Jubilarse a los 70 años: ¿lo que viene en la Argentina?

Jubilarse a los 70 años: ¿lo que viene en la Argentina?

Europa está elevando la edad jubilatoria por la suba en la expectativa de vida y sistemas previsionales insostenibles. Pero cada vez hay más protestas.
Una de las habituales protestas de jubilados frente el Congreso para reclamar por sus haberes.
Foto: Agencia Noticias Argentinas / Mariano Sánchez

En la actualidad, la edad jubilatoria en Dinamarca es de 67 años. Cada cinco vuelve a subir: será de 68 en 2030 y de 69 en 2035.

En la Argentina aún se está lejos de avanzar en ese debate. Las protestas que se repiten cada miércoles por los haberes paupérrimos que perciben los jubilados, son solo la punta del iceberg de un sistema previsional que hace décadas se viene desmoronando.

Tal vez el golpe de gracia se lo dio la decisión de jubilar a millones de personas en muchos casos sin haber aportado nunca al sistema, lo que incrementó la presión presupuestaria y explicó buena parte del desequilibrio de las cuentas, la emisión monetaria sin freno y una inflación que viene galopando con fuerza desde hace tiempo.

El presidente Javie Milei ya aclaró que antes de avanzar con una reforma jubilatoria, es necesario poner sobre la mesa cambios en las leyes laborales, para crear incentivos destinados a que las empresas tomen gente.

La reforma laboral es la más reclamada por el sector empresarial. Las empresas advierten que la ley del Trabajo vigente fue pensada para estructuras productivas y modalidades de trabajo perimidas. 

Consideran que se debe avanzar en una flexibilización en todos los niveles de la relación entre empresas y trabajadores.

Eso incluye horarios, tareas, modalidades de labores. Los informes que circulan hacen hincapié en la necesidad de que se flexibilice el mercado laboral para negociar salarios y las relaciones de trabajo. 

Un proyecto del oficialismo propone modificar la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) para reducir la intervención estatal en acuerdos privados, incluso eliminando la homologación obligatoria de paritarias.

También contempla volver optativo el pago de la cuota solidaria a los sindicatos, obligar a que elijan autoridades con elecciones periódicas y supervisadas, y aplicar convenios específicos por actividad.

Reforma previsional

Milei prometió al FMI presentar una propuesta de reforma previsional antes de diciembre de 2026, en el marco del acuerdo que le permitió conseguir USD 20.000 millones. 

Para algunos analistas, el Gobierno debería acelerar con los cambios de fondo. El titular del instituto IDESA, Jorge Colina, recordó que estas transformaciones están incluidas en el acta de Mayo, firmada hace un año por casi todos los gobernadores.

«Allí se incluyó la reforma tributaria, la eliminación de la coparticipación, una reforma laboral y previsional, la apertura al mundo y la promoción de las provincias que desarrollen sus recursos naturales», señala Colina.

Laura Caullo, de Fundación Mediterránea, considera que algunas alternativas que podría incluir la reforma previsional serían las escalas progresivas en los beneficios de la PUAM, según los años de aporte, eliminación de regímenes especiales y revisión de pensiones duplicadas, entre otros temas centrales.

Una de las preguntas que empieza a sonar en círculos empresariales es si el sistema de reparto, al que se volvió en noviembre de 2008 tras el fracaso del sistema de AFJP -terminaron siendo acusadas de malversar la plata de los aportantes y cobraban comisiones siderales-, podría transformarse en un esquema mixto.

“El sistema de reparto está en crisis en la Argentina. La expectativa de vida ha crecido, pero tambien baja el ritmo de la natalidad. Esto es un modelo mundial que se replica aquí y genera mucha incertidumbre sobre el futuro de cada aportante”, explicó Jacqueline Maubré, directora de Pension & Benefits de la planificadora de fondos Criteria.

En declaraciones a Noticias Argentinas, señaló que «los sistemas de capitalización individual son insuficientes y trasladan su crisis a las personas. En este cambio de época, y ante un escenario insostenible, proponemos salir de un sistema actual de Beneficio definido a uno de Contribución definida”.

La especialista dijo que la Argentina tiene en una expectativa de vida de 77,5 años pero a la vez existe un promedio de natalidad muy bajo, de 1,4 por mujer, cuando debería estar en 2,1 para pensar en un sistema previsional más sostenible.

En la actualidad las personas que superan los 65 años ya representan el 12,4% de la población total, y su participación sigue creciendo.

En 1991, en el país, solo alcanzaba al 2% de la población los que superaban esa edad, lo cual refleja una enorme “envejecimiento poblacional”.

Maubré dijo que desde Criteria se propone que empresas y empleados apunten a un “plan de ahorro compartido, donde cada uno destine, por ejemplo, un porcentual de su salario para activar un efecto de ahorro que favorecería a los empleados y a las empresas”.

«Los trabajadores tendrían un acceso a una renta más segura a futuro, y las empresas podrían captar nuevos talentos y sostenerlos más tiempo. Hoy las compañías sufren una estadística que habla de que el 60% de los empleados busca cambiar de trabajo en los próximos 12 meses”, reveló.

El planteo es que este ahorro compartido “se coloque en inversiones productivas y se dispongan reglas de común acuerdo de porcentaje y tiempo de duración, que no impidan que el empleado pueda disponer del dinero cuando lo desee”.

El deterioro de los haberes previsionales

El haber medio de los jubilados sufrió una pérdida del poder adquisitivo del 25% entre diciembre de 2024 y el mismo mes del 2021, según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).

Además, los jubilados y pensionados que cobran la mínima perdieron 28% de poder adquisitivo entre 2017 y 2025.

Para el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en 2024 el ingreso del jubilado con la mínima y bono registró una caída real del 5,4%.

La razón: el bono se mantuvo en un valor fijo de $70.000. 

Esto llevó a que se desvalorice mes a mes, siendo más importante la pérdida por esta vía que la suba del componente haber.

La expectativa es que este deterioro empiece a ceder a partir de una inflación más estable.

Primicias Rurales

Fuente: Noticias Argentinas

Ahuyentar el fantasma de agosto 2019, la consigna de 2025

Ahuyentar el fantasma de agosto 2019, la consigna de 2025

Por Jorge Vasconcelos

Buenos Aires, lunes 26 mayo (PR/25) — En la segunda parte de su gestión, el gobierno del ex presidente Macri se enfrentó a una severa crisis de confianza, con pérdida de reservas y presiones devaluatorias, que terminaron en el rediseño de políticas tras un acuerdo con el FMI, contra un desembolso muy significativo, decisiones adoptadas a mediados de 2018.

El programa logró encarrilar en cierto modo la economía pero, por su diseño y por las “condiciones heredadas” (del gobierno que terminó a fin de 2015 y de los dos primeros años de la propia gestión Macri), la evolución del nivel de actividad fue muy pausada y el poder adquisitivo de los salarios demoró demasiado en recuperarse. En agosto de 2019, el resultado de las PASO catalizó la “profecía autocumplida” del retorno de los cepos, con los resultados ya conocidos.

En 17 meses, a partir de febrero de 2018 y hasta julio de 2019,  en su medición desestacionalizada, el PIB demoró nueve meses en llegar al piso de ese ciclo (6,6% por debajo del nivel base), y desde ese momento recuperó  apenas un 2,8% acumulado en ocho meses hasta julio de 2019. En ese último mes, el PIB todavía se encontraba un 4% por debajo del punto de partida (febrero de 2018). 

Las cifras descriptas contrastan con la evolución del PIB registrada en los 17 meses que van desde noviembre 2023 al presente:  al piso de este ciclo se llegó más rápido, hacia abril de 2024, mientras que el rebote fue más pronunciado, de un 7,7% estimado hasta abril de 2025. Aunque las etapas de caída y recuperación tuvieron distinta duración en esta última experiencia en relación a 2018/19, lo cierto es que, en el caso actual, el PIB estimado para abril se ubica un 3,7% por encima del punto de partida, en noviembre de 2023. Hay una diferencia de 7,7 puntos porcentuales entre la variación positiva de los 17 meses hasta abril de 2025 y la caída que se había registrado hasta julio de 2019, de 4%.

Simplificando al extremo, la comparación de la evolución del PIB entre el ciclo de 2018/19 y el actual se resume en lo que ocurre con los salarios del sector privado formal, medidos en dólares a tipo de cambio oficial. El gobierno de Milei heredó una economía con una inflación desbocada, claramente atribuible a la gestión anterior, pero el combo incluía también una macro enredada en cepos al cambio y al comercio exterior, sin entrada de capitales más allá del financiamiento “forzoso” que hacían los proveedores de bienes y servicios del exterior al estar cupificados los pagos en divisas. 

Por la alta inflación y por los menguados flujos de capitales, el salario en noviembre de 2023 se ubicaba en 1316  dólares, un 26% por debajo de febrero de 2018, cuando ese guarismo había alcanzado los 1776 dólares. El salario de principios de 2018 todavía reflejaba la apreciación del peso generada por el mix de políticas de aquella gestión, y de un marco externo propicio para fuertes entradas de capitales (que se interrumpió bruscamente poco tiempo después).

Por esa diferencia de contexto, incluido el factor político por el que la población percibía como insostenible la situación de fin de 2023, aun partiendo de un nivel que ya era 26% inferior, el ajuste del salario en dólares ocurrió más rápido, con un piso localizado en enero de 2024, y porcentualmente fue algo mayor, comparado con la experiencia de 2018. 

Sin embargo, la gran diferencia con 2018/19 es que, desde febrero de 2024, al salario en dólares tiene una trayectoria de recuperación gradual, pero sostenida, en el mes a mes, y los últimos datos de 2025 muestran que las remuneraciones hoy se encuentran sólo 3,1% por debajo del nivel de noviembre de 2023. Esta dinámica también puede interpretarse en “clave electoral”. Aunque los comicios de 2025 impliquen renovaciones en el plano legislativo, la decisión del gobierno de “nacionalizar” las campañas se apoya en la dinámica descripta, de un panorama todavía complicado en la economía, pero con tendencias positivas en la comparación con el pasado reciente.

A julio de 2019, semanas antes de perder las PASO, la macro del gobierno de entonces convivía con un salario en dólares que no era muy diferente del actual, pero era 28,6% inferior al de febrero de 2018, pico alcanzado dentro de ese mismo período presidencial.

La naturaleza del ajuste de principios de 2024, centrado en la eliminación del déficit fiscal, cambió las expectativas, atenuando la contracción de la demanda por el cambio de mix entre ahorro y consumo del sector privado, con una tasa de ahorro que pasó de 20,7% a 16% del PIB entre 2023 y 2024. La variable de ajuste fue la inversión, que se achicó de 18,6% a 15,8% del PIB, con “exportaciones netas” que hicieron una contribución positiva a la variación del PIB de 7,5 puntos porcentuales (el aporte del campo, al dejarse atrás la sequía, fue muy significativo), mientras que el stock de financiamiento de las importaciones (crédito comercial externo) siguió elevado, pero ahora con mucho menor componente “forzado”, comparado con 2023.

El conjunto de factores reseñados explican por qué, el “ajuste externo” de 4,2 puntos del PIB, logrado en 2024, tuviera un costo relativamente contenido en términos de nivel de actividad, dado que la caída del PIB terminó siendo de  1,7%, respecto de 2023. Cabe precisar que, por ajuste externo nos referimos al hecho que la cuenta corriente del balance de pagos pasara de un saldo negativo de 3,2% en 2023 a positivo por 1% del PIB en 2024.

Ahora bien, es sabido que la corrección de los saldos en el balance del comercio exterior de bienes y servicios ocurre a mucho mayor velocidad por el lado de las importaciones que de las exportaciones. A su vez, la dinámica importadora, en ausencia de cepos al comercio exterior, resulta muy sensible al nivel del tipo de cambio real.

Si la dinámica del PIB y de los salarios en dólares del ciclo que arrancó con el cambio de gobierno a fin de 2023 marca una recuperación sostenida luego del bache inicial, corresponde también constatar su impacto en la evolución de las cuentas externas.

Desde el piso registrado en abril de 2024, en los doce meses hasta abril de 2025, la variación acumulada del PIB puede estimarse en 7,7% (falta el dato oficial del último mes), y a ese guarismo se corresponde, para igual período, un incremento de 38,5% en las importaciones no energéticas, que pasaron de  4,5  a  6,2   mil  millones de dólares/mes. Así, por cada punto de recuperación del PIB se tienen 5 puntos de variación de las importaciones no energéticas, cuando “en régimen”, ese ratio es de 3 a 1. Y la política cambiaria después de los anuncios del 11 de abril mantiene un sesgo en línea con un precio del dólar que se ubique por debajo del punto medio de las bandas de intervención (ver al respecto: “Todo subordinado a llevar la inflación por debajo del 2% mensual”, publicado el 19 de mayo pasado).

En el “staff report” difundido en abril por el FMI se prevé para 2025 un déficit de la cuenta corriente del balance de pagos de 2,7 mil millones, cifra muy contenida que, con un razonable ingreso de capitales, permitiría al mismo tiempo acumular reservas en el Banco Central y financiar el exceso de importaciones sobre exportaciones. Sin embargo, esas estimaciones parecen pecar de optimistas respecto a la performance del sector externo. El déficit esperado de 2,7 mil millones se desagrega en un superávit de 18,4  mil millones para el balance de bienes, un rojo de 9,8 mil millones en la cuenta de servicios reales (incluye turismo) y uno de 11,3 mil millones en servicios financieros. 

Los datos de los cuatro primeros meses del año apuntan a una fuerte corrección a la baja del superávit de comercio de bienes y al alza en el rojo de la cuenta de servicios reales que incluye turismo. En proyecciones de principios de año, estimábamos el déficit de la cuenta corriente para 2025 en unos 8 mil millones de dólares, pero al ritmo actual seguramente habrá que hacer correcciones al alza. Obsérvese que en el primer cuatrimestre de 2024 el superávit comercial de bienes fue, en promedio, de 1560 millones de dólares, mientras que en lo que va de 2025 ese saldo se ha recortado a 316 millones de dólares/mes.

Un incremento del déficit de las cuentas externas no anticipa una crisis. Las cifras pueden ser manejables, sólo que exigen una macro que atraiga crecientes influjos de capital (inversión extranjera directa) para sostener el andamiaje. El punto está en que faltan etapas por cumplir en el levantamiento del cepo (restan personas jurídicas) y que los requerimientos de refinanciación de la deuda externa promedian los 15 mil millones/año hasta 2027, sólo considerando los vencimientos de capital, lo cual requiere una prima de riesgo país bastante por debajo de la actual. Por lo tanto, desde la “economía política” del presente, el empalme hacia la “política económica” del futuro debería ser lo menos traumático posible. 

Primicias Rurales

Fuente: Fundación Mediterránea – Novedades Económicas

Los productores agropecuarios son un problema para el “laboratorio social” llamado Argentina

Los productores agropecuarios son un problema para el “laboratorio social” llamado Argentina

Por Ezequiel Tambornini

Buenos Aires, domingo 25 mayo (PR/25) —  Es evidente que existe un problema de comunicación entre el gobierno de Javier Milei y el agro argentino.

El gobierno, tal como manifiestan los indoctos y maleducados integrantes de la granja de trolls mileístas en redes sociales, cree que los productores lo atacan cuando piden la eliminación de los derechos de exportación, cuando no es el caso, porque la gran mayoría apoya el proceso de ordenamiento macroeconómico que se está instrumentando.

El pedido, en realidad, es un consejo –hasta un consejo de amigo, podríamos decir– porque los productores saben mejor que nadie que sin el robo de las retenciones tendrían recursos suficientes para expandir el área agrícola, aumentar la inversión tecnológica, incrementar la producción y solucionar en apenas un año la restricción de divisas que arrastra el país hace más de una década.

Sin embargo, el ninguneo constante y el disimulado (y a veces no tanto) desprecio que muestra el gobierno hacia el campo se asemeja cada vez más al acervo cultural del kirchnerismo, lo que muestra, quizás, que la conducta en cuestión no es producto de una u otra facción, sino el resultado de un problema sistémico.

Para un observador externo puede resultar extraño que exista tanta saña contra el sector que es responsable de generar la mayor parte de las divisas genuinas que abastecen a la economía nacional. La situación es comparable a la de un grupo de empleados que todos los días insultan y escupen al jefe que les paga el sueldo.

Mientras que en las naciones vecinas –incluso en aquellos que tienen muchos menos recursos que la Argentina– el agro es considerado como un factor de desarrollo social y económico, además de un actor esencial para proteger la soberanía territorial, en el país de Milei y Cristina el campo queda relegado a una mera “caja” de recursos tributarios y cambiarios.

La única manera de comprender tamaña anomalía es deshacernos de todos los preconceptos que aprendimos en la escuela para tomar finalmente conciencia de que no vivimos en un país, sino en un “laboratorio” que opera como módulo de prueba de múltiples iniciativas.

Los argentinos, es decir, los ratones de este particular laboratorio soportamos un corralito bancario implementado en una recesión, creamos un salario básico universal (aunque no lo llamemos de esa manera) y sufrimos una restricción brutal de las libertades individuales que se extendió durante casi dos años, entre otros experimentos.

Los ensayos realizados en el laboratorio requieren que todos los ratones se queden dentro del módulo designado al momento de instrumentar los experimentos; si algunos se escapan, no sólo se complica la operatividad de las pruebas, sino que además se ofrece un incentivo poco apropiado al resto de los sujetos experimentales.

En ese esquema, los empresarios agropecuarios son un estorbo, porque producen bienes biológicos que, además de regenerarse año tras año, constituyen un activo que, por su naturaleza, tiene mayor entidad económica y cambiaria que la propia moneda nacional. La divisa de la argentina es la soja.

Los productores agropecuarios, en definitiva, son los únicos ciudadanos libres que habitan el suelo argentino. Los únicos ratones que tienen lo indispensable para poder vivir fuera de la jaula.

El conflicto registrado en 2008 demostró que las acciones directas diseñadas para exterminarlos resultaron contraproducentes. Lo mejor es “cocinarlos” a fuego lento y mantenerlos vivos con lo justo, para que tengan que emplear todo el tiempo disponible en pensar cómo sobrevivir otro año más, de manera tal que aporten recursos para la causa y no tengan recursos ni ánimo suficientes para arruinar el próximo experimento social. Sólo es cuestión de tiempo saber cuál será.

Primicias Rurales

Fuente: Bichos de Campo

Por ahora, el mercado «no la ve»: al menos hasta las elecciones la del colchón no se toca

Por ahora, el mercado «no la ve»: al menos hasta las elecciones la del colchón no se toca

Al virtual blanqueo lanzado por el Gobierno con gran expectativa le juega en contra la sinuosa historia económica argentina.

Por José Calero

Buenos Aires, domingo 25 mayo (PR/25) — El “Plan Colchón” ya fue presentado en sociedad con el objetivo de intentar, una vez más, que los argentinos empiecen a superar décadas de desconfianza y saquen el “canuto” de las cajas de seguridad.

Es una histórica aspiración de los sucesivos gobiernos del país que casi siempre chocó con los propios errores de esas administraciones que terminaban conspirando contra la confianza solicitada a los ahorristas.

Inflación, descalabro fiscal y endeudamiento significaron un cóctel demoledor para cualquier política destinada a que aparezcan los dólares en una Argentina que es el segundo país con más billetes norteamericanos per cápita, después de Rusia.  

La Argentina es, desde hace décadas, una economía bimonetaria, donde se ahorra en dólares ante la pérdida de valor del peso.

Pero el plan Caputo trae novedades: en lugar de advertir con penalizaciones a quienes tienen la plata fuera del sistema, el Estado les dice: “Usala como quieras, que nadie te va a molestar”.

“Esto es un cambio de régimen”, explicó el ministro Caputo.

Si bien el ministro de Economía se rehusó a dar cifras sobre la cantidad de dólares que se espera salgan de los colchones, en el mercado creen que hasta las elecciones de octubre serán montos marginales, pero que el escenario podría cambiar en caso de que los libertarios logren ratificar su poder en las urnas.

Analistas arriesgan que en ese caso podrían usarse unos US$ 10.000 millones para comprar propiedades, vehículos, electrodomésticos y viajes al exterior.

Si así fuera, representaría el ingreso al Fisco de unos $2 billones, claves para apuntalar la recaudación.

Caputo y su equipo dicen apuntar a un «cambio de régimen» que pase de un sistema punitivo donde todo el mundo está bajo sospecha, a otro donde sea el fiscalizador el que deba demostrar que el contribuyente cometió un delito tributario.

Para el Gobierno, lo que viene forma parte de la «batalla cultural» para cambiar décadas de sinsabores para los ahorristas argentinos.

«Si queremos que la gente nos crea, primero el Estado tiene que creer en la gente», sostiene el ministro de Economía.

Por eso, con el «Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos», el Gobierno buscará que millones de ciudadanos utilicen en la formalidad miles de millones de dólares que están fuera del sistema.

El plan incluye un decreto para terminar con los «controles absurdos» y un proyecto de ley para «blindar a los argentinos» a futuro, con el fin de que no sean «perseguidos» por Impositiva.

Los controles terminan ya mismo, pero el proyecto de ley deberá tener un recorrido por un Congreso que hasta ahora se ha mostrado refractario a varias de las iniciativas oficiales.

«Se busca atraer a los argentinos de bien a la formalidad», dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni. Y Caputo sostuvo que se busca darle a la gente «la libertad de manejar sus ahorros».

Desde la óptica oficial, el Gobierno debe volver a confiar en la gente para recuperar la confianza y que el dinero circule libremente, y dejar de tratarla como «criminales por default».

«Tenemos que hacer que el Estado respete una verdad elemental. Tus dólares, tu decisión, lo tuyo es tuyo y podés hacer lo que quieras con esa plata», reforzó el vocero presidencial. Y señaló que «los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario».

Por las dudas, el portavoz advirtió, no obstante, que el Gobierno «no retrocederá ni un milímetro en la batalla contra el crimen organizado».

El Gobierno necesita ahora que el proyecto de ley para modificar las penas tributarias prospere en el Congreso. Y Caputo -ya metido en la campaña electoral rumbo a octubre- dijo que la forma más directa de que eso ocurra es «votando bien».

«Es un proceso. Nuestro objetivo es devolverle la libertad a la gente. ¿Qué pasa si viene una administración futura, como ya ha pasado, a dar vueltas lo que hizo un gobierno pasado? Bueno, para eso es la ley que se va a estar mandando, para blindar a los ciudadanos contra eventuales futuras administraciones que quieran nuevamente perseguir y revisar el pasado de gente que se adhirió al sistema que se está implementando», dijo el ministro.

Por eso, esta primera etapa incluirá todo lo que el Poder Ejecutivo puede hacer y está a su alcance en el marco de la ley vigente. Se trata de un decreto y diversas reglamentaciones posteriores.

En la segunda instancia se definirá lo que puede marcar el éxito o el fracaso de la iniciativa. El proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de aquí al futuro.

Es decir, que si un gobierno de signo contrario llega al poder en el futuro, tenga mayores dificultades para revertir este proceso.

Para transmitir tranquilidad, el jefe de la agencia ARCA, Juan Pazo, dijo que al simplificar la información que los contribuyentes deben entregar al Fisco, se busca darles mayor tranquilidad. «No se puede filtrar información que no vamos a tener», dijo.

De todas formas, Caputo pareció sugerir que mientras la administración libertaria esté en el poder, los contribuyentes no tendrán por qué preocuparse.

Explicó que la desregulación de los regímenes de información entra en vigencia ya mismo.

«Esto entra en vigencia a partir del 1 de junio. Son diferentes medidas. Una que es para todos los ciudadanos, que son los nuevos umbrales y la desregulación de información hacia ARCA. Lo de la ley es algo que se hace para blindar a administraciones futuras», explicó el ministro de Economía.

Adorni, en tanto, sostuvo que «el objetivo del Estado ya no será perseguir al argentino de bien, que se parte el lomo trabajando y logra ahorrar. Los esfuerzos estarán puestos en perseguir a los narcotraficantes y criminales que ven el delito como una forma de vida».

«Tenemos que hacer un cambio de chip para que el Estado respete una verdad elemental: lo tuyo es tuyo y podés gastarlo y usarlo como quieras, sin tener que andar demostrando a cada rato de dónde lo sacaste», señaló el vocero presidencial Manuel Adorni, al afirmar que «los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario».

Primicias Rurales

Fuente: Noticias Argentinas

Dólar colchón, el primer paso

Dólar colchón, el primer paso

Por Marcos Victorica, economista y CEO de BAS Storage
Buenos Aires, viernes 23 mayo (PR/25) — Más del 80% de la población global convive con la informalidad económica. Números de este calibre reflejan la desconfianza de la sociedad moderna frente a un edificio institucional que perjudica más de lo que favorece, y empuja a la ciudadanía a mantener su economía fuera de los registros oficiales.
Ante este panorama, realizar un diagnóstico correcto es crucial para comenzar a desandar un camino que solo puede conducir al fracaso.
 
Que la economía informal constituye una realidad que engloba a la sociedad en su conjunto es una afirmación más que comprobable. No se trata de abordar la cuestión únicamente a partir de las decisiones individuales de los ciudadanos, sino de comprender cómo la maquinaria informal impacta directamente en el desarrollo nacional. Siguiendo esta línea, buscar culpables entre quienes se resguardan en la informalidad para proteger sus finanzas personales sería un grave error. Es necesario ampliar las miras y reconocer que hay un sistema que no ofrece garantías ni logra convencer.
A partir de 1945, con el crecimiento de la inflación, la informalidad en la Argentina ascendió a niveles cercanos al 50%. Desde ese entonces, nunca más bajó. Ahora bien, para comprender este fenómeno puede ser útil incorporar el concepto anglosajón compassion. Este difiere en un aspecto central de su equivalente más cercano al español, compasión: no hace referencia a la pena que se siente por alguien que atraviesa una mala situación, sino que invita a la empatía, a ponerse en el lugar del otro.
Cuando la corrupción, la inflación y la inestabilidad son moneda corriente, los ciudadanos concluyen que el dinero que aportan mediante impuestos no se traduce en mejoras sociales.
De esta manera, utilizan la informalidad como un mecanismo de defensa personal.
En la misma línea, situaciones como el boicot parlamentario a Ficha Limpia abonan a la desconfianza generalizada. Si no es posible garantizar seguridad jurídica, tampoco es posible garantizar seguridad económica.
El siglo XXI demuestra que la frase “achicar el estado es agrandar la nación” es hoy más cierta que nunca, pero es difícil que la nación crezca si dejamos que la manejen los mismos de siempre.
Pero la falta de compassion no es solo patrimonio argentino: la proliferación de diagnósticos errados derivó en la creación de una burocracia internacional encargada de imponer regulaciones antilavado basadas en supuestos desacertados.
El surgimiento de esta fobia se justificó en el combate al terrorismo y al narcotráfico, y ha resultado inconsistente como estrategia contra ambas problemáticas. Los atentados terroristas no dependen de la financiación ni tienen costos significativos, como probó la investigación del ataque a las Torres Gemelas; mientras que el narcotráfico desde Latinoamérica es de USD 15.000 millones anuales, pero el consumo interno en Estados Unidos es de USD 250.000 millones. Cada año cierran miles de cuentas bancarias de latinos, pero nadie se ocupa de la montaña de narcodólares que circula diariamente en EE.UU.
Recientemente Javier Milei reparó en las diferencias que existen entre la informalidad a la que recurren quienes desean proteger sus finanazas de las fallas del sistema, y la informalidad en la que se escudan las actividades ilícitas. Correctamente, el Presidente señaló que el delito debe ser combatido mediante las fuerzas de Seguridad, y no con regulaciones económicas que afectan al ciudadano promedio. Efectivamente, las posiciones del Anti-Money Laundering son incompatibles con la realidad que vive tres cuartas partes del mundo, y la posición del Gobierno argentino ayudará a derribar el primer ladrillo de este Muro de Berlín. El propio Donald Trumpfrente a un auditorio repleto de inversores y empresarios árabes en Riadha dejado claro que su gobierno pretende abandonar las “lecciones sobre cómo vivir” dirigidas hacia otros países.
Este tipo de prejuicios nublan la visión de las causas reales del problema, e imposibilitan tomar las medidas necesarias contra el verdadero dilema: la informalidad como respuesta a una distorsión institucional severa. En efecto, es primordial atacar la fuente de la informalidad, que no es otra sino la desconfianza. Para esto, la solución es generar incentivos que inviten a ingresar al sistema formal y salir de los márgenes.
En este sentido, la actualidad argentina presenta algunas muestras de mejora que permiten pensar en avances a corto, largo y mediano plazo.
El Gobierno implementó una serie de medidas tendientes a promover el ingreso del dinero resguardado informalmente a la economía formal, sin castigar a quien hasta ahora eligió no hacerlo.
Milei insistió en que el principal objetivo es que los argentinos “puedan sacar sus ahorros sin que los persiga el Estado”. Esta iniciativa representa un paso interesante para acabar con la problemática de la informalidad, pero hay un elemento que es condición necesaria para desterrarla: el créditoCon tasas razonables, la gente va a pagar impuestos para poder demostrar ingresos sin necesidad de que se los persigaEl principal incentivo para blanquear los ingresos siempre será el acceso al crédito. Quien no lo vea, seguirá incurriendo en diagnósticos erróneos y el cuento de nunca acabar continuará sonando.
Primicias Rurales
El efecto “góndola vacía” que llegó al mercado de campos y mueve las operaciones

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