Jun 16, 2026 | Actualidad, Animales, Economía / Economía del Agro
El sector lanero argentino consolida su recuperación en los mercados internacionales con un fuerte crecimiento en valor y volumen.
Buenos Aires, martes 16 junio (PR/26) — La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que las exportaciones de lana sumaron 149,5 millones de dólares durante el período julio-abril de la zafra 2025/2026.
Este ingreso de divisas representa un crecimiento del 57% respecto al mismo período del año pasado, impulsado por una evolución positiva y sostenida en toda la cadena lanera argentina.
El incremento también se reflejó en el volumen total exportado, el cual alcanzó las 31.825 toneladas, marcando un alza del 23,5% en comparación con la zafra 2024/2025.
Un dato clave de este ciclo es la reconfiguración de los mercados internacionales, destacándose la mayor demanda de China, que elevó su participación en el valor exportado del 23% al 33%.
Por su parte, el mes de abril registró un dinamismo excepcional con una suba interanual del 70%, motivada por una necesidad global que suplió la menor producción de Australia.
Primicias Rurales
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
Jun 8, 2026 | Animales, Especial
Lo que comenzó como un extravagante capricho de Pablo Escobar se convirtió décadas después en uno de los mayores desafíos ambientales de Colombia. Con cerca de 200 hipopótamos dispersos en el Magdalena Medio y una población que continúa creciendo, el país enfrenta una decisión difícil: cómo proteger su biodiversidad sin desatar una nueva controversia ética.
Buenos Aires, lunes 8 de junio (PR/26) .- A veces la historia deja herencias tan insólitas como problemáticas. En Colombia, una de ellas pesa varias toneladas, habita lagunas y ríos del Magdalena Medio y tiene origen africano.
Los hipopótamos introducidos por Pablo Escobar en la década de 1980 dejaron de ser una curiosidad turística hace mucho tiempo para convertirse en un serio problema ambiental.
Cuando el jefe del Cartel de Medellín llevó cuatro ejemplares a su zoológico privado de la Hacienda Nápoles, difícilmente imaginó que cuarenta años después el país estaría debatiendo qué hacer con una población que ronda los 200 animales y que podría multiplicarse rápidamente en los próximos años.
Sin depredadores naturales y con condiciones favorables para su reproducción, los hipopótamos encontraron en Colombia un escenario ideal para expandirse.
El problema va mucho más allá de la anécdota. Los especialistas advierten que estos animales alteran ecosistemas enteros, compiten con especies nativas, modifican la calidad del agua y representan un riesgo para las comunidades que viven cerca de los cursos fluviales. La situación afecta especialmente a una región donde la biodiversidad es uno de los mayores patrimonios naturales del país.
Frente a este panorama, el gobierno colombiano se encuentra ante una decisión incómoda. La esterilización, una de las alternativas más aceptadas socialmente, ha demostrado ser lenta, costosa y difícil de aplicar a gran escala.
El traslado a santuarios en el exterior aparece como una solución parcial, pero requiere acuerdos internacionales complejos y recursos económicos significativos. Mientras tanto, la población sigue creciendo.
La autorización para aplicar eutanasia a parte de los ejemplares abrió una profunda discusión ética. Para algunos, se trata de una medida necesaria para evitar un daño ambiental mayor. Para otros, representa el fracaso de las políticas de conservación y una respuesta extrema frente a animales que, después de todo, fueron introducidos por la acción humana.
El desafío obliga a abandonar las miradas simplistas. No se trata de elegir entre proteger a los hipopótamos o preservar la naturaleza colombiana. La verdadera discusión consiste en encontrar un equilibrio entre el bienestar animal, la conservación de los ecosistemas y la seguridad de las comunidades afectadas.
Durante una entrevista con Primicias Rurales en Argentina, el embajador de Colombia, José Roberto Acosta, destacó que ésta es la única especie exótica introducida en el país que ha generado un impacto tan profundo sobre el ambiente y la población. Sus palabras reflejan la magnitud de un problema que ya no admite postergaciones.
Los hipopótamos de Escobar son, en definitiva, el símbolo de cómo las decisiones irresponsables pueden seguir generando consecuencias décadas después. Colombia enfrenta hoy una tarea compleja: corregir un error del pasado sin crear un problema aún mayor para el futuro.
Primicias Rurales
Fuente: Gerardo Grosso (Corresponsal de Primicias Rurales en Brasil)
Jun 4, 2026 | Actualidad, Animales, Especial, Ganadería
Introducidos hace más de siete décadas para impulsar la producción rural, los búfalos salvajes de Rondônia se transformaron en una de las especies invasoras más problemáticas de Brasil. Con una población que podría superar los 50.000 ejemplares en pocos años, el debate enfrenta distintas estrategias de control: desde el sacrificio técnico impulsado por el gobierno hasta programas de caza regulada y manejo sustentable financiado por el turismo cinegético.
Buenos Aires, jueves 4 de junio (PR/26) .- Lo que comenzó en 1952 como un proyecto de desarrollo agropecuario terminó convirtiéndose en una crisis ambiental de gran magnitud. Ese año fueron introducidos en Rondônia, en la Amazonia brasileña, 36 búfalos —30 hembras y 6 machos— con el objetivo de producir carne, leche y servir como fuerza de trabajo en áreas inundables.
La iniciativa fracasó y los animales quedaron en libertad. Sin depredadores naturales, rodeados de abundante agua y pasturas, encontraron condiciones ideales para reproducirse. Durante las décadas siguientes la población creció de forma exponencial hasta alcanzar decenas de miles de ejemplares.
Aunque antiguos informes oficiales estimaban unos 5.000 animales, investigadores y especialistas que trabajan en la región sostienen que la cifra real sería muy superior. Algunas estimaciones hablan de más de 35.000 búfalos y advierten que la población podría acercarse a los 50.000 individuos en pocos años si no se implementan medidas de control efectivas.
Un impacto ecológico cada vez más grave
Los daños provocados por los búfalos afectan prácticamente todos los componentes del ecosistema.
Cada animal puede pesar cerca de media tonelada. Al desplazarse en grupos, abren senderos de varios metros de ancho que terminan convirtiéndose en canales permanentes de drenaje. Estudios técnicos citados por especialistas indican que en algunas áreas la superficie de agua se habría reducido hasta un 48%, alterando humedales fundamentales para la biodiversidad amazónica.
La compactación del suelo por el pisoteo dificulta la infiltración de agua y afecta las raíces de árboles y palmeras. Uno de los casos más emblemáticos es el deterioro de los palmares de buriti, característicos de zonas inundadas, que en algunos sectores han quedado reducidos a verdaderos «cementerios vegetales».
La fauna nativa también sufre las consecuencias. Especies vulnerables como el ciervo de los pantanos ven reducido su hábitat, mientras que numerosas aves acuáticas encuentran cada vez menos áreas aptas para reproducirse.
A ello se suma un riesgo sanitario significativo. Al tratarse de animales que nunca formaron parte de sistemas de control veterinario, existe preocupación por la posible transmisión de enfermedades como fiebre aftosa, tuberculosis o brucelosis al ganado doméstico y, potencialmente, a las poblaciones humanas cercanas.
La respuesta oficial: sacrificio técnico controlado
Ante la gravedad del problema, el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) lanzó a fines de 2025 un proyecto piloto para eliminar 500 búfalos salvajes.
La iniciativa cuenta con la participación de organismos científicos y empresas especializadas. Además del sacrificio, contempla monitoreos sanitarios y estudios sobre los efectos ecológicos de la intervención.
Desde el gobierno sostienen que la geografía de la región dificulta cualquier otra alternativa. Las áreas afectadas son remotas, inundables y prácticamente inaccesibles por vía terrestre. Experiencias anteriores de captura demostraron costos muy elevados y resultados limitados.
Sin embargo, los críticos consideran que la medida es insuficiente. Eliminar 500 ejemplares en una población que podría superar ampliamente los 30.000 individuos tendría un impacto reducido y no modificaría la tendencia de crecimiento a largo plazo.
La alternativa de la caza regulada
Frente a las limitaciones del sacrificio estatal, algunos especialistas proponen adoptar un modelo de manejo inspirado en experiencias desarrolladas en África y otras regiones del mundo.
El agrónomo y guía profesional Cristiano Furtado sostiene que la caza regulada podría transformar un problema ambiental en una fuente de recursos para la conservación.
Según esta propuesta, cazadores deportivos extranjeros pagarían sumas importantes por participar en programas autorizados de control poblacional. Los fondos obtenidos podrían financiar tareas de monitoreo, vigilancia ambiental, investigación científica y protección de especies nativas.
Los defensores de este sistema argumentan que una reducción anual del 15% al 25% de la población permitiría contener el crecimiento del rebaño sin depender exclusivamente de recursos públicos.
Además, plantean que parte de los ingresos debería destinarse directamente a comunidades indígenas y ribereñas para financiar infraestructura, salud y educación, generando incentivos locales para apoyar el manejo de la fauna.
Los desafíos de la caza como herramienta de conservación
La propuesta, sin embargo, también genera controversias.
Brasil mantiene desde 1967 una legislación restrictiva respecto de la caza deportiva, por lo que cualquier modificación requeriría cambios normativos y amplios consensos políticos y sociales.
Los críticos advierten que la implementación debería contar con controles extremadamente rigurosos para evitar abusos, fomentar la transparencia y garantizar que la actividad se limite exclusivamente al control de una especie invasora.
También señalan que la caza, por sí sola, no resolvería todos los problemas ecológicos ya generados por décadas de degradación ambiental.
Otras opciones complementarias
Además del sacrificio técnico y la caza regulada, especialistas mencionan otras herramientas que podrían formar parte de una estrategia integral:
- Captura y traslado de animales hacia áreas productivas autorizadas.
- Programas de esterilización o control reproductivo, aunque su aplicación resulta compleja y costosa en ambientes selváticos.
- Cercados estratégicos para proteger zonas críticas de conservación.
- Monitoreo mediante drones, cámaras y sensores remotos.
- Participación activa de comunidades locales en el seguimiento y manejo de la población.
La mayoría de los expertos coincide en que ninguna medida aislada será suficiente para revertir décadas de crecimiento descontrolado.
Un problema que exige decisiones urgentes
La expansión del búfalo salvaje en Rondônia se ha convertido en uno de los mayores desafíos de conservación de la Amazonia brasileña. La degradación de humedales, la pérdida de biodiversidad, los riesgos sanitarios y los impactos sociales obligan a encontrar soluciones efectivas y sostenibles.
El debate actual enfrenta dos visiones principales: la intervención directa financiada por el Estado y los modelos de manejo que incorporan mecanismos de mercado como la caza regulada. Probablemente, la solución definitiva requiera una combinación de herramientas, respaldo científico y participación de las comunidades locales.
Lo que parece cada vez más claro es que la inacción ya no constituye una alternativa viable. Cada año sin control permite que la población siga creciendo y que los daños sobre uno de los ecosistemas más importantes del planeta se profundicen.
Primicias Rurales
Fuente: Gerardo Grosso
Jun 2, 2026 | Animales, Recursos Pesqueros
Mientras Santa Catarina avanza con justicia en el reconocimiento de una alianza milenaria y única entre el hombre y la naturaleza, la burocracia central asfixia la subsistencia de miles de familias costeras. El contraste entre el aplauso legislativo y la desatención administrativa.
Buenos Aires, martes 2 de junio (PR/26) .- El reciente avance en la Asamblea Legislativa de Santa Catarina (Alesc) para declarar a la pesca colaborativa entre hombres y delfines como patrimonio cultural inmaterial del estado es, sin dudas, un acto de estricta justicia poética y ambiental.
En tiempos donde la relación de la humanidad con su entorno suele medirse bajo la fría lógica de la explotación extractiva, la postal que regalan localidades como Laguna y Passo de Torres conmueve: delfines nariz de botella que, mediante saltos y señales precisas, guían las redes de los pescadores artesanales en una danza simbiótica que ya lleva más de un siglo de historia.
Sin embargo, detrás de la merecida celebración folclórica y del innegable atractivo para el turismo sostenible, late una paradoja incómoda. La misma costa que hoy se enorgullece de su identidad marina es el escenario de una silenciosa crisis de subsistencia provocada por el propio peso del Estado.
El debate en la Comisión de Pesca dejó al descubierto el verdadero cuello de botella que enfrentan las comunidades costeras.
Mientras los diputados aprueban de forma unánime leyes de protección cultural —una iniciativa impulsada por el diputado Sérgio Guimarães que refuerza el estatus ya conferido a nivel nacional por el Iphan—, la realidad cotidiana de los pescadores se choca de frente contra una muralla burocrática llamada Registro General de la Actividad Pesquera (RGP).
La denuncia de los representantes artesanales es alarmante: el bloqueo y la cancelación de licencias debido a fallas sistémicas y rigideces de la plataforma federal están dejando a cientos de familias sin el sustento básico y, lo que es peor, sin acceso al seguro de desempleo durante los períodos de veda.
Resulta contradictorio que en plena temporada de la tainha (lisa), que se extiende con fuerza de mayo a julio, los trabajadores del mar deban preocuparse más por sobrevivir a las trabas de un algoritmo estatal diseñado para combatir el fraude que por la faena misma.
Nadie cuestiona la necesidad de fiscalizar y transparentar los recursos públicos. El problema radica en que los tiempos de la burocracia ministerial no coinciden con los ciclos de la naturaleza ni con las necesidades de la mesa familiar.
Santa Catarina cuenta con más de 31,000 pescadores activos, y tener cientos de registros bajo revisión eterna es una condena directa a la informalidad o a la desprotección social.
La conservación ambiental y la identidad cultural no se sostienen únicamente con decretos de patrimonio; se garantizan asegurando la dignidad socioeconómica de quienes ejecutan ese saber ancestral.
El proyecto de ley ahora pasará a la Comisión de Educación y Cultura. Es de esperar que el trámite sea rápido y favorable.
Pero si los gobiernos (tanto estatal como federal) no logran aceitar los mecanismos de regularización técnica y asistencia social, corremos el riesgo de transformar a la pesca artesanal en una pieza de museo: una hermosa postal de cincuenta delfines colaborando con redes vacías de pescadores legalmente invisibles.
La identidad no se declama, se sostiene.
Primicias Rurales
Autor: Gerardo Grosso, corresponsal de Primicias Rurales en Brasil
