de la invasión británica en Malvinas; ya que, si bien la actividad pesquera argentina en el continente estaba iniciando su producción industrial y el comercio exterior, las capturas nacionales en el extremo sur eran casi inexistentes. El total de las exportaciones pesqueras argentinas en 1976 alcanzaban solo las 113 mil toneladas, mientras que el promedio de extracción pesquera de los buques extranjeros en Malvinas -como dijimos- ya era de 250 mil toneladas/año.
Todo estaba por hacerse en materia pesquera en la Argentina y el informe inglés ya lo precisaba respecto a Malvinas. Podríamos mencionar, sin demasiado detalle, que, a falta de pescado, el rey de España Carlos IV en 1789 había establecido una pesquera en Puerto Deseado. Por su parte, en 1904 comenzó a operar la Compañía Argentina de Pescado S.A. en la Isla San Pedro (Georgias del Sur) para la caza de ballenas; en 1914 se instaló la primera fábrica de conservas de pescado en Puerto Madryn y, hacia 1948, se iniciaba esta actividad en Mar del Plata. Con el aporte de familias belgas, italianas y españolas en la década del 60 se incrementaba el consumo de pescado en el país y, en la década del 70, como producto de la demanda externa, la exportación de productos pesqueros congelados provoca la construcción de plantas de fileteado, cámaras, etc. y el cambio de buques costeros por fresqueros de altura y congeladores y, aún, con vaivenes, se inicia el gran desarrollo industrial y exportador desde Mar del Plata, comenzando a radicarse también industrias en la Patagonia.
José Enrique Greño Velasco, al respecto nos dice: «Para el Reino Unido, ante el fracaso de poner el pie en el continente, Malvinas representa su único punto de apoyo para la continuación de los empeños enlograrlo». Por su parte, Oscar Cosentino, entiende: «Es todavía más importante negar al enemigo el uso de estas Islas».
¿Ignorancia de la diplomacia argentina? En Ginebra en 1988, el Canciller Caputo y el embajador García del Solar con el embajador inglés Crispín Tickell (todos fallecidos) acordarían en las negociaciones previas a “los Acuerdos de Madrid” -que cerró en 1989/90 Cavallo- no hacer mención a la cuestión pesquera, la que consideraban una cuestión menor. Craso error. Sobre ello el director británico de pesca en Malvinas John Burton expresó: “
sin la pesca no hubiésemos subsistido en las islas” (
El Cronista, 14/3/2012). No parece que ninguno de los negociadores argentinos, hubiesen leído el Informe Shackleton ni conociesen las estadísticas pesqueras publicadas por los isleños, ni tampoco este documento, que promovía “convocar a una Convención Internacional para controlar las pesquerías en el Océano Austral”.
La delegación argentina no tuvo expertos en pesca. A Cavallo lo acompañó el embajador Aldo Dadone, vinculado al affaire IBM-Nación. En un extremo la posición británica, que tomaba posesión del lugar y trabajaba para que su ocupación sea sustentable y, en el otro, los funcionarios argentinos, ignorantes y/o sumisos, sellaron los execrables Acuerdos de Madrid, que contribuyeron desde 1989 hasta ahora, a consolidar la posición británica en Malvinas y, llamativamente, ninguno de los Cancilleres y sus sucesivos Secretarios del área se han animado o querido denunciarlos, a pesar del avance territorial marítimo e insular argentino por parte del Reino Unido, que la lleva a tener invadidos 1.639.900 Km2 de los 11.410 Km2 que ocupaban en 1982 y, a explotar a través de licencias ilegales otorgadas a buques extranjeros nuestros recursos pesqueros, a la par de realizar exploraciones petroleras y mineras. Todo ello, en abierto atentado a la Constitución Nacional, la ley 17.094 y pesqueras de esa época y, muy importante, el Reino Unido violaba la Resolución de la ONU 31/49 (1/12/1976) que, instó a las partes, a abstenerse “de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales mientras las islas estén atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones de la ONU” y en relación a la Res. 37/9 del 9/11/1982, posterior a la guerra de Malvinas, que reiteró “el pedido de reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la disputa de la Soberanía”.
Respecto a los hidrocarburos, el experto Richard Johnson, del equipo de Shackleton, confirmó la presunción de existencias de petróleo en el área y, precisó, que “por encontrarse en una zona política y, por el elevado costo de producción, sería necesaria la cooperación argentina, porque existiría escasa probabilidad comercial en la emisión unilateral de licencias del Gobierno británico” y, recomendó e1 traspaso a la corona británica de los derechos mineros y “de la plataforma continental” y propició, asociarse a la Unión Europea previo a cualquier negociación con Argentina. Todo, ejecutándose. Hoy el Reino Unido, efectúa exploraciones petroleras; licita la explotación de oro; nos disputa 1.430.367 km2 de la plataforma continental extendida y controla el Atlántico suroccidental, los accesos a la Antártida y los océanos pacífico e índico.
El informe también aconseja vuelos directos a Malvinas y una estrecha cooperación con Argentina y, entiende que, «
cualquier nuevo programa de desarrollo económico de las islas, especialmente en lo relacionado con los recursos marinos, deberá buscarse la cooperación e incluso la partición de Argentina». Ello se alcanzaría con la Declaración conjunta de Argentina y el Reino Unido de los Acuerdos de Madrid I y II.
Este último consejo de Shackleton es muy llamativo, porque la Argentina ya venía dando fuertes muestras de
cooperación unilateral desde el gobierno de facto de Lanusse, a partir de la Declaración Conjunta del 1 de julio de 1971 argentino-británica -con participación de los isleños- que establecía, la provisión de documentos sin nacionalidad; la exención de impuestos; servicios marítimos británicos y aéreos de LADE entre las islas y el territorio continental; la construcción argentina del aeropuerto y un servicio transitorio de vuelos con hidroaviones; servicios de correos y abastecimientos de productos de YPF y otros aportes de Argentina, quien además cooperaría en materia agropecuaria y de salud y, otorgaría becas y asientos en las escuelas del continente a residentes de las islas. Un “plan que aprobaría José Martínez de Hoz ante la Confederación de la Industria Británica” (
José Enrique Greño Velasco, 1977) y, que también, ponderaría el miembro del Consejo Nacional de Malvinas (Ley 27.558) Marcelo Kohen que, en 2018 propuso a los isleños un referéndum de soberanía.
Estos aportes no contaron con ninguna contraprestación británica y se ratificaron en los Acuerdos de Madrid donde, entre otras cosas, se investigó en forma conjunta la pesca; el Pacto de Foradori-Duncan de 2016 que habilitó vuelos a San Pablo, uno de los centros de mayor consumo y distribución de alimentos al mundo y, el ofrecimiento de la Cancillería “consensuado por el Consejo Nacional de Malvinas” (Así refiere el Comunicado de Prensa de Cancillería 8/12/2021) de vuelos humanitarios en 2021 desde Malvinas al territorio continental argentino, que fue rechazado por los isleños, en una nueva muestra de la errónea política argentina, que hace saltos al vacío sin red.
El propio lord Shackleton deja traslucir el compromiso de los ingleses con los isleños: “no habrá transferencia de soberanía contra sus deseos”, sin embargo, duda de las capacidades británicas: «
la cuestión de la soberanía pende sobre nuestro informe como sucede con las propias islas, y la falta de un arreglo bien podría inhibir el pleno desarrollo de las islas». Pero, las sucesivas políticas argentinas de promoción de un hipotético diálogo con los británicos, de cooperación unilateral y de apoyo teórico de terceros países, descartaron toda acción destinada a debilitar la situación económica y social de los isleños y, por el contrario, mantuvieron la autorización de los vuelos de LATAM desde las islas a Chile; no impidieron el tránsito de buques con las capturas ilegales de Malvinas ni sancionaron a los buques extranjeros que pescan en Malvinas (Ley 24.922); no acordaron con Uruguay la prohibición del uso de sus puertos a los buques que realizan pesca ilegal en la región, etc.
Claro, en materia pesquera, aún la Argentina mantiene vigente el Acuerdo de Madrid I (17-19/10/1989) en especial la decisión británica de mantener la “zona de conservación” (punto 6); el “intercambio de informaciones, medidas de cooperación y medidas de conservación” (punto 10) y el Acuerdo de Madrid II (14-15/2/90) en particular del punto 7 (Informe del “Grupo de Trabajo argentino-británico sobre pesca”, Paris 18-19/12/1989); intercambios de informes pesqueros, exploración de posibilidades de cooperación y conservación; el punto 8 (establecimiento de un “Grupo de Trabajo sobre Asuntos del Atlántico Sur”); el punto 11 (factibilidad y conveniencia de un Acuerdo General de Cooperación) y, complementariamente, el punto 12 (Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones) y, el punto 13 (eliminación visado para ingresar al territorio del otro) que no contempló la eliminación de visa para el ingreso al territorio argentino de Malvinas.
El Reino Unido entendía como “no vinculante” el Informe Shackleton, sin embargo, éste, pareció ordenar todas las acciones posteriores de la Cancillería Argentina y, no se entiende, que pese a las violaciones del Reino Unido de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas, los Acuerdos de Madrid sigan vigentes.
“Nada se produce por generación espontánea” (Louis Pasteur, 1862).
Por el Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca – Ex Secretario de Estado
Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL)1
Presidente de la Fundación Agustina Lerena2
Autor de “Plan Nacional de Pesca (2023).
7 de agosto de 2023
(1) Fundada el 2/4/1989 (2) Fundada el 21/10/2002.
Jul 27, 2023 | Columnas
Ieral – Jorge Vasconcelos
Buenos Aires, 27 de julio (PR/23).- Aun cuando las medidas anunciadas durante el fin de semana permitan que se destraben los desembolsos pendientes del FMI, resultan muy limitadas para revertir las dos tendencias más preocupantes que dominan el presente: la emisión de pesos por parte del Banco Central (antes de su esterilización a través de las Leliq), que desde mediados del año pasado corre a un ritmo de 11,2 % acumulativo mensual, con la presión inflacionaria consiguiente, y el drenaje de las reservas externas, que en su medición neta caen a un ritmo de 2,3 mil millones de dólares por mes, hasta un rojo actual de 7,0 mil millones, partiendo de 8,7 mil millones en diciembre pasado.
Habrá recaudación adicional por la generalización del impuesto país a las
importaciones, y posiblemente se pueda poner un piso al deterioro de la balanza
comercial, pero la cuenta corriente del balance de pagos difícilmente cierre el año con un déficit inferior a los 16,0 mil millones de dólares, con una merma en la competitividad cambiaria de las exportaciones (al margen de la sequía) cercana al 25 % respecto a los registros de 2019, previos a las PASO de aquel año. La referencia no es arbitraria, porque en 2019 la cuenta corriente del balance de pagos fue relativamente equilibrada.
Así, en este plano, el 2023 sólo puede cerrar con un fuerte aumento del
endeudamiento externo, del orden de los 15 mil millones de dólares, sumando los compromisos con China (yuanes) y con los proveedores de importaciones compradas “a crédito”, un ítem que ya generó un pasivo a pagar del orden de los 12,6 mil millones de dólares desde principios de 2022.
Una versión resumida de este artículo fue publicada en el Diario La Nación el 26 de julio de 2023 * Importaciones pagadas en jun-23 proyectado
En el segmento de los pesos, aun asumiendo que el gobierno pueda recortar el déficit primario hasta un nivel del orden de los 2,5 puntos del PIB/año, las necesidades de financiamiento del Tesoro del segundo semestre resultan una variable a monitorear día a día. Considerando el rojo fiscal esperable de aquí a fin de año (incluyendo intereses de la deuda pública) y los vencimientos de Bonos del Tesoro en manos del sector privado, se necesitaría conseguir financiamiento del orden de 1,5 billones de pesos por mes para que el gobierno pueda evitar seguir recurriendo al BCRA. Esa cifra mensual equivale al 25 % de la Base Monetaria, ratio que alerta sobre el impacto monetario que tendría algún inconveniente a la hora de las licitaciones de deuda pública.
Lo ocurrido en los últimos doce meses es ilustrativo: las transferencias del BCRA a favor del Tesoro y las destinadas a comprar bonos de deuda en el mercado de capitales (asistencia indirecta) explicaron 34 pesos de cada 100 de emisión bruta (antes de esterilización). Es decir, la emisión por motivo fiscal ahora se acerca a la mitad de la generada por los intereses de las Leliq, cuando era sólo una fracción poco tiempo atrás.
Las presiones inflacionarias derivadas de la emisión monetaria terminan afectando el poder adquisitivo de los trabajadores. Al respecto, en junio y julio las ventas de bienes de consumo masivo habrían caído entre 1,5 % y 2,0 % interanual, con bruscas oscilaciones semana a semana, ya que también se activó la demanda por inventarios.
Las presiones inflacionarias también deterioran la competitividad, al igual que las
dificultades para importar insumos y partes por el cepo, lo que afecta al sector externo en la misma dirección que la sequía. Por caso, las exportaciones a Brasil (principalmente industriales) entraron hace tres meses en terreno negativo, con una caída de 25,6 % interanual en junio.
Por lo reseñado, aun con acuerdo y desembolsos del FMI, no será sencillo mantener las expectativas bajo control en esta transición. Sin reservas y con dificultades para frenar el ritmo de la expansión monetaria, la pregunta es si el resultado de las PASO será capaz de proveer un ancla política para la economía. Esto, a su vez, depende de dos cuestiones: a) la nitidez del liderazgo político que eventualmente surja del conteo de los votos y; b) la consistencia de las señales económicas. Hay cuadrantes en los que estos factores podrían conjugarse pero, obviamente, no son todos.
Mientras tanto, sería muy positivo que la dirigencia política preste más atención a lo que ocurre alrededor. Por ejemplo, el caso de Brasil, que le ha sacado a la Argentina 13,1 puntos porcentuales de diferencia en el crecimiento acumulado del PIB desde 2017 (10,2 % vs – 2,9%), brecha que también se registra en el aumento del empleo privado formal, de 7,5 % en Brasil y de 1,0 % en la Argentina.
Esta publicación es propiedad del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL). Dirección Marcelo L. Capello. Dirección Nacional del Derecho de Autor Ley Nº 11723 – Nº 2328, Registro de Propiedad Intelectual Nº (en trámite). ISSN Nº 1850-6895 (correo electrónico). Se autoriza la reproducción total o parcial citando la fuente. Sede Buenos Aires y domicilio legal: Viamonte 610 2º piso, (C1053ABN) Buenos Aires, Argentina. Tel.: (54-11) 4393-0375. Sede Córdoba:
Campillo 394 (5001), Córdoba., Argentina. Tel.: (54-351) 472-6525/6523. E-mail: info@ieral.org ieralcordoba@ieral.org
Sabemos que el vecino del Mercosur es un país repleto de distorsiones. Aun así,
lograron remover parte del lastre con una serie de medidas que datan de 2016 y 2017:
se adoptó una regla para contener el gasto público; se ratificó la preferencia por la estabilidad, por lo que la inflación y las tasas de interés bajaron simultáneamente y por último, pero no menos importante, una reforma laboral dictada por el sentido común facilitó en forma significativa la creación de empleo privado formal y, al mismo tiempo, contribuyó a la recuperación del crecimiento.
Primicias Rurales
Fuente: Ieral
Jul 22, 2023 | Columnas
Cómo tras las redes de pesca de arrastre se enmascara la sobrepesca, la pesca ilegal global y la pesca depredadora en alta mar de los recursos migratorios de los Estados ribereños (por ejemplo, Argentina). Por César Augusto Lerena
Mar del Plata, 22 julio (PR/23) — En el mundo y, también en la Argentina, se discute el uso de las redes de arrastre de pesca y sus eventuales efectos negativos sobre la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el medio marino.
La preocupación y presión de las organizaciones no pesqueras, dio motivo a que la Unión Europea dictara el Reglamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo y del Consejo del 20 de junio de 2019 sobre «la
conservación de los recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos», modificándose una serie de reglamentos y anulándose otros; pero que, a nuestro juicio, si bien es un interesante reglamento que avanza pormenorizadamente en mucho detalle técnico, demostrando un importante trabajo de los expertos; entendemos, que pierde de vista la necesidad de revisar la administración global del recurso desde un enfoque ecosistémico.
El mejor estudio de las partes no hace al todo, más aún, cuando los buques de los Estados de los principales países pesqueros, no se limitan a la explotación de los recursos en sus respectivas Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) sino que avanzan pescando a distancia recursos migratorios y asociados, que integran la cadena trófica de las especies de los Estados ribereños y, es probable, que sin adentrarnos todavía, a un análisis más profundo, podamos decir que es imposible efectuar una
administración ecosistémica sino se ejecutan las acciones necesarias para que en alta mar, conforme lo determina la Convención (CONVEMAR), los Estados de pabellón controlan en forma presencial sus buques, determinan las capturas máximas sostenibles y -afectando a intereses de terceros- acuerden la pesca de los recursos migratorios o asociados con los Estados ribereños y, también, se finalice con la captura de especies que no hayan llegado al máximo desarrollo posible; con aquellas acciones que impidan la ecología trófica; descartando en el mar o en los procesos de transformación; no procesando
los residuos en el mar; sustituyendo las especies en el desembarco, etc. y, sin una investigación integral ZEE-Alta mar.
Seguramente, es necesario avanzar en los estudios, como el citado Reglamento lo indica en varios de sus apartados, para arribar a conclusiones certeras como resultado del trabajo de expertos oficiales en conjunto con sus pares de las asociaciones pesqueras; pero, en cualquier caso, las decisiones que se tomen, no deberían estar influidas por presiones empíricas de organizaciones ambientalistas; que pudiendo estar habilitadas a intervenir, lo deben hacer aportando evidencias científicas y soluciones técnicas compatibles con el aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos.
En principio, es necesario tener pruebas científicas y certezas del daño a los recursos pesqueros y al medio marino que podrían provocan las redes de arrastre, según se trate de artes destinadas a la captura de especies pelágicas (columna de agua); demersales (cerca del fondo) o bentónicas (fondo) y representativas de todos los océanos, realizados por organismos oficiales, como los Institutos Nacionales de Investigación de cada región, no solo en la ZEE, sino también en alta mar, con apoyo económico de los organismos multilaterales.
Cualquier tratado básico de Biología, podría poner en duda inconsistentes científicas de algunas organizaciones; pero, también la delimitación arbitraria de la CONVEMAR, donde se exigen todo tipo de prácticas, controles e investigaciones dentro de la ZEE y luego de las 200 millas la pesca es libre; entendiéndose erróneamente que el concepto de “pesca libre” habilitaría incluso la depredación y, donde los controles y estudios realizados son escasos; pese, a tratarse, de un mismo ecosistema, provocando que los resultados de las investigaciones en las ZEE, incluso, sean insuficientes e imperfectas.
Estableceremos como “hipótesis de trabajo” que las redes de arrastre causan daños a la pesca y al medio marino; aunque, diremos rápidamente como contrapartida que, según la FAO (Estado Mundial de Pesca, 2022) el número total de buques en 2020 eran unos 4,1 millones (un 62% motorizados), un 10% menos que en 2015; lo que habría llevado las capturas marítimas de aquel año a 78,8 millones de toneladas, una reducción del 7,6% en relación a 2018 y, el empleo, con 37.882.000 pescadores ocupados en la pesca marítima en 2020 un 5,5% menos que en 2018. Datos suficientemente serios, que no se deberían ser dejados de lado, a la hora de alcanzar con rigor científico una certeza de la hipótesis preestablecida. Hay que armonizar entre la “sostenibilidad” biológica y “la sustentabilidad” empresaria.
Paralelo a ello, decimos, que, a pesar de la disminución de buques citada, el tonelaje de registro bruto (TRB) de los buques (el volumen que incluye bodega, máquinas, camarotes, etc.) aumentó en un 28% (1990-2010) y la potencia KW (la potencia del motor) también aumentó un 45% en igual periodo. Es decir, la capacidad de pesca aumentó, aunque todavía las “estadísticas oficiales” solo puedan estar registrando la baja de buques.
Según la FAO (ob. cit. 2022) “corresponde a Asia la mayor flota pesquera mundial, estimada en 2,68 millones de embarcaciones”, es decir un 65% del total de la flota mundial, de las cuales 564.000 son buques chinos. Por su parte, según FAO, África alcanzó al 23,5%, América al 9%, Europa un 2% y Oceanía un 1%. Aunque en estos últimos porcentuales no estén claros cuántos son motorizados y cuántos no.
Un análisis inicial nos permite inferir que no puede atribuirse a este arte de pesca la principal responsabilidad, sino a la aún sobrepoblación de buques a partir de la mayor eficiencia de los existentes y, a las más de cuarenta razones por las que podríamos tipificar de pesca ilegal (INDNR) a muchas de las capturas. Por supuesto, dentro de ello, habrá que dar solución a los descartes, como producto de la pesca incidental o a razones comerciales, que de ninguna manera deberían devolverse al mar y, a la captura de mamíferos, aves y tortugas, cuyos aportes hace el Reglamento.
El problema global, lo resume la declaración de Política Pesquera de la Unión Europea de la siguiente manera: «los Estados miembros deberían adoptar medidas específicas, para alinear el número de buques pesqueros comunitarios con los recursos disponibles, a partir del equilibrio entre la capacidad de pesca de sus flotas y la posibilidad de pesca que disponen…»; cuestión, que Global Fishing Watch, se encarga de mostrar la gravedad del desequilibrio existente, al analizar los mensajes de ubicación enviados por los buques pesqueros: «por cada Km2 dedicado el agro, los barcos pesqueros operan cuatro veces más espacio en el mar, cerca del 55% de la superficie oceánica y, contrario a lo que ocurre en las áreas agrícolas, las zonas pesqueras de alta mar, se ubican más allá de las 200 millas de la ZEE, (NdA: es decir fuera de la jurisdicción de las naciones) y tienen un reparto poco proporcional: el 85% de esas capturas las acaparan solo cinco países: China, España, Taiwán, Japón y Corea del Sur» (Álvaro Merino, 7/2/2023) y, nosotros agregamos: diez países se llevan el 65% del total de las capturas del mundo.
También, en un examen del rendimiento tecno-económico de las principales flotas de pesca marítima de veinte países de 2016-2019 en relación al 2000 se observa un aumento de tonelaje bruto, incrementos sustantivos de esloras y, la potencia del motor y menor antigüedad en la flota; verificándose al mismo tiempo, una reducción de costos de combustibles y el ahorro de energía debido a avances tecnológicos en las operaciones y los artes de pesca; registrándose avances muy importantes en el aumento de la eficiencia pesquera y la reducción del impacto ambiental de la pesca.
Es decir, teniendo en cuenta lo indicado precedentemente, el número de buques de cada país y sus capturas; contrario a lo que plantea la Unión Europea -si bien limitado a sus miembros- no es posible que «los Estados “deberían” adoptar medidas específicas, para alinear el número de buques pesqueros comunitarios con los recursos disponibles»”, ya que es evidente, que no se trata sólo de número de buques, sino de potencia, etc. y, que el reparto, es inequitativo, muy especialmente fuera de sus jurisdicciones en alta mar, donde unos pocos se hacen de los recursos migratorios de todo el planeta; por lo tanto, no se puede esperar que cada país haga una reducción (que no alcanza) de buques; por ejemplo, sino, que ésta -hechos los cálculos pertinentes- debe traducirse en una reducción de capturas, proporcionalmente mayor por quienes están causando mayor esfuerzo pesquero y, aún más, si se trata de pesca tipificada de ilegal, con el tecnicismo o no de “no declarada, no registrada”, ya que cualquiera de sus formas, afecta el stock pesquero y al reparto equitativo de la pesca en los países, las regiones y el mundo, sin tener en cuenta «los intereses y necesidades de toda la humanidad y, en particular, los intereses y necesidades de los países en desarrollo», como reza el Preámbulo de la CONVEMAR.
Continúa luego, la declaración de la Unión Europea «Cada Estado debería poder elegir las medidas e instrumentos que desea adoptar con el fin de reducir el exceso de capacidad de pesca. Se deja así margen para reducir el arqueo bruto; teniendo en cuenta también, la seguridad y comodidad de los pescadores» (Arie Aalbers “Análisis de límites máximos de Arqueo Bruto y potencia de propulsión”, Unión Europea, 11/2018). Más de lo ya dicho.
En ningún caso, esta declaración refiere, al uso o no en la pesca de redes de arrastre, aunque las regula y, sí “a la flota pescando en relación al recurso disponible”; entonces, podríamos ratificar una primera precisión: hay que reducir la flota de tal forma que arroje resultados ciertos sobre la disminución de las capturas y eliminar la flota que pesca ilegalmente y en ella incluimos -especialmente- la flota que pesca a distancia los recursos migratorios en alta mar originarios de las ZEE de los Estados ribereños sin acuerdos con éstos.
Todo esto requiere un análisis más fino; pero, cuando la propia FAO refiere a que hay un 30% de pesca ilegal, no hay duda que por el momento, el problema no está en la pesca con redes de arrastre, sino a la sobrepesca, la falta de combate a la pesca ilegal y al descarte, que no solo se hace sobre un importantísimo volumen sin control, sino que se desconoce el daño al ecosistema y, cuyas consecuencias nutricionales son gravísimas. Con 300 mil toneladas descartadas por año se podrían alimentar 3 millones de niños todos los días, todo el año, con la mejor proteína.
También habrá que evaluar destinar al consumo humano los 12 millones de toneladas capturadas que se destinan a la
fabricación de harinas para consumo animal; esfuerzo que deberían compensar los países más desarrollados.
Todo parece una cuestión de mejorar la administración pesquera a nivel mundial, entre otros, regular y controlar mejor la pesca en áreas consideradas sobreexplotadas, ya que, según la FAO, las áreas biológicamente sostenibles en 1974 alcanzaban al 90% y en el 2019 se redujeron al 64,6%; aunque, según esta misma fuente las poblaciones biológicamente sostenibles representaron el 82% de los desembarques, es decir un aumento con relación a 2017 que hace presumir una mejora en el manejo del recurso, lo que la propia FAO confirma: «las poblaciones más abundantes se gestionan de manera eficaz» (ob. cit. pág. 16); aunque para precisarlo habría que constatar, si no se esconden en estos porcentuales los descartes que, como es obvio, no llegan al desembarco. En cualquier caso, es evidente que la presión sobre el recurso aumentó y que, de los aproximadamente 45 millones de toneladas que se pescaban en 1980 con destino humano, hoy con 78 millones se captura un 75% más, solo unos 2 millones de toneladas menos que 2015.
Ante la presencia de un eventual tope en las capturas y la demanda de proteínas creciente, la pregunta que cualquier funcionario del sector se hace es: ¿cómo aumentar la producción para generar más producto, más industria y más empleo? la respuesta parecería ser aumentar la eficiencia; permitir un mayor desarrollo de las especies para capturar más gramos por unidad; agregar el mayor valor posible; buscar acuerdos entre los Estados de pabellón y ribereños para aprovechar en forma sostenible y “sustentable” las especies que migran a alta mar y, seguramente, como está ocurriendo, incrementando la
producción de acuicultura, que hoy alcanza al 50% del total mundial producido.
El ordenamiento general de ello, no alcanza con acciones individuales de los países, sino que requiere un
acuerdo internacional, que incluya el control presencial en todos los buques, de modo de garantizar que las medidas de regulación no queden en los papeles. Y estos controles, cuando se trate de alta mar, deberían ser realizados por terceros idóneos, para evitar informaciones que no se ajusten a los procesos acordados.
Ya hemos dicho, que es imposible una administración ecosistémica con la dicotomía biológica que establece la CONVEMAR donde se obliga a hacer controles en la ZEE y se libera la pesca en alta mar. Es sabido, que una administración ecosistémica va de lo global a lo particular (un área, una especie, un arte de pesca). Gestiona el ecosistema y dentro de éste, a las especies y sus interrelaciones ecológicas y alimentarias; pero también los efectos socioeconómicos vinculados a la explotación de los recursos. Ello implica, una visión integrada del manejo de las aguas y los recursos, teniendo por finalidad su
conservación y uso sostenible de modo equilibrado. Comienza por satisfacer las necesidades nutricionales, sociales y económicas de la humanidad a partir de asegurar el equilibrio del ecosistema a perpetuidad. Esto, incluye el análisis de todos los procesos, funciones e interacciones entre los componentes y recursos del ecosistema e involucra el manejo de las especies y de otros servicios y bienes ecosistémicos. No debe perderse de vista que el ser humano y sus hábitos alimentarios y culturales son componentes integrales del ecosistema, no es suficiente con suprimir los efectos negativos sino se asegura la alimentación de la población, junto con la sostenibilidad de las especies. No alcanza con asegurar una mayor sobrevida a otras especies, sino se asegura primero la sobrevida a los hombres, mujeres y niños que se alimentan de estos recursos. Solo la reducción de buques
ha producido una pérdida de 2 millones de empleos y, obvio, ello supone dificultades alimentarias.
Aunque resulte duro, no se puede esperar reducir la población humana para dar mayor sustento a las
tortugas, por ejemplo. Hay que lograr con mejores acuerdos; mayores controles; nuevas tecnologías; vedas en las áreas de reproducción; optimizando el aprovechamiento y sostenibilidad de las especies para asegurar la alimentación de una población humana que crece, junto a una regulación equilibrada del resto de las especies, para que se pueda seguir atendiendo las necesidades alimentarias de las personas, en un equilibrio biológico, donde el cuidado del resto de las especies, no obligue a controlar la natalidad humana.
En los océanos pacífico suroriental y atlántico suroccidental, el enfoque ecosistémico citado implica además tener muy en cuenta la legislación aplicable de Latinoamérica y el Caribe que da preminencia a “aspectos sociales, económicos, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales” donde, incluso, la pesca forma parte de los programas de seguridad alimentaria del país, cuyo consumo de productos pesqueros accede en promedio a los 10 Kg per cápita por año, un 50% pordebajo del consumo promedio mundial.
Cuando hay sobrepesca, incluso hasta la pesca selectiva puede ser perjudicial, ya que, al ser más eficiente este arte de pesca para hacerse de un determinado recurso objetivo, hay una mayor presión sobre el stock de ese recurso específico.
Y en estas discusiones teóricas, que muchas veces se ventilan, deberíamos poner el acento en una administración ineficiente del recurso y la falta de políticas y controles insuficientes y no perder de vista que esta actividad genera recursos económicos a los Estados, desarrollo poblacional e industrial a las regiones más inhóspitas y el empleo a 37.882.000 de pescadores, sin tener en cuenta los operarios que trabajan en la transformación, empleos indirectos; además, de los efectos saludables a los pueblos y el mantenimiento de los hábitos culturales ancestrales. La insostenibilidad ataca la actividad presente y la futura de las generaciones venideras.
El Reglamento (UE) 2019/1241 avanza en cientos de reglas técnicas, varias de ellas de singular detalle y valor, que seguramente podrán ser de aplicación inmediata, aunque entendemos que son subsidiarias frente a la necesidad de resolver
primero o en forma simultánea la sobrepesca global y la pesca ilegal. Una definición explicitada en su punto 4 del Reglamento
es elocuente: «Este marco debe contemplar la captura y el desembarque de los recursos pesqueros, así como la utilización de
los artes de pesca y la interacción de las actividades pesqueras con los ecosistemas marinos».
Las vedas deben estar monitoreadas en forma permanente para que no se transformen en Áreas Marinas
Protegidas sin sustento científico y los artes de pesca de arrastre tienen en este reglamento una serie de exigencias que deberán ser cumplidas y aún mejoradas tecnológicamente, pero la cuestión de fondo está en la sobrepesca, la pesca ilegal global y la regulación de la pesca en alta mar con activa participación de los Estados de pabellón y ribereños.
Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca – Ex Secretario de Estado
Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL)
1
Presidente de la Fundación Agustina Lerena2
Autor de “La expoliación de los recursos pesqueros migratorios de Suramérica y el Caribe” (2022).
21 de julio de 2023
(1) Fundada el 2/4/1989 (2) Fundada el 21/10/2002
Jul 17, 2023 | Columnas, Política
Por Emiliano Rodríguez* .
Buenos Aires, 15 julio (Especial de NA) — Sergio Massa, precandidato presidencial estrella de Unión por la Patria, y el oficialismo en general volvieron a jugar al fleje en los últimos días, al activar decididamente el «modo K» en el menú de opciones de la campaña electoral y redoblar su embestida contra la oposición de cara a las PASO del mes próximo.
Massa y compañía escogieron a Patricia Bullrich como blanco particular, por delante del libertario Javier Milei, lo que permite suponer -en este caso- que el economista también representa un peligro latente para el peronismo, no solo para Juntos por el Cambio (JxC), en tanto y en cuanto logre absorber a votantes desencantados con el actual Gobierno. Algunos analistas políticos, en efecto, lo venían planteando desde hace meses, antes de que estalle la polémica por la presunta venta de candidaturas en La Libertad Avanza.
De todos modos, es Bullrich quien aparece hoy en el escenario electoral como la principal destinataria de los embates del oficialismo, incluyendo una cuestionada intervención a su Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES). Esa decisión del Gobierno, a su vez, generó que los máximos referentes de JxC dejaran por un momento de lado la interna partidaria y cerraran filas en defensa de la ex ministra.
La arremetida de Unión por la Patria (UxP) contra Bullrich puede leerse como mínimo de dos maneras: por un lado, el intento de ese espacio de «subirla al ring» con vistas a las PASO y así confrontar con ella, antes que con Horacio Rodríguez Larreta, entendiendo que sería preferible para las aspiraciones de Massa competir en octubre contra un «halcón» de la oposición, en lugar de un dirigente con un perfil menos radicalizado.
En el oficialismo consideran que Massa tendría mayores probabilidades de éxito en los comicios generales frente a Bullrich que ante Rodríguez Larreta como candidato presidencial de JxC, al evaluar que el ministro de Economía y el alcalde porteño deberían salir a pescar «en la misma pecera de votantes moderados» después de las primarias y en ese caso, el dirigente opositor podría beneficiarse más con aquellos que se sienten decepcionados por el actual Gobierno -que no son pocos-.
En principio, sería ese el escenario que el peronismo intenta evitar al «subirle el precio» a Bullrich. Sin embargo, dada la vigorosidad de la embestida en su contra, en medio de una ya lanzada campaña de miedo por parte de UxP, otra lectura que podría sugerir esta situación es que el Gobierno en efecto observa en la ex ministra de Seguridad a una rival de cuidado y procura lisa y llanamente esmerilarla. Sobre todo después de la difusión de algunas encuestas sobre intención de voto que la ubican como amplia favorita frente a Rodríguez Larreta en la interna de JxC.
Es decir, podría tratarse de un acto reflejo propio de una coyuntura determinada más que de un intento de instalación de una precandidata presidencial con la que el peronismo preferiría competir el próximo 22 de octubre, una vez superada la instancia de las Primerias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) prevista para el mes que viene: el 13 de agosto.
.
«Con el cuchillo entre los dientes»
.
El propio Massa endureció su discurso en los últimos días, mientras otros referentes del oficialismo insistieron en bramar advertencias sobre «sangre y muertos» en las calles si JxC gana las elecciones de este año. «Cuando el peronismo intuye que puede perder, se te viene encima con todo. Te atacan con todo lo que tienen. Siempre ha sido así. Nosotros lo único que pedimos es que nos jueguen limpio», dijo a Noticias Argentinas una fuente bullrichista.
«Dos veces la Justicia planteó que una intervención al IEES era improcedente y ellos fueron y lo intervinieron igual, sin ningún motivo. Están jugando sucio y creemos que esta campaña sucia incluso podría incrementarse a medida que se acerque la fecha de la votación (en referencia a las PASO)», agregó. Asimismo, indicó: «A todos nuestros fiscales lo que les estamos diciendo es que se preparen para cuidar los votos con el cuchillo entre los dientes este año, porque va a estar brava la cosa».
Mientras tanto, Bullrich sigue adelante con sus recorridas, buscando robustecer especialmente a sus precandidatos en distintos partidos de la provincia de Buenos Aires. Este escenario de primarias en la mayoría de los distritos, incluyendo en aquellos en donde actualmente gobierna JxC, generó malestar puertas adentro en la alianza opositora: «A nuestros intendentes mucha gracia no les hace, pero bueno, así son las internas. Tendrán que competir», sostuvo la fuente consultada por esta agencia.
Se salvaron de poner en riesgo su continuidad en el cargo, como casos excepcionales, los jefes comunales de Vicente López, Soledad Martínez, y de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, por ejemplo: supuestamente, por su condición de «neutrales» en la disputa entre «halcones» y «palomas» del PRO. Otros dirigentes de peso dentro de JxC en el Gran Buenos Aires no corrieron la misma suerte, como Diego Valenzuela en Tres de Febrero: allí Bullrich eligió a un ex referente massista, Gustavo Spalletti, como su precandidato a intendente.
Si bien Bullrich propone al larretismo reunirse en un desayuno de camaradería el lunes 14 de agosto próximo, independientemente del resultado electoral de las PASO, para limar eventuales asperezas, aplicar cicatrizante de rápida acción a las heridas que pueda ocasionar la actual interna y afinar el lápiz para trazar una estrategia de campaña conjunta y consensuada de cara al 22 de octubre, puertas adentro en el espacio que lidera la ex ministra de Seguridad algunos magullones ocasionados durante el cierre de listas aún permanecen en vías de sanación.
Por ejemplo, existen quienes creen en filas del bullrichismo que en partidos de la primera sección electoral podría producirse en las PASO un corte de boletas en la sección local, después de que referentes distritales de ese espacio quedaran fuera de las nóminas de precandidatos por decisiones políticas. Allí, quienes se encargaron de establecer «este sí, este no», además de la propia ex ministra, fueron Sebastián García de Luca (delfín de Emilio Monzó) y Joaquín de la Torre, después de que el ex armador provincial de La Fuerza del Cambio Gerardo Milman quedara relegado en la mesa de toma de decisiones.
La provincia de Buenos Aires será nuevamente este año escenario de una batalla electoral determinante, tanto en la interna de JxC como en la posterior contienda por el poder entre la alianza opositora y UxP. Allí el kirchnerismo reunió en la boleta a sus espadas políticas estelares, incluyendo al gobernador Axel Kicillof, a Máximo Kirchner y a Eduardo «Wado» de Pedro, en busca de retener ese territorio. En octubre se espera que Massa lidere la nómina de candidatos del oficialismo, como aspirante a la Presidencia de la Nación, después de superar al militante social Juan Grabois en las PASO.
.
No más de cinco puntos de diferencia
.
Los estrategas políticos de JxC evalúan escenarios posibles allí en la Provincia, en función de los resultados de recientes encuestas sobre intención de voto. En ese sentido, consideran que en la actualidad el mandatario bonaerense luce robusto, aunque con un piso electoral bajo. Este contexto entusiasma a la coalición opositora: «A Kicillof lo tenemos en alrededor de 37 puntos y nosotros estamos en 35. Es decir, puede pasar cualquier cosa», dijo a Noticias Argentinas una fuente de PRO.
«En la provincia de Buenos Aires la variable de ajuste es el peronismo, no Juntos por el Cambio. Y ellos están con un piso bajo ahora y lo que pueda suceder en octubre va a depender mucho de cómo quede el escenario luego de las PASO», agregó. Siguiendo con esa línea de razonamiento, planteó que cuando más cerca quede JxC de Kicillof el 13 de agosto mayores serán las probabilidades de que se active el llamado «voto útil» de cara a las elecciones generales.
En el caso de abrirse esa instancia de polarización entre el gobernador bonaerense y el vencedor de la interna entre Diego Santilli y Néstor Grindetti, la candidatura de Carolina Piparo de La Libertad Avanza podría verse perjudicada, según la fuente consultada por esta agencia: «Nosotros a ella la tenemos en el orden de los 9 puntos y esos votos podrían reducirse a la mitad después de las PASO si logramos construir un escenario de confrontación mano a mano con el peronismo», evaluó.
«Para que se active el ´voto útil´ nosotros deberíamos quedar a no más de 5 puntos de Kicillof en las PASO, pero insisto, puede pasar cualquier cosa. Si llegamos a perforar el techo de 40 puntos en octubre -en la provincia de Buenos Aires- creo que tenemos grandes chances de ganar incluso la elección nacional en primera vuelta», sostuvo la fuente consultada por esta agencia. De momento, en filas de JxC, Santilli aventaja a Grindetti, aunque la performance de ambos está supeditada al rendimiento electoral que alcancen Rodríguez Larreta y Bullrich, respectivamente, en las primarias de ese espacio.
El kirchnerismo, por su parte, superpobló de dirigentes camporistas sus listas tanto en la Provincia como en la ciudad de Buenos Aires, lo que ciertamente podría constituirse en un escollo con el que Massa debería lidiar en el Congreso de la Nación si la fórmula que integra con el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, resulta victoriosa este año. Es decir, si el ministro de Economía logra convertirse en el sucesor de Alberto Fernández, ¿qué respuestas encontrarían en el Parlamento de parte de legisladores del núcleo duro K frente a proyectos relacionados eventualmente con aperturas comerciales, incentivos para atraer inversiones extranjeras o bien vinculados con el acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros?.
El propio Máximo Kirchner renunció como presidente del bloque de diputados del oficialismo, y desató así una nueva oleada de turbulencias internas en la gestión de Fernández, con motivo del pacto con el Fondo en su momento. O sea, la mirada que pueda tener Massa sobre las medidas indispensables para que el país consiga salir de la crisis, bajar la inflación, apuntalar una estabilidad económica con tendencia de crecimiento sostenida y combatir la pobreza generando trabajo genuino, por ejemplo, ¿coincide con la del kirchnerismo, con la que profesa Cristina Kirchner y su círculo estrecho? ¿El camporismo respaldará sus propuestas en el Congreso o llegado el caso jalará de la cuerda y tensará relaciones como sucedió con el hijo de la vicepresidenta?.
De momento, Massa y el oficialismo en general se permitieron «celebrar» que la inflación se desaceleró por tercer mes consecutivo, al ubicarse en 6 por ciento en junio pasado, para un acumulado anual de ¡115,6%!, mientras juega al fleje con sus chicanas hacia la oposición y levanta día tras día su perfil: más que titular del Palacio de Hacienda y precandidato presidencial, ya luce casi convertido en una suerte de «primer ministro» del maltrecho gobierno de Fernández de cara a las PASO.
(*) – Director periodístico de la agencia Noticias Argentinas (NA); erodriguez@noticiasargentinas.com.ar; TW: @efrodriguez012.
Primicias Rurales
