La segunda obra social más grande del país atraviesa una emergencia sanitaria sin precedentes, marcada por la suspensión de cirugías, falta de insumos básicos y el corte de servicios en clínicas clave.
Miles de afiliados quedan a la deriva mientras la justicia acumula amparos y la oposición exige auditorías urgentes ante denuncias de corrupción y desfinanciamiento. Un sistema en terapia intensiva.
Buenos Aires, martes 21 abril (PR/26) — El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) enfrenta su hora más crítica. Lo que comenzó como demoras administrativas se ha transformado en un colapso logístico y financiero que afecta a más de dos millones de bonaerenses.
En puntos neurálgicos como La Plata y Mar del Plata, la red de prestadores se ha desgranado, dejando a los pacientes sin acceso a consultas básicas, tratamientos oncológicos o cirugías programadas.
La gestión de Homero Giles se encuentra bajo la lupa debido a la interrupción de la cadena de pagos con colegios de farmacéuticos y asociaciones médicas. Esta situación ha derivado en la suspensión de la entrega de medicamentos para enfermedades crónicas, insumos para diabéticos y pañales, obligando a los afiliados a costear de su bolsillo prestaciones que deberían tener cobertura total.
Homero Giles
¿La afiliación es obligatoria?
Uno de los puntos de mayor fricción es la naturaleza de la afiliación. Para los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, el aporte a IOMA es obligatorio. Esta «población cautiva» sostiene el sistema solidario, aunque en la práctica muchos agentes estatales terminan contratando una segunda cobertura privada ante la ineficacia de la estatal.
No obstante, el descontento ha escalado al plano legislativo: varios municipios bonaerenses han comenzado a votar ordenanzas para eliminar la obligatoriedad, permitiendo que sus empleados elijan libremente su prestador de salud, rompiendo así el monopolio que el Instituto mantuvo durante décadas.
Protesta médicos platenses
Lluvia de amparos y denuncias judiciales
La falta de respuestas ha trasladado el conflicto a los tribunales. IOMA enfrenta una catarata de juicios y recursos de amparo presentados por afiliados que exigen la continuidad de sus tratamientos.
La justicia ha tenido que intervenir en repetidas ocasiones para ordenar la provisión de fármacos oncológicos y prótesis, ante la negativa o demora de la obra social basada en auditorías internas o falta de presupuesto.
A esto se suman las denuncias por presunta corrupción y falta de transparencia.
Diputados provinciales han solicitado la interpelación de las autoridades y exigen una auditoría externa para determinar el destino de los millonarios fondos que recibe el organismo, mientras los prestadores de discapacidad denuncian atrasos de hasta ocho meses en sus honorarios.
El modelo de gestión en disputa
Mientras la oposición impulsa la declaración de emergencia sanitaria y económica, la conducción de IOMA apuesta por un modelo de centros propios y policonsultorios, prescindiendo de intermediarios como federaciones médicas.
Sin embargo, para los usuarios, esta reconfiguración sólo ha traído turnos lejanos y cartillas reducidas, profundizando una crisis que parece no haber encontrado aún su piso.
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