Un informe privado advierte que los beneficios impositivos otorgados generarán una fuerte renuncia fiscal, beneficiando principalmente a proyectos que ya estaban planificados.
Buenos Aires, lunes 18 de mayo (NA) — El costo fiscal del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) alcanzaría, en un escenario base, los US$1.069 millones anuales, según reflejó un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
El reporte expuso que, una vez que los proyectos aprobados entren en fase operativa, la renuncia recaudatoria del Estado oscilará en un rango de US$786 a US$1.395 millones, según el nivel de exportaciones alcanzado.
¿Qué es el RIGI?
Para entender el impacto de estos números, es fundamental saber qué es el RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones). Se trata de un marco legal, aprobado por el Congreso, diseñado para atraer capitales millonarios, tanto nacionales como extranjeros, a sectores estratégicos como minería, energía e infraestructura. A cambio de estas inversiones, el Estado les otorga a las empresas estabilidad jurídica y beneficios extraordinarios en tres áreas clave: fiscal (pagan menos impuestos), aduanera (no pagan aranceles por importar o exportar) y cambiaria (libertad para manejar las divisas).
Los ejes del costo fiscal
El análisis del CEPA destacó que el componente de mayor peso, en la pérdida de recaudación, es el diferencial en el Impuesto a las Ganancias, que genera una renuncia de US$545 millones anuales. Mientras el régimen general para sociedades es del 35%, el RIGI lo reduce al 25%, e, incluso, al 15% bajo el nuevo «SuperRIGI«.
Otros beneficios que componen el costo fiscal incluyen:
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Derechos de exportación resignados: representan unos US$107 millones anuales, afectando, principalmente, a la minería de litio y plata.
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Exención de aranceles de importación: los vehículos de proyecto no pagan impuestos por ingresar bienes de capital, e insumos.
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Fase de construcción: entre 2025 y 2028, se estima un costo de US$430 millones por año, concentrado en la devolución de IVA, y exenciones aduaneras.
Frente a estas estimaciones, el Ejecutivo sostiene, en sus informes ante el Congreso, que «no hay afectación al equilibrio fiscal«. El argumento oficial es que el Presupuesto «no contempla ingresos provenientes de las actividades económicas generadas en el marco del RIGI«, con lo cual, según el Gobierno, no hay afectación alguna al equilibrio fiscal.
El rol dominante de YPF
A la fecha, el Estado Nacional ha aprobado 12 proyectos bajo este régimen, los cuales suman una inversión comprometida de US$26.680 millones. Estas iniciativas abarcan sectores estratégicos como hidrocarburos, minería (litio, cobre, oro y plata), energías renovables, siderurgia, e infraestructura.
YPF es el actor central del esquema. La compañía de bandera tiene participación directa, o protagónica, en proyectos que concentran el 68,5% de la inversión total aprobada, lo que equivale a US$18.267 millones. Entre estos, se destacan el oleoducto Vaca Muerta Sur, y la planta de licuefacción de GNL impulsada por Southern Energy.
¿Inversiones nuevas o beneficios a proyectos existentes?
El informe de CEPA, difundido por la Agencia Noticias Argentinas, cuestionó la efectividad del RIGI para atraer capitales genuinamente nuevos. Según el relevamiento, al menos 7 de los 12 proyectos aprobados ya habían sido anunciados, o contaban con avances significativos, antes de la sanción de la Ley Bases.
Casos como el parque solar El Quemado, el proyecto Rincón de Litio de Río Tinto, o el yacimiento Los Azules, ya estaban en carpeta, o en etapa de evaluación técnica, mucho antes de la existencia del régimen.
Al respecto, desde CEPA indicaron que “esto sugiere que el RIGI no está generando, necesariamente, inversiones nuevas, sino otorgando beneficios fiscales, aduaneros, y cambiarios extraordinarios, a proyectos que, probablemente, se hubieran desarrollado de todos modos”.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas (NA).
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